Congresos locales no tienen facultad para legislar en materia de arraigo, establece la Corte

Por mayoría de ocho a dos, el Pleno de la suprema corte determinó que los congresos locales no tienen facultades para legislar en materia de arraigo.

Figura que solo aplica en casos de delincuencia organizada, materia en la que solo puede legislar el Congreso de la Unión.

Por ese motivo, declararon la inconstitucionalidad de la fracción II del artículo 291 de la legislación penal del Estado de Aguascalientes, que preveía el arraigo en delitos graves.

“Tiene o no facultades el Congreso local para legislar en esta materia, conforme a lo que acabamos de leer en mi opinión no la tiene, no la tiene porqué razón, porque desde que se hizo la reforma constitucional, esto prácticamente pasó a ser competencia de la autoridad federal”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

“Yo también considero que el Estado de Aguascalientes, que tanto el estado de Aguascalientes como las demás entidades federativas, conforme a los lineamientos que el constituyente permanente estableció en la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, carecen de competencia para legislar en materia de arraigo, en tanto dicha atribución corresponde en exclusiva a la Federación”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

Indicaron que el artículo transitorio que prevé la permanencia del arraigo, en aquellas entidades que lo prevén en sus legislaciones, no los faculta para legislar en dicha materia.

“Con la entrada en vigor de la reforma de 2009, la Ley federal contra delincuencia organizada, la cual otorga competencias exclusivas a la Federación en materia de arraigo, las entidades federativas, sus leyes y ministerios públicos, no están facultadas desde entonces para prever, legislar, ni implementar la figura del arraigo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

“En esencia convengo con la propuesta del proyecto, por la declaratoria de invalidez y así votaré”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Los ministros que votaron en contra afirmaron que el artículo décimo primero transitorio de la reforma constitucional penal de 2008, si facultaba a los congresos locales para legislar en materia de arraigo, en tanto no esté vigente el nuevo sistema penal acusatorio.

“En mi opinión al margen de conveniencias o inconveniencias, creo que la lectura que debe hacerse del marco constitucional en su conjunto, es que a las entidades federativas dentro de este tiempo tránsito, que ya es relativamente muy corto, podía legislar en materia de arraigo por delitos graves”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Los efectos de esta sentencia, obligan a reponer todos los procesos en los que se aplicó la norma que fue declarada inconstitucional.

José Luis Guerra García

Corte declara constitucional localización geográfica de teléfonos celulares

Por mayoría el Pleno de la Corte determinó la constitucionalidad de las disposiciones que permiten al ministerio público, solicitar a las empresas de telefonía ubicar un aparato móvil.

En los casos en que se encuentren  relacionado con una investigación vinculada con delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, sin previa autorización judicial.

La mayoría consideró que la medida no violaba el derecho a la privacidad, como lo argumentó la comisión nacional de derechos humanos en su demanda, la cual, ayudará a eficientar la investigación de estos delitos de alto impacto.

“Y que tampoco en este sentido, si se tratara estimar que se trata de la localización de una persona se viola el derecho a la privacidad, porque simple y sencillamente lo único que se está estableciendo es su localización, nunca se está interfiriendo en cuestiones relacionadas ni con su comunicación, ni con la información a su domicilio”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

Incluso, precisaron que en el remoto caso que se violara el derecho a la privacidad, la medida se justificaba, ya que busca proteger la seguridad e integridad de las personas.

“Todo derecho a la privacidad requiere una orden judicial conforme a los criterios que ya se ha dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el sistema de derechos humanos, pero que puede prescindirse en casos como los presentes en los que existe precisamente esa extrema urgencia y que esto se entiende, cuando se pone en peligro, se pone en riesgo la vida o la integridad física de las víctimas y cuando existe el riesgo de que se oculte o desaparezca el objeto del delito”.

Los ministros de la minoría, ratificaron su postura, en el sentido de que una medida de este tipo, requiere de autorización judicial, para evitar abusos.

Con todo respeto yo pienso que no deja de ser un acto de buena fe, estimar que es suficiente que en la ley y en la propia sentencia de este tribunal se indiquen reglas o lineamientos que acotan la atribución cuestionada para que no se den excesos o uso indebido en detrimento de los derechos humanos, pero qué o quién lo garantiza, qué o quién lo controla”, Sergio Valls Hernández, Ministro SCJN.

“Me parece que esta base impugnada del artículo 16 fracción primera apartado D, si adquiere un sentido normativo completamente distinto, porque de acuerdo con lo que tiene el proyecto en la página 114, no es lo mismo que las acciones coordinadas con la autoridad correspondiente sean con la autoridad judicial a que lo autoridad ministerial, como han sido definido por diversos, por distintas consideraciones por parte de la mayoría”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Se precisó que dicha solicitud de ubicación solo procede en casos urgentes y el ministerio público está obligado a explicar la causa de la misma.

José Luis Guerra García

El Pleno fijó criterio en materia de presunción de inocencia

Por mayoría de nueve a dos, el Pleno de la Corte fijó como criterio que el principio de presunción de inocencia, es aplicable al procedimiento administrativo sancionador.

Cuando este se lleve a cabo en forma de juicio, con el fin de aplicar una sanción a un particular o servidor público que incurre en una violación.

“Como una garantía procesal a favor del imputado en el debido proceso, dentro de todo enjuiciamiento o procedimiento, de orden administrativo”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

Los ministros que apoyaron el proyecto, lo hicieron apartándose de ciertas consideraciones, pidiendo realizar algunos ajustes, como el de no sostener el proyecto en lo previsto en el artículo 20 constitucional, reformado en 2008 y aún no vigente.

“El procedimiento administrativo sancionador, como yo lo entiendo es muy cercano en ese sentido, si al ámbito penal, porqué, porque su objetivo es imponer una sanción, y sanciones en ocasiones muy severas como son por ejemplos 20 años de inhabilitación”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

 “Entonces creo que aquí lo importante no es decir que es de la administración, sino es un procedimiento administrativo que puede realizar muy distintos órganos del estado con la pretensión de identificar un supuesto ilícito, el supuesto de la ilicitud y determinar las condiciones de aplicación de la sanción”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

“Donde hay una diferencia, donde no se va a juzgar al particular, donde no se va a juzgar al particular, en las medidas cautelares”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

“No podemos señalar todavía como fundamento de esta conclusión el artículo 20 constitucional que no ha entrado en vigor y que está en una vacatio legis hasta el 2016”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Yo también comparto la propuesta esencial del proyecto, sí es ese el tema de contradicción, sí el espectro amplificador que se tiene de la presunción de inocencia, yo sí la reconozco como derecho fundamental, yo me adhiero a quien así lo ha manifestado”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Los ministros que se pronunciaron en contra del proyecto, lo hicieron con motivos diferentes, destacando el hecho de sostener que el principio de presunción de inocencia, era exclusivo del derecho penal.

“Que se constituye como tal por ser una especie de excepción, en relación solo con la carga de la prueba y que para mí, por esa naturaleza misma, porque está involucrado el derecho a la libertad personal, se le da un trato especial al sistema de carga de la prueba”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

Por ello expreso mi preocupación que en el afán muy bien orientado de asimilar a la ciencia del derecho administrativo, el derecho a la presunción de inocencia, corramos el riesgo de deformar conceptos e instituciones, ya muy sólidas”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Se precisó que la aplicación del principio de presunción de inocencia en el procedimiento administrativo sancionador deberá hacerse con las modalidades propias de este tipo de procesos.

José Luis Guerra García

El Pleno inició el estudio de una controversia constitucional, promovida por el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León

GOC_0033El Pleno de la Corte inició el estudio de una controversia constitucional, promovida por el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Reclamando una aparente omisión del Congreso local para dictaminar una iniciativa de reformas en materia de desarrollo urbano y del Ejecutivo local, para cumplir, con un acuerdo para combatir el juego prohibido.

El proyecto considera sobreseer y declarar infundados los argumentos del municipio actor, pues el Congreso ya dio trámite a la iniciativa que se reclama.

“Y por lo que hace al proceso legislativo se determina que en el estado de Nuevo León no se prevé un criterio temporal para procesar una iniciativa presentada a cargo de las autoridades con facultades para llevarlas a cabo”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

El proyecto fue apoyado por algunos ministros, indicando que no había omisión, ni vació legislativo, pues el Congreso reformó dicha ley, para incluir el artículo 127 Bis que prohíbe los usos de suelo y edificación para casinos, centros de apuesta, salas de sorteo y casas de juego.

“Creo también que no hay una omisión, por qué no hay omisión, porque hay ley, desde el momento que hay ley, parece que es difícil decir que hay una omisión”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

 “Aquí lo que sucede es que no hay una omisión legislativa, formalmente hablando, y que debe interpretarse el acto impugnado no solo en la omisión de darle trámite a la iniciativa sino en la omisión en legislar sobre la materia que propone la iniciativa presentada”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

 “Si solo es la forma, el modo en que se realiza pues desde luego que eso escapa a un tipo de control constitucional, en tanto no estamos aquí para determinar cómo nos gustaría que se hiciera las cosas, sino si se atiende o no el problema”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

 “Fracción tercera, casas de juego, centros de apuestas, casinos y similares, está fracción se derogó, para qué, precisamente para decir que esto ya no está permitido en el uso de suelo y luego se estableció, se adicionó el artículo 127 Bis, el 127 bis lo que dice es lo siguiente quedan prohibidos los usos de suelo y uso de edificación para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casa de juego y similares, los planes y programas de desarrollo urbanos de los municipios deberán establecer la prohibición de usos de suelo y uso de edificación para dichos establecimientos”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

A petición del Ministro Arturo Zaldívar, el Pleno decidió postergar la resolución de este asunto promovido por el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, reclamando una aparente omisión legislativa para prohibir la instalación de casinos y casas de apuesta en la entidad.

“Es que efectivamente no solo se le dio trámite a la iniciativa, sino la iniciativa se dictamino y esa iniciativa derivo ya en un decreto que está publicado en el órgano oficial del gobierno del Estado”.

Hasta el momento, solo el Ministro Sergio Valls se ha pronunciado en contra de la propuesta.

José Luis Guerra García

En la próxima sesión del Pleno de la SCJN

En su próxima sesión el Pleno de la Corte iniciará el estudio de una controversia constitucional promovida por el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

En dicho recurso piden invalidar diversos artículos de las leyes de asentamientos humanos y desarrollo urbano, para atender riesgos y contingencias, pues considera que invaden atribuciones que son propias del municipio.

En lista se encuentra una contradicción de tesis suscitada entre tribunales colegiados de circuito, en la que se tendrá que dirimir si corresponde al presidente del Tribunal Colegiado o al Pleno, resolver el incidente de nulidad de notificación contemplado en el artículo 32 de la Ley de amparo.

El Pleno también analizará una contradicción más, suscitada entre la Primera y Segunda Salas, en la que definirá si existe obligación de notificar personalmente una sentencia de amparo directo, en la que el Tribunal Colegiado estime que hay una cuestión propia de constitucionalidad.

El Pleno determinó que los congresos locales tienen libertad para regular las relaciones laborales entre estados y sus trabajadores

GOC_0397OKEl Pleno de la Corte determinó por mayoría de siete a tres, que los congresos locales tienen libertad para regular las relaciones laborales entre los estados y sus trabajadores.

En consecuencia, pueden definir por qué régimen se van a regular, si por el apartado “A o el B”, del artículo 123 de la Constitución Federal.

Por ello, declararon la validez del artículo 123 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, que regula la relación con sus trabajadores por el apartado “A”.

“En el proyecto se argumenta que las legislaturas locales tienen libertad de configuración y margen de apreciación para regular las relaciones burocráticas de los trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como servidores públicos del respectivo Estado”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

Lo anterior, se dijo, se desprende de lo previsto en el artículo 116 de la Carta Magna.

Lo único que quiero resaltar es que la facultad que se le otorgó a los estados, es una facultad autónoma en donde se les puso como referente el artículo 123 en sus dos apartados”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

“A mí me parece que la interpretación que se está dando en el proyecto del artículo 116 constitucional hace coherente la posibilidad de que a elección de los congresos locales, se establezca a través de qué régimen van a quedar sujetos sus relaciones laborales”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

“De tal manera que a mí entender estoy de acuerdo con la propuesta, el artículo 123 de la Ley de derechos humanos del Estado de Hidalgo que está impugnado en esta acción de inconstitucionalidad, resulta acorde con la Constitución Federal”, Olga Sánchez Cordero, Ministra Presidenta SCJN por Ministerio de Ley.

Precisaron que el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal es limitativo.

“Porque establece, ya lo había dicho el Señor Ministro Franco, que ese régimen solo es aplicable para los trabajadores de los Poderes de la Unión y para los trabajadores del Distrito Federal”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Los ministros que votaron en contra sostuvieron que esa libertad de configuración no es absoluta y que la regulación de las relaciones laborales de los estados con sus trabajadores, debía partir de lo previsto en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal.

“Si son trabajadores del estado como se ha hecho mucho énfasis, luego entonces, solo podrán legislarse y entenderse comprendidos dentro del apartado B, por lo tanto, la ley en la que nos estamos concentrando a su estudio es inconstitucional”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

“Por lo que es inconcuso, desde mi punto de vista, que el apartado B del 123 constitucional, es el que debe regir estas relaciones laborales, tal como lo establece la promovente”, Sergio Valls Hernández, Ministro SCJN.

“El propio proyecto orienta hasta esta posibilidad que el Estado tiene la posibilidad de elegir cualquiera de los dos regímenes, adelanto no estar de acuerdo con ello”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

En consecuencia el Pleno declaró la validez de la norma impugnada.

José Luis Guerra García.

 

El Pleno resolvió que las reformas a la Ley de justicia administrativa de Nuevo León son acordes a la Constitución

GOC_0170El Pleno de la Corte resolvió por mayoría de 10 a uno, que las reformas a la Ley de justicia administrativa de Nuevo León son acordes a la Constitución.

En ellas, se adicionó un capítulo que regula el juicio contencioso administrativo municipal, para resolver conflictos con particulares.

El Pleno, solo declaró la invalidez de la fracción tercera del artículo 183 que preveía la remoción de los magistrados sin justificación alguna y una porción del tercero transitorio, que faculta al municipio para decretar la desaparición del tribunal contencioso.

“De los cuales se estiman que resultan fundados, únicamente lo relativo a los artículos 183, fracción tercera y tercero transitorio del decreto impugnado, así como una omisión consistente en la falta de señalamiento de la autoridad competente para imponer sanciones por responsabilidad administrativa a los magistrados de los tribunales de justicia administrativa municipal y sus servidores públicos adscritos”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

El proyecto fue apoyado por la mayoría pues las disposiciones impugnadas no transgreden la Constitución, ni tampoco afectan la independencia de este tipo de tribunales al facultar al Municipio para declarar su desaparición, siempre que se justifique la medida.

“No está prohibido que sea así y lo que no está prohibido pues está permitido y tampoco hay una denominación específica en la constitución, yo en esto creo que el proyecto es correcto”, Sergio Valls Hernández, Ministro SCJN.

“Yo no encuentro ninguna contravención a la constitución en el diseño que se hizo, conforme a lo que autoriza la propia constitución, si aquí hablara de tribunal, pues por supuesto que yo estaría de acuerdo con muchas de las objeciones que aquí se han hecho”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Algunos ministros consideraron que también debía declararse la invalidez de los artículos que definen a los tribunales de lo contencioso municipal, como organismos descentralizados y los que facultan al congreso para ratificar a los magistrados.

“Estimo que un órgano jurisdiccional que juzgará los actos del propio municipio, no puede válidamente constituirse como un órgano descentralizado del municipio, pues ello sí puede afectar la independencia del órgano jurisdiccional”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

“Es por ello, que no concuerdo con el proyecto al calificar el segundo concepto de invalidez como infundado, cuando impugna la participación del congreso del estado en el proceso de designación de magistrados”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

“Yo creo que el municipio si tiene facultades para suprimir el tribunal y me parece correcto cuando se hace una evaluación de que si finalmente no es costeable y no hay el número de asuntos para darle supervivencia del tribunal”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

La resolución en esta controversia que fue promovida por el Municipio de San Pedro Garza García, también ordena al Congreso del Estado, que en el periodo ordinario que inició en marzo, subsane la omisión en que incurrió y emita las normas para definir qué autoridad será la encargada de sancionar a los magistrados de lo contencioso municipal cuando incurran en faltas graves.

José Luis Guerra García

El Pleno de la Corte declaró la invalidez de diversos artículos de la Ley de control de confianza de Jalisco y sus municipios

SESIÓN2 (3)Por unanimidad el Pleno de la Corte declaró la invalidez de diversos artículos de la Ley de control de confianza de Jalisco y sus municipios.

Que sometía a proceso de evaluación no solo a integrantes del sistema de seguridad y procuración de justicia, sino también a los del Poder Judicial Local.

Disposiciones que fueron declaradas inválidas, por violar lo dispuesto en los artículos 21 y 116 de la Constitución.

“El Poder Judicial actor aduce esencialmente, que la inclusión de los servidores públicos de la administración de justicia en el régimen de evaluación y control de confianza contemplado en la ley combatida, así como la regulación que con motivo de ello se establece respecto al poder judicial actor, vulnera su ámbito de competencias, particularmente en cuanto hace a las garantías de autonomía e independencia judicial y en consecuencia se transgrede en su perjuicio el principio de división de poderes”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Indicaron que el proceso de evaluación, certificación y control de confianza, solo aplica a los integrantes del sistema de seguridad pública.

“En leyes que no tienen en principio una regulación específica, respecto del poder judicial del estado, se hace una serie de consideraciones excesiva, por qué, porque sí se está comprometiendo a la independencia y a la autonomía”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

“La sujeción a controles de confianza tan agresivos tampoco cumple con estándar necesidad, puesto que implica una carga desmedida cuyos fines podrían cumplir bajo los parámetros objetivos de la carrera judicial”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

Esto toda vez que los preceptos impugnados, establecen diversas condiciones relativas al ingreso, a la permanencia, a la promoción y a la remoción de los servidores públicos de la administración de justicia, que constituyen sin lugar dudas, una invasión esferas y por ende, una violación al principio constitucional de división de poderes”, Sergio Valls Hernández, Ministro SCJN.

Los ministros explicaron que esto no implica que los integrantes del Poder Judicial de Jalisco, no deban ser sometidos a evaluación.

“Esto de modo alguno implica que no pueda haber mecanismos para controlar la actuación, de hecho los hay en todos los poderes judiciales, tanto federal como de los estados, la el proceder de los jueces, no me refiero a la cuestión jurisdiccional, sino a su comportamiento ético o a la posible comisión de conductas que sean indebidas”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

“Que hayan satisfecho la carrera judicial, conforme desde luego a las leyes propias del poder judicial, esos son los supuestos desde los que se debe seleccionar, nombrar, vigilar y en su caso, sancionar y destituir a los juzgadores, no desde parámetros de la seguridad pública, como si los jueces estuvieran sometidos a actividades de combate a la delincuencia y contacto directo con los delincuentes que no son propias de su función”, Luis María Aguilar, Ministro SCJN.

Esta resolución, surtirá efectos a partir de que sea notificada a los poderes Legislativo y Ejecutivo de Jalisco.

José Luis Guerra García

En la próxima sesión del Pleno

En su próxima sesión el Pleno de la Suprema Corte iniciará el estudio de una controversia constitucional promovida por el Congreso de Jalisco, en la que pide declarar la invalidez de la Ley de control de confianza.

Ello debido a que contempla someter al proceso de evaluación y control de confianza a los servidores públicos del Poder Judicial local, lo que podría vulnerar su ámbito de competencia y el principio de división de poderes.

En lista también se encuentra una controversia promovida por el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León en contra de la reforma a la Ley de justicia administrativa, para incluir un capítulo que regula el procedimiento contencioso administrativo municipal.

En este caso se analizará si este último se ajusta a lo dispuesto por la Constitución local para resolver conflictos entre la autoridad municipal y particulares, o si existe omisión al no expedirse la regulación correspondiente.

Hoy en la sesión del Pleno

El Pleno de la Corte desechó por mayoría de 8 a 3, una petición formulada por senadores del PRD.

En ella se pedía se pronunciara sobre la constitucionalidad del tema que solicitaron al senado se convocara a una consulta popular, que en este caso tiene que ver, con la reforma energética.

Argumentaron que no es el momento procesal para pronunciarse sobre el tema, pues previamente el Senado debe atender la petición que se le formuló al respecto y  verificar que la petición es avalada por el 2 % de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.

“Considero que la consulta a trámite que formula el señor Ministro Presidente a este Tribunal Pleno, debe orientarse en el sentido de que la petición formulada por ciertos ciudadanos ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para calificar la constitución de la materia de una supuesta consulta popular debe desecharse, ya que para que pueda solicitarse la resolución de la Suprema Corte sobre la materia de una consulta es necesario que sea el órgano recto, el Congreso de la Unión el que lo solicite”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

Explicaron que si bien no es necesario que haya ley reglamentaria para exigir el ejercicio de ciertos derechos, es imposible pronunciarse al respecto, debido a que no se ha cumplido con los requisitos previos para convocar a la consulta.

“Y como no estamos en el supuesto que haya habido una impugnación, me parece que lo único que podemos hacer en este momento, es verificar si estamos en el supuesto al que se refiere el artículo 35 para que este tribunal constitucional califique la constitucionalidad de la materia de la consulta y me parece que no estamos en ese supuesto, eventualmente podremos estarlo”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

“Yo me inclino, por lo que aquí se ha dicho, en el sentido de que en realidad la solicitud no se presentó en el momento adecuado y con este razonamiento desechar la solicitud”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

 “Lo que nos hace llevar a decir que las bases constitucionales que regulan el ejercicio de este derecho, son suficientes, son suficientes para tomar una determinación, precisamente de los lugares y participación que se tiene en cada una de estas etapas constitucionales”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Los ministros que votaron en contra sostuvieron que en lugar de desechar la solicitud, debería enviarse el órgano encargado de conducir el proceso de consulta o bien a la autoridad electoral competente.

“Yo estoy en contra de la propuesta, considero que sí debe darse trámite a la solicitud presentada  ante este alto tribunal por diversos ciudadanos y que es materia de este expediente y debe remitirse a las instancias correspondientes”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

“El Instituto Federal Electoral, analice el tema y después determine si está satisfecho el requisito del 2 %, satisfecho ese requisito podríamos nosotros pronunciarnos sobre la pregunta”, Olga Sánchez Cordero, Ministro SCJN.

Algunos ministros precisaron que una vez que se reconduzca el proceso, en su momento podrían pronunciarse sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.

José Luis Guerra García

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