Resoluciones de la Primera Sala de la SCJN

La Primera Sala de la Corte resolvió que el amparo indirecto es procedente en contra de la orden de arraigo, a pesar de que este, haya agotado su tiempo de duración.

Los ministros indicaron que esto es así, debido a que no cesan sus efectos, al término de la medida, pues las pruebas recabadas durante el arraigo pueden tener consecuencias en actos posteriores dentro del proceso penal, por ese motivo no puede declararse su improcedencia por cesación de efectos.

Con ello se abandonó la tesis aislada de rubro: arraigo cesan sus efectos cuando con motivo de la emisión de la orden de aprehensión, se haya levantado dicha medida precautoria.

En estos casos reiteraron el criterio de que los congresos locales no pueden legislar en esta materia que solo aplica en casos de delincuencia organizada, competencia del Poder Legislativo Federal.

Por ese motivo levantaron el sobreseimiento y concedieron el amparo a los quejosos, ordenando al juez, eliminar el material probatorio vinculado con el arraigo.

También, ejerció su facultad de atracción para conocer de un amparo promovido por la sociedad cooperativa de ejidatarios y obreros del Mante, empresa que desde 1939, se dedicó a la siembra de caña de azúcar y producción de alcohol.

Entidad que en 1991 fue sometida a un proceso de quiebra, que incluía el remate de todos sus bienes; 20 años después, iniciaron un juicio civil alegando que el procedimiento de quiebra estuvo plagado de irregularidades.

De ello surgió el amparo directo, en el que alegan que el plazo previsto en el Artículo 737-D del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que fija los plazos para interponer la acción de nulidad de juicio concluido, es muy reducido y viola el derecho fundamental de acceso a la justicia.

En este asunto podrán determinar si el plazo previsto de tres meses a un año, viola el derecho de acceso a la justicia y el principio de tutela judicial efectiva; o si se trata de una medida adecuada y razonable, para garantizar el principio de seguridad jurídica de las partes. Además permitirá poner fin a este litigio que lleva 23 años.

José Luis Guerra García

Hoy en la Primera Sala de la Corte

La Primera Sala de la Corte decidió ejercer su facultad de atracción para conocer de un amparo, que les permitirá definir diversos temas procesales, relacionados con la responsabilidad civil generada por discriminación y maltrato escolar, conocido como bullying.

Entre ellos, precisar esta práctica y sus alcances en relación con los derechos constitucionales a la no discriminación, a la educación, al interés superior del menor y a un ambiente adecuado.

Determinar si las cargas probatorias en estos casos operan de manera diferente, si puede darse por probado el daño a través de pruebas indirectas y delimitar el valor probatorio del testimonio del afectado.

Los ministros revocaron la sentencia recurrida y negaron el amparo a un abuelo en jalisco, que se inconformó con la decisión que concedió la adopción internacional de 3 de 4 hermanos, por una pareja de italianos.

Consideraron que no se violó el derecho de audiencia del abuelo, quien nunca se preocupó por los menores cuando fueron abandonados.

Indicaron que al declarar legal la adopción de los menores,  se busca preservar el interés superior del menor y la estabilidad emocional que han alcanzado con sus nuevos padres.

También decidieron reasumir su competencia para conocer de un amparo, en el que tres personas impugnan la constitucionalidad de las partes normativas de los artículos 40 y 165 del Código Familiar de Sinaloa, que define el matrimonio y el concubinato como la unión de un hombre y una mujer.

Ello deja fuera de ejercer este derecho a un grupo importante de personas, como es el de los homosexuales, lesionando sus derechos.

Asunto que permitirá definir si dichas normas son constitucionales, si este tipo de normas discriminatorias son autoaplicativas y si los homosexuales, tienen una situación especial frente a la ley y en consecuencia, si cuentan con interés legítimo para impugnarlas.

Además reiteraron que los congresos locales no tienen facultades para legislar en materia de arraigo, figura que solo aplica en casos de delincuencia organizada, materia que es exclusiva del Congreso de la Unión.

Por ese motivo revocó la sentencia de un tribunal colegiado, que consideró equivocadamente, que las normas locales pueden prever el arraigo para delitos del fuero común.

José Luis Guerra García

Hoy en la Primera Sala de la SCJN

La Primera Sala de la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 143 del Código Civil de Oaxaca, que define el matrimonio como un contrato entre un solo hombre y una sola mujer, para perpetuar la especie.

Disposición que se consideró discriminatoria al impedir a los homosexuales contraer matrimonio.

Se trata del tercer amparo que otorga la Primera Sala, en contra del mencionado artículo, que atenta contra la dignidad humana de un sector importante de la población, decisión que fue recibida con beneplácito por los afectados.

“La estrategia siguiente es esa, organizarnos a nivel nacional, con los estados, con los colectivos o personas que deseen integrarse para hacer de eso una realidad en todo el país, precisamente ante una reticencia de los poderes ejecutivos y legislativos locales, recordemos que desde diciembre de 2012 que se dieron estas primeras sentencias no ha habido en todo el territorio nacional una sola iniciativa, un solo cambio, a pesar de que la Suprema Corte ya dejó sentado que eso es discriminatorio.”, Alex Alí Méndez Díaz, Coordinador de Matrimonio Igualitario México.

Manifestó que con excepción del Distrito Federal, en donde la legislación permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, en el resto del país, se requiere recurrir al amparo para poder ejercer este derecho.

“Pues digamos que en ningún estado podemos decir que es legal, porque no ha habido una reforma, solamente en el distrito federal pues ya podemos acceder al matrimonio sin ningún problema, en todos los demás estados es necesaria la tramitación de un juicio para poder obtener después de varios meses esa sentencia.”

Indicó que esta sentencia ratifica el criterio que la corte ha sostenido en cuanto a que los derechos humanos son inherentes a toda persona, independientemente de su condición.

“Recordemos que ya es la cuarta y nosotros vamos a empujar ahora sí que es necesario, ya no es un tema de si quieren o no lo quieren, creo que el mensaje de la Corte ha sido bastante claro, la inconstitucionalidad es que hay una contravención con la Constitución Federal.”

Los ministros determinaron que si bien los congresos tienen libertad de configuración, esta se encuentra limitada por la Constitución Federal y en el caso concreto, por el artículo primero.

El amparo es obligatorio para todas las autoridades, por lo que no podrán imponer ningún tipo de restricción a los 39 beneficiados, cuando decidan ejercer su derecho de contraer matrimonio.

José Luis Guerra García

La Primera Sala ejerció su facultad de atracción en torno a un caso sobre el matrimonio y el concubinato

La Primera Sala de la Corte decidió reasumir su competencia para conocer de un amparo en revisión para impugnar la legislación que regula el matrimonio y el concubinato en el Estado de Sinaloa.

Figuras que se definen como la unión de un hombre con una mujer, con lo que deja fuera a un grupo importante de la sociedad como es el de los homosexuales.

Quienes promueven el recurso afirman que dicha normatividad lesiona sus derechos fundamentales al impedirles contraer matrimonio o vivir en concubinato a las personas del mismo sexo.

Este asunto permitirá medir el alcance del interés legítimo para promover el amparo, pues no existe ningún acto de autoridad, ya que los quejosos lo promueven solo manifestando que son homosexuales.

Determinar si los artículos 40 y 165 del Código Familiar de Sinaloa, que regulan el matrimonio y el concubinato son constitucionales.

Definir si estas normas que discriminan, conforme a lo previsto en el artículo primero de la Constitución son auto aplicativas y si los homosexuales tienen una situación especial frente a las normas jurídicas.

José Luis Guerra García

La Primera Sala resolvió un asunto en torno al derecho a una pensión alimentaria al término de la sociedad de convivencia

La Primera Sala de la Corte decidió ejercer su facultad de atracción, para conocer de un amparo en el que se cuestiona la constitucionalidad del artículo 21 de la Ley de convivencia del Distrito Federal.

Disposición que establece que en caso de terminación de la sociedad, el conviviente que carezca de ingresos y bienes suficientes para su sostenimiento, tendrá derecho a una pensión alimenticia, solo por la mitad del tiempo de su duración.

Lo que resulta diferente a lo previsto por el Código Civil para el caso del matrimonio y el concubinato, que prevé que dicha pensión será por un tiempo equivalente a la duración del vínculo.

El recurso permitirá a los ministros estudiar la naturaleza jurídica de las sociedades de convivencia, la manera de convenir en materia de alimentos y determinar si la norma impugnada no viola el derecho a la igualdad.

Además, permitirá definir si dicha disposición no resulta discriminatoria de un sector históricamente excluido como es el de los homosexuales.

José Luis Guerra García

Primera Sala crea paradigma en materia de daño moral

Por unanimidad la Primera Sala de la Corte condenó al Hotel Mayan Palace de Acapulco a pagar 30 millones de pesos por el daño moral que causo a los padres la muerte de su hijo, debido a las conductas negligentes de la empresa.

El joven falleció debido a que cayó en el lago artificial que se encontraba electrificado, por una falla en una bomba a la que no se le dio mantenimiento, además no se contaba con servicios de emergencia para atender a la víctima y a sus familiares, incumpliendo con la normatividad que regula el servicio de hotelería y sus deberes generales de cuidado.

“Este es un caso muy relevante, es el primer precedente que hay en México, en el cual se hace una condena seria a una empresa por un descuido en sus instalaciones que tuvo como resultado el fallecimiento de un joven”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Los ministros indicaron que en este tipo de casos la indemnización debe ser justa.

“La Primera Sala en este asunto cambia completamente de paradigma de los que se había hecho hasta el momento, el derecho de daño en México se encuentra muy acotado, pero a partir de ahora en casos como este qué elementos se tomaron en cuenta, por lo que hace a la empresa, la gravedad de su conducta, una conducta descuidada, una conducta realmente seria, segundo su capacidad económica, por lo que hace a la víctima, cual fue el tipo de daño, en este caso la pérdida del hijo de las personas que acuden al juicio, en qué condiciones se dio este daño para efecto de ponderar una serie de elementos y que haya un resarcimiento adecuado y justificado a la gravedad de los hechos y a la negligencia de la empresa, y por supuesto que entre estos aspectos no está, ni puede estar el nivel socioeconómico de la víctima porque esto sería absolutamente discriminatorio y atentaría contra el principio de igualdad constitucional”.

En principio la compensación que se había fijado fue de 8 millones de pesos, la cual fue recurrida por la empresa ante la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la capital.

Y esta condena fue reducida a un millón de pesos considerando la sala, los magistrados de la sala que no había este, que no se tendría que enriquecer a las víctimas de esta situación, porque además se trataba de personas con una clase social media, son maestros universitarios los padres de Ángel y que además no podría empobrecerse a los responsables con una condena de este tamaño”, Claudia de Buen, Abogada afectados.

Indicó que la sentencia fija como debe interpretarse el artículo 1916 del Código Civil de la capital.

“Hoy la Corte está saliendo con una resolución que es importantísima no solo para mis clientes sino para el país, porque este artículo se repite en casi todas las legislaciones locales”.

En el caso se considera que la conducta de la empresa afectó gravemente los sentimientos e integridad psíquica de los afectados.

José Luis Guerra García

El Pleno declaró sin materia una contradicción de tesis entre la Primera Sala y Segunda Sala

El Pleno de la Corte declaró sin materia una contradicción de tesis entre la Primera y Segunda Salas de la Corte.

Determinación que se adoptó debido a que las salas, han variado sus criterios sobre los temas en contradicción.

En este caso, se habría de determinar si la sentencia de amparo debe ser notificada personalmente, cuando el tribunal colegiado, estime que puede existir una cuestión propiamente de constitucionalidad.

Establecer si la legalidad de la notificación en el juicio de amparo, solo puede analizarse dentro del incidente previsto en el artículo 32 de la Ley en la materia.

Además de definir, si para realizar el cómputo, respecto de la presentación del recurso de revisión, debe tomarse en cuenta la notificación practicada en términos del artículo 86 de la Ley de amparo.

Y nos hemos dado cuenta de que ambas salas, han estado variando algunos de estos criterios, en esa medida, considero que sería complicado en este momento, que el pleno se pronunciara en relación con los puntos que aquí se especifican, porque insisto varios de los criterios que conforman esta contradicción, han sido modificados por las 2 solas de este alto tribunal, en esa medida señor presidente, yo modificaría la propuesta del proyecto, para proponer que con base en estas modificaciones, la presente contradicción de tesis ha quedado sin materia”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Sin embargo, no se descartó que en lo futuro se retome la discusión sobre los temas que habían entrado en conflicto.

“Estamos ciertos que esta problemática que se presenta, no habrá de dejar de presentarse, habrá algunas otras situaciones y tendrán que irse decantando los criterios por las salas en su oportunidad”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

La resolución adoptada se aprobó en forma económica, por unanimidad.

José Luis Guerra García

Resoluciones de las Salas de la Corte

GOC_0044 SESION DE LA PRIMERA SALA SCJNLa Primera Sala de la Corte determinó al resolver un amparo que la patria potestad no es un derecho de los padres, sino una función que se les encomienda en beneficio de los hijos, por lo que para determinar la pérdida de la patria potestad por abandono, el juez debe estudiar si existe causa justificada para dejar al menor bajo el cuidado de algún familiar o persona de confianza.

Por ese motivo ordenaron la inmediata devolución de una menor a su padre, quien la dejó con sus abuelos, para intentar salvar la vida de su esposa, que padecía leucemia, lo que se consideró una causa justificada para dejar a su menor hija al cuidado de un tercero.

La Segunda Sala también declaró procedente una sustitución de jurisprudencia de rubro: Seguro Social, el premio por asistencia y puntualidad, previsto en los artículos 91 y 93 del reglamento interior de trabajo, debe considerarse como parte integradora del salario y también para efecto del pago de la prima de antigüedad, para efectos de la separación prevista en la cláusula 95 Bis, del contrato colectivo de trabajo.

En este último caso, solo se tomará como parte integradora del salario, para efectos del cálculo de la prima de antigüedad, si se demuestra que dicho premio lo obtuvo en 18 de las 24 quincenas que componen el último año de servicio, previo a su jubilación.

Resoluciones de las Salas de la SCJN

GOC_0002 SESION SEGUNDA SALA SCNLa Primera Sala de la Corte decidió ejercer su facultad de atracción para conocer de un recurso de revisión, promovido por las asociaciones “Aprender Primero y Justicia Justa”.

En él, se inconforman con la sentencia del juez de distrito que declaró improcedente el amparo que promovieron, por carecer de interés legítimo. Demandaban a las autoridades competentes dieran un uso adecuado y eficiente a los recursos públicos destinados a la educación.

El asunto permitirá definir los alcances y naturaleza del interés legítimo, su relación con los intereses de colectividades afectadas; si una sola persona puede gozar de interés legítimo o requiere formar parte de una colectividad; y que efectos tendría la sentencia de amparo, cuando un grupo es el que presenta la demanda.

También decidieron atraer un amparo que les permitirá pronunciarse sobre una clausula arbitral, estipulada en el contrato de membresía de un club de golf, en contra de la cual se promovió una acción colectiva.

Los impulsores demandaron al proveedor del club del golf, cumplir las condiciones del contrato, el juez se declaró incompetente para conocer del asunto y señaló que el órgano competente era un tribunal arbitral.

Esta recurso, permitirá definir si es válida la cláusula arbitral en contratos de adhesión que comprometen derechos fundamentales de los consumidores, si las acciones colectivas son competencia de los jueces federales, independientemente de la cláusula arbitral y si este tipo de cláusulas no violan el principio de certeza jurídica.

Al resolver una contradicción de tesis fijaron como criterio que tratándose de la prueba pericial de grafoscopía, el uso de las tecnologías que permiten editar las imágenes que se plasman en los dictámenes, no es suficiente para negarles valor probatorio, pues para ello se requiere datos adicionales que permitan presumir que el perito actuó con falta de lealtad, probidad o veracidad.

Indicaron que si bien existe la posibilidad de que con estas tecnologías permite distorsionar o prefabricar imágenes, es necesario contar con otros elementos que demuestren la falta de probidad y lealtad del perito.

La Segunda Sala de la Corte resolvió que el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley federal de procedimiento contencioso administrativo no viola el derecho de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución.

Dicha disposición regula el procedimiento que debe seguir el incidente de falsedad de documento, el cual faculta al magistrado instructor para citar a la parte respectiva para estampe su firma en presencia del secretario, la que se tendrá como incuestionable.

Los ministros indicaron que este procedimiento tiene como propósito salvaguardar el derecho de acceso a la justicia, al permitir a las partes presentar pruebas y alegatos para su adecuada defensa.

José Luis Guerra García

Resoluciones de las Salas de la SCJN

La Primera Sala de la Corte determinó que en el caso del delito de administración fraudulenta, los socios de la persona moral son sujetos pasivos del ilícito, en consecuencia está facultado para presentar la querella correspondiente, pues cada uno de los socios es dueño del capital y bienes de la empresa.

El criterio se fijó al resolver una contradicción de tesis en la que indicaron que cualquier socio agraviado, puede presentar la demanda en contra del administrador desleal.

Los ministros también declararon la inconstitucionalidad de la fracción I del artículo 199 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, por violar el derecho de acceso pleno a la justicia y al debido proceso.

La norma no contempla la procedencia del recurso de apelación contra las sentencias en las que se autoriza la sustitución de la pena privativa de libertad. La Sala devolvió los autos al Tribunal Colegiado para que resuelva lo conducente.

También fijó como criterio que el cómputo del plazo de prescripción de la acción penal en delitos fiscales que se persiguen por querella debe ser a partir de que la autoridad hacendaria tiene conocimiento del ilícito, lo que acontece a partir del dictamen técnico contable del SAT.

Indicaron que es a partir de ese momento cuando comienza a correr el plazo de tres años, previsto en el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, para que la autoridad presente la querella correspondiente.

La Segunda Sala de la Corte confirmó el auto dictado por un juez de distrito que dio entrada a un amparo promovido en contra de una empresa de telefonía fija y la Secretaría de Comunicaciones.

El recurso fue promovido por la comunidad hñahñü de San Ildefonso, en Querétaro, argumentando que la concesionaria violó sus derechos de igualdad, no discriminación, libertad de expresión y acceso a la información al no garantizarles el servicio de telefonía e internet de banda ancha, de manera continua y permanente.

Por mayoría de cuatro a uno, los ministros indicaron que los particulares si son autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando prestan servicios públicos y violan derechos fundamentales, aunque en este caso, deben valorarse los elementos aportados por las partes para determinar si el recurso es improcedente, como lo argumenta la empresa quejosa.

Por mayoría de tres a dos, resolvieron que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando determina el monto y cobra el servicio de energía eléctrica, ni cuando advierte en el recibo el riesgo de corte del servicio en caso de incumplimiento de pago.

Al resolver una contradicción de tesis, indicaron que ello es así, pues el origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades, en donde el prestador del servicio y el usuario, adquieren derechos y obligaciones recíprocas.

Al resolver una contradicción más, determinaron que sí es procedente que una autoridad judicial, ordene el embargo, sobre el excedente del salario mínimo para garantizar el cumplimiento de obligaciones civiles o mercantiles contraídas por el trabajador.

Medida que solo procede, respecto del 30 % del excedente del salario mínimo del trabajador. Si el trabajador ya ha visto afectado su salario por el pago de una pensión alimentaria, el 30 % se aplicará el excedente que reste, después de haber descontado la pensión.

También resolvieron por mayoría de tres a dos, que las tarifas que fija el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no se equiparan a derechos, ya que se trata de una contraprestación por los servicios que presta que no está prevista en la Ley federal de derechos.

En consecuencia dichas tarifas no se rigen por el principios de justicia tributaria, aunque tampoco implica que las fije de manera arbitraria, para ello debe tomar en cuenta el costo del servicio que presta, para garantizar el principio de legalidad y seguridad jurídica.

José Luis Guerra García

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