Corte declara constitucional localización geográfica de teléfonos celulares

El Pleno de la Corte determinó la validez de las disposiciones que permiten al ministerio público, solicitar a las empresas de telefonía ubicar un aparato móvil. (A/inconstitucionalidad 32/2012).

En los casos en que se encuentren relacionado con una investigación vinculada con delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, sin previa autorización judicial.

La mayoría consideró que la medida no violaba el derecho a la privacidad, como lo argumentó la comisión nacional de derechos humanos en su demanda, la cual, ayudará a eficientar la investigación de estos delitos de alto impacto.

“Y que tampoco en este sentido, si se tratara estimar que se trata de la localización de una persona se viola el derecho a la privacidad, porque simple y sencillamente lo único que se está estableciendo es su localización, nunca se está interfiriendo en cuestiones relacionadas ni con su comunicación, ni con la información a su domicilio”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN

Incluso, precisaron que en el remoto caso que se violara el derecho a la privacidad, la medida se justificaba, ya que busca proteger la seguridad e integridad de las personas.

“Todo derecho a la privacidad requiere una orden judicial conforme a los criterios que ya se ha dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el sistema de derechos humanos, pero que puede prescindirse en casos como los presentes en los que existe precisamente esa extrema urgencia y que esto se entiende, cuando se pone en peligro, se pone en riesgo la vida o la integridad física de las víctimas y cuando existe el riesgo de que se oculte o desaparezca el objeto del delito”.

Los ministros de la minoría, ratificaron su postura, en el sentido de que una medida de este tipo, requiere de autorización judicial, para evitar abusos.

“Con todo respeto yo pienso que no deja de ser un acto de buena fe, estimar que es suficiente que en la ley y en la propia sentencia de este tribunal se indiquen reglas o lineamientos que acotan la atribución cuestionada para que no se den excesos o uso indebido en detrimento de los derechos humanos, pero qué o quién lo garantiza, qué o quién lo controla”, Sergio Valls Hernández, Ministro SCJN.

“Me parece que esta base impugnada del Artículo 16 fracción primera apartado D, si adquiere un sentido normativo completamente distinto, porque de acuerdo con lo que tiene el proyecto en la página 114, no es lo mismo que las acciones coordinadas con la autoridad correspondiente sean con la autoridad judicial a que lo autoridad ministerial, como han sido definido por diversos, por distintas consideraciones por parte de la mayoría”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Se precisó que dicha solicitud de ubicación solo procede en casos urgentes y el ministerio público está obligado a explicar la causa de la misma.

José Luis Guerra García

El Pleno se pronunció en torno a una sustitución de jurisprudencia

El Pleno de la Suprema Corte descartó modificar una jurisprudencia, que prevé que la suspensión de los derechos políticos prevalece, a pesar de que una persona obtenga su libertad condicional.

Ello, porque la pena que se le impuso no se ha extinguido, como lo prevé el Artículo 38 de la Constitución, motivo por el cual, no puede recuperar el ejercicio de sus derechos políticos.

“Consecuentemente la pena se extingue, sea en prisión o sea que esté suspendida y esté en libertad bajo ciertas condiciones el condenado, una vez que transcurre el tiempo que se le dio a la pena”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

“Si se considerara que una persona que tiene encima de si una pena de prisión y está en una libertad relativa, pudiera ser por ejemplo electo para un cargo público, en que situación quedaría si por no cumplir con las condiciones que se le imponen se le revoca la libertad ya siendo electo para un cargo público, tendría que dejar ese cargo con el perjuicio social que ello implica”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

“El hecho de que esté suspendida la pena no me parece que equivale a que se haya extinguido la pena corporal, máxime si no cumple con las condiciones de su suspensión se le vuelve a privar de la libertad”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

Los cuatro ministros que consideraban procedente la modificación, indicaron que ello era posible, ya que ahora la Constitución obliga a realizar una interpretación pro persona.

Además, de que era necesario armonizar este criterio, con otro, que dispone que la suspensión de derechos políticos solo procede cuando la persona a la que se le dicta auto de formal prisión o se le vincula a proceso, se encuentra en prisión.

“Y me lleva a la conclusión de que entre las distintas interpretaciones posibles, debemos preferir aquella que limita de menos forma el derecho; y es decir, que la suspensión de derechos político existe solamente cuando la persona está privada de su libertad”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

“Yo también me manifiesto respetuosamente por no compartir la propuesta del proyecto, en tanto que yo creo que sí es necesario sustituir la jurisprudencia, a partir, precisamente, vamos de lo que identificamos el nuevo paradigma, el nuevo ejercicio de interpretación que se nos está exigiendo”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Argumento que rechazó la mayoría.

José Luis Guerra García

El Pleno resolvió un amparo directo en revisión relacionado con la devolución de saldos a favor

El Pleno de la Corte resolvió que los artículos 22 y 146 del Código Fiscal de la Federación, así como el sexto de la Ley del IVA, no violan la Constitución.

Normas que fijan los plazos y la forma en que se puede solicitar la devolución de saldos a favor.

Mismas que no violan los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad tributaria.

El Artículo 22 del Código Fiscal, establece que es a partir de cuándo se debe presentar la declaración anual de impuestos, cuando comienza a correr el plazo de prescripción para exigir los saldos a favor.

“Entonces adaptaríamos esta parte del proyecto justamente a lo que se dijo en el momento que resolvimos esta última contradicción de tesis, para concluir como lo hace el proyecto, en el sentido de que no hay violación al principio de seguridad jurídica”, Margarita Luna Ramos, Ministro SCJN.

Aunque por motivos diferentes a los del proyecto original del Ministro Sergio Valls, el Pleno también declaró la constitucionalidad del artículo 146 del Código Fiscal que establece un plazo de 5 años para reclamar los saldos a favor.

“Yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, sin embargo no coincido con la argumentación en cuanto a que los artículos 22 y 146 del Código Fiscal de la Federación, se pueda hacer un análisis de constitucionalidad a través de la proporcionalidad tributaria, sino yo creo que tiene que hacerse sobre otras bases, entonces me reservo para hacer un voto concurrente”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

“Me parece que no puede analizarse el 146 a través del principio de proporcionalidad porque como marca simplemente el plazo para hacer valer el derecho de la devolución de las cantidades que tuviera a favor el contribuyente, me parece que este aspecto, no puede relacionarse con la capacidad contributiva de los causantes”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

El Pleno también declaró valido el Artículo sexto de la Ley del IVA, en el que se precisa la manera de exigir la devolución de los saldos a favor.

“No le causa ningún perjuicio también al quejoso, porque dice, si en la declaración del ejercicio el contribuyente tuviera cantidades a su favor, podrá acreditarlas en declaraciones de pago provisional posteriores o solicitar su devolución”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

El Pleno determinó lo anterior al resolver un amparo promovido por una empresa que exigía la devolución de un saldo a favor por un monto mayor a 18 millones de pesos, petición que le fue negada pues su derecho ya había prescrito.

Además, de que se trataba de saldos acumulados en varios años, lo que no permite la ley.

José Luis Guerra García

El Pleno resolvió un recurso de revisión relacionado con una solicitud de sustitución de jurisprudencia

El Pleno de la Corte determinó procedente un recurso de sustitución de jurisprudencia. (Solicitud de sustitución de jurisprudencia 11/2013).

Misma que consideraba improcedente el recurso de revisión, en contra del auto que declara ejecutoriada una sentencia de amparo.

El nuevo criterio, ahora señala que sí procede la revisión, si el recurso se presenta dentro del plazo de 10 días, previsto por la Ley de amparo.

“En el sentido de que cuando se interpone oportunamente el recurso de revisión y este llega al tribunal colegiado de circuito sea el presidente del tribunal el que analizando si fue interpuesto en tiempo lo admita con independencia de otras circunstancias, esta solución permite un balance entre las partes, porque la parte perjudicada con esta admisión, podría en su caso interponer el recurso de reclamación con lo cual será el pleno del colegiado el resuelva el tema, y también al final, al resolver el recurso habrá otra oportunidad para que el pleno del tribunal colegiado resuelva el problema”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Criterio con el que se busca dejar a salvo los derechos de los quejosos, en este tipo de casos.

“Yo no tendría inconveniente y sobre todo tratándose de una sustitución de jurisprudencia que requiere de mayoría califica en sumar mi voto a la propuesta que ha hecho el señor Ministro Zaldívar”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN

“En esta contradicción de criterios lo que ha privado desde el primer momento por parte del señor ministro ponente, ha sido el afán de busca la manera de no dejar en estado indefensión a la persona que presenta un recurso revisión en tiempo”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN

“También me convence, dándome mucha tranquilidad el hecho de que si hay esa revisión, una vez que sea admitida, la parte a quien favorecía el auto que había declarado ejecutoriada la sentencia, tiene la posibilidad de la revisión adhesiva en donde expresará todo lo que le perjudique el que se haya admitido esta revisión, y expondrá lo que él tenga la oportunidad de exponer de ahí que entonces el sistema no genera indefensión alguna”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

El Pleno también resolvió una contradicción de tesis en la que determinó que no procede el juicio de amparo indirecto, en contra de la resolución que desestima la falta de personalidad jurídica de la parte demandada en un juicio laboral.

Lo anterior se decidió, debido a que el Artículo 107 de la nueva Ley de amparo, considera que los actos de imposible reparación, son aquellos que afectan derechos sustantivos.

José Luis Guerra García

El Pleno resolvió una contradicción de tesis relacionada con la presunción de inocencia y el derecho administrativo

El Pleno de la Corte fijó como criterio que el principio de presunción de inocencia, es aplicable al procedimiento administrativo sancionador.

Cuando este se lleve a cabo en forma de juicio, con el fin de aplicar una sanción a un particular o servidor público que incurre en una violación.

“Como una garantía procesal a favor del imputado en el debido proceso, dentro de todo enjuiciamiento o procedimiento, de orden administrativo”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

Los ministros que apoyaron el proyecto, lo hicieron apartándose de ciertas consideraciones, pidiendo realizar algunos ajustes, como el de no sostener el proyecto en lo previsto en el artículo 20 constitucional, reformado en 2008 y aún no vigente.

“El procedimiento administrativo sancionador, como yo lo entiendo es muy cercano en ese sentido, si al ámbito penal, porqué, porque su objetivo es imponer una sanción, y sanciones en ocasiones muy severas como son por ejemplos 20 años de inhabilitación”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

“Entonces creo que aquí lo importante no es decir que es de la administración, sino es un procedimiento administrativo que puede realizar muy distintos órganos del estado con la pretensión de identificar un supuesto ilícito, el supuesto de la ilicitud y determinar las condiciones de aplicación de la sanción”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN

“Donde hay una diferencia, donde no se va a juzgar al particular, donde no se va a juzgar al particular, en las medidas cautelares”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, MINISTRO SCJN.

“No podemos señalar todavía como fundamento de esta conclusión el artículo 20 constitucional que no ha entrado en vigor y que está en una vacatio legis hasta el 2016”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

“Yo también comparto la propuesta esencial del proyecto, sí es ese el tema de contradicción, sí el espectro amplificador que se tiene de la presunción de inocencia, yo sí la reconozco como derecho fundamental, yo me adhiero a quien así lo ha manifestado”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Se precisó que la aplicación del principio de presunción de inocencia en el procedimiento administrativo sancionador deberá hacerse con las modalidades propias de este tipo de procesos.

José Luis Guerra García

La Corte fijó criterio sobre interés legítimo con lo que garantiza acceso efectivo a la justicia

La Corte fijó criterio sobre interés legítimo con lo que garantiza acceso efectivo a la justicia

El Pleno de la Corte fijó como criterio que el interés legítimo no solo aplica para proteger derechos colectivos o difusos, sino también personales.

Al resolver una contradicción de tesis sobre el tema, los ministros indicaron que con ello, se protege de manera más amplia los derechos humanos.

“Pero obviamente que tiene que haber no solo una norma jurídica, sino un derecho objetivo, de lo contrario, me parece que no habría obviamente interés legítimo, sería un interés simple”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

“Estimo que el interés legítimo no puede ser exclusivamente con la protección de intereses difusos y colectivos, exclusivamente, sino que también permite la protección de intereses diversos de corte individual y en el mismo sentido que el proyecto considero que la nueva perspectiva en materia de derechos humanos, nos obliga a interpretar el Artículo 107 constitucional, bajo el tamiz de la interpretación que ofrezca la mayor protección y goce de estos derechos”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Con esta interpretación, se dijo, se garantiza un acceso efectivo a la justicia.

“Es un tema determinante para la procedencia del juicio de amparo y además para su efectividad, como recurso ya que determinar la calidad y el contenido del interés legítimo impactará seriamente en el acceso a la justicia constitucional, vía el proceso de protección de derechos humanos como lo es el juicio de amparo”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

“Será el juzgador, quien, bajo los lineamientos señalados en el proyecto deberá verificar si se actualiza o no en un caso concreto, siempre en protección de los derechos fundamentales de las personas”, Sergio Valls Hernández, Ministro SCJN.

“Que también advierto que dentro de lo positivo de esta nueva configuración, de un concepto más amplio de interés legítimo, hoy estamos dando la posibilidad a que este no se límite única y exclusivamente al sentido grupal o colectivo”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Criterio que no es cerrado, que podrá irse ampliando y que desde luego no en todos los casos resulta procedente.

“Con el hecho de que su prevalencia únicamente trasciende al primer párrafo del Artículo 107, de la fracción primera del Artículo 107 constitucional, es decir, para la procedencia del amparo indirecto cuando los actos reclamados no consisten en actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

“Yo creo que aquí la incorporación de la tesis de la contradicción 293, lo que nos genera es un problema adicional de que cuando ahí aparezcan como, algo que pueda ser considerado como restricciones el interés legítimo se va a seguir reduciendo”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

“Que el punto medular a dilucidar, era esta parte de si era indispensable la pertenencia a una colectividad o no y parece ser que se ha llegado a un consenso muy uniforme a eso y también estoy de acuerdo con la segunda parte que deja una tesis abierta”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

La Ministra Luna Ramos voto en contra de la propuesta, argumentando que los criterios de las salas no eran contradictorios, sino complementarios.

“Y aquí es donde creo se le ha dado un entendimiento diferente a la tesis, porque dicen es que la tesis de la Segunda Sala nada más está referida a derechos colectivos, no, no estamos diciendo que solamente una colectividad pueda acudir al juicio de amparo para hacer valer interés legítimo no”.

Los ministros consideraron que serán los propios juzgadores, con sus resoluciones, quienes irán dotando de contenido y alcance a dicho interés legítimo.

José Luis Guerra García

Corte fija 15 días de plazo para que víctima interponga amparo contra pena de prisión

El Pleno de la Corte fijó como jurisprudencia que el plazo con que cuenta la víctima para interponer el amparo, en contra de una sentencia definitiva que impone la pena de prisión, es el genérico de 15 días. (Contradicción de tesis 26/2014).

Al resolver una contradicción de tesis indicaron que en este caso no aplica el plazo de 8 años previsto en el segundo párrafo del Artículo 17 de la nueva Ley de amparo, pues solo aplica para la persona que es privada de su libertad.

Es de señalar que a la víctima u ofendido del delito, no le es aplicable el plazo de hasta 8 años que prevé para la interposición de la demanda, ya que el mismo solo podría ser aplicable a quien reciente la afectación directa a su libertad personal, es decir al sentenciado”, Olga Sánchez Cordero, Ministro SCJN.

El Pleno descartó precisar que la víctima solo podría interponer el recurso, para impugnar cuestiones que afecten sus derechos, como lo sugirió el Ministro Luis María Aguilar.

En primer lugar, desde luego, solo en lo que realmente le afecte, que en este caso como lo decía ahorita la señora ministra, la reparación del daño por ejemplo, pero no contra la sentencia misma, en cuanto a la sanción impuesta al sentenciado”.

Argumentaron que no era tema de la contradicción, pues recordaron que la ley incluye diversos supuestos y porque la Primera Sala, ya ha definido cuales son los derechos de la víctima.

“Mi intervención, busca invitar a la señora ministra, a efecto de que pudiéramos concretar, simple y sencillamente el estudio del punto en contradicción al término, sin calificar si son sentencias condenatorias o son absolutorias”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

 “Y de alguna manera se pudiera recoger lo que es creo muy valioso de este criterio de la primera sala, en donde realmente se trata de concretizar el ámbito de protección que hoy deben tener, quienes han sido víctimas de un delito determinado”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

 “Creo que el punto de contradicción, sobre lo cual, algunos de nosotros votamos en contra, diciendo que no había contradicción, quedó ya definido por el Pleno y tiene que ser sentencia condenatoria, porque eso es lo que dice la fracción segunda, la sentencia absolutoria no hay duda, no está incluida en la excepción se aplica 15 días”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Solo se precisó a partir de cuándo comienza a correr dicho plazo.

“Valdría la pena decir, una vez definido el plazo, a partir de qué momento debe computarse, cuando se trate de actos que fueron emitidos con anterioridad a la entrada en vigor y siguiendo alguno de los criterios, pues establecer que es a partir de la entrada en vigor de la nueva ley”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Una vez resuelto este asunto, el Pleno determinó declarar sin materia cinco contradicciones más en las que se abordaban conflictos similares; y en dos más declaró inexistentes las contradicciones.

José Luis Guerra García

La Corte fijó criterio sobre el plazo para interponer amparo contra actos que afecten la libertad personal

El Pleno de la Suprema Corte estableció como criterio que el plazo para interponer el amparo indirecto contra actos privativos de la libertad dictados dentro de procedimiento, antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de amparo, es en cualquier momento. (Contradicción de tesis 371/2013).

Criterio que adoptó en la resolución de dos recursos de queja, en donde explicó que no aplicaba el plazo de 15 días previsto en el Artículo 17 de la nueva ley, debido a que podría afectarse la defensa adecuada de los quejosos.

“Esta contradicción de tesis, básicamente tiene como tema toral, como tema principal, ya lo que fue discutido y lo que fue resuelto en las diversas quejas que estuvieron bajo la ponencia del señor Ministro Cossío y en su momento, se ajustará señor presidente al engrose que circulará el Ministro Alberto Pérez Dayán”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

Una vez concluido este asunto, se dio entrada a una contradicción más, en este caso, relacionada con la procedencia del amparo directo, contra sentencias definitivas privativas de la libertad, dictadas antes de la entrada en vigor de la nueva ley.

El proyecto, señala que el plazo que debe aplicarse es el de 8 años previsto en el segundo párrafo del Artículo 17 de la Ley vigente, el cual comenzaría a computarse a partir de su entrada en vigor, el 3 de abril de 2013.

Lo que se considera no afecta los principios de irretroactividad, ni de progresividad.

“Es posible concluir que la medida legislativa materia de análisis, restringe en forma razonable el derecho de acceso efectivo a la justicia de los sentenciados, ya que les permite preparar sus defensas durante un lapso considerable, 8 años, y con ello se logra un mejor equilibrio entre esa prerrogativa fundamental de los sentenciados y los derechos involucrados de las víctimas de una conducta delictiva”.

El Ministro Fernando Franco se pronunció en contra del proyecto, argumentando que se trataban de supuestos similares a los de los casos previos ya resueltos por el Pleno.

“Me parece que en mi opinión existiendo exactamente los mismos presupuestos y condiciones jurídicas, por las cuales yo me posicioné en el recurso de queja 203/2013 y consecuentemente en los demás asuntos que siguieron esa misma suerte, yo seguiré sosteniendo que esa argumentación es aplicable al caso concreto”.

José Luis Guerra García

Acuerdos emitidos por el CJF son inimpugnables, determinó la SCJN

El Pleno de la Corte determinó que los tribunales colegiados y juzgados de distrito no tienen facultades para analizar la validez o constitucionalidad de los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal.

Facultad que es exclusiva de la Suprema Corte.

De tal manera que el artículo 100 de la constitución, nos está diciendo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la única que tiene facultades para revocar estos acuerdos que emite el Consejo de la Judicatura Federal”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

En consecuencia, son válidos los acuerdos que emitió el Consejo de la Judicatura, para autorizar la firma, las notificaciones y el expediente electrónicos.

Que los tribunales colegiados deben respetar y acatar los citados acuerdos y como tercer punto, la cuestión que motivo la contradicción de tesis que los acuerdos generales, 21/2007 y 43/2008 son válidos mientras tanto el Pleno de la Suprema Corte no resuelva lo contrario”, Sergio Valls Hernández, Ministro SCJN.

Los ministros descartaron que estos acuerdos afectaran la independencia de los juzgadores.

“No está cuestionada su validez y están obligando a, en un aspecto no jurisdiccional, desde mi punto de vista, sino una cuestión administrativa como es la transmisión o la recepción de información, porque eso es simplemente lo que se maneja a través de la firma electrónica, no se está condicionando la procedencia del recurso ni mucho menos”, Luis María Aguilar, Ministro SCJN.

Que la tesis también revele que por tanto sí es válido aceptar este tipo de medios para la interposición de los recursos”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

El Consejo de la Judicatura en principio es un órgano terminal de todas sus determinaciones y solo se pueden atacar aquellas por la vía jurisdiccional, que expresamente previstas y además con un recurso específico que se estableció en la Constitución”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Solamente pueden ser revisados y revocados por este tribunal pleno, pero no solo eso, si no que para revocarlos se requiere una votación calificada de 8 votos”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Los ministros que votaron en contra consideraron que el hecho de que los juzgadores no puedan dejar de aplicar los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, podría dejar en la indefensión a los justiciables.

“Pero en un caso en donde un juzgador encuentre un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, conculca sus atribuciones jurisdiccionales o por su intermediación los derechos de los particulares que están sometidos a su jurisdicción me parece que no solo puede, deben los tribunales desaplicar para el caso concreto”, José Ramón Cossío Díaz, ministro SCJN.

Me preocupa mucho la generación de una normatividad que no pueda ser impugnada por un quejoso o potencial quejoso que se sienten agraviado en sus derechos”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

El criterio de que los tribunales colegiados no son competentes para estudiar la validez de los acuerdos del Consejo de la Judicatura se definió al resolver una contradicción entre tribunales de este tipo.

José Luis Guerra García

Hoy en la sesión del Pleno

El Pleno de la Corte resolvió por mayoría de cinco a cuatro, que es válida la fracción segunda del Artículo 69 de la Constitución de Durango, que establece como requisito para ser diputado local, saber leer y escribir.

Descartaron que la medida sea discriminatoria, requisito que consideraron razonable y proporcional, para poder desempeñar esta alta responsabilidad.

“Me parece que la exigencia, la simple exigencia de saber leer y escribir no es un requisito que no cumpla con los estándares que ha fijado la propia Corte mexicana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que es un requisito razonable, insisto, en términos de la ponderación que se va a ejercer”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

 “Y a mí me parece que siendo una restricción razonable, constituye una herramienta indispensable para el ejercicio de la función que se pretende ocupar, en este caso diputado de un congreso local”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

 “Hay una posición inicial del propio proyecto, que encuentra, luego de analizar la legislación constitucional y la convencional, la posibilidad de establecer una condición para acceder a este tipo de cargo”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN

 “Yo lo que quiero dejar claro a la hora que dé mí voto, es que yo no puedo considerar, ni puedo aceptar que este tipo de requisitos constituyan una discriminación para nadie”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

Quienes se pronunciaron en contra, sostuvieron que la medida era discriminatoria y atentaba contra el derecho humano a votar y ser votado.

“En principio aquí se está participando de calificar como una restricción discriminatoria, en función de que vulnera definitivamente lo previsto en el primero constitucional, al considerarlo precisamente, en un sector de la población que en atención a su condición social debe ser excluido de esa posibilidad de ser votado”,  Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Yo lo que observo es que estamos ponderando función contra derechos… De verdad con saber leer y escribir los diputados o los senadores o cualquier representante pueden entender dictámenes, pueden entender la ley de telecomunicaciones”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

 “En contra por ser un precepto discriminatorio y anuncio voto particular”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

El Pleno también validó las reformas a diversos artículos de la Constitución de Durango, que reducen de 30 a 25, el número de integrantes del Congreso local y la obligación de devolver los bienes adquiridos con recursos públicos, a los partidos que pierdan el registro.

Concluida la discusión de este asunto, se declaró formalmente clausurado el primer periodo ordinario de 2014.

“Con esta votación hemos concluido con lo programado para las sesiones públicas del primer periodo legal de sesiones”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Se convocó a la sesión de apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de 2014, el próximo 1 de agosto del presente año.

José Luis Guerra García.

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