La Segunda Sala atrajo un amparo relacionado con la resolución que modificó el contrato colectivo de sobrecargos de una empresa de aviación

La Segunda Sala de la Corte ejercicio su facultad de atracción para conocer de una resolución que modifico las condiciones laborales pactadas en el contrato colectivo entre una empresa aeronáutica y el sindicato que agrupa a sus sobrecargos.

Este asunto permitirá determinar si se violaron disposiciones que regulan conflictos de carácter económico, así como el régimen especial que regula a las tripulaciones aeronáuticas y los derechos humanos de los sobrecargos.

Se abordarán temas relacionados con la situación financiera de la empresa y las condiciones laborales de los sobrecargos; las necesidades del servicio público que prestan; las normas oficiales que regulan a la industria y sus estándares internacionales, todo ello con el fin de determinar si fue correcto y necesario modificar las condiciones laborales de los sobrecargos.

Además se revisará si se salvaguardó el equilibrio y la justicia social entre trabajadores y patrón.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala resolvió un asunto relacionado con la elección de dirigencias sindicales

La Segunda Sala de la Corte resolvió que la fracción IX del Artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, no viola los principios democráticos, ni la libertad y autonomía sindicales, reconocidas por la Constitución y tratados internacionales firmados por México. (A/Revisión 628, 642, 650/2013 y 7/2014).

La norma impugnada establece que la elección de las dirigencias sindicales puede hacerse a través del voto directo y secreto o indirecto y secreto, medida que garantiza la libertad sindical, al permitir optar por la forma que mejor responda a sus necesidades.

Los ministros indicaron que la votación indirecta no está prohibida en la constitución, misma que se permite siempre y cuando, se garantice el derecho de todo agremiado a participar en el proceso de manera libre.

Indicaron que dicha norma permite a los sindicatos definir en sus estatutos, la mejor manera de elegir a sus dirigentes.

Manifestaron que la selección de dirigencias sindicales en forma indirecta y secreta, puede aplicar cuando las agrupaciones sindicales son muy grandes y tienen representación en todo el país, lo que de alguna manera puede facilitar los procesos electivos de dirigentes.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala resolvió un asunto que tiene que ver con la Ley de migración

La Segunda Sala de la Corte determinó que la Ley de migración y su reglamento, no viola los derechos constitucionales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica.

Lo anterior es así, ya que no imponen deberes distintos, ni adicionales a los concesionarios de aeropuertos, a los establecidos en el título respectivo, ni en la ley de aeropuertos vigentes.

Disposiciones que los obligan a dotar de instalaciones adecuadas a las autoridades federales en los aeródromos civiles, con el fin de realizar de manera efectiva las funciones que tienen encomendadas.

Por ese motivo se consideró que la Ley de migración y su reglamento son constitucionales, ya que solo ratifican esa obligación de dotar de instalaciones adecuadas al personal del Instituto Nacional de Migración, para el desempeño de sus funciones.

Los ministros indicaron que ello no se considera una obligación ajena al objeto de la concesión, que obliga a disponer de infraestructura adecuada en instalaciones, equipo y servicios, para garantizar la seguridad de las personas que transitan por la terminal, incluidas las que ingresan y egresan del territorio nacional por la vía aérea.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala resolvió un recurso de queja relacionado con la procedencia del juicio de amparo en contra de particulares

Por mayoría de votos la Segunda Sala de la Corte confirmó el auto dictado por un juez de distrito que determinó que una empresa de telefonía es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. (Recurso de queja 23/2014).

El recurso fue promovido por la comunidad indígena hñähñu de San Ildefonso, Querétaro, argumentando que el prestador del servicio de telefonía fija e internet de banda ancha viola sus derechos de igualdad, no discriminación, libertad de expresión y acceso a la información, al haber omitido garantizarles la prestación continúa y permanente de dichos servicios.

Los ministros explicaron que el amparo procede contra normas generales, actos de autoridad u omisiones que violan derechos humanos.

Precisando que tiene ese carácter el particular que realizan actos equivalentes a los de autoridad, que afectan derechos de personas y cuyas funciones están determinadas por una norma.

Sin embargo aclararon que el juez de distrito deberá analizar las pruebas aportadas por las partes, para determinar si procede otorgar la protección de la justicia a quienes promovieron el amparo, por lo que en estos momentos no es posible declarar su improcedencia como lo reclamó la empresa demandada.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala resolvió una contradicción de tesis en materia de procedencia del embargo del salario

La Segunda Sala de la Corte determinó por mayoría de votos que sí es posible que una autoridad jurisdiccional ordene el embargo sobre el excedente del monto del salario mínimo para asegurar el cumplimiento de obligaciones civiles y mercantiles contraídas por el trabajador. (Contradicción de tesis 4233/2013).

Precisando que dicha medida sólo será procederá respecto del 30 % del excedente del salario mínimo del trabajador.

En caso excepcional, el embargo podría decretarse sobre la totalidad del excedente, tratándose del pago de pensiones alimenticias, tomando en cuenta que el legislador ha establecido que el salario tiene como finalidad satisfacer las necesidades de la familia.

Aclararon que en el caso de que el salario del trabajador ya hubiera sido embargado parcialmente por una pensión alimenticia, el embargo del 30 % sobre el excedente del salario, se aplicará a la parte que no se haya visto afectada por dicha pensión.

Esta disposición tiene como fin garantizar el mínimo vital de subsistencia al trabajador que se vea afectado por una medida de embargo de su salario.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala declaró improcedentes dos recursos que cuestionaban la designación de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco

La Segunda Sala de la Corte determinó que la anterior Ley de amparo, consideraba improcedente el juicio constitucional, cuando se reclaman resoluciones o declaraciones de las legislaturas de los estados, o de sus respectivas comisiones o diputaciones permanentes, en la elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las constituciones correspondientes les confieren la facultad de resolver soberana o discrecionalmente.

Por ese motivo declararon improcedentes dos recursos que se promovieron cuestionando la designación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco.

Los ministros consideraron que fue correcta la determinación del juez de distrito de negar el amparo a los quejosos, quienes cuestionaban el proceso que siguió el congreso y las comisiones del ramo de esa entidad para la elección de dicho funcionario.

Indicaron que tal designación es una facultad soberana que le otorga la constitución al Poder Legislativo de Jalisco, sin ningún tipo de restricciones o condicionamiento.

La Segunda Sala solo consideró que en uno de los casos el Congreso violó el derecho de petición, motivo por el cual se le concedió el amparo a uno de los quejosos, con el único fin de que el congreso dé respuesta a su solicitud de someter a consulta dicha designación.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala de la Corte estableció que casas de empeño quedan sujetas a control de PROFECO

La Segunda Sala de la Corte determinó que todas las casas de empeño, incluidas las instituciones de asistencia privada, están sujetas al sistema de protección al consumidor.

Al resolver un amparo en el que se interpretó la correcta interpretación del Artículo 65 Bis de la Ley Federal de protección, en relación con el Artículo 75, fracción décima del Código de Comercio, permitió establecer que deben considerarse como casas de empeño, todas las personas físicas y morales que de manera habitual realicen operaciones de préstamo con intereses y garantía prendaria.

Ello con independencia de su naturaleza jurídica y del fin al que destinen las ganancias que obtienen de dicha actividad.

Únicamente se exceptúan del sistema de protección al consumidor, aquellas que se encuentran reguladas por autoridades y leyes financieras.

Esta determinación beneficia a los ciudadanos, ya que permite que la procuraduría federal de protección al consumidor, verifique el comportamiento de todas las casas de empeño, así como las condiciones de los préstamos que otorga y los contratos que rigen este tipo de operaciones prendarias.

José Luis Guerra García

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