Defensa del debido proceso

La Corte ha emitido criterios contundentes en defensa del debido proceso.

En el 2009, 20 indígenas vinculados al caso Acteal fueron liberados por orden del Máximo Tribunal.

Las sentencias que los condenaban hasta con 40 años de prisión, se basaron en pruebas ilícitas y testimonios prefabricados.

Reglas que incluyen el principio de presunción de inocencia, de ser puesto de inmediato a disposición del ministerio público, de no ser retenido por la policía, de contar con un defensor y tratándose de indígenas de un traductor.

Para los abogados de algunos de los indígenas liberados entre 2009 y 2012, el mensaje que envía la corte al resolver estos juicios es claro:

Toda prueba que vulnere derechos fundamentales o viole el debido proceso no puede ser tomada en cuenta.

“No había reglas claras para que este tipo de pruebas fueran excluidas del expediente, la exclusión de la prueba ilícita si está relacionada con el principio de inocencia porque mide la calidad de la prueba, y entonces, si vulnera los derechos fundamentales, no puede sostenerse una sentencia, porque sería un total sin sentido, que yo, violando los derechos de una persona trate de decir que mi sentencia es legal, que tiene validez”, Javier Cruz Angulo, Abogado CIDE.

Coinciden en que el respeto al debido proceso no implica poner en libertad a presuntos criminales.

“Lo que nosotros buscamos es que a través de esta determinación se puedan visibilizar estas deficiencias estructurales y podamos caminar hacía una trasformación en el sistema de procuración de justicia para que casos como este dejen de suceder en nuestro país”, Simón Hernández de León, Abogado Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Los familiares de algunas personas a las que se les violó su derecho al debido proceso consideran que los responsables deben ser sancionados.

“Si alguien obró mal, que pague por esa injusticia o esa mala fe que nos tuvieron y por el mal que nos hicieron a toda mi familia”, Rosalba Ramírez, Madre de Hugo Sánchez.

En total, en los últimos tres años la Corte ha liberado a 40 personas por violaciones al debido proceso.

Verónica González

El debido proceso es un derecho fundamental

El debido proceso es un derecho fundamental que todas las autoridades están obligadas a proteger y respetar.

Derecho que se compone de distintas garantías, explicaron especialistas en el tema.

“El debido proceso se integra por estas distintas garantías, entre las que se encuentran por ejemplo el derecho a tener un abogado cada vez que uno es incriminado de algo, el derecho a ser oído antes de ser vencido en un juicio, el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, por un juzgado imparcial que exista antes que los hechos se cometan, por supuesto, el principio de presunción de inocencia”, Carlos Pérez, Coordinador Derechos Humanos y Asesor, Presidencia SCJN.

Principio que si es violado por la autoridad, podría implicar la anulación del proceso judicial, explicaron especialistas.


“Si no se respetan los derechos de las víctimas, los derechos del victimario, entonces volveríamos a las épocas de la inquisición, a las épocas de la tortura, a las épocas de la desaparición, ha épocas terribles que ha vivido la humanidad en nuestro país, entonces respetar el debido proceso, da la certeza de que cuando el estado acusa a alguien y se le sanciona, tiene la razón de ello”,
Luis Madrigal, Presidente Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Sin embargo, se reconoce que las violaciones al debido proceso, es la principal debilidad del sistema de justicia.

La mayoría de procesos penales, se ha dicho, están viciados de origen.
Precisaron que es en la fase de la detención, es en donde más abusos se cometen y en donde menos garantías tiene el implicado.

Indicaron que sigue siendo común la tortura, la fabricación de pruebas y que el indiciado declare sin la asesoría de su abogado.

“Digamos ese sería el criterio idóneo creo yo en términos del debido proceso legal, si una persona llega ante un juez torturado, eso bastaría para anular un proceso penal”, Miguel Carbonell, Investigador IIJ-UNAM.

Mencionaron que el sistema legal, está diseñado para corregir errores cometidos durante el proceso penal.

“La labor de la corte también llega al punto de poder revisar y enmendar en su caso los vicios, los errores en materia de debido proceso, cometan otras autoridades, sean estos jueces, sean estos procuradores o miembros del sistema de procuración o administración de justicia o incluso, fuerzas policiales”, Carlos Pérez, Coordinador Derechos Humanos y Asesor, Presidencia SCJN.

Manifestaron que cuando se corrige un proceso viciado, se busca conocer la verdad de los sucesos delictivos.

José Luis Guerra García

En los últimos tres años la SCJN liberó a 40 personas por violaciones al debido proceso

En los últimos tres años la Suprema Corte liberó a 40 personas por violaciones al debido proceso.

Pruebas ilícitas, testimonios falsos, la puesta sin demora ante el ministerio público y derecho a tener un traductor.
Derechos que pasó por alto la autoridad cuando las detuvo y las consignó.

Al resolver diversos juicios de amparo y de reconocimiento de inocencia, el Tribunal Constitucional ha construido una larga cadena de precedentes garantistas y de respeto a derechos fundamentales como el debido proceso.

Juan Pérez Herández es uno de los 40 casos en que se revocó una sentencia de 35 años de prisión.

“Pasé 14 años, un poco más, privado de mi libertad injustamente…Pensé mucho cuando estuve detenido… ¿Por qué no hay justicia Dios?”.

A Juan lo acusaron de haber participado en la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas en diciembre de 1997.

“Cuando me detuvieron tenía yo 22 años, a penas estoy formando mi hogar, mi familia mi esposa, cuando me detuvieron, tenía mi hija de 6 años y otro de 4 años, mi hijo y después tuve otro hijo pasando tres años en la cárcel un varoncito y cuándo tenía 6 meses mi hijo, murió mi esposa por una enfermedad natural”.

Pasó los primeros nueve años de su condena sin saber qué delito había cometido.

“No teníamos orden de aprehensión, sólo porque nos encontramos a gente que iba a enterrar los muertos y ahí se dieron cuenta que es un camión de la presidencia y ahí nos señalaron nada más de odio o de coraje”.

En el 2006 los abogados del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE decidieron llevar su defensa.

Bastaba con ver la averiguación previa para darse cuenta de las irregularidades del juicio.

“En las primeras 100 hojas se encuentra que hay listados de culpables y que la persona que había redactado los listados de culpables, había declarado que no hablaba castellano sino que solo hablaba el tzotzil, entonces la prueba la habían fabricado para hacer un listado de culpables”, Javier Cruz Angulo, Abogado CIDE.

Promovieron un juicio de amparo, pero lo perdieron.

“Algunos argumentos que el Juez retomaba los retomaba de Wikipedia… Dijo, bueno yo tengo a mi disposición tales armas a mi me dicen las periciales que los disparos que se encuentran en la ermita son de tal arma y entonces yo llegó a la conclusión de que estas armas son las que dispararon”.

El juez dio valor a testimonios falsos.

“Digo, esto es gravísimo porque eran testigos de oídas de tres oídas es decir, a mi Pedro me dijo Juan que Pablo que había estado ahí… Esto era muy gravoso porque estaba desacatando lo que ya había dicho la Corte, que un testigo declara realmente de lo que él ve, no puede declarar de lo que le cuentan”.

Los abogados armaron su defensa con base en los criterios que estableció la Corte en el 2009 sobre el derecho al debido proceso.

“Es ilícito que la policía judicial elabore y ponga en manos de un testigo una lista que contiene los nombres de las personas que después ese mismo testigo identificará como responsables”, Juan Silva Meza, Ministro SCJN.

El uno de febrero de 2012 Juan obtuvo su libertad.

“Se instruye a la secretaria de esta 1ª Sala para que proceda a notificar de la forma más efectiva posible a las autoridades correspondientes para que procedan a la inmediata liberación”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro Presidente 1ª Sala SCJN.

Juan y otros seis indígenas tzotziles salieron de la prisión del Amate, en Cintalapa Chiapas.

“No estoy esposado cada vez cuando salgo en la diligencia tengo que salir esposado con custodia… A los 14 años ya no, de emoción me sentí desmayado”, Juan Pérez Hernández.

Para los abogados la sentencia de la Corte va más allá del Caso Acteal, ya que estableció un criterio jurídico sin precedentes.

“Fallan con un punto esencial, que es la creación de la regla de la exclusión de prueba ilícita. Entonces dicen que toda prueba que vulnere derechos fundamentales o vulnere la propia ley no puede ser tomada en consideración”, Javier Cruz Angulo, Abogado CIDE.

Consideran que el respeto al debido proceso es fundamental para alcanzar un verdadero Estado de Derecho.

“Empieza a girar nuestro sistema hacía los principios constitucionales que protegen a las personas, los derechos fundamentales de los gobernados… Nuestra Suprema Corte está mandando los mensajes constitucionales hacía abajo de cómo debe ser nuestra justicia penal”.

Juan quiere que la resolución de la Corte trascienda aún más.

“Todavía hay 28 ahí en el Amate… Si supiera yo que ellos se quedaron y que son culpables pues ya no me intereso, pero viví con ellos sufrí con ellos… Son inocentes… Estoy abogando por ellos, lástima que no puedo presentar los incidentes, pero estoy pidiéndole a Dios, Señor dame otro abogado, yo se que la Suprema Corte lo está entendiendo que hay muchos inocentes todavía, eso es lo que me duele y me lastima en mi corazón que todavía siguen ahí”.

Juan ya está con sus tres hijos… El encuentro con su esposa ya no pudo ser… Ella murió cuando él estaba en prisión.

“Voy pidiéndole a Dios formar mi nueva vida, a los que me acusaron a mi no sé, que él fue, no les guardo rencor, sé que un día tenemos la Justicia, único que yo necesito es volver con mi familia a formarme una nueva vida”.

Verónica González

Respeto al debido proceso

El Estado tiene la facultad de castigar las conductas indebidas, pero siempre respetando los derechos de los involucrados en un delito.

Si la policía, el ministerio público, encargado de la investigación, viola el debido proceso, que no es otra cosa, que violar los derechos de las víctimas o el inculpado, ese proceso judicial debe ser anulado, afirmó el Presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Luis Madrigal.

Si no se respetan los derechos de las víctimas, los derechos del victimario, entonces volveríamos a las épocas de la inquisición, a las épocas de la tortura, a las épocas de la desaparición, ha épocas terribles que ha vivido la humanidad en nuestro país, entonces respetar el debido proceso, da la certeza de que cuando el estado acusa a alguien y se le sanciona, tiene la razón de ello”.

Indicó que la principal violación a este principio, la cometen los integrantes de cuerpos policiacos, quienes no ponen a disposición del ministerio público de manera inmediata al detenido, como lo marca la Constitución.

“Nuestra constitución establece que cuando la policía detiene a una persona, esta debe ser puesta en forma inmediata ante la autoridad correspondiente, no habla de 2 horas, 4 horas o 24 horas, habla de forma inmediata, si esto no existiera la policía podría llevarse a una persona secuestrada, torturarla, hacer miles de cosas y después, ya cuando obtuvo una confesión, cuando obtuvo lo que quiso de esa persona, entonces la pone a disposición de la autoridad, eso es lo que no permite nuestro sistema normativo”.

Reconoció que este tipo de violaciones, se está comenzando a utilizar de manera recurrente para pedir la libertad de una persona condena por un delito.

“Fue común, muy común en años, en décadas anteriores y esto había realmente aminorado, porque la autoridad había entendido que tenía que respetar los derechos, sin embargo, de repente vemos, nuevamente este tipo de casos no, y yo creo que la corte debe establecer claramente que esto no es permisible”.

Manifestó que en muchos casos estas violaciones al debido proceso se dan de manera intencional, lo cual no de tolerarse, y los responsables deben ser sancionados.

José Luis Guerra García

Debido proceso y derechos humanos

La violación al debido proceso es la principal debilidad del sistema de justicia, aseguraron especialistas en el tema.

La mayoría de procesos penales, se dijo, están viciados de origen.

Pues al responsable de un delito, se le detiene de manera ilegal y en la mayoría de casos, es víctima de abusos y maltratos.

Según encuestas del CIDE, estas violaciones se cometen entre el momento de la detención y la puesta a disposición del ministerio público.

“Cuando tú le preguntas a los sentenciados si alguien los humilló, los lastimó, o los amenazó, el 47 por ciento de la población en reclusión dicen que eso pasó. Cuando les preguntas qué funcionario fue, fue la policía”, Ana Laura Magaloni, Investigadora CIDE.

Precisaron que es en la fase de la detención, en donde más abusos se cometen y en donde menos garantías tiene el inculpado.

Indicaron que sigue siendo común, que se torture al acusado e incluso a los testigos. Que la evidencia probatoria, carezca de certidumbre, pues en ciertos casos se trata de pruebas fabricadas y el inculpado, normalmente declara sin estar acompañado de su abogado.

“Digamos ese sería el criterio idóneo creo yo en términos de debido proceso legal, si una persona llega ante un juez torturado, eso bastaría para anular un proceso penal. Sí, un juez no puede abrir un proceso penal contra una persona que haya sido torturada, eso es una línea roja, eso es algo que no podemos permitir en ningún caso”, Miguel Carbonell, Investigador IIJ-UNAM.

Recordaron que una persona solo puede ser condenada por un delito, cuando hay pruebas contundentes de ello, en el expediente.

“Tendría que haber en el expediente que se me abriera, en la averiguación previa, en el proceso, etcétera, pruebas suficientes que demostraran que soy culpable de ese delito, de otra manera estaríamos dando pie, abriendo la puerta a violaciones gravísimas contra los derechos humanos”, Luis de la Barreda, Coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos UNAM.

Manifestaron que otras violaciones al debido proceso, son:

No ser puesto a disposición del ministerio público de inmediato.

No contar con asesoría legal.

Ser presentado ante los medios de comunicación, lo que viola el principio de presunción de inocencia.

Señalaron que este tipo de violaciones impiden conocer la verdad y hacer justicia en un determinado asunto.

José Luis Guerra García

¿Qué es el debido proceso?

El debido proceso es el respeto a los derechos de una persona durante un juicio—incluso desde la propia averiguación previa—plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales, encaminados a la obtención de una resolución equilibrada y justa.

“Nuestras leyes nos dicen desde la investigación de los delitos qué es lo que tenemos que hacer las autoridades, cómo debemos detener a las personas, qué derechos les debemos garantizar a los presuntos responsables, dónde los debemos llevar, lo dice todo de manera muy clara, ese es el debido proceso… En el caso de Florence Cassez, justamente lo que faltó fue eso”, Alicia Elena Pérez Duarte Y Noroña, Investigadora IIJ UNAM.

“Son todas aquellas condiciones que permiten concluir que una persona es responsable de la conducta que se le imputa y por tanto acreedora de la sanción jurídica que contempla, en este caso, el código penal”, Mónica González Contró, Investigadora IIJ UNAM.

La resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Florence Cassez, atendió a la protección de este derecho fundamental.

En estricto derecho es lo que se tenía que hacer… El sentido de la resolución es el sentido correcto jurídicamente hablando y desde el punto de vista de los derechos humanos”, Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, Investigadora IIJ UNAM.

“Este caso en concreto, así como muchos otros de personas que están privadas de libertad, es algo que nos podría ocurrir a cualquiera de nosotros… Esto es algo que no está dentro del ambiente y que no nos damos cuenta que esta decisión de la Suprema Corte de Justicia es especialmente importante porque impide que nos pueda ocurrir a cualquiera de nosotros esta situación”, Mónica González Contró, Investigadora IIJ UNAM.

Un derecho fundamental es aquel que le pertenece a la persona por el sólo hecho de serlo.

Entre ellos se encuentran: el debido proceso, el derecho a la igualdad, a la libertad, a la presunción de inocencia, tener un perito traductor e intérprete, en caso de ser extranjero, tener derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención.

Estos derechos se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetan la condición humana, y constituyen un límite en la actuación del Estado.

Mario López Peña

Debido proceso, derecho fundamental

El debido proceso es un derecho fundamental, que todas las autoridades están obligadas a respetar y proteger.

Derecho que se compone de distintas garantías, explicó el Coordinador de Derechos Humanos y Asesor de la Presidencia de la Suprema Corte, Carlos Pérez.

“El debido proceso se integra por estas distintas garantías entre las que se encuentran por ejemplo el derecho a tener un abogado cada vez que uno es incriminado de algo, el derecho a ser oído antes de ser vencido en un juicio, el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, por un juzgado imparcial que exista antes que los hechos se cometan, por supuesto el principio de presunción de inocencia.” Carlos Pérez, Coordinador Derechos Humanos y Asesor Presidencia SCJN.

Derecho que es inherente a toda persona, reconocido por la constitución y tratados internacionales firmados por México.

“Una muy importante producto de la Revolución Francesa, que se repite en la constitución americana, en nuestra constitución y en todas las constituciones de los países democráticos, es que las autoridades al hacer su trabajo se ciñan a las reglas, a las normas establecidas por las constitución y por las leyes y que conforman el debido proceso legal, no pueden restringirse, no pueden cancelarse derecho, si no se sigue el proceso legal.” Carlos Pérez, Coordinador Derechos Humanos y Asesor Presidencia SCJN.

Precisó que el sistema legal está diseñado para subsanar errores cometidos, durante todo proceso judicial.

“La labor de la corte también llega al punto de poder revisar y enmendar en su caso los vicios, los errores en materia de debido proceso cometan otras autoridades, sea estos jueces, sean estos procuradores o miembros del sistema de procuración o administración de justicia o incluso, fuerzas policiales.” Carlos Pérez, Coordinador Derechos Humanos y Asesor Presidencia SCJN.

Puntualizó que casos como Acteal y Cassez, dejan como lección, que ninguna autoridad, puede apartarse de lo que marca la ley.

“Porque tenemos todos una garantía ahora muy claramente establecida de que, si hay… al enfrentarnos a la autoridad en nuestra vida cotidiana, la autoridad se equivoca por omisiones de buena o mala fe, nuestro sistema institucional nos permite saber que hay una garantía de reparación, de restauración y de enmienda de todo aquello que las propias autoridades han ocasionado.” Carlos Pérez, Coordinador Derechos Humanos y Asesor Presidencia SCJN.

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