II Congreso de Control de Constitucionalidad y Convencionalidad

El control de convencionalidad implica que en los textos constitucionales haya un reconocimiento pleno y expreso de los derechos humanos, contenidos en la convención interamericana, advirtieron académicos.

Durante el Segundo Congreso de Control de Constitucionalidad y Convencionalidad, destacaron que los juzgadores pueden en el estudio de la controversia constitucional, advertir la norma de la ley que no se ajuste al texto de la Constitución.

“Porqué debemos adecuar nuestras leyes, nuestros actos, nuestras sentencias, los propios contenidos constitucionales hacia los parámetros de convencionalidad, porque es una moda? porque es una cuestión transicional?, no, simplemente porque el estado mexicano así lo quiso, voluntariamente ratificó una serie  de instrumentos internacionales los cuales tiene que cumplir”, Marcos del Rosario Rodríguez, Secretario de Estudio y Cuenta, TEPJF.

En la Facultad de Derecho de la UNAM, precisaron que  si dentro de la controversia existen diversas interpretaciones, los jueces deben elegir la que se apegue más a los derechos humanos.

“Lo que nos estamos planteando en el fondo, más allá de cómo bajamos esto a un juez de primera instancia o cómo lo revisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que estamos revisando son temas por ejemplo es si el derecho beneficia a las personas físicas, eso es pro persona”, Guillermo Estrada, Académico de la UNAM.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene pendientes diversos asuntos relacionados con la aplicación del control de convencionalidad.

“De alguna manera se va a tener que pronunciar cuando lleguen estos casos, tenemos básicamente una posibilidad de un control concentrado que hasta ahorita ha sido, creo yo, salvo el caso de Olmedo Bustos contra Chile, bastante tímido hasta la fecha”, Raúl Pérez Johnston, Académico de la Escuela Libre de Derecho.

El uso de la convencionalidad, establecido en la Constitución, en el Sistema Interamericano y en los tratados internacionales, dijeron es una obligación para el Estado mexicano.

Martha Rodríguez

Modera Ministro Presidente Juan Silva Meza presentación de libro sobre derechos humanos y control de convencionalidad

DDHHA partir de la reforma constitucional de 2011 todos los juzgadores tienen la característica de ser protectores de los derechos humanos de las personas.

Así lo señaló el Ministro Presidente Silva Meza en la presentación del libro “La interpretación conforme el modelo constitucional ante los tratados internacionales sobre derechos humanos y el control de convencionalidad”.

 “Uno de los aciertos que ha tenido la reforma constitucional, o las reformas constitucionales de los últimos años, pero en particular la de derechos humanos es la de convertirnos, igualarnos a todos los juzgadores participes de esta responsabilidad constitucional en la judicatura nacional”.

Una obra, dijo, que por sus características y por su contenido, es un texto obligado para todos los operadores jurídicos pero en particular para los jueces.

El juez mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que los esfuerzos de la Suprema Corte en la protección de derechos humanos son un claro reflejo del avance de la salvaguarda de estas garantías en México.

 “No es casualidad de que se haya otorgado el premio de naciones unidas en materia de derechos humanos a la suprema corte de justicia de la nación el 10 de diciembre pasado, como tampoco es casualidad que la resolución del famosísimo expediente varios 912, el famoso ya caso radilla como se le conoce,  sea hoy patrimonio mundial declarado por la UNESCO”, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Juez CoIDH.

La Ministra Olga Sánchez Cordero afirmó que fue a partir del célebre Caso Radilla Pacheco que los jueces nacionales se convirtieron en los primeros jueces interamericanos.

 “Desde entonces todos los jueces mexicanos tenemos la obligación de velar por el cumplimiento y la regularidad de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, realizando así un control de convencionalidad ex oficio”.

 “Y es un esfuerzo colectivo ahí prácticamente intervenimos todos, , intervenimos la judicatura federal, jueces, magistrados y ministros, los criterios son elaborados también bajo el impulso de quienes llegan con nosotros a plantear sus asuntos , o sea es un trabajo integral”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

El autor de la obra comentó que la interpretación conforme es la reparación del daño, como garantía de no repetición.

“El avance constitucional de los derechos humanos entonces, a través de la interpretación, va siendo proporcional a la reivindicación de las víctimas”, José Luis Caballero Ochoa, Autor de la obra.

Los comentaristas del libro coincidieron que es una obra que refleja la manera en que los derechos humanos se han constitucionalizado en nuestro país a partir de la reforma de 2011.

Emmanuel Saldaña

La importancia del control de convencionalidad

Eduardo Ferrer Mac Gregor, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, subrayó la importancia del control de convencionalidad para fomentar el diálogo entre las cortes de la región.

El propósito central, explicó, es fortalecer el Sistema interamericano de derechos humanos.

“Si dos tribunales no quieren dialogar, simple y sencillamente no va a haber diálogo… Hoy ese diálogo jurisprudencial es reglado, un diálogo jurisprudencial necesario para el establecimiento de estándares mínimos y esto implica que nadie tenga la última palabra”.

Los jueces interamericanos también están en constante formación al ver que se ha resuelto al interior de los países que aceptan su competencia contenciosa.

Aspecto, indicó, que fomenta el diálogo jurisprudencial.

“Sino que entre todos vamos formando estos estándares mínimos regionales”.

Un aspecto clave para entender el control de convencionalidad, dijo, es que los jueces nacionales son parte del Sistema interamericano de derechos humanos.

Son ellos, aclaró, quienes deben revisar la Convención Americana y la interpretación que la Corte ha hecho de ella.

Dentro del Curso de formación en el Sistema interamericano de derechos humanos en sus resoluciones señaló que la Corte Interamericana ha mandatado a 13 estados el ejercicio del control de convencionalidad.

Mario López Peña

Clausura del Seminario sobre Derecho internacional de los derechos humanos hacía un control de convencionalidad

Leonel Castillo, Director del Instituto de la Judicatura Federal clausuró los trabajos del Seminario sobre Derecho internacional de los derechos humanos hacía un control de convencionalidad.

En el curso de cuatro meses, organizado por el Poder Judicial de la Federación y la Fundación Konrad Adenauer, jueces y magistrados recibieron capacitación sobre la correcta interpretación y aplicación de los instrumentos internacionales.

Al impartir una Conferencia Magistral, el Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer Mac-Gregor sostuvo que los jueces deben ir más allá de la sentencia del Caso Radilla.

“No nos podemos quedar en fotografías jurisprudenciales, en el Caso Radilla, antes de Radilla y después ha habido una evolución una línea jurisprudencial sobre control de convencionalidad”.

Y es que ya existen otras tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre casos en los que está involucrado el estado mexicano.

Sentencias en las que se desarrolla jurisprudencia sobre el control de convencionalidad.

Ferrer Mac-Gregor señaló que esta materia es dinámica, interactiva, por lo que deben propiciarse diálogos permanentes entre los jueces nacionales y los tribunales internacionales.

“Están obligados a mantenerse actualizados, una capacitación permanente, de nada sirve tener una compilación como la que nos ha brindado el PJF si no seguimos de cerca los nuevos Tratados internacionales que en estos momentos se están discutiendo”.

Tal es el caso del Protocolo facultativo de los derechos humanos económicos sociales y culturales que entrará en vigor en mayo de este año.

Aunque México aún no lo firma, Ferrer Mac-Gregor exhortó a los participantes de este seminario para prepararse en esta materia.

“Se trata de una instancia internacional para llevar caso concretos, un especie de judicialización para defender estos derechos y ese órgano va a generar criterios y jurisprudencia”.

Además de analizar el control de convencionalidad, los jueces y magistrados recibieron capacitación en materia de derecho penal, internacional, humanitario y de los refugiados.

Verónica González

Curso de derechos humanos y control de convencionalidad

Con las recientes reformas constitucionales, los jueces mexicanos tienen mayores herramientas para hacer justiciables los derechos económicos, sociales y culturales, como son el derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna y al agua.

Es parte de las conclusiones que el Oficial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Carlos de la Torre Martínez, presentó en el Décimo Segundo Bloque del Curso de Derechos Humanos y Control de Convencionalidad, que se realiza en el Instituto de la Judicatura Federal.

“Creo que el primer paso es constituirse como jueces garantistas, como jueces que van a impulsar realmente la protección de estos derechos, implica modificar muchísimas de las formas o de las estructuras incluso mentales con los cuales se veían las cosas”.

Aseguró que uno de los principales desafíos de los jueces es identificar las responsabilidades y obligaciones a las que se comprometió el Estado Mexicano al firmar el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales.

Explicó que el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, ha desarrollado los criterios interpretativos para que los jueces puedan sacarle todo el contenido y los alcances al derecho al agua, a la educación, a la salud, entre otros.

“Hoy me parece que los tribunales deben de estar ahí donde están esos problemas y las personas tienen que acercarse a los tribunales con recursos efectivos, sencillos y de fácil acceso para poder demandar los problemas en la calidad de los servicios”.

El especialista lamentó que durante muchos años los estados consideraron a los derechos económicos, sociales y culturales como derechos de segunda, que difícilmente los ciudadanos podían hacer exigibles y justiciables.

Juan Carlos González

Curso sobre derechos humanos y control de convencionalidad

Para garantizar los derechos de los pueblos indígenas debe existir un diálogo intercultural entre jueces y justiciables, en términos de igualdad.

Así lo señaló el especialista Juan Carlos Martínez, quien participó en el décimo tercer bloque del Curso sobre Derechos Humanos y Control de Convencionalidad, que se realiza en el Instituto de la Judicatura Federal.

“Un diálogo intercultural, pero en términos de igualdad, como ustedes van a entrar en diálogo con estos pobres en una posición de superioridad, de poder, son los jueces que les van a resolver el caso al otro pobre, entonces como hacer este ejercicio para que el diálogo intercultural se dé en términos más sinérgicos, más de igualdad”.

Destacó el avance que ha tenido México al reconocerse constitucionalmente como un país multicultural, que respeta los derechos de los pueblos indígenas.

“Esto no es solamente darle una prerrogativa a los pueblos indígenas para que estén tranquilos o para que no tengan motivos para levantarse y bloquear carreteras y demás, sino que se asume como algo del interés de la nación mexicana”.

Rosembert Ariza, investigador de la Universidad Nacional de Colombia, destacó los principios que están en tratados internacionales y que se deben tomar en cuenta a la hora de resolver casos que involucren a pueblos indígenas.

“El principio de no discriminación, el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente han ocupado, el derecho a que se respete su integridad , su cultura e instituciones, el derecho a determinar su propia forma de desarrollo”.

También señaló el derecho a participar directamente en la toma de decisiones acerca de políticas y programas que les interesen o les afecten, y el derecho a ser consultados sobre medidas legislativas o administrativas que les puedan perjudicar.

Juan Carlos González

Derechos humanos, Control de convencionalidad

Es indispensable que los juzgadores y funcionarios judiciales mexicanos conozcan los tipos de afectación de los que puede ser víctima un ciudadano para favorecer la protección de sus derechos, aseguró Claudio Nash, experto en el sistema interamericano de derechos humanos.

“Las afectaciones pueden ser físicas, psíquicas o morales”.
Dentro del curso Derechos humanos, Control de convencionalidad los llamó a apegarse a la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana.

“Cuándo la Corte ha señalado que existe una afectación psíquica, lo ha señalado concretamente en casos de amenaza”.

El artículo quinto de la Convención Americana se refiere al derecho a la integridad personal.

Establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes… Toda persona privada de libertad será tratada con la dignidad inherente al ser humano.

La pena no puede trascender de la persona del delincuente.

Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento acorde a su condición de no condenados.

Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.

Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

Mario López Peña

Control de convencionalidad

El derecho a la vida es uno de los principales derechos en los que el control de convencionalidad, es decir la aplicación de los tratados internacionales, es fundamental para garantizar su respeto.

Así se destacó en el Curso de Derechos Humanos y Control de Convencionalidad, que se realiza en el Instituto de la Judicatura Federal.

“Si hay un derecho en que el que de verdad la herramienta del control de convencionalidad es importante es justamente respecto al derecho a la vida y porque digo esto porque en realidad el derecho a la vida estuvo plasmado muy limitadamente en nuestro texto constitucional”,
Graciela Rodríguez, Catedrática Escuela Libre de Derecho.

Graciela Rodríguez, catedrática de la Escuela Libre de Derecho explicó que hasta antes de la reforma constitucional del año pasado, el derecho a la vida sólo aparecía en dos artículos de la Carta Magma.

En el artículo 14, que señala que nadie puede ser privado de la vida y otro que se refiere a la prohibición de la pena de muerte.

Explicó que gracias a los tratados internacionales que México ha firmado, la pena de muerte no podrá ser restablecida en territorio nacional.

“El protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte en el ámbito interamericano lo prohíbe, lo cierto es que por el propio principio de progresividad esto no es posible, es decir nunca más se podría restablecer la pena de muerte en México”.

La especialista se refirió también al debate que se realizó en la Suprema Corte de Justicia en torno a la despenalización del aborto en el Distrito Federal.

Juan Carlos González

Derechos humanos y control de convencionalidad

Para garantizar el respeto de los derechos humanos, los jueces deben conocer e incorporar los tratados internacionales, pero sin reemplazar por completo la legislación interna.

Así lo señaló el asociado Senior del Centro Internacional para la Justicia Transicional, Cristián Correa, quien participó en el curso sobre derechos humanos y control de convencionalidad, que se realiza en el Instituto de la Judicatura Federal.

“Esto no es una cosa de que todas las normas del derecho interno ya no son aplicables, sino que es un ejercicio de ponderación, de en qué medida esta norma que parece cuestionada por una de las partes corresponde aplicarla o no corresponde aplicarla, no es un asunto simplemente de borrar a rajatabla con ese sistema”.

Aseguró que es responsabilidad del Estado adecuar la legislación interna para incorporar los tratados internacionales, pero cuando eso no sucede los jueces tienen una labor importante.

“Entonces es obligación de los jueces actuar como los últimos protectores de la coherencia que tiene que tener el Estado para adentro y para afuera y de cómo entonces aquello que ha suscrito y ratificado se incorpore no solamente en la letra de la ley sino que se incorpore en las decisiones concretas de los jueces”.

El especialista internacional también explicó la responsabilidad del Estado en actos internacionalmente ilícitos del Poder Judicial y las distintas formas de reparación a las víctimas.

Juan Carlos González

El impacto en el Poder Judicial y Legislativo de las sentencias de la CoIDH

La reforma de derechos humanos y el Caso Radilla, se trata de los sucesos más importantes en los últimos 70 años en el ámbito de la justicia.

La Ministra Olga Sánchez Cordero indicó que ello, propició un cambio en la interpretación del fuero militar y el control de convencionalidad.

Pero además, hoy se obliga al Estado Mexicano a investigar posibles violaciones a los derechos humanos y a reparar los daños que originan.

“Sí por supuesto, sería, digamos deseable tener una ley reglamentaria de reparación del daño por parte del estado, pero una interpretación directa de la constitución, ahí está la obligación del estado de reparar las violaciones a los derechos humanos y por supuesto, deberá prevenir, investigar y sancionar y reparar”.

Al participar en el coloquio en el que se abordó El impacto en el Poder Judicial y legislativo de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indicó que a la fecha el Estado Mexicano ha sido condenado en 6 ocasiones por violar estos derechos.

Precisó que hoy, todos los jueces están obligados a no aplicar normas que afecten estos derechos o que sean contrarias, a lo plasmado en tratados internacionales.

“Yo quiero manifestarles que, hay una, a veces hasta desconocimiento de las convenciones internacionales por parte de legisladores y de jueces de los diversos estados de la República”.

Indicó que las legislaturas locales y federales deben, armonizar el marco normativo a lo dispuesto en dichos tratados.

Normas por ejemplo sobre interés superior del menor, sobre adopción plena, sobre ninguna forma de discriminación a la mujer, y otras muchas normas, son normas cuya competencia es de los congresos estatales”.

Precisó que ya se han dado algunos pasos en este sentido, en el ámbito judicial, por ejemplo, al limitar el fuero militar.

José Luis Guerra García

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