Rinde Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, Informe de Labores de la Primera Sala de la SCJN

La Primera Sala de la Corte tuvo como prioridad en 2013, contribuir con sus fallos, a la construcción del nuevo sistema de protección de los derechos humanos.

Afirmó el Ministro Presidente de la Primera Sala, Jorge Mario Pardo Rebolledo, al rendir su Segundo Informe de Labores ante los plenos de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal.

“El esfuerzo realizado ha tenido por objeto honrar la aspiración ciudadana y la firme convicción en la justicia… Hacer realidad la encomienda plasmada en el artículo 1° de nuestra Constitución federal, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.

Indicó que en este año, se atendieron 3 mil 720 expedientes, de los cuales se resolvieron 3 mil 240, lo que equivale al 97 %.

Desahogó 142 contradicciones de tesis, emitió 372 criterios aislados y 130 jurisprudencias.

Relacionadas con los derechos humanos, el juicio de amparo, las materias civil, mercantil, familiar, penal, fiscal, administrativa y libertad de expresión.

“Siguiendo con la línea de defensa de los derechos humanos, la Primera Sala sostuvo que cualquier restricción o suspensión a éstos debe estar prevista en una ley formal y materia dictada en razón del interés general o público; ser necesaria; así como perseguir un interés o finalidad constitucional legítima y que sea razonable y ponderable en una sociedad democrática”.

Destacó la labor de las comisiones de secretarios de estudio y cuenta, para resolver temas como el de conexidad de delitos o el relacionado con el contenido del artículo 17 de la nueva Ley de amparo.

“Dado que restringe el derecho a presentar en cualquier tiempo la demanda de amparo contra actos que ataquen la libertad personal y, el segundo, respecto de la posible violación a la puesta inmediata del detenido a disposición del ministerio público, establecida en el artículo 16 de la Constitución federal”.

Destacó algunas sentencias relevantes relacionadas con la sustracción de menores, la falta de asistencia consular de un extranjero detenido o la violación al principio de presunción de inocencia, como en el caso de Florence Cassez.

“Donde se ordenó la inmediata y absoluta libertad de la quejosa, al estimarse, entre otros, la vulneración de los derechos fundamentales del acusado en el proceso penal puede provocar, en determinados supuestos, la invalidez de todo el procedimiento, así como de sus resultados, lo cual imposibilita al juez pronunciarse sobre la responsabilidad penal de una persona”.

Además de aquella que fija criterios de interpretación social del juicio de interdicción, relacionado con personas con discapacidad.

“El juez deberá establecer qué tipo de actos puede realizar la persona con discapacidad por sí sola y en qué otros requerirá de alguien que lo asista”.

Manifestó que el Máximo Tribunal, no está exento de rendir cuentas y de responder a la exigencia de la sociedad de contar con una justicia de calidad, al tiempo que reconoció el esfuerzo realizado por todos los ministros para alcanzar este objetivo.

“La aportación y el compromiso de cada uno de ellos ha sido patente y fundamental para la participación activa de este Máximo Tribunal en la consolidación del estado de derecho constitucional y democrático”.

Finalmente exhorto a sus compañeros a continuar desempeñando su función con la mayor excelencia, para que la administración de justicia esté a la altura de las expectativas que la sociedad exige y merece.

José Luis Guerra García

La Primera Sala revocó un fallo de un juez de distrito que desechó una acción colectiva

La Primera Sala revocó un fallo de un juez de distrito que desechó una acción colectiva, al considerar que ello viola el derecho de acceso a la justicia.

Indicó que el juez debe emitir una nueva resolución en la que ordene el inicio de la etapa de certificación.

En dicha demanda usuarios de transporte público en Mazatlán, Sinaloa señalan que la falta de higiene en las unidades, el sobrecupo de pasajeros, el ascenso y descenso de pasaje en paradas no autorizadas y la violación a los límites de velocidad, atentan contra su seguridad e integridad física.

Los ministros también determinaron que la violación al derecho de poner a disposición del ministerio público de inmediato y sin demora a un detenido, tiene como consecuencia la anulación de la confesión del indiciado.

Asimismo, anula todas las pruebas que se hayan recabado durante la detención indebida, las cuales no podrán ser tomadas en cuenta por el juez.

Manifestaron que la puesta a disposición sin demora, debe ser analizada en cada caso, pues lo que está en juego es la libertad de una persona.

José Luis Guerra García.

Resoluciones de la Primera y Segunda Salas de la SCJN

Por mayoría de cuatro a uno, la Primera Sala de la Corte concedió el amparo para efectos a dos asociaciones agrícolas de los distritos de riego del Rio Yaqui 041 y K-73+ 500.

El recurso fue otorgado para que la autoridad del agua, les conceda audiencia a fin de revisar los títulos de asignación que reclaman.

Para que se determine si las mismas se realizaron con apego a la ley y que no afecten los derechos de los quejosos.

El Ministro José Ramón Cossío Díaz votó en contra de la propuesta, al considerar debió determinar si las asignaciones se realizaron conforme a lo que marca la ley.

“A mí juicio esta es la única manera de que este Tribunal, conozca y racionalice el conflicto que se nos presenta de manera plena y no traslade la responsabilidad a la autoridad administrativa, otorgándole además un cheque en blanco para el resultado de la audiencia, haciéndolo irrevocable”.

Postura que no compartió el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

“Yo no comparto la afirmación de que se le está dando un cheque en blanco a la autoridad responsable, por el contrario, atendiendo a los derechos que consideran violados los quejosos en estos asuntos, se está obligando a la autoridad responsable a que valore y pondere las inconformidades y los alegatos respecto de los daños que les ha causado los actos reclamados y en esa virtud tome una determinación, que incluso, como lo señala el Ministro Cossío, puede llegar a la consecuencia de revocar las asignaciones otorgadas”.

Los ministros también resolvieron diversos asuntos relacionados con la guarda y custodia, en los que estudiaron los artículos 288 y 260 de los códigos civiles del Distrito Federal y Sinaloa, que privilegian otorgar el cuidado de los hijos a la madre, hasta una determinada edad.

Indicaron que a pesar de ello, no existe una presunción de idoneidad absoluta a favor de alguno de los progenitores, en consecuencias, el juez debe estudiar cual progenitor es el más indicado, para cuidar a los hijos, independientemente de que exista un catálogo de supuestos en los que se le niega esa posibilidad a la madre.

También declararon la constitucionalidad del artículo 573 del Código Civil de Jalisco, que prevé que cuando se vaya a tomar una determinación relacionada con el interés superior del niño, se le deberá escuchar y considerar su opinión, tomando en cuenta su edad y su madurez.

Sin embargo, indicó que en cado caso, el juez deberá determinar si es viable y conveniente citar a comparecer al menor.

Los ministros también determinaron que la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia no transgrede el principio de igualdad entre hombres y mujeres previsto en el artículo 4° de la Constitución.

Asimismo, indicaron que las medidas cautelares que prevé la ley, como el obligar a abandonar el hogar al agresor y proteger a la víctima, tampoco violan el principio de seguridad, por ese motivo negó el amparo a un hombre que se inconformó con dicha ley, cuyo objetivo principal es prevenir la violencia en contra de las mujeres.

La Segunda Sala resolvió que no es obligatorio el uso de denominaciones comunes de sustancias farmacéuticas emitidas por la Organización Mundial de la Salud.

Indicaron que el llamado que hace dicha organización para que los estados impidan la adquisición de derechos de propiedad sobre las denominaciones, solo se trata de una invitación que no tiene efectos vinculantes.

Sin embargo, señalaron que adquieren fuerza obligatoria cuando son adoptadas en el marco jurídico interno.

Tal es el caso de México que plasma lo anterior en el artículo 2 del reglamento de insumos para la salud y en los artículos 222 y 225 Bis de la Ley general de salud, en los que se precisan las sustancias o principios activos para identificar ciertos medicamentos.

José Luis Guerra García

Resoluciones de las Salas de la SCJN

La Primera Sala de la Corte concedió el amparo a Israel Arzate Meléndez, en contra del acto de vinculación a proceso por el delito de posesión de vehículo robado.

Con anterioridad, los ministros le habían concedido un amparo más y ordenado su inmediata liberación, al detectar violaciones graves al debido proceso, en la acusación que lo vinculaba al asesinato de varios jóvenes en Villas de Salvárcar, Chihuahua.

Este nuevo amparo se otorga para que el juez de garantías deje insubsistente el auto de vinculación a proceso y lleve a cabo la audiencia en la que decrete el sobreseimiento, en virtud de que el ministerio público ya había señalado que no tenía elementos para sostener la acusación.

Resolución que fue recibida con beneplácito por su defensa.

“Esto viene a corroborar la decisión de la Corte por esta mayoría de cuatro a uno que no hay elementos de prueba en contra de Israel por ninguna de las dos acusaciones”, Simón Hernández León, Abogado.

Los Ministros también confirmaron el sobreseimiento de un amparo promovido por Jorge Castañeda, en contra de diversas autoridades, que según él, violan sus derechos humanos.

Ello, porque han omitido el total cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de agosto de 2008, pues no se han adoptado las medidas necesarias en el orden interno que le permitan hacer efectivo su derecho político a ser elegido.

Indicaron que el Máximo Tribunal del país, no está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento, pues se trata de una atribución de la corte interamericana, por lo que su queja no es justiciable en sede nacional. Agregaron que la improcedencia del recurso cesa los efectos del reclamo, sobre todo cuando la propia Corte Interamericana, ya ha determinado que su sentencia se ha cumplido.

La Segunda Sala resolvió que el artículo 300 de la Ley del IMSS, no viola los principios de legalidad y seguridad jurídica, a pesar de que no establece a partir de cuándo, comienza a prescribir el plazo para reclamar el pago de una mensualidad de una pensión.

ello, porque en este caso se debe aplicar el artículo 516 de la Ley federal del trabajo, que establece la regla general de prescripción de las acciones de los trabajadores, la cual se fija en un año a partir del día siguiente en que puede ser exigible la obligación. Dicha disposición es aplicable para el reclamo de una pensión.

Al resolverse una contradicción de tesis, determinaron que el artículo 39, párrafo segundo del reglamento interno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, viola el derecho humano a la tutela e impartición de justicia efectiva.

La disposición vigente hasta el 25 de junio de 2013, si bien otorgaba un beneficio al permitir presentar promociones a través del sistema automático de recepción de la Oficialía de Partes, el último día del plazo legal con que se cuenta, también tiene como consecuencia tener por no presentada la promoción, si el día que se realiza no es el del vencimiento, medida que se considera excesiva, sobre todo si se toma en cuenta que la promoción es solo una vía para acceder a la administración de justicia.

José Luis Guerra García

Resolución de la Primera Sala de la SCJN

La Primera Sala de la Corte, reiteró el criterio que en los casos de guarda y custodia, el juez debe atender no solo a aquel escenario que resulte menos perjudicial para el menor, sino también, debe buscar una solución estable, justa y equitativa, que resulte lo más benéfica para el menor.

Por eso motivo, revocó la sentencia de un tribunal colegiado, que otorgó la guarda y custodia a su progenitora, ya que no estudió de forma adecuada la estructura familiar que rodea a los padres, para definir que es lo mejor para el menor.

El tribunal deberá emitir una nueva resolución, tomando en cuenta cuál de los padres tiene mayor aptitud para tener la guarda, si tienen alguna patología emocional que pueda perjudicar al menor  y qué entorno familiar es mejor para su desarrollo.

La Primera Sala declaró la inconstitucionalidad del art. 696 del Código de Procedimientos Civiles del D.F.

La Primera Sala declaró la inconstitucionalidad del artículo 696  del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.

Ello porque condiciona la admisión del recurso de revisión, sujeto a actos de difícil o imposible reparación, al pago de una garantía mínima de 7 mil 500 pesos, lo que impide el acceso a la justicia del apelante.

Medida que podría justificarse en asuntos netamente civil, pero no en materia familiar, en donde una mujer pretendía suspender el régimen de visitas de su ex esposo  con su menor hijo, lo que podría hacer nugatorio el derecho a la suspensión.

Por este motivo se confirmó la sentencia y se concedió el amparo a la quejosa.

Los ministros, también negaron un amparo a una mujer que fue condenada junto con su esposo a cinco años de prisión, por delitos contra la salud.

La quejosa alegaba que no fue juzgada con perspectiva de género, pues se le dio el mismo trato que a su pareja.

Los ministros indicaron que no se detectó un trato discriminatorio, ni violación al derecho de igualdad, por lo tanto no existen elementos para otorgarle un trato diferente.

Quizá, lo único que podría haber considerado el juez, es considerarla como participe y no como coautora del delito.

Asimismo, determinaron que la expresión público en general, que establece el  artículo 2 A, fracción II, del impuesto especial sobre producción y servicios no viola el principio de legalidad tributaria.

Por este motivo se negó un amparo a una empresa que cuestionó la constitucionalidad de dicho gravamen, que se aplica a la venta al público en general de gasolina y diesel.

Manifestaron que la disposición, no deja indefinido el objetivo mismo del tributo en cuestión.

La Segunda Sala resolvió que el artículo 150 de la Ley del IMSS, vigente a partir de julio de 1997, no viola las normas mínimas de seguridad social, previstas en el artículo 123 de la Constitución.

Disposición que establece un periodo de conservación de derechos del seguro de invalidez y vida, equivalente a la cuarta parte del tiempo que cotizó el trabajador, a partir de que deja de pertenecer al régimen obligatorio de seguridad social.

Indicaron que ello no impide a los quejosos, satisfacer sus necesidades básicas ante el fallecimiento del sostén del hogar.

Al resolver una contradicción de tesis, fijaron como criterio que cuando en una demanda de amparo se omita la fecha en la que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, el juzgador deberá requerir se subsane  conforme al artículo 146 de la anterior Ley de amparo, con el apercibimiento de tener al por no presentada en caso de incumplimiento.

En caso de que el juez no realice la prevención de que se trata incurriría en una violación a las reglas que regulan el juicio de amparo, que advertida en la revisión, dará lugar a ordenar su reposición, si es que afectó la defensa del recurrente o influyó en el sentido de la sentencia.

José Luis Guerra García

Resoluciones de la Salas de la SCJN

La Primera Sala ejerció su facultad de atracción, para conocer del caso de Alfonso Martín del Campo Dodd, quien fue condenado por el homicidio de su hermana y cuñado a 50 años de prisión, a pesar de declarar ante el juez, que en su declaración preparatoria había sido torturado para aceptar su responsabilidad.

En este asunto diversas organizaciones de derechos humanos, incluida la Comisión Interamericana han denunciado que Alfonso Martín del Campo fue objeto de detención arbitraria y tratos crueles e inhumanos.

Este asunto permitirá evidenciar que aún persisten estas prácticas en el país y determinar, si las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para las autoridades del Distrito Federal.

Además, revocó la negativa de un tribunal de concederle un amparo a una señora que en un juicio de divorcio, por abandono de 6 meses del domicilio conyugal perdió la patria potestad de sus cuatro hijos menores de edad.

La decisión se adoptó, debido a que no se juzgó con perspectiva de género, ya que no tomó en cuenta que el abandono del hogar y de los hijos, fue producto de la violencia de género que sufrió la señora.

Los ministros también determinaron que el artículo 4.46 del Código Civil del Estado de México, no viola el derecho constitucional de propiedad privada, mismo que prevé repartir hasta el 50 % de los bienes adquiridos durante el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes al cónyuge que se dedico al cuidado del hogar.

Indicaron que esto no vulnera el derecho de propiedad, pues el estado no expropia los bienes; y por el contrario, la medida solo busca compensar al cónyuge que por dedicarse al hogar no pudo desarrollarse en otra actividad.

En una atracción más, conocerán de un amparo en el que el apoderado legal de un grupo de empresas pretende ejercer una acción colectiva en contra de la CFE, con fundamento en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Consideran que no se ha hecho una lectura real de sus consumos de energía, y reclaman el pago de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. Este asunto les permitirá fijar criterios sobre la legitimación de quien promueve este tipo de acciones y si el acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal sobre el registro de asociaciones civiles, transgrede el principio de jerarquía de leyes.

Al resolver una contradicción de tesis, resolvieron que una persona extraña al juicio, tiene interés jurídico para promover amparo ante el juez de distrito, contra el acto que ordena el uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras, para dar cumplimiento a una orden de embargo, en el inmueble de su propiedad donde tiene su domicilio.

Ello es así, toda vez que existe una afectación a su esfera jurídica, como lo es el derecho a la propiedad y a la inviolabilidad del domicilio.

La Segunda Sala determinó que las fracciones I y III de la Ley federal de competencia económica no vulnera los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad.

La disposición impugnada solo busca evitar prácticas monopólicas entre agentes competidores, para elevar o manipular el precio de ciertos productos o servicios, en perjuicio del consumidor, misma que se podrá sancionar con la imposición de una multa del 10 % del ingreso obtenido o de 200 mil días de salario mínimo.

José Luis Guerra García

Primera Sala revoca amparo otorgado a Caro Quintero

Por mayoría de cuatro a uno la Primera Sala revocó el amparo que concedió un tribunal colegiado, mediante el cual se dejó en libertad a Rafael Caro Quintero.

Caro Quintero había sido sentenciado a 40 años de prisión por los delitos de secuestro, homicidio calificado y contra la salud.

Sin embargo, un tribunal le concedió la libertad después de 28 años de prisión, al considerar que los jueces federales, no tenían competencia para procesarlo por los delitos de secuestro y homicidio en contra del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, de los cuales debió haber conocido un juez del fuero común.

Resolución que fue impugnada por la PGR y familiares de Camarena Salazar.

El proyecto del Ministro Arturo Zaldívar señala que el tribunal que absolvió a Caro Quintero, no tomó en cuenta que Cámarena Salazar gozaba de la protección que brindan los tratados internacionales a los agentes intergubernamentales, motivo por el cual, la justicia federal sí tiene competencia para procesar su caso.

Determinación que no compartió el Ministro José Ramón Cossío Díaz.

“Esto en contra del proyecto y por confirmar la sentencia del tribunal colegiado ya que no puedo aceptar la propuesta de que los funcionarios miembros de una agencia gubernamental extranjera, que tiene jurisdicción sobre el territorio de Estados Unidos, deban ser considerados como personas internacionalmente protegidas cuando los mismos realizan funciones en el territorio nacional”.

La mayoría se inclinó por revocar la sentencia del tribunal colegiado, negar el amparo y devolver los autos al órgano jurisdiccional competente, para que deje sin efectos la resolución recurrida y para que dicte una nueva en la que determine si se actualiza la responsabilidad de Caro Quintero en el secuestro y homicidio de Cámarena Salazar y Zavala Avelar.

José Luis Guerra García

Ordena Primera Sala libertad inmediata a Israel Arzate

“Se debe instruir en este momento a la secretaría de acuerdos de esta primera sala, para que notifique por los medios más eficaces y expeditos a las autoridades correspondientes, que se ponga en inmediata y absoluta libertad al quejoso Israel Arzate Meléndez, única y exclusivamente por lo que se refiere a la causa penal 136/2010 por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa”, Jorge Mario Pardo, Ministro SCJN.

A Arzate Meléndez se le vinculó a proceso en calidad de coautor, del homicidio de 16 personas registrado en Villas de Salvárcar, Chihuahua en enero de 2010.

Por unanimidad los ministros le concedieron el amparo, ya que la prueba con la que se le vinculó con los hechos, fue rendida en resguardo y custodia de autoridad militar y no, ante la autoridad civil competente, lo que se consideró ilegal.

El proyecto del Ministro Pardo, contemplaba otorgar el amparo solo para efectos, pero por mayoría de tres a dos, se concedió para que recobrara su libertad de inmediato.

“Sin embargo discrepo de los efectos, aquí se otorga un amparo para efectos y en mi opinión lo correcto por el tipo de violaciones constitucionales de las que se dan cuentan, debe ser un amparo liso y llano”, Arturo Zaldívar, Ministro SCJN.

La madre y abogado del inculpado, manifestaron que luego de casi cuatro años, se hizo justicia en el caso de Israel Arzate Meléndez.

“Pues que está libre, que ya no lo van a acusar como un criminal, nada más y darle muchas gracias a dios por todo… Pues que sí hay justicia al cabo de casi cuatro años hay justicia, que si hay, que luchen y que no se queden callados, para que este país cambie y tengamos un país libre”, Guadalupe Meléndez, Madre de Israel.

“Nosotros queremos destacar que los cinco ministros estuvieron de acuerdo en concederle el amparo, lo que refrenda para nosotros la inocencia de Israel y que tres de ellos estuvieron de acuerdo en que los efectos de la violación por los actos de tortura eran tan graves que Israel debe ser puesto en libertad de inmediato”, Simón Hernández León, Abogado.

Sin embargo, Arzate Meléndez todavía enfrenta un cargo por robo de vehículo, delito que no es considerado grave.

José Luis Guerra García

Resoluciones de las Salas de la Corte

La Primera Sala de la Corte determinó que la víctima u ofendido está legitimado para promover el amparo en contra de la resolución jurisdiccional que niega una orden de aprehensión.

Con lo que se aparta del criterio que negaba esta posibilidad, pues el actual artículo 20 de la Ley suprema  otorga un papel más activo en todas las etapas del proceso a la víctima.

Indicaron que si se niega la orden de aprehensión, ello impide al ofendido obtener la reparación del daño ocasionado, motivo por el cual sí es procedente el amparo en contra de esta decisión. Con ese mismo criterio se resolvió un amparo similar.

Además decidieron ejercer su facultad de atracción para conocer de un amparo que les permitirá estudiar, si la víctima del delito, está legitimada para interponer recurso de apelación, en contra de la sentencia que absuelve a una persona del delito de homicidio culposo.

Así como analizar, los alcances de la figura de la víctima como sujeto procesal penal, en supuestos que no han sido abordados con anterioridad.

Los ministros también revocaron un fallo en el que se negó, la posibilidad de cambiar su apellido a dos personas, para adecuarlo a su realidad.

Ello con el fin de que la autoridad competente emita un nuevo fallo, tomando en cuenta que estas personas fueron abandonadas por su padre biológico y por ese motivo, pretenden cambiar su apellido, para adoptar el de quien se hizo cargo de ellas.

Indicaron que en caso de proceder el cambio y si se les expiden nuevas actas, ello no implica que su historia pasada se borre, pues todos los actos realizados con su identidad anterior, seguirán produciendo los efectos jurídicos correspondientes.

Por último reasumieron competencia para conocer de un amparo, que les permitirá definir los alcances del artículo 121 constitucional, en cuanto precisa que las leyes de un Estado solo tendrán efecto en su territorio.

Lo anterior porque si bien se declaró la invalidez del artículo 13 del Código Civil de Baja California Sur que establecía que los actos jurídicos y contratos celebrados fuera del Estado, pero que se ejecuten dentro de su territorio se regirían conforme al Código Civil local, es necesario fijar criterios que permitan al juez verificar la validez de este tipo de casos.

La Segunda Sala resolvió por tres a dos que el artículo 29-E, fracción VII de la Ley federal de derechos que obliga a los centros cambiarios a pagar una cuota fija anual de 30 mil pesos a la Comisión Nacional Bancaria, para labores de inspección y vigilancia no viola los principios de equidad y proporcionalidad tributaria.

Supervisión que es necesaria para verificar que no incurran en operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, a fin de que puedan mantener su registro para seguir operando como centros cambiarios.

También por tres a dos determinó que el artículo 33 del decreto  para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, que excluye de recibir el mismo trato fiscal a las empresas de servicio de maquila, es discriminatorio.

Dichas empresas eran consideradas como establecimientos permanentes en el país y en consecuencia obligadas a pagar el ISR, lo que les implicaba estar sujetas a doble tributación, por ese motivo, concedieron el amparo a una empresas que se inconformó con dicha disposición.

Al resolver una contradicción de tesis, fijaron como criterio que el procedimiento administrativo de ejecución, procede con motivo del incumplimiento en el pago en parcialidades en que incurre el contribuyente que auto determinó el crédito fiscal, si existe una resolución ejecutiva de la autoridad debidamente notificada.

El pago es exigible a partir de que vence la fecha para cumplir con él, momento en el que se puede exigir la liquidación de los saldos insolutos y sus accesorios.

José Luis Guerra García

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