SCJN admite a trámite revisión de constitucionalidad de 2 solicitudes de consulta popular

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la revisión de la constitucionalidad de dos solicitudes de consulta popular.

La del PRD sobre la Reforma Energética y la del PAN sobre salarios mínimos.

A la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos se le turnó la propuesta de consulta planteada por el PRD, sobre Reforma Energética.

Al Ministro José Ramón Cossío Díaz se le turnó la propuesta de consulta planteada por el PAN sobre el salario mínimo.

La Suprema Corte determinará la constitucionalidad de las materias, para las consultas solicitadas.

El Pleno declaró la inconstitucionalidad del Art. 113 del Código de Procedimientos Penales de Baja California Sur

GOC_0012El Pleno de la Suprema Corte declaró por mayoría de nueve a uno, la inconstitucionalidad del Artículo 113 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California. (Acción de inconstitucionalidad 20/2013).

Disposición que permitía el arraigo en caso de delitos graves, medida que solo aplica en caso de delincuencia organizada, materia en la que el único facultado para legislar es el Congreso de la Unión.

Asunto que el Pleno resolvió aplicando diversos precedentes sobre el tema.

“Es contrario a la Constitución federal, ya que esta faculta en exclusiva al Congreso de la Unión, para legislar en materia de delincuencia organizada, considerando que el arraigo solo puede decretarse en delitos de esa naturaleza”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

 “En aquella ocasión hubo una mayoría calificada de ocho votos que determinó la invalidez de la norma y estableció el criterio de que las legislaturas de los estados no tienen competencia para legislar en materia de arraigo, así es que yo ateniéndome a esa circunstancia votaría con el proyecto, con un voto aclaratorio en el sentido de que yo vote en contra en el precedente, digamos asumiendo que la mayoría calificada, es decir, me obliga para subsecuentes asuntos, porque se trata del criterio obligatorio de la Suprema Corte”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

El Pleno dio entrada a una acción más, en la que definirá la validez de las fracciones XII, XVI, XXX y último párrafo del Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (Acción de inconstitucionalidad 1/203).

Disposiciones que regulan las facultades del Secretario de Gobernación en materia de seguridad pública.

“Este asunto gira en torno a verificar la regularidad constitucional de varios preceptos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que establecen el procedimiento y nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad Pública y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la obligación impuesta al Secretario de Gobernación del Gobierno Federal, para comparecer cada seis meses ante determinadas comisiones del Senado de la República a fin de presentar y dar seguimiento a la política criminal e informar sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

Previamente el Pleno aceptó se retirará un proyecto que proponía sobreseer una acción promovida por la PGR en la que pedía invalidar un artículo de la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia de Puebla, al considerar que se presentó de manera extemporánea.

“En el proyecto se sostiene inicialmente la competencia del tribunal pleno para conocer del asunto y después, propone sobreseer en la acción de inconstitucionalidad, al estimar que se promovió de manera extemporánea”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Criterio que la mayoría no compartió, por ese motivo, decidió retirar la propuesta. (Acción de inconstitucionalidad 3/2014).

José Luis Guerra García

Hoy en la sesión del Pleno de la SCJN

GOC_0032El Pleno de la Suprema Corte resolvió por mayoría de seis a cuatro, que fue correcta la interpretación del tribunal colegiado, que consideró adecuado que elementos de las fuerzas armadas acusados de delitos contra la salud, fueran juzgados por un tribunal militar. (Amparo directo en revisión 3633/2013).

Con lo que ratificaron el criterio, de que a pesar de tratarse de delitos del fuero federal, cometidos por militares, pero sin la implicación de civiles, debían ser juzgados en el ámbito castrense, como si se tratara de faltas a la disciplina militar.

“En el caso concreto pues yo entiendo que no existe involucrado ningún paisano como la constitución lo determina y que por tanto está correctamente aplicado el Artículo 57 fracción segunda, en el que se determina que si no está involucrado un civil, bueno quien debe conocer o es competente para juzgar, es el tribunal militar”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

En contra del proyecto se pronunciaron cuatro ministros, quienes consideraron que lo adecuado, era amparar a los militares, para que fueran procesados por la justicia civil, pues el delito que cometieron, permitir el paso de droga, afectaba bienes de la sociedad, a pesar de no estar involucrado ningún civil.

Sabemos la línea de argumentación que sigue el proyecto, es precisamente la de la votación mayoritaria del amparo en revisión 224/2012, donde nos pronunciamos en relación con él, yo por lo mismo y con los mismos argumentos y el sentido del voto particular que en su momento elabore estoy en contra de la propuesta del proyecto”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

 “En atención a las razones que, invoque en  su momento cuando discutimos el paquete de fuero militar, yo también estoy en contra del proyecto, no creo necesario repetir aquellos argumentos”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN

El Pleno también resolvió una controversia en la que declaró la validez de diversos artículos de las leyes orgánicas del poder Legislativo y Judicial del Estado de Jalisco que precisan atribuciones de los juzgados civiles y mercantiles, así como de la figura afirmativa ficta. (Controversia constitucional 34/2012).

“Se consideran infundados dichos argumentos porque si bien el Artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco hace referencia de manera general a las salas que conozcan de materia civil y mercantil, no debe perderse de vista que dicha norma se encuentra dentro del título segundo que dice del Supremo Tribunal de Justicia”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

También confirmaron la validez del Artículo 108 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que establece que las salas civil y mercantil, conocerán de los casos de afirmativa ficta.

El Pleno solo declaró la invalidez de la fe de erratas, que eliminaba de la fracción segunda del Artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco, los incisos que la integraban.

José Luis Guerra García

Hoy en la sesión del Pleno de la SCJN

El Pleno de la Suprema Corte aprobó una jurisprudencia que establece que la aclaración de sentencia, prevista en el último párrafo del Artículo 74 de la Ley de amparo, solo procede de oficio. (Contradicción de tesis 230/2014).

“Es el sentido de que la aclaración de sentencia, al no constituirse como un recurso o medio de defensa, únicamente procede de manera oficiosa, sin embargo, tal circunstancia no impide que las partes insten al órgano jurisdiccional para que aclare una ejecutoria cuando estimen que adolece de un error o imprecisión materia que pudiera trascender su ejecución, ya que ello es acorde con el derecho de acceso a la justicia”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Indicaron que el presidente del tribunal colegiado, solo podrá desechar la petición previa consulta a sus contrapartes.

“Diría aclaración de sentencia en materia de amparo cuando se solicite por las partes, el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, no está facultado para decidir en principio sin consulta sobre su procedencia”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

 “De entrada no tiene legitimación, no tiene legitimación por esa razón, alguno de los integrantes de ese órgano colegiado, o el propio presidente puede decir si hay mérito para poder tramitar la aclaración, pero estamos en la parte previa”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

 “Dado que estamos aceptando que las partes pueden instar al órgano, que el presidente al recibirla lo pondrá en conocimiento de los demás integrantes a efecto de que determinen si la hacen suya o no”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Concluido este asunto, el Pleno inició el estudio de un amparo, en el que definirá si fue correcta la resolución de un tribunal colegiado, que consideró legal que un militar acusado de delitos contra la salud fuera procesado en el fuero castrense, interpretación que considera correcta, el proyecto del Minisro Jorge Mario Pardo Rebolledo. (Amparo directo en revisión 3633/2013).

“Se considera correcta la interpretación realizada por el octavo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito en la que sostuvo que el delito contra la salud puede juzgarse por el tribunal militar cuando se comete por un miembro del ejército al realizar las funciones encomendadas”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Propuesta que no fue compartida por los ministros José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero.

“Por tanto, si no existe una declaración de guerra, un decreto a disposición de las fuerzas armadas o un decreto de suspensión de derechos, todas las acciones de militares en activo fuera de los espacios definidos por la segunda parte del Artículo 129 deberán ser juzgados por la justicia ordinaria”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Si los actos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes jurídicos de la esfera castrense, dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

Los ministros continuarán con la discusión de este asunto en su próxima sesión.

José Luis Guerra García

Hoy en la sesión del Pleno

GOC_0005 (3)El Pleno de la Suprema Corte fijo como criterio que es conveniente, pero no obligatorio, que se informe en el auto de admisión del amparo directo, que las partes cuentan con un plazo de 15 días para presentar alegatos o promover amparo adhesivo. (Contradicción de tesis 55/2014).

Jurisprudencia con la que se busca garantizar certeza y una defensa adecuada a los justiciables.

“Lo cual, no quiere decir desde luego, que esto afecte la validez del auto, sino se hace, porque es una cuestión simplemente de certeza, no de obligatoriedad”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

La notificación del auto de admisión se hará por lista y con ello, se busca evitar que los juicios de amparo se prolonguen de manera innecesaria y que en un solo proceso, se dé respuesta a los alegatos y se resuelva el amparo adhesivo.

“El no establecerlo no viola ningún derecho fundamental, es decir, es una medida que se busca agregar para una mayor protección, una mayor claridad”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

“Yo con esa tercera estaría de acuerdo, porque prácticamente esta aceptado el señor ministro ponente que no es obligatoria, que debe decirse porque es por certeza, que no es por equidad, que debe darse la notificación por lista y que no se prorroga el plazo, yo con eso estoy totalmente de acuerdo”, Margarita Luna Ramos, Ministro SCJN.

 “Otros lo seguimos leyendo en función de los principios de concentración, equidad, contradicción, en fin, pero el contenido está totalmente claro, pareciera y consensado, así resuelto, para efecto de dar esa certeza que se le pretende dar al resolver una contradicción de criterios, habida cuenta la obligatoriedad ya del criterio”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

El Pleno inició el estudio de una contradicción más, en la que definirá si la jurisprudencia que emite puede ser sujeta de control de constitucionalidad y convencionalidad, por los jueces ordinarios. El proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, descarta esa posibilidad.  (Contradicción de tesis 299/2013).

“En conclusión, se propone que la jurisprudencia emitida por este máximo tribunal, no puede ser sometida a control de convencionalidad por cualquier órgano jurisdiccional, de menor jerarquía, porque la propia ley prevé mecanismos, cuando se estime que la misma no resulta acorde al nuevo modelo de control constitucional de derechos humanos surgido a partir de la reforma de 10 de junio del año 2011”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Criterio que anticipó no compartir el Ministro, José Ramón Cossío Díaz.

“No es constitucionalmente posible, me parece, restringir la facultad de inaplicación judicial solo a ciertos órganos o solo a ciertas normas, ya que una restricción de este tipo iría en contra de lo resuelto en el expediente varios 912/2010, el caso Radilla, esto porque la facultad de inaplicación, me parece, es parte de la función judicial misma”.

El Pleno continuará con la discusión de este tema, en su próxima sesión.

José Luis Guerra García

Aplaza Pleno resolución de contradicción de tesis, en la que debe definir la interpretación del Art. 181 de la Ley de amparo

El Pleno de la Corte aplazó la resolución de una contradicción de tesis, en la que debe definir la interpretación del Artículo 181 de la Ley de amparo. (Contradicción de tesis 55/2014).

El proyecto del Ministro Luis María Aguilar establece, que en el acuerdo de admisión, se debe especificar el plazo con que  cuentan las partes, para presentar alegatos o promover amparo adhesivo, con el fin de brindar certidumbre jurídica.

“Debe interpretarse en el sentido de que el auto admisorio de una demanda de amparo directo, debe contener la orden del presidente del tribunal colegiado de circuito para señalar en él, expresamente a las partes que tienen 15 días para formular alegatos o interponer el amparo adhesivo”.

Criterio que para algunos puede tener consecuencias que afectarían la agilidad que se pretende dar al nuevo juicio de amparo.

“Entonces la consecuencia es que tiene que reponerse el procedimiento cuando no se cumpla con esta formalidad, yo creo que no, yo creo que al final de cuentas esto lo único que va a hacer es retrasar, retrasar el procedimiento en el juicio de amparo”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

 “Si nosotros creemos que se debe hacer, pues porque no lo decimos claramente, ahora si creemos que se debe hacer, pero también entendemos las complicaciones prácticas que alude la Ministra Luna Ramos, pues también seamos claros que lo hacemos como una conveniencia, como una exhortación, que no tendrá efectos invalidantes”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Además, podría afectarse el principio de concentración.

“Prácticamente, desde mi percepción, no es tanto el principio de certeza, no es despreciable para nada, pero el que es fundamental es de concentración sí, prácticamente este precepto alude a la concentración, que sea en un solo acto en función de la lentitud tradicional del amparo directo”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Los ministros también dejaron pendiente de resolver, una contradicción más, en la que debe definir el sentido que debe darse a la fracción octava del Artículo 107 de la Ley de amparo. (Contradicción de tesis 146/2014).

Donde se establece, que el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución del tribunal que declina conocer de un asunto por competencia.

El proyecto de la Ministra Olga Sánchez Cordero, precisa que solo debe aceptarse dicho juicio, si la declinación afecta derechos sustantivos.

“Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes, inciso B, contra actos en juicio cuya ejecución sean de imposible reparación”.

El Pleno retomará la discusión de estos asuntos en su próxima sesión.

José Luis guerra García

El Pleno estableció como criterio que los consejos de la judicatura estatales, no son superiores jerárquicos de los jueces

GOC_0022El Pleno de la Suprema Corte estableció como criterio que los consejos de la Judicatura estatales, no son superiores jerárquicos de los jueces. (Contradicción de tesis 57/2014).

En consecuencia no es necesario que sean notificados en términos de lo previsto en los artículos 192 y 194 de la Ley de amparo, para buscar el cumplimiento de una sentencia.

Jurisprudencia que se fijó, al resolver una contradicción de tesis entre tribunales colegiados.

“Un consejo de la Judicatura local no podría ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir una sentencia de amparo, pues como ha expresado este tribunal pleno, la función jurisdiccional no podría estar sujeta a un mandato de índole administrativa”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Además, ello implicaría violar la autonomía e independencia de los juzgadores.

“Esto es que tales consejos no pueden, bajo ningún supuesto invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administra, lo que en modo alguno pone en riesgo el cumplimiento de las sentencias de amparo, ya que estas tendrán que ser cumplidas de manera directa por los órganos jurisdiccionales”.

El proyecto fue aprobado por unanimidad del Pleno de ministros.

“Se pudiera citar también la tesis de este Tribunal, Pleno, tesis aislada de este Tribunal Pleno cuyo rubro dice: jueces del Poder Judicial del Estado de Baja California no tienen orden, dependencia o sumisión en el Consejo de la Judicatura local”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

 “Me parece que sería necesario hacer énfasis en la circunstancia de que solamente estamos interpretando los artículo relativos al cumplimiento de las sentencias de amparo, porque la afirmación genérica de que los consejos no son superiores jerárquicos de los jueces pudiera tener un efecto diverso en algunos otros ámbitos como es el tema de disciplina, como es el tema de vigilancia”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

El Pleno declaró sin materia dos contradicciones más, en las que se planteaba si procedía el juicio de amparo indirecto o el directo, contra la resolución que desestima un incidente de competencia por declinatoria.  (Contradicciones de tesis 104/2014 y 99/2014).

El Pleno dejo pendiente de resolver una contradicción más en la que determinará en qué casos procede el juicio de amparo indirecto, en contra de la resolución de un tribunal que declina por competencia conocer de un asunto. (Contradicción de tesis 146/2014).

“Con este criterio, se reconoce el valor supremo del mandato del poder constituyente permanente al establecer en la fracción tercera del Artículo 107 constitucional en lo que interesa que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes, inciso B contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

El Pleno retomará este asunto en su próxima sesión.

José Luis Guerra García.

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