Resoluciones de las Salas de la SCJN

La Primera Sala de la Corte reasumió su competencia para conocer de un amparo en el que una persona cuestiona la validez del artículo 147 de la Constitución de Colima y diversos artículos de los Códigos de Procedimientos Civiles y Civil de esa entidad. (Reasunción de competencia 19/2014).

Disposiciones que definen el matrimonio como la unión de una mujer y un hombre, con el fin de perpetuar la especie, excluyendo a las parejas de homosexuales.

Asunto que permitirá definir si las normas impugnadas son heteroaplicativas o autoaplicativas, la procedencia del amparo contra leyes y si tales disposiciones, violan los principios de equidad y no discriminación.

La Segunda Sala de la Corte, determinó que la Comisión Federal de Electricidad es autoridad cuando emite actos relacionados con la prestación del servicio eléctrico de manera exclusiva. (Amparos directos en revisión 491, 909 y 34/2014).

Con lo que se interrumpió un criterio en contrario. Con ello, se considera que los contratos para el suministro de energía son de carácter administrativo, pues no se dan en un plano de igualdad y porque la comisión, no persigue un fin de lucro.

Se indicó que en contra de los actos de tal organismo, proceden los recursos de revisión y el juicio de nulidad en el ámbito administrativo, sin perjuicio de que proceda el amparo cuando se cuestionen normas generales.

También declararon legal el desechamiento del recurso de revisión, interpuesto contra lo resuelto en una queja por un Tribunal Colegiado de Circuito, desechando una demanda de amparo contra el procedimiento de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. (Recurso de reclamación 555/2014).

Los ministros declararon infundado el recurso de reclamación, que cuestionaba la decisión de la Presidencia del Máximo Tribunal, de desechar el recurso.

Explicaron que el artículo 81 de la Ley de amparo, no prevé en ninguno de los supuestos, la procedencia del recurso de revisión en contra de la determinación que recae en un recurso de queja,

Indicaron que con ello se garantiza la vigencia de la Constitución y el sistema jurídico, sin que esto implique una violación a los principios de legalidad y acceso a la justicia.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala amparó a un indígena hñahñu

La Segunda Sala de la Corte concedió un amparo a César Cruz Benítez, gobernador tradicional hñahñu de la comunidad indígena de San Ildefonso, Hidalgo.

La protección de la justicia se le otorga, para que el juez que conoció de su caso, reponga el procedimiento, con el fin de que incluya en el expediente, la petición que hizo a nombre de su comunidad y se dé respuesta a la misma en su lengua originaria.

Ya que solo de esa manera se podrá saber si se atendió el fondo de su petición.

En la resolución se explica que para que se colme su derecho de acceso a la justicia, deberá ser asistido por un intérprete y defensor, que conozca su lengua y cultura.

“Yo estoy a favor del proyecto, con todas las razones por las que se está reponiendo el procedimiento la primera de ellas para mandar a requerir un documento y estar en posibilidades de determinar si el derecho de petición, al que hacen alusión es o no correcto, y es o no acorde la contestación y por otro lado, también se está ordenando que para tener una justicia completa e integral, entonces el procedimiento debe continuar con las acciones encaminadas a designar a un perito para traducir al español los escritos presentados por el quejoso y al hñahñu las actuaciones judiciales a fin de que aquel esté en condiciones de hacer derechos en este juicio”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

“Yo también estoy de acuerdo con el proyecto, difiero de la opinión del señor ministro Franco, pienso que el efecto se comprime a la resolución, que es suficientemente amplio, y no solo con lo que dijo la señora ministra, sino también en relación con la cuestión de que deban de estar asistidos por intérprete y asesoría en su idioma”, Luis María Aguilar, Ministro Presidente Segunda Sala.

En contra del proyecto se pronunció el Ministro Fernando Franco González Salas.

“Yo voy a votar en contra, y no porque no esté de acuerdo con una enorme mayoría de las consideraciones que contiene, sino porque en el resolutivo se están dando efectos con los que yo no estoy de acuerdo, porque yo considero que el efecto debe ser mucho más amplio”.

Cruz Benítez promovió el amparo en 2012, cuando fue detenido en un retén de la policía en Hidalgo, quienes no le informaron sus derechos y tampoco le explicaron el motivo de su detención, lo que argumentó, violó sus derechos humanos.

En su demanda pidió que se reconozca el derecho de las personas indígenas a ser notificadas y procesadas en su lengua materna.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala se pronunció sobre contribuyentes que expidan facturas que amparen operaciones inexistentes

La Segunda Sala de la Corte fijó como criterio, que resulta improcedente la suspensión en el juicio de amparo que se promueve, en contra de la lista que publica la autoridad hacendaria con los nombres de los contribuyentes que aparentemente emiten facturas falsas. (Contradicción de tesis 77/2014).

Los ministros explicaron que no es posible conceder la suspensión, respecto a sus efectos y consecuencias, esto es, contra el dictado de una eventual resolución que confirme en forma definitiva la inexistencia de esas operaciones y por ende, la falsedad del documento que las avala.

Al resolver una contradicción de tesis indicaron que el dictado de dicha resolución, se trata de un acto futuro de realización incierta, pues dependerá de la actitud que asuma el contribuyente, quien deberá demostrar que son infundadas las aseveraciones de la autoridad hacendaria.

Puntualizaron que de otorgarse la suspensión, se podría generar la creencia de que el contribuyente investigado demostró que las facturas emitidas no son falsas o bien, que no avalan operaciones inexistentes.

Lo que de no resultar verdadero, tendría como consecuencia, impedir a los contribuyentes implicados con dichas operaciones inexistentes, corregir su situación fiscal.

Además, propiciaría que se consumaran actos, que legalmente son considerados como delitos fiscales.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala atrajo un recurso en revisión relacionado con los organismos de agua locales

La Segunda Sala de la Corte ejerció su facultad de atracción para conocer de un recurso de revisión, en el que podrá determinar si los organismos operadores de agua, son autoridades para efectos del juicio de amparo y si sus decisiones violan derechos humanos.

El asunto está relacionado con actos de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, que implicaron el corte del suministro del vital líquido, lo que los afectados consideran como un acto violatorio a su derecho humano de acceso al agua.

Los ministros deberán determinar si el corte del suministro de agua, ordenado por el organismo correspondiente, viola el derecho humano de acceso al agua y saneamiento.

Definir el alcance del concepto de autoridad previsto en la fracción II del Artículo 5 de la nueva Ley de amparo, en relación con los actos emitidos por los órganos operadores de agua local.

Establecer si es necesario revisar los criterios fijados por el Máximo Tribunal, en cuanto al concepto de autoridad.

Además de definir, si el concepto de autoridad previsto en la Ley de amparo es aplicable para determinar que la decisión de cortar el suministro del vital líquido es un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala se pronunció en torno a procedimientos para reformar la Carta Magna

La Segunda Sala de la Corte reiteró que no procede el control constitucional en contra del procedimiento para reformar o adicionar la ley suprema.

Los ministros argumentaron que la razón fundamental de esta prohibición, radica en la naturaleza misma del acto y el carácter extraordinario del órgano reformador de la constitución, que realiza una función exclusivamente constitucional, lo que implica que no puede sujetarse a control externo alguno, por ser de carácter soberano.

Determinar lo contrario, supondría la intromisión en un acto soberano del órgano reformador de la constitución y podría ocasionar, que se declarará inválida una disposición necesaria para la operatividad de la norma constitucional y con ello, imposibilitaría el inicio de su vigencia.

El anterior criterio se confirmó al declarar legal el auto del Presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza, que desechó por notoriamente improcedente una controversia constitucional promovida por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, en contra de la reforma político electoral.

En concreto, se pedía invalidar el Artículo segundo transitorio, que prevé que los magistrados y consejeros electorales estatales en funciones, se mantendrán en el cargo, hasta que se realicen los nuevos nombramientos, conforme a lo previsto en la reforma a la Constitución en la materia.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala atrajo un amparo relacionado con la resolución que modificó el contrato colectivo de sobrecargos de una empresa de aviación

La Segunda Sala de la Corte ejercicio su facultad de atracción para conocer de una resolución que modifico las condiciones laborales pactadas en el contrato colectivo entre una empresa aeronáutica y el sindicato que agrupa a sus sobrecargos.

Este asunto permitirá determinar si se violaron disposiciones que regulan conflictos de carácter económico, así como el régimen especial que regula a las tripulaciones aeronáuticas y los derechos humanos de los sobrecargos.

Se abordarán temas relacionados con la situación financiera de la empresa y las condiciones laborales de los sobrecargos; las necesidades del servicio público que prestan; las normas oficiales que regulan a la industria y sus estándares internacionales, todo ello con el fin de determinar si fue correcto y necesario modificar las condiciones laborales de los sobrecargos.

Además se revisará si se salvaguardó el equilibrio y la justicia social entre trabajadores y patrón.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala resolvió un asunto relacionado con la elección de dirigencias sindicales

La Segunda Sala de la Corte resolvió que la fracción IX del Artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, no viola los principios democráticos, ni la libertad y autonomía sindicales, reconocidas por la Constitución y tratados internacionales firmados por México. (A/Revisión 628, 642, 650/2013 y 7/2014).

La norma impugnada establece que la elección de las dirigencias sindicales puede hacerse a través del voto directo y secreto o indirecto y secreto, medida que garantiza la libertad sindical, al permitir optar por la forma que mejor responda a sus necesidades.

Los ministros indicaron que la votación indirecta no está prohibida en la constitución, misma que se permite siempre y cuando, se garantice el derecho de todo agremiado a participar en el proceso de manera libre.

Indicaron que dicha norma permite a los sindicatos definir en sus estatutos, la mejor manera de elegir a sus dirigentes.

Manifestaron que la selección de dirigencias sindicales en forma indirecta y secreta, puede aplicar cuando las agrupaciones sindicales son muy grandes y tienen representación en todo el país, lo que de alguna manera puede facilitar los procesos electivos de dirigentes.

José Luis Guerra García

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