La Primera Sala resolvió un asunto relacionado con el Código de Procedimientos Penales del D.F.

La Primera Sala de la Corte determinó que los artículos 9 ter y 9 quáter del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal no violan los derechos humanos de igualdad y no discriminación.

Disposiciones que permiten al juez ordenar a un padre agresor no comunicarse, acercarse, ni convivir con su esposa e hijos, con el fin de protegerlos de posibles actos de violencia en su contra.

Los ministros argumentaron que dichas normas tienen como fin asegurar la integridad personal y la vida de personas que han sido agredidas físicamente por su pareja o padre.

Estas medidas cautelares pueden aplicarse en favor no solo de mujeres, sino también del sexo masculino, o personas vulnerables como pueden ser adultos mayores o niños.

Para dictar estas medidas de protección, no es necesario que se acredite el daño o lesión directa a la integridad física o emocional de una persona, pues el objetivo de ellas, es prevenir y evitar cualquier tipo de maltrato o violencia en contra de una determinada persona.

José Luis Guerra García

La Primera Sala atrajo un caso de bullying

La Primera Sala de la Corte decidió ejercer su facultad de atracción para conocer de un amparo, que permitirá definir diversos temas de carácter procesal, relacionados con la responsabilidad civil generada por discriminación y maltrato escolar, también conocido como bullying. (Facultad atracción 211/2014)

Los ministros estudiarán diversos principios y derechos constitucionales que se estiman violados, como el de no discriminación, educación, interés superior del menor y a un medio ambiente adecuado, para el desarrollo y bienestar.

El caso deriva de una demanda que presentó una madre en representación de su mejor hijo, en contra de una institución educativa y de una profesora, al considerar que su descendiente fue víctima de violencia física y psicológica. El juez consideró que no se acreditó el hecho, motivo por el cual absolvió a los demandados, decisión que ahora se impugna.

Este caso permitirá a los ministros definir qué se entiende por bullying o maltrato físico y psicológico escolar y discriminación, fijar sus alcances en relación con los derechos humanos.

Determinar si en este tipo de casos, cuando se demanda la responsabilidad civil, las cargas probatorias operan de forma diferente; si se puede tener por probado el maltrato a través de pruebas indirectas; y el valor que se le puede dar al testimonio del menor.

José Luis Guerra García

La Primera Sala atrajo un amparo que tiene que ver con la pensión alimenticia para hijas mayores de edad

La Primera Sala de la Corte decidió ejercer su facultad de atracción para conocer de un amparo, en el que estudiará la constitucionalidad del artículo 500 del código civil del estado de puebla.

Disposición que establece que el padre está obligado a proporcionar alimentos a las hijas mayores de edad, mientras no contraigan matrimonio, siempre que vivan honestamente y no cuenten con medios de subsistencia, debido a la condición de vulnerabilidad en que se encuentran.

Un padre cuestionó la validez de esta disposición, argumentando que violaba el principio de igualdad entre hombres y mujeres, al generar un trato discriminatorio por razones de sexo.

Los ministros analizarán si la norma es discriminatoria y si viola el principio de igualdad; si el legislador en uso de su libertad configurativa puede emitir este tipo de normas y si estas se justifican, bajo la óptica de una pretendida defensa de un sector vulnerable.

José Luis Guerra García

La Primera Sala fijó criterios que deben ser tomados en cuentan para dictar sentencia en casos de tortura

La Primera Sala de la Corte estableció que no es suficiente el certificado médico de lesiones físicas para determinar si una persona vinculada en un proceso penal, fue víctima de tortura.

Manifestó que en este tipo de asuntos, es indispensable que además se ordenen los exámenes psicológicos y médicos pertinentes, así como la práctica de cualquier probanza que permita constatar o descartar actos de tortura al momento de dictar la sentencia.

Los ministros fijaron ciertos parámetros que deben seguirse de manera inmediata en el momento en que el procesado denuncia actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Entre ellos que la investigación de tales hechos debe llevarse a cabo de oficio; la cual debe ser imparcial, independiente y minuciosa para detectar posibles lesiones, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento.

El juez deberá garantizar los derechos del detenido, lo que implica la obtención de toda prueba que acredite la tortura denunciada; la independencia del personal médico y de salud encargado de asistir a la víctima de tortura.

Cuando un detenido alega que su confesión fue obtenida bajo coacción, se debe investigar el hecho con la debida diligencia y en caso de comprobarse, se deberán desechar las pruebas obtenidas de manera ilegal; en este caso, corresponde al estado corroborar que las pruebas se obtuvieron de manera voluntaria y sin tortura.

José Luis Guerra García

La Primera Sala de la Corte resolverá un asunto sobre mala práctica médica en Veracruz

La Primera Sala de la Corte ejerció su facultad de atracción, cuyo origen es la mala práctica médica, que según los padres de un menor, le originó la pérdida de uno de sus brazos. (Facultad de atracción 15/2014)

El hecho se registró en el Hospital Civil de Xalapa, Veracruz y permitirá definir los alcances del juicio de amparo al decretarse las reparaciones necesarias ante violaciones de derechos humanos.

El menor sufrió una caída y fue trasladado a ese hospital para su atención, pero el inadecuado tratamiento le propició que sufriera una infección, misma que le produjo la pérdida de uno de sus brazos.

En diversas instancias se reconoció una violación al derecho humano a la salud, se ordenó la reparación del daño a la víctima y se vinculó a diversas autoridades para subsanar las deficiencias que registra el hospital, para evitar nuevos casos de este tipo.

El asunto permitirá definir los alcances del juicio de amparo a la luz del nuevo artículo uno constitucional.

Si los jueces constitucionales pueden ordenar la reparación del daño y determinar medidas restitutivas, de rehabilitación y no repetición, como lo hace la corte interamericana de derechos humanos.

Si también pueden determinar medidas que resuelvan problemas estructurales en beneficio de la sociedad y que vinculen a diversas autoridades, que no fueron señaladas como responsables.

José Luis Guerra García

La Primera Sala fijó lineamientos en materia de intérpretes para indígenas

La Primera Sala de la Corte determinó que no se puede designar a la ligera el interpreté a que tienen derecho los indígenas cuando sean parte de un juicio.

Pues este derecho que fijó el constituyente busca poner fin a la discriminación y situación de vulnerabilidad histórica que han vivido los pueblos indígenas en México.

Indicaron que este derecho busca remover el problema lingüístico que sufren las personas indígenas vinculadas a un proceso penal, que es en español y que le impedía conocer las razones por las cuales se le acusaba de un delito.

Por ese motivo indicaron que es inconstitucional que se nombren traductores prácticos, sin que previamente se agoten las vías institucionales para asignar un  intérprete profesional.

Los ministros establecieron que este derecho solo se ve satisfecho cuando la autoridad ministerial o judicial cumple lo siguiente:

Primero deben requerir a las instituciones estatales o federales, asignen un intérprete profesional certificado.

En caso de no tener respuesta podrá designar a un perito práctico, que esté respaldado por la comunidad o que cuente con algún tipo de certificación institucional.

Y en el último de los casos, se puede designar a un perito del que se tengan elementos para determinar que conoce su lengua y su cultura, pero que además hable perfectamente el español.

Por ese motivo, se le otorgó el amparo a un indígena mixe, al que no se le respetó adecuadamente el derecho a ser asistido por un intérprete profesional certificado.

José Luis Guerra García

La Primera Sala emitió una sentencia sobre una condena por daño moral contra un hotel de Acapulco

Por unanimidad la Primera Sala de la Corte condenó al Hotel Mayan Palace de Acapulco a pagar 30 millones de pesos por el daño moral que causo a los padres la muerte de su hijo, debido a las conductas negligentes de la empresa. (Amparo directo 30/2013).

El joven falleció debido a que cayó en el lago artificial que se encontraba electrificado, por una falla en una bomba a la que no se le dio mantenimiento, además no se contaba con servicios de emergencia para atender a la víctima, incumpliendo con la normatividad que regula su funcionamiento.

“Este es un caso muy relevante, es el primer precedente que hay en México, en el cual se hace una condena seria a una empresa por un descuido en sus instalaciones que tuvo como resultado el fallecimiento de un joven”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Los ministros indicaron que en este tipo de casos la indemnización debe ser justa.

“La Primera Sala en este asunto cambia completamente de paradigma de los que se había hecho hasta el momento, el derecho de daño en México se encuentra muy acotado, pero a partir de ahora en casos como este qué elementos se tomaron en cuenta, por lo que hace a la empresa, la gravedad de su conducta, una conducta descuidada, una conducta realmente seria, segundo su capacidad económica, por lo que hace a la víctima, cual fue el tipo de daño, en este caso la pérdida del hijo de las personas que acuden al juicio, en qué condiciones se dio este daño para efecto de ponderar una serie de elementos y que haya un resarcimiento adecuado y justificado a la gravedad de los hechos y a la negligencia de la empresa, y por supuesto que entre estos aspectos no está, ni puede estar el nivel socioeconómico de la víctima porque esto sería absolutamente discriminatorio y atentaría contra el principio de igualdad constitucional”.

En principio la compensación se había fijado en 8 millones de pesos, la cual fue recurrida por la empresa ante la tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la capital.

“Y esta condena fue reducida a un millón de pesos considerando la sala, los magistrados de la sala que no había este, que no se tendría que enriquecer a las víctimas de esta situación, porque además se trataba de personas con una clase social media, son maestros universitarios los padres de Ángel y que además no podría empobrecerse a los responsables con una condena de este tamaño”, Claudia de Buen, Abogada afectados.

Indicó que la sentencia fija como debe interpretarse el Artículo 1916 del Código Civil de la capital.

“Hoy la Corte está saliendo con una resolución que es importantísima no solo para mis clientes sino para el país, porque este artículo se repite en casi todas las legislaciones locales”.

En el caso se considera que la conducta de la empresa afectó gravemente los sentimientos e integridad psíquica de los afectados.

José Luis Guerra García

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