El Pleno declaró sin materia una contradicción de tesis entre la Primera Sala y Segunda Sala

El Pleno de la Corte declaró sin materia una contradicción de tesis entre la Primera y Segunda Salas de la Corte.

Determinación que se adoptó debido a que las salas, han variado sus criterios sobre los temas en contradicción.

En este caso, se habría de determinar si la sentencia de amparo debe ser notificada personalmente, cuando el tribunal colegiado, estime que puede existir una cuestión propiamente de constitucionalidad.

Establecer si la legalidad de la notificación en el juicio de amparo, solo puede analizarse dentro del incidente previsto en el artículo 32 de la Ley en la materia.

Además de definir, si para realizar el cómputo, respecto de la presentación del recurso de revisión, debe tomarse en cuenta la notificación practicada en términos del artículo 86 de la Ley de amparo.

Y nos hemos dado cuenta de que ambas salas, han estado variando algunos de estos criterios, en esa medida, considero que sería complicado en este momento, que el pleno se pronunciara en relación con los puntos que aquí se especifican, porque insisto varios de los criterios que conforman esta contradicción, han sido modificados por las 2 solas de este alto tribunal, en esa medida señor presidente, yo modificaría la propuesta del proyecto, para proponer que con base en estas modificaciones, la presente contradicción de tesis ha quedado sin materia”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Sin embargo, no se descartó que en lo futuro se retome la discusión sobre los temas que habían entrado en conflicto.

“Estamos ciertos que esta problemática que se presenta, no habrá de dejar de presentarse, habrá algunas otras situaciones y tendrán que irse decantando los criterios por las salas en su oportunidad”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

La resolución adoptada se aprobó en forma económica, por unanimidad.

José Luis Guerra García

Resoluciones de las Salas de la Corte

GOC_0044 SESION DE LA PRIMERA SALA SCJNLa Primera Sala de la Corte determinó al resolver un amparo que la patria potestad no es un derecho de los padres, sino una función que se les encomienda en beneficio de los hijos, por lo que para determinar la pérdida de la patria potestad por abandono, el juez debe estudiar si existe causa justificada para dejar al menor bajo el cuidado de algún familiar o persona de confianza.

Por ese motivo ordenaron la inmediata devolución de una menor a su padre, quien la dejó con sus abuelos, para intentar salvar la vida de su esposa, que padecía leucemia, lo que se consideró una causa justificada para dejar a su menor hija al cuidado de un tercero.

La Segunda Sala también declaró procedente una sustitución de jurisprudencia de rubro: Seguro Social, el premio por asistencia y puntualidad, previsto en los artículos 91 y 93 del reglamento interior de trabajo, debe considerarse como parte integradora del salario y también para efecto del pago de la prima de antigüedad, para efectos de la separación prevista en la cláusula 95 Bis, del contrato colectivo de trabajo.

En este último caso, solo se tomará como parte integradora del salario, para efectos del cálculo de la prima de antigüedad, si se demuestra que dicho premio lo obtuvo en 18 de las 24 quincenas que componen el último año de servicio, previo a su jubilación.

Resoluciones de las Salas de la SCJN

GOC_0002 SESION SEGUNDA SALA SCNLa Primera Sala de la Corte decidió ejercer su facultad de atracción para conocer de un recurso de revisión, promovido por las asociaciones “Aprender Primero y Justicia Justa”.

En él, se inconforman con la sentencia del juez de distrito que declaró improcedente el amparo que promovieron, por carecer de interés legítimo. Demandaban a las autoridades competentes dieran un uso adecuado y eficiente a los recursos públicos destinados a la educación.

El asunto permitirá definir los alcances y naturaleza del interés legítimo, su relación con los intereses de colectividades afectadas; si una sola persona puede gozar de interés legítimo o requiere formar parte de una colectividad; y que efectos tendría la sentencia de amparo, cuando un grupo es el que presenta la demanda.

También decidieron atraer un amparo que les permitirá pronunciarse sobre una clausula arbitral, estipulada en el contrato de membresía de un club de golf, en contra de la cual se promovió una acción colectiva.

Los impulsores demandaron al proveedor del club del golf, cumplir las condiciones del contrato, el juez se declaró incompetente para conocer del asunto y señaló que el órgano competente era un tribunal arbitral.

Esta recurso, permitirá definir si es válida la cláusula arbitral en contratos de adhesión que comprometen derechos fundamentales de los consumidores, si las acciones colectivas son competencia de los jueces federales, independientemente de la cláusula arbitral y si este tipo de cláusulas no violan el principio de certeza jurídica.

Al resolver una contradicción de tesis fijaron como criterio que tratándose de la prueba pericial de grafoscopía, el uso de las tecnologías que permiten editar las imágenes que se plasman en los dictámenes, no es suficiente para negarles valor probatorio, pues para ello se requiere datos adicionales que permitan presumir que el perito actuó con falta de lealtad, probidad o veracidad.

Indicaron que si bien existe la posibilidad de que con estas tecnologías permite distorsionar o prefabricar imágenes, es necesario contar con otros elementos que demuestren la falta de probidad y lealtad del perito.

La Segunda Sala de la Corte resolvió que el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley federal de procedimiento contencioso administrativo no viola el derecho de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución.

Dicha disposición regula el procedimiento que debe seguir el incidente de falsedad de documento, el cual faculta al magistrado instructor para citar a la parte respectiva para estampe su firma en presencia del secretario, la que se tendrá como incuestionable.

Los ministros indicaron que este procedimiento tiene como propósito salvaguardar el derecho de acceso a la justicia, al permitir a las partes presentar pruebas y alegatos para su adecuada defensa.

José Luis Guerra García

Resoluciones de las Salas de la SCJN

La Primera Sala de la Corte determinó que en el caso del delito de administración fraudulenta, los socios de la persona moral son sujetos pasivos del ilícito, en consecuencia está facultado para presentar la querella correspondiente, pues cada uno de los socios es dueño del capital y bienes de la empresa.

El criterio se fijó al resolver una contradicción de tesis en la que indicaron que cualquier socio agraviado, puede presentar la demanda en contra del administrador desleal.

Los ministros también declararon la inconstitucionalidad de la fracción I del artículo 199 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, por violar el derecho de acceso pleno a la justicia y al debido proceso.

La norma no contempla la procedencia del recurso de apelación contra las sentencias en las que se autoriza la sustitución de la pena privativa de libertad. La Sala devolvió los autos al Tribunal Colegiado para que resuelva lo conducente.

También fijó como criterio que el cómputo del plazo de prescripción de la acción penal en delitos fiscales que se persiguen por querella debe ser a partir de que la autoridad hacendaria tiene conocimiento del ilícito, lo que acontece a partir del dictamen técnico contable del SAT.

Indicaron que es a partir de ese momento cuando comienza a correr el plazo de tres años, previsto en el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, para que la autoridad presente la querella correspondiente.

La Segunda Sala de la Corte confirmó el auto dictado por un juez de distrito que dio entrada a un amparo promovido en contra de una empresa de telefonía fija y la Secretaría de Comunicaciones.

El recurso fue promovido por la comunidad hñahñü de San Ildefonso, en Querétaro, argumentando que la concesionaria violó sus derechos de igualdad, no discriminación, libertad de expresión y acceso a la información al no garantizarles el servicio de telefonía e internet de banda ancha, de manera continua y permanente.

Por mayoría de cuatro a uno, los ministros indicaron que los particulares si son autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando prestan servicios públicos y violan derechos fundamentales, aunque en este caso, deben valorarse los elementos aportados por las partes para determinar si el recurso es improcedente, como lo argumenta la empresa quejosa.

Por mayoría de tres a dos, resolvieron que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando determina el monto y cobra el servicio de energía eléctrica, ni cuando advierte en el recibo el riesgo de corte del servicio en caso de incumplimiento de pago.

Al resolver una contradicción de tesis, indicaron que ello es así, pues el origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades, en donde el prestador del servicio y el usuario, adquieren derechos y obligaciones recíprocas.

Al resolver una contradicción más, determinaron que sí es procedente que una autoridad judicial, ordene el embargo, sobre el excedente del salario mínimo para garantizar el cumplimiento de obligaciones civiles o mercantiles contraídas por el trabajador.

Medida que solo procede, respecto del 30 % del excedente del salario mínimo del trabajador. Si el trabajador ya ha visto afectado su salario por el pago de una pensión alimentaria, el 30 % se aplicará el excedente que reste, después de haber descontado la pensión.

También resolvieron por mayoría de tres a dos, que las tarifas que fija el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no se equiparan a derechos, ya que se trata de una contraprestación por los servicios que presta que no está prevista en la Ley federal de derechos.

En consecuencia dichas tarifas no se rigen por el principios de justicia tributaria, aunque tampoco implica que las fije de manera arbitraria, para ello debe tomar en cuenta el costo del servicio que presta, para garantizar el principio de legalidad y seguridad jurídica.

José Luis Guerra García

Resoluciones de las Salas de la SCJN

GOC_6445 SESION DE LA PRIMRA SALA SCJN 19032014La Primera Sala de la Corte ejerció su facultad de atracción, para conocer de un amparo directo que le permitirá definir cómo debe operar la suplencia de la queja deficiente en favor de las víctimas del delito, cuando estas promueven amparo en contra de sentencias absolutorias.

Tomando en cuenta que la mayoría de legislaciones del país, en donde no opera el sistema acusatorio, no se reconoce como parte procesal al ofendido, sino solo como coadyuvante del ministerio público.

Ello permitirá homologar criterios sobre este tema y definir si cuando el tribunal de alza no realiza pronunciamiento alguno, el tribunal de amparo puede analizar todas las violaciones al procedimiento con base en la suplencia de la queja a favor de la víctima.

En una atracción más, conocerán un amparo que cuestiona la validez del artículo 500 del Código Civil del Estado de Puebla que obliga al pago de pensión alimentaria a favor de las hijas, aunque sean mayores de edad, siempre y cuando no hayan contraído matrimonio, vivan honestamente y no cuenten con medios de subsistencia.

Desde la óptica del promotor del amparo, esta disposición vulnera el derecho de igualdad entre hombres y mujeres, ya que genera un trato discriminatorio en razón del sexo.

El asunto permitirá determinar si la norma es inconstitucional y en consecuencia discriminatoria; y si el legislador, puede emitir una norma específica que proteja a las mujeres, al considerarlas un sector vulnerable.

La Segunda Sala determinó que las autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo federal o local, carecen de legitimación para promover el amparo adhesivo, pues en estos casos solo actúa en defensa de la legalidad de un acto que emitió como autoridad.

La autoridad solo puede interponer el amparo previsto en el artículo 7 de dicha ley, cuando una norma, acto u omisión afecte su patrimonio respecto de las relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con un particular, supuesto en el que actúa como persona moral de derecho privado.

Indicaron que considerar lo contrario, sería ir en contra del espíritu del juicio de amparo, que es un medio de defensa del ciudadano contra actos de autoridad que vulneran sus derechos fundamentales.

Al resolver una contradicción más, estableció que una vez que se determinó que el patrón omitió declarar el salario real de sus trabajadores, para efectos de su cotización al Seguro Social, el IMSS debe otorgarle la pensión que le corresponde conforme al salario que percibió, siempre y cuando se haya demostrado fehacientemente en el juicio laboral.

Indicaron que en los casos en que se haya demandado al patrón, la junta deberá condenarlo al pago de las diferencias entre el salario declarado y el que realmente percibió el trabajador.

Los ministros también determinaron que la fracción XVIII del artículo 32 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no viola el principio de proporcionalidad tributaria, siempre y cuando se entienda que la prohibición que prevé no es absoluta.

Indicaron que esta disposición que prohíbe deducir los gastos en el extranjero a prorrata a quienes no son contribuyentes de este impuesto, es una medida que ya no se justifica, pues hoy existen mecanismos que permiten verificar la autenticidad de dichos gastos.

A pesar de ello, consideró que la norma debe prevalecer en los casos que la autoridad, debidamente fundada y motivada, considere que el contribuyente no cumplió con todos los requisitos para deducir sus gastos en el extranjero.

José Luis Guerra García

Resoluciones de las Salas de la SCJN

1SALA2La Primera Sala de la Corte reiteró la constitucionalidad del artículo 46 y 54 de la Ley orgánica de la PGR, que regula los procesos de evaluación y control de confianza de sus elementos.

Por ese motivo negó un amparo a un ex policía federal, que fue separado del cargo por no aprobar dichos controles.

Los ministros argumentaron que esas disposiciones son acordes con el régimen constitucional especial, que rige el servicio profesional de carrera ministerial, policía y pericial.

Precisaron que estos controles permiten verificar que los elementos policiacos cuenten con las cualidades idóneas para desempeñar el cargo.

También confirmaron la sentencia de un tribunal colegiado, que determinó la constitucionalidad del acuerdo del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, que amplía las atribuciones de los jueces de proceso oral, especializados en justicia para adolescentes.

Lo anterior se resolvió al estudiar un amparo promovido por la representante de un menor, acusado del delito de robo agravado.

Los ministros consideraron que con base en el artículo 122 de la Carta Magna, el órgano que emitió el acuerdo si tiene facultades para ampliar atribuciones de los órganos jurisdiccionales.

La Segunda Sala de la Corte resolvió que la tabla que define las distancias que deben guardar los centros de almacenamiento y distribución de combustible no violan los principios de libertad para ejercer el comercio o la industria, ni la libre concurrencia, protegidos por los artículos 5 y 28 de la Constitución.

Por ello confirmaron la sentencia recurrida y negaron el amparo a una persona que se inconformó con estas disposiciones del Municipio de Jesús María, Aguascalientes.

Indicaron que estas normas solo regulan y organizan el establecimiento ordenado y seguro de estos centros de combustibles, para salvaguardar la integridad física de sus habitantes y protegerlos de eventuales riesgos.

Aclararon que estas medidas no tienen relación con los permisos y licencias que expide la autoridad federal, para la operación de este tipo de negocios.

José Luis Guerra García

La Primera Sala condenó al hotel Mayan Palace de Acapulco a pagar 30 MDP por daño moral

Por unanimidad la Primera Sala de la Corte condenó al hotel Mayan Palace de Acapulco a pagar 30 millones de pesos por el daño moral que causo a los padres la muerte de su hijo, debido a las conductas negligentes de la empresa.

El joven falleció debido a que cayó en el lago artificial que se encontraba electrificado, por una falla en una bomba a la que no se le dio mantenimiento, además no se contaba con servicios de emergencia para atender a la víctima y a sus familiares, incumpliendo con la normatividad que regula el servicio de hotelería y sus deberes generales de cuidado.

“Este es un caso muy relevante, es el primer precedente que hay en México, en el cual se hace una condena seria a una empresa por un descuido en sus instalaciones que tuvo como resultado el fallecimiento de un joven”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Los ministros indicaron que en este tipo de casos la indemnización debe ser justa.

La Primera Sala en este asunto cambia completamente de paradigma de los que se había hecho hasta el momento, el derecho de daño en México se encuentra muy acotado, pero a partir de ahora en casos como este qué elementos se tomaron en cuenta, por lo que hace a la empresa, la gravedad de su conducta, una conducta descuidada, una conducta realmente seria, segundo su capacidad económica, por lo que hace a la víctima, cual fue el tipo de daño, en este caso la pérdida del hijo de las personas que acuden al juicio, en qué condiciones se dio este daño para efecto de ponderar una serie de elementos y que haya un resarcimiento adecuado y justificado a la gravedad de los hechos y a la negligencia de la empresa, y por supuesto que entre estos aspectos no está, ni puede estar el nivel socioeconómico de la víctima porque esto sería absolutamente discriminatorio y atentaría contra el principio de igualdad constitucional”.

En principio la compensación que se había fijado fue de 8 millones de pesos, la cual fue recurrida por la empresa ante la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la capital.

“Y esta condena fue reducida a un millón de pesos considerando la sala, los magistrados de la sala que no había este, que no se tendría que enriquecer a las víctimas de esta situación, porque además se trataba de personas con una clase social media, son maestros universitarios los padres de Ángel y que además no podría empobrecerse a los responsables con una condena de este tamaño”, Claudia de Buen, Abogada afectados.

Indicó que la sentencia fija como debe interpretarse el artículo 1916 del Código Civil de la capital.

“Hoy la Corte está saliendo con una resolución que es importantísima no solo para mis clientes sino para el país, porque este artículo se repite en casi todas las legislaciones locales”.

En el caso se considera que la conducta de la empresa afectó gravemente los sentimientos e integridad psíquica de los afectados.

José Luis Guerra García

Resoluciones de las Salas de la SCJN

La Primera Sala de la Corte ejerció su facultad de atracción para conocer de un amparo, que le permitirá analizar el artículo 21 de la Ley de sociedades de convivencia del Distrito Federal.

Disposición que prevé que el conviviente que carezca de recursos podrá recibir una pensión alimentaria, por la mitad del tiempo que duró la relación.

Lo que resulta contrario a lo dispuesto en el Código Civil de la capital, para el caso del matrimonio y el concubinato que prevé que dicha pensión se otorgará por el tiempo que duró el vínculo.

El asunto permitirá analizar la naturaleza de la sociedad de convivencia, la viabilidad de convenir en materia de alimentos y determinar si la norma es constitucional, al contemplar un trato diferenciado y posiblemente hasta discriminatorio.

La Segunda Sala resolvió por mayoría de cuatro a uno, que el artículo 338 de la Ley de concursos mercantiles si viola el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución.

Ello porque dicha disposición no establece un plazo para que la junta directiva del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles resuelva sobre la procedencia o no de la amonestación, suspensión temporal o cancelación del registro de conciliadores, visitadores y síndicos, en los casos previstos por la ley, dejándolos en la inseguridad jurídica.

Indicaron que el plazo para resolver este tipo de asuntos no es indefinido, motivo por el cual concedieron el amparo al quejoso.

Precisaron que el legislador debe emitir normas que den certeza y seguridad a los gobernados, que le otorguen elementos que le permitan hacer valer sus derechos y conocer las consecuencias de sus actos.

José Luis Guerra García

Resoluciones de la Primera Sala de la Corte

GOC_0023 SESION DE LA PRIMERA SALA SCJN 19022014La Primera Sala de la Corte reasumió su competencia para conocer de un amparo promovido por un grupo de intelectuales que cuestionan la constitucionalidad del último párrafo del artículo 9 de la Ley de ingresos 2013.

Disposición que condona adeudos a favor de  las entidades federativas, municipios y organismos descentralizados de las retenciones del impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores.

Asunto que permitirá definir los alcances del interés legítimo, si cualquier contribuyente puede cuestionar las decisiones del Congreso de la Unión en materia presupuestaria, sin ser destinatario de la norma reclamada; estudiar la justificación para otorgar beneficios fiscales y la relatividad de las sentencias de amparo.

También, ejercieron su facultad de atracción, para conocer de un amparo que permitirá estudiar el alcance probatorio de las declaraciones emitidas por testigos que han consumido drogas y alcohol.

Ello porque en una fiesta a la que asistieron policías portando sus armas, una persona falleció; el ministerio público inició una investigación en contra de un oficial, a pesar de que quien testificó en su contra se encontraba bajo el influjo de drogas y alcohol, único elemento con el que se consignó y sentenció al aparente responsable.

Este caso permitirá definir el alcance de este tipo de declaraciones, cómo se debe valorar el tipo de alcohol y drogas consumidas y la cantidad, así como la relación entre las drogas y la persona que las consumió.

José Luis Guerra García

Resoluciones de la Primera y Segunda Salas de la SCJN

La Primera Sala de la Corte determinó que la inmunidad procesal temporal, en este caso de un senador, opera de manera inmediata, una vez que asume el cargo, con lo que se asegura la libertad e independencia de los poderes del Estado.

Precisó que ello no implica de ninguna manera impunidad, ya que solo impide actuar de manera inmediata en contra del legislador, pues habrá que esperar a que la Cámara de Diputados conceda la declaración de procedencia o bien, a que concluya su gestión.

Con ello, se suspende el proceso penal que se le sigue al legislador, por su aparente responsabilidad en los delitos de ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias.

Al resolver un amparo en revisión definieron la manera en que debe interpretarse la inmunidad procesal prevista en el artículo 111 de la Constitución.

También resolvieron que es correcto homologar las actuaciones realizadas en una averiguación previa del fuero federal, a las que deben solventarse en la carpeta de investigación del fuero local.

Ya que ello garantiza la obligación del Estado de garantizar una justicia pronta y expedita, indicaron que ello no implica una violación a las formalidades del procedimiento acusatorio. Por ese motivo confirmaron la sentencia recurrida y negaron el amparo a una persona implicada en un homicidio calificado.

La Segunda Sala resolvió que la fracción IX del artículo 371 de la Ley federal del trabajo, no viola los principios democráticos, ni la libertad y autonomía sindicales, reconocidas por la Constitución y tratados internacionales firmados por México.

La norma impugnada establece que la elección de las dirigencias sindicales puede hacerse a través del voto directo y secreto o indirecto y secreto, medida que garantiza la libertad sindical, al permitir optar por la forma que mejor responda a sus necesidades.

Los ministros indicaron que la votación indirecta no está prohibida en la Constitución, misma que se permite siempre y cuando, se garantice el derecho de todo agremiado a participar en el proceso de manera libre.

Indicaron que dicha norma permite a los sindicatos definir en sus estatutos, la forma de elegir a sus dirigentes.

José Luis Guerra García

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 36.565 seguidores