Debido proceso y las garantías judiciales

Con las recientes reformas, la Constitución mexicana desarrolla de una manera mucho más detallada el debido proceso y las garantías judiciales, que los propios tratados internacionales.

Así lo señaló el Magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, Alexei Julio Estrada, al participar como ponente en el Curso de derechos humanos y control de convencionalidad.

“La Constitución mexicana tiene muchísimos artículos que versan sobre el debido proceso y las garantías judiciales… El artículo 13 que señala la garantía de juez natural, el principio de legalidad y prohíbe el juzgamiento de civiles por militares, el artículo 14 que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley”.

Destacó de igual forma el principio de debido proceso, el derecho de acceso a la administración de la justicia, así como la imparcialidad e independencia de los jueces, entre otros.

El magistrado colombiano explicó que estas garantías están contempladas en los tratados internacionales, sin embargo los jueces deben tomar en cuenta también otras fuentes del derecho internacional.

“Lo que realmente vuelve interesante a los tratados son los estándares que se elaboran a partir de tratados y todos esos estándares generalmente están incorporados en instrumentos del Soft Law, están incorporados en las jurisprudencias de organismos judiciales o cuasi judiciales con función de protección de derechos humanos”.

También están incorporados, dijo, en los principios desarrollados por los órganos creados por los mismos tratados o por expertos como son los relatores especiales.

Aclaró que estos estándares se deben aplicar no sólo para las personas que son enjuiciadas, sino también para las víctimas de algún delito, para sus familiares y en ciertos casos para las autoridades judiciales.

Juan Carlos González

Faltas al debido proceso

Toda autoridad está obligada a respetar el debido proceso, consideró el catedrático universitario, Francisco Ibarra.

Precisó que desde el inició de la averiguación, debe respetarse dicho principio, para no violentar el Estado de Derecho y propiciar con ello, una sentencia viciada, al partir de declaraciones obtenidas bajo presión o bien, que el inculpado no haya contado con una adecuada defensa.

“Por ejemplo en el caso de la materia penal, el respeto al debido proceso legal, debe comenzar desde el ministerio público, desde la averiguación previa, y el respeto a estos derechos, al conjunto de derechos que implica el debido proceso, también debe ser efectivo en el procedimiento jurisdiccional correspondiente, de otra manera lo que generarías es una gran incertidumbre una gran inseguridad jurídica no solamente para el indiciado si no para toda la sociedad”.

Sin embargo, se reconoce que es muy común que se viole dicho principio.

Un estudio de la FLACSO sobre las cárceles en México, revela que el 57 por ciento de los presos denunció amenazas y el 60 por ciento, que fue golpeado al momento de su detención.

El 92 por ciento de los reos denunció que no fue informado sobre la diferencia entre la etapa de la acusación y el juicio, 72 por ciento, que tenía derecho a no declarar y 70 por ciento que podía realizar una llamada.

Estas violaciones dan pie a impugnar por la vía del amparo, las sentencias con las que fueron condenados, buena parte de los más de 250 mil reclusos que hay en el país, según cifras de 2005.

Sin embargo, se advierte, que el subsanar estas violaciones no implica impunidad.

“Hay segmentos del proceso que si no se respetaron, serán suficientes para liberar a una persona, pero en otras ocasiones, no será suficiente para liberar a esta persona, se tendrá que repone si es posible esa parte, para que también esta persona sea sometida a un juicio con todas las garantías y no se le exima de responsabilidad antes de tiempo”.

El estudio revela, que más de 81 mil presos en distintas cárceles del país, se encuentra en prisión desde hace más de 2 años, sin que hasta la fecha, se les haya dictado la sentencia correspondiente.

José Luis Guerra García

Debido proceso de los menores de edad

El Instituto Nacional de Migración se ha convertido en uno de los principales agentes de violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, aseguraron investigadores.

Entre los abusos más preocupantes, destacaron las violaciones al debido proceso de los menores de edad detenidos en todos los casos.

“No hay un procedimiento, no hay nada, no hay un expediente administrativo, mucho menos judicial, que es lo que debería suceder… Estamos hablando de una detención que se produce de manera automática, no hay un expediente, no hay alguien, ni el INAMI, ni un juez, ni ningún otro organismo que diga porqué tal persona de tal están en tales circunstancias que tiene que ir a un centro de detención”, Pablo Ceriani, Consultor UNICEF.

“No se justifica en ningún momento la detención, no se hace la canalización, existen ausencias de medidas alternativas, ya que como comentaba, la mayoría tiene que pasar por un centro de detención”, Lourdes Rosas, Inv. Centro Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.

De acuerdo con un estudio sobre los derechos de la niñez migrante en la frontera México-Guatemala, en 2011 se detuvieron y repatriaron más de cuatro mil niñas, niños y adolescentes.

Para finales de 2012, fueron más de seis mil los menores de edad detenidos y repatriados.

“Aumentó un 50 por ciento las detenciones de niñas y niños al término del 2012… El 90 por ciento de niños y niñas siguen en condiciones de indefensión en los centros de detención que son aproximadamente más de 50 en el país”.
Destacaron que el DIF contribuye a la violación de sus derechos.

“Existe la detención de niños que trabajan, detención de mayores de trece años porque el DIF no acepta niñas, niños mayores de trece años”.
Lamentaron que las autoridades migratorias desconozcan los estándares de la convención sobre los derechos del niño, en el trato de las niñas, niños y adolescentes migrantes.

Mario López Peña

Defensa del debido proceso

La Corte ha emitido criterios contundentes en defensa del debido proceso.

En el 2009, 20 indígenas vinculados al caso Acteal fueron liberados por orden del Máximo Tribunal.

Las sentencias que los condenaban hasta con 40 años de prisión, se basaron en pruebas ilícitas y testimonios prefabricados.

Reglas que incluyen el principio de presunción de inocencia, de ser puesto de inmediato a disposición del ministerio público, de no ser retenido por la policía, de contar con un defensor y tratándose de indígenas de un traductor.

Para los abogados de algunos de los indígenas liberados entre 2009 y 2012, el mensaje que envía la corte al resolver estos juicios es claro:

Toda prueba que vulnere derechos fundamentales o viole el debido proceso no puede ser tomada en cuenta.

“No había reglas claras para que este tipo de pruebas fueran excluidas del expediente, la exclusión de la prueba ilícita si está relacionada con el principio de inocencia porque mide la calidad de la prueba, y entonces, si vulnera los derechos fundamentales, no puede sostenerse una sentencia, porque sería un total sin sentido, que yo, violando los derechos de una persona trate de decir que mi sentencia es legal, que tiene validez”, Javier Cruz Angulo, Abogado CIDE.

Coinciden en que el respeto al debido proceso no implica poner en libertad a presuntos criminales.

“Lo que nosotros buscamos es que a través de esta determinación se puedan visibilizar estas deficiencias estructurales y podamos caminar hacía una trasformación en el sistema de procuración de justicia para que casos como este dejen de suceder en nuestro país”, Simón Hernández de León, Abogado Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Los familiares de algunas personas a las que se les violó su derecho al debido proceso consideran que los responsables deben ser sancionados.

“Si alguien obró mal, que pague por esa injusticia o esa mala fe que nos tuvieron y por el mal que nos hicieron a toda mi familia”, Rosalba Ramírez, Madre de Hugo Sánchez.

En total, en los últimos tres años la Corte ha liberado a 40 personas por violaciones al debido proceso.

Verónica González

El debido proceso es un derecho fundamental

El debido proceso es un derecho fundamental que todas las autoridades están obligadas a proteger y respetar.

Derecho que se compone de distintas garantías, explicaron especialistas en el tema.

“El debido proceso se integra por estas distintas garantías, entre las que se encuentran por ejemplo el derecho a tener un abogado cada vez que uno es incriminado de algo, el derecho a ser oído antes de ser vencido en un juicio, el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, por un juzgado imparcial que exista antes que los hechos se cometan, por supuesto, el principio de presunción de inocencia”, Carlos Pérez, Coordinador Derechos Humanos y Asesor, Presidencia SCJN.

Principio que si es violado por la autoridad, podría implicar la anulación del proceso judicial, explicaron especialistas.


“Si no se respetan los derechos de las víctimas, los derechos del victimario, entonces volveríamos a las épocas de la inquisición, a las épocas de la tortura, a las épocas de la desaparición, ha épocas terribles que ha vivido la humanidad en nuestro país, entonces respetar el debido proceso, da la certeza de que cuando el estado acusa a alguien y se le sanciona, tiene la razón de ello”,
Luis Madrigal, Presidente Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Sin embargo, se reconoce que las violaciones al debido proceso, es la principal debilidad del sistema de justicia.

La mayoría de procesos penales, se ha dicho, están viciados de origen.
Precisaron que es en la fase de la detención, es en donde más abusos se cometen y en donde menos garantías tiene el implicado.

Indicaron que sigue siendo común la tortura, la fabricación de pruebas y que el indiciado declare sin la asesoría de su abogado.

“Digamos ese sería el criterio idóneo creo yo en términos del debido proceso legal, si una persona llega ante un juez torturado, eso bastaría para anular un proceso penal”, Miguel Carbonell, Investigador IIJ-UNAM.

Mencionaron que el sistema legal, está diseñado para corregir errores cometidos durante el proceso penal.

“La labor de la corte también llega al punto de poder revisar y enmendar en su caso los vicios, los errores en materia de debido proceso, cometan otras autoridades, sean estos jueces, sean estos procuradores o miembros del sistema de procuración o administración de justicia o incluso, fuerzas policiales”, Carlos Pérez, Coordinador Derechos Humanos y Asesor, Presidencia SCJN.

Manifestaron que cuando se corrige un proceso viciado, se busca conocer la verdad de los sucesos delictivos.

José Luis Guerra García

En los últimos tres años la SCJN liberó a 40 personas por violaciones al debido proceso

En los últimos tres años la Suprema Corte liberó a 40 personas por violaciones al debido proceso.

Pruebas ilícitas, testimonios falsos, la puesta sin demora ante el ministerio público y derecho a tener un traductor.
Derechos que pasó por alto la autoridad cuando las detuvo y las consignó.

Al resolver diversos juicios de amparo y de reconocimiento de inocencia, el Tribunal Constitucional ha construido una larga cadena de precedentes garantistas y de respeto a derechos fundamentales como el debido proceso.

Juan Pérez Herández es uno de los 40 casos en que se revocó una sentencia de 35 años de prisión.

“Pasé 14 años, un poco más, privado de mi libertad injustamente…Pensé mucho cuando estuve detenido… ¿Por qué no hay justicia Dios?”.

A Juan lo acusaron de haber participado en la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas en diciembre de 1997.

“Cuando me detuvieron tenía yo 22 años, a penas estoy formando mi hogar, mi familia mi esposa, cuando me detuvieron, tenía mi hija de 6 años y otro de 4 años, mi hijo y después tuve otro hijo pasando tres años en la cárcel un varoncito y cuándo tenía 6 meses mi hijo, murió mi esposa por una enfermedad natural”.

Pasó los primeros nueve años de su condena sin saber qué delito había cometido.

“No teníamos orden de aprehensión, sólo porque nos encontramos a gente que iba a enterrar los muertos y ahí se dieron cuenta que es un camión de la presidencia y ahí nos señalaron nada más de odio o de coraje”.

En el 2006 los abogados del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE decidieron llevar su defensa.

Bastaba con ver la averiguación previa para darse cuenta de las irregularidades del juicio.

“En las primeras 100 hojas se encuentra que hay listados de culpables y que la persona que había redactado los listados de culpables, había declarado que no hablaba castellano sino que solo hablaba el tzotzil, entonces la prueba la habían fabricado para hacer un listado de culpables”, Javier Cruz Angulo, Abogado CIDE.

Promovieron un juicio de amparo, pero lo perdieron.

“Algunos argumentos que el Juez retomaba los retomaba de Wikipedia… Dijo, bueno yo tengo a mi disposición tales armas a mi me dicen las periciales que los disparos que se encuentran en la ermita son de tal arma y entonces yo llegó a la conclusión de que estas armas son las que dispararon”.

El juez dio valor a testimonios falsos.

“Digo, esto es gravísimo porque eran testigos de oídas de tres oídas es decir, a mi Pedro me dijo Juan que Pablo que había estado ahí… Esto era muy gravoso porque estaba desacatando lo que ya había dicho la Corte, que un testigo declara realmente de lo que él ve, no puede declarar de lo que le cuentan”.

Los abogados armaron su defensa con base en los criterios que estableció la Corte en el 2009 sobre el derecho al debido proceso.

“Es ilícito que la policía judicial elabore y ponga en manos de un testigo una lista que contiene los nombres de las personas que después ese mismo testigo identificará como responsables”, Juan Silva Meza, Ministro SCJN.

El uno de febrero de 2012 Juan obtuvo su libertad.

“Se instruye a la secretaria de esta 1ª Sala para que proceda a notificar de la forma más efectiva posible a las autoridades correspondientes para que procedan a la inmediata liberación”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro Presidente 1ª Sala SCJN.

Juan y otros seis indígenas tzotziles salieron de la prisión del Amate, en Cintalapa Chiapas.

“No estoy esposado cada vez cuando salgo en la diligencia tengo que salir esposado con custodia… A los 14 años ya no, de emoción me sentí desmayado”, Juan Pérez Hernández.

Para los abogados la sentencia de la Corte va más allá del Caso Acteal, ya que estableció un criterio jurídico sin precedentes.

“Fallan con un punto esencial, que es la creación de la regla de la exclusión de prueba ilícita. Entonces dicen que toda prueba que vulnere derechos fundamentales o vulnere la propia ley no puede ser tomada en consideración”, Javier Cruz Angulo, Abogado CIDE.

Consideran que el respeto al debido proceso es fundamental para alcanzar un verdadero Estado de Derecho.

“Empieza a girar nuestro sistema hacía los principios constitucionales que protegen a las personas, los derechos fundamentales de los gobernados… Nuestra Suprema Corte está mandando los mensajes constitucionales hacía abajo de cómo debe ser nuestra justicia penal”.

Juan quiere que la resolución de la Corte trascienda aún más.

“Todavía hay 28 ahí en el Amate… Si supiera yo que ellos se quedaron y que son culpables pues ya no me intereso, pero viví con ellos sufrí con ellos… Son inocentes… Estoy abogando por ellos, lástima que no puedo presentar los incidentes, pero estoy pidiéndole a Dios, Señor dame otro abogado, yo se que la Suprema Corte lo está entendiendo que hay muchos inocentes todavía, eso es lo que me duele y me lastima en mi corazón que todavía siguen ahí”.

Juan ya está con sus tres hijos… El encuentro con su esposa ya no pudo ser… Ella murió cuando él estaba en prisión.

“Voy pidiéndole a Dios formar mi nueva vida, a los que me acusaron a mi no sé, que él fue, no les guardo rencor, sé que un día tenemos la Justicia, único que yo necesito es volver con mi familia a formarme una nueva vida”.

Verónica González

Respeto al debido proceso

El Estado tiene la facultad de castigar las conductas indebidas, pero siempre respetando los derechos de los involucrados en un delito.

Si la policía, el ministerio público, encargado de la investigación, viola el debido proceso, que no es otra cosa, que violar los derechos de las víctimas o el inculpado, ese proceso judicial debe ser anulado, afirmó el Presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Luis Madrigal.

Si no se respetan los derechos de las víctimas, los derechos del victimario, entonces volveríamos a las épocas de la inquisición, a las épocas de la tortura, a las épocas de la desaparición, ha épocas terribles que ha vivido la humanidad en nuestro país, entonces respetar el debido proceso, da la certeza de que cuando el estado acusa a alguien y se le sanciona, tiene la razón de ello”.

Indicó que la principal violación a este principio, la cometen los integrantes de cuerpos policiacos, quienes no ponen a disposición del ministerio público de manera inmediata al detenido, como lo marca la Constitución.

“Nuestra constitución establece que cuando la policía detiene a una persona, esta debe ser puesta en forma inmediata ante la autoridad correspondiente, no habla de 2 horas, 4 horas o 24 horas, habla de forma inmediata, si esto no existiera la policía podría llevarse a una persona secuestrada, torturarla, hacer miles de cosas y después, ya cuando obtuvo una confesión, cuando obtuvo lo que quiso de esa persona, entonces la pone a disposición de la autoridad, eso es lo que no permite nuestro sistema normativo”.

Reconoció que este tipo de violaciones, se está comenzando a utilizar de manera recurrente para pedir la libertad de una persona condena por un delito.

“Fue común, muy común en años, en décadas anteriores y esto había realmente aminorado, porque la autoridad había entendido que tenía que respetar los derechos, sin embargo, de repente vemos, nuevamente este tipo de casos no, y yo creo que la corte debe establecer claramente que esto no es permisible”.

Manifestó que en muchos casos estas violaciones al debido proceso se dan de manera intencional, lo cual no de tolerarse, y los responsables deben ser sancionados.

José Luis Guerra García

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