La próxima semana en el Pleno de la SCJN

En su próxima sesión el Pleno de la Suprema Corte iniciará el estudio de cerca de 20 acciones de inconstitucionalidad en materia electoral.

En las que se impugnan la validez de diversas disposiciones en materia electoral de los estados de Colima, Tabasco, Baja California, Michoacán, Guerrero y el Distrito Federal.

En el caso de Colima se cuestionan las normas que regulan el proselitismo, las que permiten la reelección de diputados solo por una ocasión y la prohibición de participar en coalición, a los partidos de reciente creación, entre otras cosas. (Acción de inconstitucionalidad 32/2014 y sus acumulada 33).

En el caso de tabasco se pide invalidar la reforma a la Ley electoral por violaciones al proceso legislativo y denuncian inequidad entre candidatos y partidos en materia de financiamiento y acceso a medios de comunicación electrónica entre otros temas. (Acción de inconstitucionalidad 36/2014 y sus acumuladas 87 y 89).

El Pleno tiene previsto culminar el estudio de todas estas acciones a más tardar el próximo 2 de octubre.

Hoy en la sesión del Pleno

GOC_0026El Pleno de la Suprema Corte definió cómo debe interpretarse el segundo párrafo del Artículo 64 de la Ley de amparo vigente. (Contradicción de tesis 426/2013).

Disposición que obliga a dar vista al quejoso, cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia del amparo, no alegada por el quejoso y que no hubiera sido estudiada por el órgano de primera instancia.

Los ministros indicaron que deben darse los dos supuestos, para que la vista proceda, tanto en el amparo directo como en el indirecto, aunque en este último caso, solo aplica en la segunda instancia.

“Creo que aquí lo que hay que analizar es donde opera, en qué clase de juicio de amparo, que es prácticamente lo que estamos viendo, y el diseño en relación con las causas que llevaron al legislador, desde mi punto de vista, fue a evitar precisamente a dejar inaudita a una de las partes y propiciar la defensa adecuada, cuándo, cuando es un órgano terminal, una instancia terminal”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Con este criterio, se busca evitar se viole la garantía de audiencia del ciudadano y asegurar, un acceso efectivo a la impartición de justicia.

“Que lo que se pretende es precisamente no dejar a las partes en estado de indefensión, cuando el juzgado de oficio, que este es el punto, detecte una causal y la hace valer y es darle la oportunidad de que alegue lo que a su derecho corresponda”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

 “Mi conclusión sería en indirecto no aplica en primera instancia el 64, en segunda instancia sí aplica, en directo sí aplica en unistancial y también aplica en directo en revisión”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

 “Entonces por eso yo digo, este artículo es aplicable en recurso de revisión, sea al juicio de amparo indirecto o al juicio de amparo, cuándo, cuando se dan los dos requisitos”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

Los ministros acordaron dejar en lista ocho contradicciones más, en las que deberá definir los supuestos en que procede aplicar dicha interpretación o bien, si con el criterio que ya se determinó, se declaran sin materia.

“Esta contradicción como acaba de dar cuenta el señor secretario, es la segunda del paquete que se mencionó en la presentación del asunto anterior, en el cual estimo que también existe dicha oposición de criterios, pues esta radica en establecer si la hipótesis contenida en el artículo 64, párrafo segundo de la ley de amparo, se surte o no, solo tratándose de la queja interpuesta contra el desechamiento de la demanda del amparo directo”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

El Pleno adelantó que el próximo lunes iniciará la segunda fase de estudio del paquete de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, que deben quedar resueltas antes de que concluya el presente mes de septiembre.

José Luis Guerra García

En la próxima sesión del Pleno de la SCJN

El Pleno de la Suprema Corte retomará el estudio de una contradicción de tesis, en la que debe definir la interpretación que debe darse al segundo párrafo del Artículo 64 de la Ley de amparo vigente. (Contradicción de tesis 426/2013).

Disposición que establece la obligación de dar vista al quejoso, cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes, ni analizada por el órgano que en primera instancia conoció del caso.

El proyecto de la Ministra Olga Sánchez Cordero, sugiere el siguiente criterio de interpretación.

“Cuando el tribunal colegiado de circuito, tratándose del amparo directo o del recurso de revisión advierta de oficio que se actualiza alguna causa de improcedencia tendrá que dar vista al quejoso o al recurrente, según sea el caso para que manifieste lo que a su derecho convenga. 109, siendo suficiente para ello la actualización de los 2 requisitos previstos, a saber que la causa de improcedencia no haya sido alegada por las partes, ni examinada por el inferior”.

Se trata de un criterio trascendente en materia del juicio de amparo.

“En ambas y en todas las demás, están permeando dos principios fundamentales, rectores de cualquier proceso y más en el proceso de amparo, la garantía de audiencia, por un lado y la oportunidad de una defensa oportuna y adecuada, son dos principios fundamentales del proceso”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

En este asunto, cuya discusión fue aplazada, para dar entrada a diversas acciones de carácter electoral, debe definirse si la medida está orientada a la segunda instancia en las dos vías de tramitación del juicio de amparo, que compete conocer al tribunal colegiado o a la Suprema Corte, según sea el caso.

En lista se encuentran ocho contradicciones más, en las que se debe estudiarse el mismo tema de conflicto.

José Luis Guerra García

El Pleno determinó la legalidad del proceso legislativo que reformó diversas leyes en materia electoral

El Pleno de la Corte determinó la legalidad del proceso legislativo que reformó diversas leyes en materia electoral. (Acciones de inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas 26, 28 y 30/2014).

Además reconoció la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de partidos políticos y coaliciones.

“No le está dejando competencia a las legislaturas de los estados, está diciendo el tema de coaliciones así sea por ley general es un tema que está agotado por el legislador federal, ahí legislador local no puedes hacer nada, porque está el país pretendiendo llegar a un sistema uniforme”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Sin embargo, declararon la invalidez de la porción normativa que permitía contar como válidos para el candidato, pero no para los partidos con fines de la representación proporcional y demás prerrogativas, los voto en los que se cruzara más de un emblema de los partidos coaligados.

“Desde mi punto de vista el legislador reguló las coaliciones de una forma incompatible con dicho principio de equidad, al cancelar la posibilidad de que los partidos coaligados obtengan el cómputo de los votos otorgados en común como coalición al final del proceso”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Los ministros declararon la validez de las disposiciones que prohíben a los candidatos independientes recibir aportaciones de empresas mercantiles.

También confirmaron las disposiciones de la Ley de partidos que obligan a estos institutos a contar con órganos internos de justicia partidaria, mecanismos alternos de solución de conflictos y que facultan a sus órganos de dirección para aprobar las coaliciones. (Acción de inconstitucionalidad 23/2014 acumuladas 24, 25, 27 y 29).

Las que prohíben a los partidos de reciente creación, a participar en coaliciones en la primera elección que intervengan.

“Formar coaliciones, frentes y fusiones sea aprobada por el órgano de dirección nacional que establezca el estatuto de cada uno de los partidos, lo que resulta razonable, según la propuesta del proyecto”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN

El Pleno declaró la validez del Artículo 16 de la Ley en materia de delitos electorales, que fija las sanciones para los ministros de culto que induzcan o presionen el voto a favor de un determinado candidato o partido. (Acción de inconstitucionalidad 50/2014).

Al fijar los criterios de interpretación en la mayoría de temas impugnados, el Pleno se encuentra preparado para desahogar cerca de 45 acciones más, en materia electoral.

José Luis Guerra García

Hoy en la sesión del Pleno

El Pleno de la Suprema Corte resolvió que no violan la Constitución, diversas disposiciones de la Legislación Electoral del Estado de Chiapas.

Las cuales fueron impugnadas por distintos partidos, argumentando que violaban los derechos de asociación, de ser votados y equidad, entre otros.

Las disposiciones impugnadas dividen en cuatro circunscripciones los 24 Distritos Uninominales del Estado, para la distribución de la representación proporcional.

Atribución que si bien corresponde definir al INE, consideraron declarar válida, al declinar dicha atribución por falta de recursos y tiempo, ante la proximidad del proceso electoral en esa entidad.

Pero para mí, esa abdicación que podría ser cuestionable en otros momentos, responde a una lógica de imposibilidad material, dada lo avanzado del tiempo en que se hicieron las reformas.”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Existe la posibilidad que no obstante ser invalida la norma, los efectos se difieran no para este proceso electoral, sino para el siguiente.”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

No podemos tomar como base, la determinación del Artículo 32, establecido en la ley general, para decir que es competencia específica del INE, porque ésta todavía no se emitía cuando se pronunció el congreso local para establecer esta reforma y esta determinación.”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

Los ministros descartaron que la disposición impugnada careciera de fundamentación y que fuera a propiciar sobre representación y sub representación.

El Pleno también decidió que es legal las disposiciones que establecen que para acceder a la representación proporcional y para mantener el registro, los partidos locales deberán obtener el 3 % de la votación total emitida en la elección.

Le serán cancelado su registro o acreditación ante el instituto y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece ese código, por lo tanto al partir de una falsa premisa, se estima que es infundado el planteamiento de invalidez.”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Con la resolución de este asunto, el Pleno ha concluido el estudio de 14 de las casi 60 acciones que se promovieron para impugnar la validez de diversas normas en materia electoral.

“Que en conjunto reflejan la gran mayoría de los temas, no la totalidad de los temas desde luego, que están en las Acciones de Inconstitucionalidad que fueron promovidas.”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Criterios que aplicará en el resto de acciones cuyas disposiciones impugnadas son de índole electoral.

José Luis Guerra García

Hoy en la sesión del Pleno de la SCJN

El Pleno de la Corte reconoció la validez del proceso legislativo que creó la Ley general de instituciones y procesos electorales, y que reformó las leyes de medios de impugnación, orgánica del Poder Judicial y de responsabilidades de los servidores públicos.

Los ministros ratificaron la invalidez de la disposición que establecía que los partidos que obtuvieran el 3 % de la votación, tendrían derecho a una diputación de representación proporcional.

La que disponía que el gasto en estructuras electorales, se considerará como gastos ordinarios.

La que solo consideraba coacción del voto aquellos enseres o materiales, que incluyeran la imagen de partidos o candidatos.

Se precisó que los debates que organicen los medios de comunicación deberán  invitarse a todos los candidatos.

Además se precisó que los candidatos independientes tienen la facultad de impugnar todo acto que lesione sus intereses.

Al no alcanzar los votos necesarios para declarar su invalidez, quedó vigente el Artículo 44 de la Ley general de instituciones y procesos electorales, que faculta al INE para que de manera aleatoria seleccione el 10 % de los paquetes electorales susceptibles de abrir, cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar en la elección de senadores sea menor o igual a 1%.

“No nos dice de ninguna manera o no nos da certeza para poder determinar quién es el ganador y esto además violenta el voto de quienes este lo emitieron en favor de determinado candidato, porque razón, porque el 90 % de las otras casillas queda sin abrirse”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

El Pleno en una acción más declaró la validez del Artículo 35 de la Constitución de Guerrero que prohíbe a los partidos de reciente creación, fusionarse, coaligarse o presentar candidaturas comunes en le primera elección que participe.  (Acción de inconstitucionalidad 50/2014).

“La limitación combatida no violenta precepto alguno de la constitución federal, ya que tiene como finalidad que el partido de nuevo demuestre su fuerza en un proceso electoral”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

El Pleno descartó que dicha disposición violara el derecho de asociación y de participación como lo argumentó el partido movimiento ciudadano.

El Pleno dejó en lista una acción más en la que se pide invalidar diversas disposiciones del marco electoral del Estado de Chiapas.  

José Luis Guerra García

Hoy en la sesión del Pleno

El Pleno de la Suprema Corte determinó que es competencia exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de partidos políticos, coaliciones y la manera de computar los votos que reciben este tipo de alianzas electorales. (Acciones de inconstitucionalidad 22/2014 y acumuladas 26, 28 y 30/2014).

Al continuar con el estudio de diversas acciones de inconstitucionalidad, indicaron que el Artículo 73 de la Constitución otorga dicha facultad al legislador federal.

“No le está dejando competencia a las legislaturas de los estados, está diciendo el tema de coaliciones así sea por ley general es un tema que está agotado por el legislador federal, ahí legislador local no puedes hacer nada, porque está el país pretendiendo llegar a un sistema uniforme”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

 “Por supuesto que los estados no podrían legislar, sobre lo que está expresamente determinado, primero en el transitorio constitucional y después en la ley general, sin embargo, hay un sinnúmero, no me voy a detener ahora, un sinnúmero de situaciones que pueden ni estar comprendidas en ese segundo transitorio y por supuesto y lo afirmo no están comprendidas en la ley general, y que además está prevista la existencia de esas figuras como son las coaliciones de ayuntamiento”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Sin embargo, los ministros declararon la invalidez de la porción normativa del Artículo 83, párrafo 13 de la Ley general de partidos políticos, que contabiliza a favor del candidato, pero no para los partidos con fines de la representación proporcional y reparto de prerrogativas, cuando en la papeleta se cruce el emblema de más de uno de los partidos coaligados.

“Me parece justificado como lo señala el precepto, que el voto solo cuente para el candidato postulado y no para los partidos, pues sí así fuera se correría el riesgo construir un respaldo artificioso de incertidumbre a partir del cual se repartirían las prerrogativas”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

 “Desde mi punto de vista el legislador reguló las coaliciones de una forma incompatible con dicho principio de equidad, al cancelar la posibilidad de que los partidos coaligados obtengan el cómputo de los votos otorgados en común como coalición al final del proceso”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

El Pleno declaró la validez de las disposiciones de la Ley general de instituciones y procedimientos electorales que prohíben a los candidatos independientes recibir aportaciones de empresas mercantiles.

Además de las medidas de fiscalización de sus gastos de campaña y el derecho que tienen para impugnar las decisiones que lesionen sus intereses.

En cuatro acciones más, indicaron que se apegan a la constitución diversas disposiciones de la Ley general de partidos políticos que regulan la vida interna de este tipo de organizaciones. (Acción de inconstitucionalidad 23/2014 Acumuladas 24, 25, 27 y 29).

Entre estas la que obliga a los órganos de dirección nacional aprobar las coaliciones.

Las que ordenan contar con instancias internas de justicia partidaria y mecanismos alternos de solución de conflictos.

Las que definen el tipo de coaliciones y que estas solo podrán integrarse si incluyen por lo menos el 25 % de los cargos en disputa y las que prohíben a los partidos de nuevo registro participar en coalición en la primera elección que intervenga.

“Y la propuesta es que el artículo impugnado exige que la decisión de formar coaliciones, frentes y fusiones sea aprobada por el órgano de dirección nacional que establezca el estatuto de cada uno de los partidos, lo que resulta razonable, según la propuesta del proyecto”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

 “Yo estoy parcialmente a favor, en mi opinión, la obligación de incluir mecanismos alternativos de solución de controversias que prevé el artículo 46 en sus numerales uno y 3, me parece que es una intromisión excesiva en la vida interna de los partidos”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

En una acción más, el Pleno declaró la validez del Artículo 16 de la Ley general en materia de delitos electorales que establece las sanciones a los ministros de culto que induzcan o presionen el voto a favor de un determinado candidato o partido político, que el PRD impugnó, porque se eliminó de dicha disposición, la palabra orientar. (Acción de inconstitucionalidad 50/2014).

Se propone declarar infundado el concepto de invalidez en el que se aduce que la disposición impugnada es contraria a bien jurídico protegido por el Artículo 24 de la Constitución federal”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

“Por lo que una consecuencia probable y factible sería que los ministros de culto religiosos tengan la posibilidad de orientar el sentido del voto de sus feligreses”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

 “Yo también me apartaría de esta parte del proyecto donde se da a entender que el término orientar que fue el que se excluyó expresamente, puede quedar incluido en presionar o inducir que si se mantiene en el tipo penal que analizamos, yo también en este punto me apartaría de las consideraciones del proyecto porque yo estimo  que fue expresa la manifestación del legislador en el sentido de suprimir el concepto de orientar como elemento de esta figura típica”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Con esta resolución, prácticamente el Pleno habría desahogado 10 de las casi 60 acciones que se promovieron para pedir la anulación de diversas disposiciones en materia electoral. 

José Luis Guerra García

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 38.989 seguidores