La Corte fijó criterio sobre interés legítimo con lo que garantiza acceso efectivo a la justicia

La Corte fijó criterio sobre interés legítimo con lo que garantiza acceso efectivo a la justicia

El Pleno de la Corte fijó como criterio que el interés legítimo no solo aplica para proteger derechos colectivos o difusos, sino también personales.

Al resolver una contradicción de tesis sobre el tema, los ministros indicaron que con ello, se protege de manera más amplia los derechos humanos.

“Pero obviamente que tiene que haber no solo una norma jurídica, sino un derecho objetivo, de lo contrario, me parece que no habría obviamente interés legítimo, sería un interés simple”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

“Estimo que el interés legítimo no puede ser exclusivamente con la protección de intereses difusos y colectivos, exclusivamente, sino que también permite la protección de intereses diversos de corte individual y en el mismo sentido que el proyecto considero que la nueva perspectiva en materia de derechos humanos, nos obliga a interpretar el Artículo 107 constitucional, bajo el tamiz de la interpretación que ofrezca la mayor protección y goce de estos derechos”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Con esta interpretación, se dijo, se garantiza un acceso efectivo a la justicia.

“Es un tema determinante para la procedencia del juicio de amparo y además para su efectividad, como recurso ya que determinar la calidad y el contenido del interés legítimo impactará seriamente en el acceso a la justicia constitucional, vía el proceso de protección de derechos humanos como lo es el juicio de amparo”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

“Será el juzgador, quien, bajo los lineamientos señalados en el proyecto deberá verificar si se actualiza o no en un caso concreto, siempre en protección de los derechos fundamentales de las personas”, Sergio Valls Hernández, Ministro SCJN.

“Que también advierto que dentro de lo positivo de esta nueva configuración, de un concepto más amplio de interés legítimo, hoy estamos dando la posibilidad a que este no se límite única y exclusivamente al sentido grupal o colectivo”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Criterio que no es cerrado, que podrá irse ampliando y que desde luego no en todos los casos resulta procedente.

“Con el hecho de que su prevalencia únicamente trasciende al primer párrafo del Artículo 107, de la fracción primera del Artículo 107 constitucional, es decir, para la procedencia del amparo indirecto cuando los actos reclamados no consisten en actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

“Yo creo que aquí la incorporación de la tesis de la contradicción 293, lo que nos genera es un problema adicional de que cuando ahí aparezcan como, algo que pueda ser considerado como restricciones el interés legítimo se va a seguir reduciendo”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

“Que el punto medular a dilucidar, era esta parte de si era indispensable la pertenencia a una colectividad o no y parece ser que se ha llegado a un consenso muy uniforme a eso y también estoy de acuerdo con la segunda parte que deja una tesis abierta”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

La Ministra Luna Ramos voto en contra de la propuesta, argumentando que los criterios de las salas no eran contradictorios, sino complementarios.

“Y aquí es donde creo se le ha dado un entendimiento diferente a la tesis, porque dicen es que la tesis de la Segunda Sala nada más está referida a derechos colectivos, no, no estamos diciendo que solamente una colectividad pueda acudir al juicio de amparo para hacer valer interés legítimo no”.

Los ministros consideraron que serán los propios juzgadores, con sus resoluciones, quienes irán dotando de contenido y alcance a dicho interés legítimo.

José Luis Guerra García

Corte fija 15 días de plazo para que víctima interponga amparo contra pena de prisión

El Pleno de la Corte fijó como jurisprudencia que el plazo con que cuenta la víctima para interponer el amparo, en contra de una sentencia definitiva que impone la pena de prisión, es el genérico de 15 días. (Contradicción de tesis 26/2014).

Al resolver una contradicción de tesis indicaron que en este caso no aplica el plazo de 8 años previsto en el segundo párrafo del Artículo 17 de la nueva Ley de amparo, pues solo aplica para la persona que es privada de su libertad.

Es de señalar que a la víctima u ofendido del delito, no le es aplicable el plazo de hasta 8 años que prevé para la interposición de la demanda, ya que el mismo solo podría ser aplicable a quien reciente la afectación directa a su libertad personal, es decir al sentenciado”, Olga Sánchez Cordero, Ministro SCJN.

El Pleno descartó precisar que la víctima solo podría interponer el recurso, para impugnar cuestiones que afecten sus derechos, como lo sugirió el Ministro Luis María Aguilar.

En primer lugar, desde luego, solo en lo que realmente le afecte, que en este caso como lo decía ahorita la señora ministra, la reparación del daño por ejemplo, pero no contra la sentencia misma, en cuanto a la sanción impuesta al sentenciado”.

Argumentaron que no era tema de la contradicción, pues recordaron que la ley incluye diversos supuestos y porque la Primera Sala, ya ha definido cuales son los derechos de la víctima.

“Mi intervención, busca invitar a la señora ministra, a efecto de que pudiéramos concretar, simple y sencillamente el estudio del punto en contradicción al término, sin calificar si son sentencias condenatorias o son absolutorias”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

 “Y de alguna manera se pudiera recoger lo que es creo muy valioso de este criterio de la primera sala, en donde realmente se trata de concretizar el ámbito de protección que hoy deben tener, quienes han sido víctimas de un delito determinado”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

 “Creo que el punto de contradicción, sobre lo cual, algunos de nosotros votamos en contra, diciendo que no había contradicción, quedó ya definido por el Pleno y tiene que ser sentencia condenatoria, porque eso es lo que dice la fracción segunda, la sentencia absolutoria no hay duda, no está incluida en la excepción se aplica 15 días”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Solo se precisó a partir de cuándo comienza a correr dicho plazo.

“Valdría la pena decir, una vez definido el plazo, a partir de qué momento debe computarse, cuando se trate de actos que fueron emitidos con anterioridad a la entrada en vigor y siguiendo alguno de los criterios, pues establecer que es a partir de la entrada en vigor de la nueva ley”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Una vez resuelto este asunto, el Pleno determinó declarar sin materia cinco contradicciones más en las que se abordaban conflictos similares; y en dos más declaró inexistentes las contradicciones.

José Luis Guerra García

La Corte fijó criterio sobre el plazo para interponer amparo contra actos que afecten la libertad personal

El Pleno de la Suprema Corte estableció como criterio que el plazo para interponer el amparo indirecto contra actos privativos de la libertad dictados dentro de procedimiento, antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de amparo, es en cualquier momento. (Contradicción de tesis 371/2013).

Criterio que adoptó en la resolución de dos recursos de queja, en donde explicó que no aplicaba el plazo de 15 días previsto en el Artículo 17 de la nueva ley, debido a que podría afectarse la defensa adecuada de los quejosos.

“Esta contradicción de tesis, básicamente tiene como tema toral, como tema principal, ya lo que fue discutido y lo que fue resuelto en las diversas quejas que estuvieron bajo la ponencia del señor Ministro Cossío y en su momento, se ajustará señor presidente al engrose que circulará el Ministro Alberto Pérez Dayán”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

Una vez concluido este asunto, se dio entrada a una contradicción más, en este caso, relacionada con la procedencia del amparo directo, contra sentencias definitivas privativas de la libertad, dictadas antes de la entrada en vigor de la nueva ley.

El proyecto, señala que el plazo que debe aplicarse es el de 8 años previsto en el segundo párrafo del Artículo 17 de la Ley vigente, el cual comenzaría a computarse a partir de su entrada en vigor, el 3 de abril de 2013.

Lo que se considera no afecta los principios de irretroactividad, ni de progresividad.

“Es posible concluir que la medida legislativa materia de análisis, restringe en forma razonable el derecho de acceso efectivo a la justicia de los sentenciados, ya que les permite preparar sus defensas durante un lapso considerable, 8 años, y con ello se logra un mejor equilibrio entre esa prerrogativa fundamental de los sentenciados y los derechos involucrados de las víctimas de una conducta delictiva”.

El Ministro Fernando Franco se pronunció en contra del proyecto, argumentando que se trataban de supuestos similares a los de los casos previos ya resueltos por el Pleno.

“Me parece que en mi opinión existiendo exactamente los mismos presupuestos y condiciones jurídicas, por las cuales yo me posicioné en el recurso de queja 203/2013 y consecuentemente en los demás asuntos que siguieron esa misma suerte, yo seguiré sosteniendo que esa argumentación es aplicable al caso concreto”.

José Luis Guerra García

Acuerdos emitidos por el CJF son inimpugnables, determinó la SCJN

El Pleno de la Corte determinó que los tribunales colegiados y juzgados de distrito no tienen facultades para analizar la validez o constitucionalidad de los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal.

Facultad que es exclusiva de la Suprema Corte.

De tal manera que el artículo 100 de la constitución, nos está diciendo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la única que tiene facultades para revocar estos acuerdos que emite el Consejo de la Judicatura Federal”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

En consecuencia, son válidos los acuerdos que emitió el Consejo de la Judicatura, para autorizar la firma, las notificaciones y el expediente electrónicos.

Que los tribunales colegiados deben respetar y acatar los citados acuerdos y como tercer punto, la cuestión que motivo la contradicción de tesis que los acuerdos generales, 21/2007 y 43/2008 son válidos mientras tanto el Pleno de la Suprema Corte no resuelva lo contrario”, Sergio Valls Hernández, Ministro SCJN.

Los ministros descartaron que estos acuerdos afectaran la independencia de los juzgadores.

“No está cuestionada su validez y están obligando a, en un aspecto no jurisdiccional, desde mi punto de vista, sino una cuestión administrativa como es la transmisión o la recepción de información, porque eso es simplemente lo que se maneja a través de la firma electrónica, no se está condicionando la procedencia del recurso ni mucho menos”, Luis María Aguilar, Ministro SCJN.

Que la tesis también revele que por tanto sí es válido aceptar este tipo de medios para la interposición de los recursos”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

El Consejo de la Judicatura en principio es un órgano terminal de todas sus determinaciones y solo se pueden atacar aquellas por la vía jurisdiccional, que expresamente previstas y además con un recurso específico que se estableció en la Constitución”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Solamente pueden ser revisados y revocados por este tribunal pleno, pero no solo eso, si no que para revocarlos se requiere una votación calificada de 8 votos”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Los ministros que votaron en contra consideraron que el hecho de que los juzgadores no puedan dejar de aplicar los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, podría dejar en la indefensión a los justiciables.

“Pero en un caso en donde un juzgador encuentre un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, conculca sus atribuciones jurisdiccionales o por su intermediación los derechos de los particulares que están sometidos a su jurisdicción me parece que no solo puede, deben los tribunales desaplicar para el caso concreto”, José Ramón Cossío Díaz, ministro SCJN.

Me preocupa mucho la generación de una normatividad que no pueda ser impugnada por un quejoso o potencial quejoso que se sienten agraviado en sus derechos”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

El criterio de que los tribunales colegiados no son competentes para estudiar la validez de los acuerdos del Consejo de la Judicatura se definió al resolver una contradicción entre tribunales de este tipo.

José Luis Guerra García

Hoy en la sesión del Pleno

El Pleno de la Corte resolvió por mayoría de cinco a cuatro, que es válida la fracción segunda del Artículo 69 de la Constitución de Durango, que establece como requisito para ser diputado local, saber leer y escribir.

Descartaron que la medida sea discriminatoria, requisito que consideraron razonable y proporcional, para poder desempeñar esta alta responsabilidad.

“Me parece que la exigencia, la simple exigencia de saber leer y escribir no es un requisito que no cumpla con los estándares que ha fijado la propia Corte mexicana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que es un requisito razonable, insisto, en términos de la ponderación que se va a ejercer”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

 “Y a mí me parece que siendo una restricción razonable, constituye una herramienta indispensable para el ejercicio de la función que se pretende ocupar, en este caso diputado de un congreso local”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

 “Hay una posición inicial del propio proyecto, que encuentra, luego de analizar la legislación constitucional y la convencional, la posibilidad de establecer una condición para acceder a este tipo de cargo”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN

 “Yo lo que quiero dejar claro a la hora que dé mí voto, es que yo no puedo considerar, ni puedo aceptar que este tipo de requisitos constituyan una discriminación para nadie”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

Quienes se pronunciaron en contra, sostuvieron que la medida era discriminatoria y atentaba contra el derecho humano a votar y ser votado.

“En principio aquí se está participando de calificar como una restricción discriminatoria, en función de que vulnera definitivamente lo previsto en el primero constitucional, al considerarlo precisamente, en un sector de la población que en atención a su condición social debe ser excluido de esa posibilidad de ser votado”,  Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Yo lo que observo es que estamos ponderando función contra derechos… De verdad con saber leer y escribir los diputados o los senadores o cualquier representante pueden entender dictámenes, pueden entender la ley de telecomunicaciones”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

 “En contra por ser un precepto discriminatorio y anuncio voto particular”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

El Pleno también validó las reformas a diversos artículos de la Constitución de Durango, que reducen de 30 a 25, el número de integrantes del Congreso local y la obligación de devolver los bienes adquiridos con recursos públicos, a los partidos que pierdan el registro.

Concluida la discusión de este asunto, se declaró formalmente clausurado el primer periodo ordinario de 2014.

“Con esta votación hemos concluido con lo programado para las sesiones públicas del primer periodo legal de sesiones”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Se convocó a la sesión de apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de 2014, el próximo 1 de agosto del presente año.

José Luis Guerra García.

Hoy en la sesión del Pleno

El Pleno de la Corte inició el estudio de diversas acciones de inconstitucionalidad en la que se pide invalidar las reformas a diversos artículos de la Constitución de Durango en materia electoral. (Acciones de inconstitucionalidad 27, 28 y 29/2013).

Entre ellos, la fracción segunda del Artículo 69, que establece como requisito saber leer y escribir para ser diputado local.

El proyecto del Ministro Sergio Valls, que presentó la Ministra Margarita Luna Ramos, considera que dicho requisito no violan lo previsto en los artículos 35 y 116 de la Constitución Federal y el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni el 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

“El proyecto hace un estudio de proporcionalidad y razonabilidad, aduciendo que en el caso concreto este parámetro de instrucción es objetivo y razonable para efectos de la determinación de calidad como diputado local”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

Hasta el momento de los nueve ministros presentes en la sesión, solo uno, Alberto Pérez Dayán, se pronunció a favor de la consulta, misma que consideró proporcional y razonable.

“Solo saber leer y escribir, menos no podría haber, si estamos entonces en el nivel básico de la instrucción, no advierto como pudiera violentarse o desconocerse un tema objetivo como lo es la regulación que tanto la constitución, como el conjunto de normas convencionales, han referido respecto a la posibilidad de acceder a los cargos públicos”.

Proyecto que no comparten tres ministros que fijaron su postura, argumentando que la medida es discriminatoria, pues impide a un sector reducido de la sociedad ejercer el derecho a ser votado consagrado en la Constitución federal.

“Yo creo que esto sí tiene o incorpora, al menos para mí, por eso votaré en contra del proyecto, una condición donde sí se ven afectados derechos políticos de las personas”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

 “El proyecto está equivocado en el sentido de que pretende declarar constitucional una norma que priva del derecho a ser votado a un grupo o a un segmento de la población, fundamentalmente por su condición social, el artículo primero de la constitución prohíbe expresamente la discriminación por, entre otros motivos la condición social de los segmentos de la población”. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

 “Y aquí se está discriminando a un grupo de personas, a un grupo de mexicanos, porque no pueden leer y escribir, no saben leer y escribir, y se parte además de un prejuicio, que para ser representante popular el tener cierta instrucción y cierta educación, le da a las personas mayor inteligencia o mayoría sabiduría, y esto la experiencia demuestra que no siempre es así”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

El Pleno continuará con el estudio de este tema en la próxima sesión, en la que fijarán su postura al respecto, el resto de los ministros.

José Luis Guerra García

Por unanimidad el Pleno declaró la inconstitucionalidad del Artículo 398 Bis del Código Penal del Estado de Chiapas

GOC_0058 (3)Por unanimidad el Pleno de la Corte declaró la inconstitucionalidad del Artículo 398 Bis del Código Penal del Estado de Chiapas. (Acción de inconstitucionalidad 11/2013).

Disposición que fincaba responsabilidad penal a quien difundiera información de los cuerpos de seguridad, operativos y de sanción del delito.

Lo que se consideró violatorio del derecho de acceso a la información.

“Se considera en el proyecto que se viola, obviamente el derecho de acceso a la información porque estas limitaciones que se ponen en el tipo penal no se encuentran justificadas a partir de un tes de proporcionalidad”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

La norma que estuvo vigente del 11 de marzo al 1 de mayo de 2013, también genera inseguridad jurídica, al no precisar con claridad el tipo penal que pretende sancionar.

“La procedencia de estas penas se puede dar única y exclusivamente por leyes exactamente aplicables al delito de que se trata”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

 “Por falta de seguridad jurídica y aplicación del tercer párrafo del 14 constitucional, pero coincido en que el artículo es inconstitucional, precisamente por esa falta de seguridad jurídica”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

Los efectos de esta decisión serán retroactivos a la fecha de publicación de la norma impugnada.

“Considero por ello que más que decir que los procesos penales iniciados con fundamento en la norma invalidada se encuentran viciados de origen, se podría señalar como se hizo en la acción de inconstitucionalidad 29 /2011 que resolvimos el 20 de junio de 2013, hace un año, en que se declaró la invalidez de la norma ahí combatida también por violación al principio de taxatividad en la que se señaló que la invalidez tendría efectos retroactivos en beneficio de las personas que a las que se les haya aplicado el precepto impugnado a partir de la fecha que entró en vigor al tratarse de una norma en materia penal”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

El Pleno también decidió sobreseer dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PRD y PT, en las que pedían invalidar reformas a la Constitución y Código Electoral de Michoacán.

Considerando que previamente se habían desechado las demandas en lo atinente al decreto 301 por virtud de su extemporaneidad… Se concluye que respecto de la citada norma legal, ha sobrevenido la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos, prevista en el artículo 19 fracción quinta de la ley reglamentaria de la materia, por lo que debe sobreseerse en la presente acción de inconstitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 en relación con el diverso 20 fracción segunda del propio ordenamiento legal”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Las disposiciones en cuestión regulaban las candidaturas a cargos de elección popular y el derecho de réplica.

José Luis Guerra García

La próxima semana en la sesión del Pleno

En su próxima sesión el Pleno de la Corte iniciará el estudio de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (Acción de inconstitucionalidad  11/2013).

En ella, pide invalidar el Artículo 398 Bis del Código Penal del Estado de Chiapas, que prevé fincar responsabilidad penal a quien obtenga información de los cuerpos de seguridad sobre operativos de combate al delito, lo que restringe el derecho de acceso a la información.

En lista se encuentra una acción más, promovida por el PRD y PT, quienes piden invalidar reformas a la Constitución y Código Electoral de Michoacán que no prevén las candidaturas independientes y que regulan el derecho de réplica. El Pleno estudiará si el recurso se presentó fuera de tiempo y en consecuencia si debe sobreseerse. (Acción de inconstitucionalidad 71/2012).

En una acción más, analizará si son legales las reformas al marco electoral de Durango que reduce de 30 a 25 el número de diputados locales, establece como requisito saber leer y escribir para ser diputados y obliga a devolver los bienes adquiridos con recursos públicos al partido que pierda su registro. (Acción de inconstitucionalidad 27/2013).

Hoy en la sesión del Pleno de la SCJN

El Pleno de la Suprema Corte declaró por unanimidad, la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la legislación penal del Estado de Nuevo León. (Acción de inconstitucionalidad 21/2013).

Entre ellas, la fracción cuarta del Artículo 26 de la Ley de ejecución de sentencias penales, que hacía referencia a restringir las comunicaciones de los imputados por delincuencia organizada, secuestro y trata de personas.

“Relativa a que deberán restringirse las comunicaciones de los imputados o condenados con terceros, salvo el acceso, con su defensor”, Sergio Valls Hernández, Ministro SCJN.

 “Y entiendo que la restricción de comunicaciones aquí, es indebida, porque el Artículo 18 constitucional, lo hace de manera permisiva con el podrá hacerse esta restricción”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

Los ministros también invalidaron la porción normativa del Artículo 171 del Código Procesal Penal de dicha entidad, que permitía imponer la prisión preventiva en el caso de los delitos de rebelión, terrorismo, delincuencia organizada y agrupación delictuosa, contra la seguridad de la comunidad, parricidio, privación ilegalidad de la libertad y robo con violencia, entre otros.

“Yo estoy de acuerdo con esta parte del proyecto, simplemente me aparto de algunas de las citas que se hacen justamente algunas de las sentencias de carácter internacional, porque me parece que el caso de prisión que se está estableciendo en estos, es muy diferente al de aquí”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

Adicionalmente, invalidaron todo el Artículo 275 Bis del Código de Procedimientos Penales que establecía la prueba de ADN, como único método para identificar a testigos.

“La medida legislativa impugnada incide en el derecho a la dignidad, a la intimidad y a la integridad física, pues de aquella puede extraerse información genética del individuo”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

 “Yo creo que una cosa es proteger a un testigo y otra cosa es generar testigos anónimos, me parece que el sistema nacional y es el que está reflejado en el 275, lo que genera es una condición de anonimato de los testigos, pero no un sistema de protección de testigos”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

“Sin embargo, creo que lo que habrá que destacar es el aspecto invasivo que tiene un sistema de identificación, frente al propósito con el que se estableció”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

 “Se toma como una medida, la identificación a través del ADN para la figura de testigos protegidos, sin embargo la constitución solamente autoriza este tipo de testigos protegidos para casos de delincuencia organizada”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

La invalidez de dichas normas se declaró debido a que los congresos locales no están facultados para legislar en materia de delincuencia organizada, ni para imponer sanciones y tipos penales en materia de secuestro y trata de personas; además de que violaban distintos derechos humanos.

Los efectos de la resolución serán retroactivos al 10 de julio de 2013, cuando se publicaron las modificaciones a dichas disposiciones del Estado de Nuevo León.

José Luis Guerra García

Hoy en la sesión del Pleno

El Pleno de la Corte no alcanzó los votos suficientes, para declarar la invalidez por extensión de otros artículos de la legislación penal de Nuevo León, en los que se aborda el tema de delincuencia organizada. (Acción de inconstitucionalidad 21/2013).

Por ese motivo continuarán vigentes las normas que se pretendía invalidar por extensión.

Quienes se pronunciaban a favor de la invalidez, reiteraban que los congresos locales no tenían facultades para legislar en esta materia.

“Qué razón puede tener mantener disposiciones en las que se hace mención expresamente a delincuencia organizada, cuando se ha dicho que delincuencia organizada es una materia que no puede ser legislada por las entidades federativas cuando no tiene competencia”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

 “En este caso no estamos invalidando la norma, porque la norma en si tenga algún vicio, eso no lo examinamos, la estamos invalidando porque estamos resolviendo que no había competencia para legislar en esa materia”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

 “Entiendo que la invalidez por extensión supone un ejercicio de relación simple en donde sí se analizó un tema de delincuencia organizada y los primeros artículos a los que si alcanza la invalidez, de acuerdo con lo que yo pienso usa como sustento la delincuencia organizada”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Quienes se opusieron a la propuesta, argumentaron que no había una relación directa de las normas declaradas inválidas, con las que se pretendía anular por extensión.

“No se refiere a la condición de invalidez porque adolezcan del mismo vicio del que se está anulando, sino que estas dependan de las otras, de tal modo que el sistema normativo integral no pueda funcionar si no se anulan todas ellas”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

 “Y mantenimiento en el criterio de que en mi opinión no debiera hacerse extensiva esta declaración de invalidez”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

El Pleno decidió postergar el estudio de los temas restantes de la presente acción de inconstitucionalidad, relacionados con la restricción de las comunicaciones de los procesados, la prisión preventiva y las pruebas de ADN para identificar a testigos.

“De que me permitieran el día de mañana circular en sus ponencias un proyecto modificado con las partes que ya han sido votadas, para que todos tengamos muy claras las porciones normativas y a partir de este tema número dos cómo incidiría lo que ya votamos tanto en porciones normativas, como en argumentación”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Hasta el momento el Pleno ha declarado la invalidez de los artículos 26 de la Ley de ejecución de sanciones, 171 del Código Procesal Penal y 275 Bis del Código de Procedimientos Penales, por abordar temas de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas, en los que el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar.

José Luis Guerra García

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