Resoluciones de la Segunda Sala de la Corte

La Segunda Sala de la Corte determinó que solo se puede combatir una sentencia de amparo a través del recurso de revisión en una sola ocasión, motivo por el cual, declaró improcedente un segundo recurso de este tipo, pues los temas de legalidad que reclamaba la sociedad cooperativa artesanal Bufa-en, ya habían sido resueltos por el tribunal colegiado competente, agotando con ello su derecho constitucional de acceso a la justicia. (Recurso de reclamación 317/2014).

Por ese motivo se confirmó el desechamiento dictado por la Presidencia de la Suprema Corte, sin que esto implique, que no pueda combatir aquellos actos que considere afectan sus intereses, a través de los medios de defensa legal, que resulten adecuados.

Resoluciones de las Salas de la SCJN

La Primera Sala de la Corte determinó que es inconstitucional que los juzgadores designen a traductores prácticos para auxiliar a indígenas en un proceso penal, sin que previamente se hayan agotado las vías institucionales para asignarle un intérprete profesional, que conozca su lengua y cultura. (Amparo directo en revisión 2954/2013).

Los ministros indicaron que el derecho constitucional que garantiza a los indígenas el ser asistidos por un intérprete, solo se ve satisfecho cuando la autoridad ministerial o judicial, cumple con los siguientes requisitos: primero haya solicitado a las instituciones un traductor certificado; en caso de no ser posible, designar un perito práctico que sea respaldado por la comunidad o bien designar a una persona que asista al procesado que conozca su lengua y cultura, y que a su vez, hable y entienda el español.

La Segunda Sala ejerció su facultad de atracción para conocer de un amparo directo, que le permitirá pronunciarse sobre la legalidad de un fallo de una junta laboral que modificó las condiciones generales de trabajo de los sobrecargos de una empresa de aviación. (Facultad de atracción 225/2013).

Asunto que permitirá determinar, si en este tipo de conflictos económicos, se pueden adoptar medidas que restrinjan las prestaciones de los trabajadores, con el fin de continuar prestando el servicio público de aviación y preservar la operación de la empresa.

Indicaron que en este asunto debe buscarse el equilibrio y la justicia social entre trabajadores y patrones; además de analizar si es constitucional el marco legal que regula los conflictos colectivos de orden económico, el régimen especial de la tripulación aeronáutica y  que protegen los derechos humanos de los sobrecargos.

Los ministros también confirmaron el desechamiento de la controversia constitucional promovida por el Tribunal Electoral de Tabasco, en contra del artículo décimo transitorio del decreto que reforma la Constitución en materia político electoral. (Recurso de reclamación 17/2013).

Disposición que establece que los magistrados de los órganos jurisdiccionales locales que se encuentren en funciones continuarán en el cargo hasta que se realicen los nuevos nombramientos.

Con ello se confirmó el criterio de que el control constitucional en contra de reformas a la Carta Magna resulta improcedente.

José Luis Guerra García

Resoluciones de la Salas de la SCJN

1SALASCJN1La Primera Sala resolvió un amparo directo en revisión, que tiene que ver con la sucesión testamentaria de Cantinflas, las regalías de las mismas y la interpretación de un acuerdo de voluntades denominado Agreement, que se refiere a la titularidad de 39 películas en las que participó el actor cómico. (Amparo en revisión 3641).

En este caso desechó el recurso de revisión y confirmó la sentencia recurrida, en la que el tribunal colegiado competente, negó el amparo al representante de la sucesión testamentaria.

Los ministros indicaron que se adoptó esta decisión porque el recurrente no planteó la inconstitucionalidad de alguna norma general, ni solicitó la interpretación directa de un artículo de la constitución, por lo que el tribunal competente no omitió ni se pronunció a este respecto.

Por mayoría de votos, también resolvió un amparo en el que se impugnó la fracción segunda del Artículo 376 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, que prevé que comete el delito de robo equiparado el que enajene o adquiera cosas muebles, dos o tres veces sin que se cercioren previamente de su legítima procedencia. (Amparo directo en revisión  3289/2013).

Por ello revocaron la sentencia recurrida y ampararon al quejoso, al considerar que es inconstitucional la porción normativa que establece “se cercioren previamente” pues se trata de un precepto impreciso que viola los principios de legalidad y exacta aplicación de la ley, además de generar incertidumbre jurídica.

La Segunda Sala de la Corte ejerció su facultad de atracción para conocer de un  recurso de revisión que le permitirá definir el contenido y alcance jurídico del concepto “disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” contenido en el Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. (Facultad de atracción 2017/20149).

Establecer si los parámetros que la norma convencional delimita sobre este derecho, son acordes con el desarrollo jurisprudencial del Máximo Tribunal.

Determinar si la omisión de ejecutar el proyecto denominado “Construcción y equipamiento del servicio clínico para pacientes con VIH/Sida y co infección por enfermedades de transmisión aérea”, viola los derechos de igualdad y no discriminación de los quejosos, en su modalidad de acceso al más alto nivel posible de salud de los quejosos.

José Luis Guerra García

Resoluciones de la Primera Sala de la SCJN

GOC_0008 SESION DE LA PRIMERA SALA SCJNLa Primera Sala de la Corte resolvió que el delito de sustracción de menores, cometido por el padre o madre, que no tenga el consentimiento de quien ejerce la patria potestad o custodia del menor,  es acorde con el principio de interés superior del menor y el derecho a la unidad y convivencia familiar. (Amparo en revisión 169/2014).

Por ese motivo negaron el amparo a una señora de nacionalidad americana, divorciada del padre de sus dos hijos, quien fue denunciada por este, por su probable responsabilidad en el delito de sustracción de menores al no respetar las convivencias convenidas.

La quejosa impugnó la validez del Artículo 366 Quáter del  Código Penal Federal, que sanciona este delito con pena de prisión, petición que le fue negada porque dicha disposición es una medida necesaria y proporcional, dirigida a resguardar a los menores involucrados en una controversia familiar.

Al resolver una contradicción de tesis, determinaron que el delito de ejercicio indebido del servicio público, es aplicable a cualquier servidor público que por razones de su empleo, cargo o comisión, tenga obligaciones de custodiar, vigilar o proteger a personas, lugares, instalaciones u objetos, y que el incumplimiento de ese deber propicie un daño o pérdida. (Contradicción de tesis 326/2013).

Por ese motivo se argumentó, que la fracción Vi del Artículo 214 del Código Penal Federal, que prevé este delito, no solo es aplicable a los custodios, guardias y vigilantes.

Los ministros también establecieron que la Comisión Federal de Telecomunicaciones, sí tiene facultades para emitir disposiciones técnico operativas en materia de telecomunicaciones. (Amparo en revisión 315/2014).

Por ese motivo confirmó la sentencia recurrida y negó el amparo a Teléfonos de México, quien se inconformó con diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Disposiciones que facultan a la COFETEL, (ahora IFT),  para regular, supervisar y promover el mercado de las telecomunicaciones.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala resolvió una contradicción de tesis en materia de procedencia del embargo del salario de un trabajador

La Segunda Sala de la Corte determinó por mayoría de votos que sí es posible que una autoridad jurisdiccional ordene el embargo sobre el excedente del monto del salario mínimo para asegurar el cumplimiento de obligaciones civiles y mercantiles contraídas por el trabajador.

Precisando que dicha medida sólo será procederá respecto del 30 % del excedente del salario mínimo del trabajador.

En caso excepcional, el embargo podría decretarse sobre la totalidad del excedente, tratándose del pago de pensiones alimenticias, tomando en cuenta que el legislador ha establecido que el salario tiene como finalidad satisfacer las necesidades de la familia.

Aclararon que en el caso de que el salario del trabajador ya hubiera sido embargado parcialmente por una pensión alimenticia, el embargo del 30 % sobre el excedente del salario, se aplicará a la parte que no se haya visto afectada por dicha pensión.

Esta disposición tiene como fin  garantizar el mínimo vital de subsistencia al trabajador que se vea afectado por una medida de embargo de su salario.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala resolvió un recurso de queja relacionado con la procedencia del juicio de amparo en contra de particulares

Por mayoría de votos la Segunda Sala de la Corte confirmó el auto dictado por un juez de distrito que determinó que una empresa de telefonía es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo.

El recurso fue promovido por la comunidad indígena hñähñu de San Ildefonso, Querétaro, argumentando que el prestador del servicio de telefonía fija e internet de banda ancha viola sus derechos de igualdad, no discriminación, libertad de expresión y acceso a la información, al haber omitido garantizarles la prestación continúa y permanente de dichos servicios.

Los ministros explicaron que el amparo procede contra normas generales, actos de autoridad u omisiones que violan derechos humanos.

Precisando que tiene ese carácter el particular que realizan actos equivalentes a los de autoridad, que afectan derechos de personas y cuyas funciones están determinadas por una norma.

Sin embargo aclararon que el juez de distrito deberá analizar las pruebas aportadas por las partes, para determinar si procede otorgar la protección de la justicia a quienes promovieron el amparo, por lo que en estos momentos no es posible declarar su improcedencia como lo reclamó la empresa demandada.

José Luis Guerra García

La Segunda Sala resolvió un caso relacionado con la libertad sindical y la elección de dirigencias sindicales

La Segunda Sala de la Corte resolvió que la fracción IX del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, no viola los principios democráticos, ni la libertad y autonomía sindicales, reconocidas por la constitución y tratados internacionales firmados por México.

La norma impugnada establece que la elección de las dirigencias sindicales puede hacerse a través del voto directo y secreto o indirecto y secreto, medida que garantiza la libertad sindical, al permitir optar por la forma que mejor responda a sus necesidades.

Los ministros indicaron que la votación indirecta no está prohibida en la constitución, misma que se permite siempre y cuando, se garantice el derecho de todo agremiado a participar en el proceso de manera libre.

Indicaron que dicha norma permite a los sindicatos definir en sus estatutos, la mejor manera de elegir a sus dirigentes.

Manifestaron que la selección de dirigencias sindicales en forma indirecta y secreta, puede aplicar cuando las agrupaciones sindicales son muy grandes y tienen representación en todo el país, lo que de alguna manera puede facilitar los procesos electivos de dirigentes.

José Luis Guerra García

El Pleno declaró sin materia una contradicción de tesis entre la Primera Sala y Segunda Sala

El Pleno de la Corte declaró sin materia una contradicción de tesis entre la Primera y Segunda Salas de la Corte.

Determinación que se adoptó debido a que las salas, han variado sus criterios sobre los temas en contradicción.

En este caso, se habría de determinar si la sentencia de amparo debe ser notificada personalmente, cuando el tribunal colegiado, estime que puede existir una cuestión propiamente de constitucionalidad.

Establecer si la legalidad de la notificación en el juicio de amparo, solo puede analizarse dentro del incidente previsto en el artículo 32 de la Ley en la materia.

Además de definir, si para realizar el cómputo, respecto de la presentación del recurso de revisión, debe tomarse en cuenta la notificación practicada en términos del artículo 86 de la Ley de amparo.

Y nos hemos dado cuenta de que ambas salas, han estado variando algunos de estos criterios, en esa medida, considero que sería complicado en este momento, que el pleno se pronunciara en relación con los puntos que aquí se especifican, porque insisto varios de los criterios que conforman esta contradicción, han sido modificados por las 2 solas de este alto tribunal, en esa medida señor presidente, yo modificaría la propuesta del proyecto, para proponer que con base en estas modificaciones, la presente contradicción de tesis ha quedado sin materia”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Sin embargo, no se descartó que en lo futuro se retome la discusión sobre los temas que habían entrado en conflicto.

“Estamos ciertos que esta problemática que se presenta, no habrá de dejar de presentarse, habrá algunas otras situaciones y tendrán que irse decantando los criterios por las salas en su oportunidad”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

La resolución adoptada se aprobó en forma económica, por unanimidad.

José Luis Guerra García

Resoluciones de las Salas de la Corte

GOC_0044 SESION DE LA PRIMERA SALA SCJNLa Primera Sala de la Corte determinó al resolver un amparo que la patria potestad no es un derecho de los padres, sino una función que se les encomienda en beneficio de los hijos, por lo que para determinar la pérdida de la patria potestad por abandono, el juez debe estudiar si existe causa justificada para dejar al menor bajo el cuidado de algún familiar o persona de confianza.

Por ese motivo ordenaron la inmediata devolución de una menor a su padre, quien la dejó con sus abuelos, para intentar salvar la vida de su esposa, que padecía leucemia, lo que se consideró una causa justificada para dejar a su menor hija al cuidado de un tercero.

La Segunda Sala también declaró procedente una sustitución de jurisprudencia de rubro: Seguro Social, el premio por asistencia y puntualidad, previsto en los artículos 91 y 93 del reglamento interior de trabajo, debe considerarse como parte integradora del salario y también para efecto del pago de la prima de antigüedad, para efectos de la separación prevista en la cláusula 95 Bis, del contrato colectivo de trabajo.

En este último caso, solo se tomará como parte integradora del salario, para efectos del cálculo de la prima de antigüedad, si se demuestra que dicho premio lo obtuvo en 18 de las 24 quincenas que componen el último año de servicio, previo a su jubilación.

Resoluciones de las Salas de la SCJN

GOC_0002 SESION SEGUNDA SALA SCNLa Primera Sala de la Corte decidió ejercer su facultad de atracción para conocer de un recurso de revisión, promovido por las asociaciones “Aprender Primero y Justicia Justa”.

En él, se inconforman con la sentencia del juez de distrito que declaró improcedente el amparo que promovieron, por carecer de interés legítimo. Demandaban a las autoridades competentes dieran un uso adecuado y eficiente a los recursos públicos destinados a la educación.

El asunto permitirá definir los alcances y naturaleza del interés legítimo, su relación con los intereses de colectividades afectadas; si una sola persona puede gozar de interés legítimo o requiere formar parte de una colectividad; y que efectos tendría la sentencia de amparo, cuando un grupo es el que presenta la demanda.

También decidieron atraer un amparo que les permitirá pronunciarse sobre una clausula arbitral, estipulada en el contrato de membresía de un club de golf, en contra de la cual se promovió una acción colectiva.

Los impulsores demandaron al proveedor del club del golf, cumplir las condiciones del contrato, el juez se declaró incompetente para conocer del asunto y señaló que el órgano competente era un tribunal arbitral.

Esta recurso, permitirá definir si es válida la cláusula arbitral en contratos de adhesión que comprometen derechos fundamentales de los consumidores, si las acciones colectivas son competencia de los jueces federales, independientemente de la cláusula arbitral y si este tipo de cláusulas no violan el principio de certeza jurídica.

Al resolver una contradicción de tesis fijaron como criterio que tratándose de la prueba pericial de grafoscopía, el uso de las tecnologías que permiten editar las imágenes que se plasman en los dictámenes, no es suficiente para negarles valor probatorio, pues para ello se requiere datos adicionales que permitan presumir que el perito actuó con falta de lealtad, probidad o veracidad.

Indicaron que si bien existe la posibilidad de que con estas tecnologías permite distorsionar o prefabricar imágenes, es necesario contar con otros elementos que demuestren la falta de probidad y lealtad del perito.

La Segunda Sala de la Corte resolvió que el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley federal de procedimiento contencioso administrativo no viola el derecho de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución.

Dicha disposición regula el procedimiento que debe seguir el incidente de falsedad de documento, el cual faculta al magistrado instructor para citar a la parte respectiva para estampe su firma en presencia del secretario, la que se tendrá como incuestionable.

Los ministros indicaron que este procedimiento tiene como propósito salvaguardar el derecho de acceso a la justicia, al permitir a las partes presentar pruebas y alegatos para su adecuada defensa.

José Luis Guerra García

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 36.638 seguidores