La Segunda Sala atrajo un recurso en revisión relacionado con los organismos de agua locales

La Segunda Sala de la Corte ejerció su facultad de atracción para conocer de un recurso de revisión, en el que podrá determinar si los organismos operadores de agua, son autoridades para efectos del juicio de amparo y si sus decisiones violan derechos humanos.

El asunto está relacionado con actos de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, que implicaron el corte del suministro del vital líquido, lo que los afectados consideran como un acto violatorio a su derecho humano de acceso al agua.

Los ministros deberán determinar si el corte del suministro de agua, ordenado por el organismo correspondiente, viola el derecho humano de acceso al agua y saneamiento.

Definir el alcance del concepto de autoridad previsto en la fracción II del Artículo 5 de la nueva Ley de amparo, en relación con los actos emitidos por los órganos operadores de agua local.

Establecer si es necesario revisar los criterios fijados por el Máximo Tribunal, en cuanto al concepto de autoridad.

Además de definir, si el concepto de autoridad previsto en la Ley de amparo es aplicable para determinar que la decisión de cortar el suministro del vital líquido es un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala se pronunció en torno a procedimientos para reformar la Carta Magna

La Segunda Sala de la Corte reiteró que no procede el control constitucional en contra del procedimiento para reformar o adicionar la ley suprema.

Los ministros argumentaron que la razón fundamental de esta prohibición, radica en la naturaleza misma del acto y el carácter extraordinario del órgano reformador de la constitución, que realiza una función exclusivamente constitucional, lo que implica que no puede sujetarse a control externo alguno, por ser de carácter soberano.

Determinar lo contrario, supondría la intromisión en un acto soberano del órgano reformador de la constitución y podría ocasionar, que se declarará inválida una disposición necesaria para la operatividad de la norma constitucional y con ello, imposibilitaría el inicio de su vigencia.

El anterior criterio se confirmó al declarar legal el auto del Presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza, que desechó por notoriamente improcedente una controversia constitucional promovida por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, en contra de la reforma político electoral.

En concreto, se pedía invalidar el Artículo segundo transitorio, que prevé que los magistrados y consejeros electorales estatales en funciones, se mantendrán en el cargo, hasta que se realicen los nuevos nombramientos, conforme a lo previsto en la reforma a la Constitución en la materia.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala atrajo un amparo relacionado con la resolución que modificó el contrato colectivo de sobrecargos de una empresa de aviación

La Segunda Sala de la Corte ejercicio su facultad de atracción para conocer de una resolución que modifico las condiciones laborales pactadas en el contrato colectivo entre una empresa aeronáutica y el sindicato que agrupa a sus sobrecargos.

Este asunto permitirá determinar si se violaron disposiciones que regulan conflictos de carácter económico, así como el régimen especial que regula a las tripulaciones aeronáuticas y los derechos humanos de los sobrecargos.

Se abordarán temas relacionados con la situación financiera de la empresa y las condiciones laborales de los sobrecargos; las necesidades del servicio público que prestan; las normas oficiales que regulan a la industria y sus estándares internacionales, todo ello con el fin de determinar si fue correcto y necesario modificar las condiciones laborales de los sobrecargos.

Además se revisará si se salvaguardó el equilibrio y la justicia social entre trabajadores y patrón.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala resolvió un asunto relacionado con la elección de dirigencias sindicales

La Segunda Sala de la Corte resolvió que la fracción IX del Artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, no viola los principios democráticos, ni la libertad y autonomía sindicales, reconocidas por la Constitución y tratados internacionales firmados por México. (A/Revisión 628, 642, 650/2013 y 7/2014).

La norma impugnada establece que la elección de las dirigencias sindicales puede hacerse a través del voto directo y secreto o indirecto y secreto, medida que garantiza la libertad sindical, al permitir optar por la forma que mejor responda a sus necesidades.

Los ministros indicaron que la votación indirecta no está prohibida en la constitución, misma que se permite siempre y cuando, se garantice el derecho de todo agremiado a participar en el proceso de manera libre.

Indicaron que dicha norma permite a los sindicatos definir en sus estatutos, la mejor manera de elegir a sus dirigentes.

Manifestaron que la selección de dirigencias sindicales en forma indirecta y secreta, puede aplicar cuando las agrupaciones sindicales son muy grandes y tienen representación en todo el país, lo que de alguna manera puede facilitar los procesos electivos de dirigentes.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala resolvió un asunto que tiene que ver con la Ley de migración

La Segunda Sala de la Corte determinó que la Ley de migración y su reglamento, no viola los derechos constitucionales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica.

Lo anterior es así, ya que no imponen deberes distintos, ni adicionales a los concesionarios de aeropuertos, a los establecidos en el título respectivo, ni en la ley de aeropuertos vigentes.

Disposiciones que los obligan a dotar de instalaciones adecuadas a las autoridades federales en los aeródromos civiles, con el fin de realizar de manera efectiva las funciones que tienen encomendadas.

Por ese motivo se consideró que la Ley de migración y su reglamento son constitucionales, ya que solo ratifican esa obligación de dotar de instalaciones adecuadas al personal del Instituto Nacional de Migración, para el desempeño de sus funciones.

Los ministros indicaron que ello no se considera una obligación ajena al objeto de la concesión, que obliga a disponer de infraestructura adecuada en instalaciones, equipo y servicios, para garantizar la seguridad de las personas que transitan por la terminal, incluidas las que ingresan y egresan del territorio nacional por la vía aérea.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala resolvió un recurso de queja relacionado con la procedencia del juicio de amparo en contra de particulares

Por mayoría de votos la Segunda Sala de la Corte confirmó el auto dictado por un juez de distrito que determinó que una empresa de telefonía es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. (Recurso de queja 23/2014).

El recurso fue promovido por la comunidad indígena hñähñu de San Ildefonso, Querétaro, argumentando que el prestador del servicio de telefonía fija e internet de banda ancha viola sus derechos de igualdad, no discriminación, libertad de expresión y acceso a la información, al haber omitido garantizarles la prestación continúa y permanente de dichos servicios.

Los ministros explicaron que el amparo procede contra normas generales, actos de autoridad u omisiones que violan derechos humanos.

Precisando que tiene ese carácter el particular que realizan actos equivalentes a los de autoridad, que afectan derechos de personas y cuyas funciones están determinadas por una norma.

Sin embargo aclararon que el juez de distrito deberá analizar las pruebas aportadas por las partes, para determinar si procede otorgar la protección de la justicia a quienes promovieron el amparo, por lo que en estos momentos no es posible declarar su improcedencia como lo reclamó la empresa demandada.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala resolvió una contradicción de tesis en materia de procedencia del embargo del salario

La Segunda Sala de la Corte determinó por mayoría de votos que sí es posible que una autoridad jurisdiccional ordene el embargo sobre el excedente del monto del salario mínimo para asegurar el cumplimiento de obligaciones civiles y mercantiles contraídas por el trabajador. (Contradicción de tesis 4233/2013).

Precisando que dicha medida sólo será procederá respecto del 30 % del excedente del salario mínimo del trabajador.

En caso excepcional, el embargo podría decretarse sobre la totalidad del excedente, tratándose del pago de pensiones alimenticias, tomando en cuenta que el legislador ha establecido que el salario tiene como finalidad satisfacer las necesidades de la familia.

Aclararon que en el caso de que el salario del trabajador ya hubiera sido embargado parcialmente por una pensión alimenticia, el embargo del 30 % sobre el excedente del salario, se aplicará a la parte que no se haya visto afectada por dicha pensión.

Esta disposición tiene como fin garantizar el mínimo vital de subsistencia al trabajador que se vea afectado por una medida de embargo de su salario.

José Luis Guerra García

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