El Pleno declaró sin materia una contradicción de tesis entre la Primera Sala y Segunda Sala

El Pleno de la Corte declaró sin materia una contradicción de tesis entre la Primera y Segunda Salas de la Corte.

Determinación que se adoptó debido a que las salas, han variado sus criterios sobre los temas en contradicción.

En este caso, se habría de determinar si la sentencia de amparo debe ser notificada personalmente, cuando el tribunal colegiado, estime que puede existir una cuestión propiamente de constitucionalidad.

Establecer si la legalidad de la notificación en el juicio de amparo, solo puede analizarse dentro del incidente previsto en el artículo 32 de la Ley en la materia.

Además de definir, si para realizar el cómputo, respecto de la presentación del recurso de revisión, debe tomarse en cuenta la notificación practicada en términos del artículo 86 de la Ley de amparo.

Y nos hemos dado cuenta de que ambas salas, han estado variando algunos de estos criterios, en esa medida, considero que sería complicado en este momento, que el pleno se pronunciara en relación con los puntos que aquí se especifican, porque insisto varios de los criterios que conforman esta contradicción, han sido modificados por las 2 solas de este alto tribunal, en esa medida señor presidente, yo modificaría la propuesta del proyecto, para proponer que con base en estas modificaciones, la presente contradicción de tesis ha quedado sin materia”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Sin embargo, no se descartó que en lo futuro se retome la discusión sobre los temas que habían entrado en conflicto.

“Estamos ciertos que esta problemática que se presenta, no habrá de dejar de presentarse, habrá algunas otras situaciones y tendrán que irse decantando los criterios por las salas en su oportunidad”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

La resolución adoptada se aprobó en forma económica, por unanimidad.

José Luis Guerra García

En la próxima sesión del Pleno de la SCJN

En su próxima sesión, el Pleno de la Suprema Corte estudiará dos controversias constitucionales, promovidas por los poderes Legislativo y Ejecutivo de Baja California.

En uno de ello, el Congreso de esa entidad pide definir si las observaciones realizadas por el gobernador al decreto que reforma la Ley orgánica del Congreso, viola el principio de división de poderes. en tanto que en la segunda controversia, el ejecutivo estatal, pide definir si es constitucional el artículo que señalaba la entrada en vigor del decreto, una fecha previa a su publicación el periódico oficial del estado. en lista también se encuentran dos contradicciones de tesis, suscitadas entre tribunales colegiados.

Recursos en los que deberán decidir, si de conformidad con la fracción v del artículo 107 de la nueva Ley de amparo, en contra de la resolución que resuelve respecto de la falta de personalidad en un juicio laboral, procede juicio de amparo indirecto y si este es un acto de imposible reparación. en consecuencia, determinarán si continúa vigente la jurisprudencia correspondiente.

Nuevo sistema de Justicia Penal. Curso de sensibilización

El Poder Judicial de la Federación opera con el nuevo sistema de justicia penal, con base en la Ley de Amparo, reformada en abril de 2013.

Así lo aseguró el magistrado Juan José Olvera López, en la primera clase de “Nuevo sistema de Justicia Penal. Curso de sensibilización”, que se imparte a juzgadores federales y personal de los órganos jurisdiccionales, en el Instituto de la Judicatura Federal.

“En términos reales el Poder Judicial de la Federación ya está operando el nuevo sistema de justicia penal a través del juicio de amparo, muchos compañeros juzgadores que a través del juicio de amparo indirecto ya están estableciendo las bases definitivas cómo debe entenderse una u otra figura”.

Dijo que con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, se facilitará la labor de los impartidores de justicia.

“Ya tenemos un Código Nacional. A partir de entonces, a partir de estos días, aquí lo estaremos viendo en estos días, vendrá un proceso de inicio, de inicio gradual, regido por diferentes criterios, pero en lo inmediato más menos seis meses, eso no se ha definido, habrá un calendario en el que se establezcan fechas y regiones de inicio”.

El “Nuevo Sistema de Justicia Penal. Curso de sensibilización” se impartirá en 48 extensiones y aulas del Instituto de la Judicatura Federal en el país y en el edificio sede, al que asisten dos mil 137 personas: 62 magistrados, 69 jueces, 994 secretarios de tribunal y juzgado, 115 actuarios, 636 personal operativo, 261 externos al algunas de las sedes.

Con estos cursos, el Consejo de la Judicatura Federal mantiene su compromiso de capacitar y actualizar a todo su personal en favor de los justiciables.

Heriberto Ochoa

SCJN publica acuerdo del Pleno 4/2014

La Corte publicó el acuerdo del Pleno 4/2014 en el que pide aplazar la resolución de los amparos directos y recursos de queja, promovidos en contra de sentencias y proveídos, que afecten la libertad personal presentados a partir del 3 de abril de 2013, hasta que el Máximo Tribunal resuelva diez contradicciones de tesis sobre el tema, conforme a lo previsto en los artículos 17 y quinto transitorio de la nueva Ley de amparo. 

Resoluciones de las Salas de la SCJN

La Primera Sala de la Corte declaró la invalidez  del acuerdo, por el cual, el gobernador de Morelos, designó al consejero del Poder Judicial Local, representante del Ejecutivo estatal, dando con ello por terminado el nombramiento del consejero, Jesús Antonio Tallabas Ortega.

Decisión ilegal que se adoptó, argumentando que el  gobernador tenía la facultad de remover libremente al consejero por él designado, lo que los ministros consideraron violatorio de los principios de división de poderes, autonomía e independencia judicial, previstos en el artículo 116 constitucional.

La remoción de tallabas ortega fue indebida, ya que si bien su designación fue para un periodo de 5 años, después se aprobó una reforma a la constitución que amplió su gestión a 6 años.

Los ministros recordaron que el Pleno del Máximo Tribunal, había declarado la invalidez del artículo 92 de la Constitución de Morelos, que permitía al igual que el 114 de la Ley orgánica del Poder Judicial Local, remover libremente a los consejeros designados por los poderes legislativo y ejecutivo del Estado.

La Segunda Sala resolvió que la fracción quinta del artículo 172 de la nueva Ley de amparo, no viola el principio de justicia pronta, completa y efectiva.

Disposición que establece que el desechamiento o resolución ilegal de un incidente de nulidad, constituye una violación a las reglas del procedimiento  que puede afectar la defensa del quejoso y trascender  al fallo, lo que puede impugnarse vía amparo directo, lo que no contravienen dichos principios.

Los ministros indicaron que el incidente de nulidad busca que se analice la formalidad y regularidad procesal, de los actos emitidos por el órgano jurisdiccional, ya que solo impactan la secuencia procesal y no necesariamente, al fallo definitivo.

Por ese motivo, indicaron que debe priorizarse el dictado del fallo que resuelva la controversia principal para hacer efectivos los principios de justicia pronta, completa y efectiva.

En caso contrario, advirtieron, se fomentaría la presentación de amparos indiscriminados en contra de cualquier actuación procesal, retrasando el dictado de la sentencia de manera indefinida.

José Luis Guerra García

Necesario abrir más plazas y órganos jurisdiccionales federales

Con el propósito de seguir cumpliendo a la sociedad con una impartición de justicia de primer nivel, es necesario que se abran más plazas y órganos jurisdiccionales federales en el país, afirmó el consejero de la Judicatura Federal, Daniel Cabeza de Vaca Hernández.

“El Poder Judicial tiene que seguir atendiendo una demanda creciente de servicios de impartición de justicia; tenemos que seguir creciendo, es imposible que el Poder Judicial no crezca, no cree plazas, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos, muy eficientes y tratar de optimizar los recursos”.

Ante jueces de Distrito y magistrados de Circuito que integraron esta Reunión de Trabajo, el Consejero de la Judicatura Federal destacó que con los anteriores objetivos, el Poder Judicial de la Federación sigue cumpliendo con la nueva Ley de Amparo.

“Hacer más sencilla la labor de ustedes, más segura, que puedan tener más control sobre sus órganos jurisdiccionales, mejores elementos de supervisión, de seguimiento y que los procesos que son repetitivos innecesariamente, suprimirlos y que se automatice”.

En la reunión también estuvieron presentes el consejero Manuel Ernesto Saloma Vera; el secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos, Edwin Noé García Baeza; el director general del Instituto de la Judicatura Federal, Julio César Vázquez-Mellado; el visitador Judicial, Mauro Miguel Reyes; el Oficial Mayor, Sergio Martínez Álvarez, y la directora general de Estadística Judicial, Lorena Taboada Pacheco.

Miguel Nila

Presenta Ministro Sergio Valls Hernández, Informe de Labores 2013 de la Segunda Sala de la SCJN

El sistema de justicia vive un momento histórico por las reformas en materia penal, derechos humanos y amparo, afirmó el Ministro Presidente de la Segunda Sala, Sergio Valls Hernández.

Al presentar su segundo Informe de Labores ante los plenos de la Corte y el Consejo de la Judicatura, aseguró que dichos cambios han obligado a modificar la forma de administrar justicia.

“Estas reformas significan un cambio jurídico cultural que obliga a redefinir algunos conceptos, adoptar nuevas tecnologías y modificar procedimientos para el ejercicio de la labor jurisdiccional”.

Informó que en el presente año se recibieron 4 mil 196 asuntos, de los cuales se resolvieron 2 mil 300.

Además, se aprobaron 165 jurisprudencias y 124 criterios aislados, entre los que destaca una relacionada con la aplicación de la prueba del polígrafo.

“La aplicación y el resultado de la prueba de polígrafo a los miembros del servicio de carrera de la procuración de justicia federal de la Procuraduría General de la República, no contraviene el derecho humano al debido proceso”.

Asimismo, establecieron que los tribunales colegiados pueden ampliar el plazo para el cumplimiento de las sentencias de amparo y que los artículos de la Carta Magna, no pueden someterse a un análisis de regularidad constitucional.

“Mediante el juicio de amparo ni a un control difuso de constitucionalidad a través de los recursos establecidos en la Ley de amparo, puesto que, constituyen la fuente de todo el orden jurídico y deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional”.

En cuanto a la jurisprudencia por reiteración, destaca una relacionada con la nueva Ley de amparo.

“Las disposiciones de la nueva Ley de amparo, relativas al cumplimiento y ejecución de sentencias, son aplicables a los juicios iniciados antes de su entrada en vigor, cuando la sentencia respectiva cause estado con posterioridad a la fecha en que dicha ley entró en vigor”.

Indicó que se resolvieron 257 contradicciones, de las cuales el 59.92 % correspondió a temas administrativos; 31.13, laborales y 8.95, a otros rubros, destacando un criterio sobre congelamiento de cuentas bancarias.

“La orden de inmovilización de cuentas bancarias emitida por la autoridad fiscal a la autoridad financiera debe contener el monto del crédito y el número de la cuenta en que habrá de ejecutarse tal acto, para considerar que está fundada y motivada”.

Afirmó que los integrantes de la Segunda Sala, en sus resoluciones siempre han tenido como prioridad, proteger los derechos de los ciudadanos puntualizando que la democracia no puede ser satisfactoria si no se sustenta en pilar más importante la justicia.

“Puede haber democracia económica, democracia electoral, pero si no hay justicia transparente, eficaz, que responda a la necesidad del ciudadano de tener la certeza de la protección de sus derechos fundamentales y de sus bienes, entonces no se cumple con el mandato que los propios mexicanos han conferido a sus gobernantes. La justicia federal, esta Suprema Corte ha entendido el papel histórico que le toca jugar en este nuevo México”.

Manifestó que deja el cargo de Presidente de la Segunda Sala satisfecho con el trabajo realizado; sobre todo, porque se llevó a cabo con total transparencia y sujeto siempre al escrutinio de la sociedad.

José Luis Guerra García

SCJN ordena aplazar resolución de asuntos

La SCJN ordenó a los órganos jurisdiccionales aplazar la resolución de los amparos promovidos en contra de sentencias que impongan pena de prisión, actos dentro del juicio penal que afecten la libertad o que impliquen ataques a esta, antes o después de la entrada en vigor de la nueva Ley de amparo, hasta que la Primera Sala resuelva diversas contradicciones al respecto.

Hoy en la sesión del Pleno

El Pleno de la Corte retomó la discusión del amparo directo en revisión 466/2011, promovido por el Ejido General Lázaro Cárdenas, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Recurso en el que se estudia la constitucionalidad del artículo 217 de la anterior Ley de amparo, que permite a los integrantes de una comunidad agraria, promover dicho recurso, cuando esté en riesgo sus derechos de propiedad.

El proyecto de la Ministra Luna Ramos, declara la inconstitucionalidad de dicha norma, por violar el principio de seguridad jurídica.

El cual, es apoyado por los ministros Sergio Valls y Alberto Pérez Dayán, pero sin que se invalide el artículo impugnado, pues consideran que debe ser interpretado de manera conforme.

“Es el género de 15 días al que alude el 21 de la Ley de amparo, lo que se justifica, si se toma en cuenta que los núcleos de población ejidal o comunal, los ejidatarios y los comuneros participan en el juicio agrario y por tanto tienen conocimiento cierto y preciso de la sentencia que se dicta en el juicio y tendrán oportunidad de promover el juicio de amparo en el plazo indicado”, Sergio Valls Hernández, Ministro SCJN.

“Es por ello que me expreso conforme con el proyecto en cuanto al alcance de su solución, sin embargo participaría no de la inconstitucionalidad de la norma, si no su calificación para que el 217 acorde a los cambios constitucionales y la realidad de todos los días permita que la demanda de amparo directo sea presentada dentro del término ordinario”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Propuesta que no comparten cuatro ministros, al considerar que los campesinos, deben tener un trato diferente por su situación de vulnerabilidad.

“Por lo cual no podría coincidir con la conclusión realizada en el proyecto de que este sector vulnerable ya no reporta una situación de exclusión o rezago en la justicia constitucional, que ya no justifique la falta de plazo para la promoción del medio de defensa”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

Que tiene que ver un cambio de modelo económico para declarar la inconstitucionalidad de un precepto, respecto de núcleos que tienen y siguen teniendo hoy en nuestro orden jurídico un claro y específico reconocimiento constitucional”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

 “Así es que yo del análisis que hago de los agravios no encuentro el asidero suficiente para poder desarrollar el estudio que se hace en el proyecto y que justifica la concesión del amparo partiendo de la inconstitucionalidad del precepto”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

 “Con el ánimo de proteger a grupos que se consideraban en particular que no tenían la capacidad para poderse organizar y a partir de ahí desarrollar todas sus capacidades, así nacen estas figuras y así se protegen desde el principio en el artículo 27”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

El Pleno continuará con el estudio de este asunto, en su próxima sesión.

José Luis Guerra García

Diplomado del Nuevo Juicio de Amparo

El juicio de amparo es un proceso jurisdiccional cuyo fin es la protección de los derechos fundamentales, afirmó Irma Leticia Flores, jueza de Distrito en Materia Administrativa.

En la Escuela Judicial, como parte de su participación en el Diplomado del Nuevo Juicio de Amparo, resaltó la importancia de este recurso jurídico.

“A través de esta figura todos los mexicanos quedan amparados por llamarle así, quedan tutelados en relación con una norma que ha sido declarada inconstitucional”.

Recordó sin embargo que se ha visto la necesidad, por razones tanto teóricas como prácticas, de introducir la Declaratoria de inconstitucionalidad en la legislación de amparo.

En este sentido detalló que en la Ley de amparo se excluyen de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, normas generales en temas electorales y tributarios.

“Esta materia se encuentra relacionada fundamentalmente con la necesidad que existe de evitar que la actividad financiera pudiera quedar paralizada a partir de que el Estado no estuviera en posibilidad de obtener los recursos suficientes para sufragar el gasto público”

Celebró que el principio de supremacía constitucional y la obligación del Estado mexicano, proporcionen a los individuos un medio de defensa contra la privación de derechos.

El impacto que ha causado la Ley de amparo ha sido tanto, dijo, que la mayoría de los países latinoamericanos lo han adoptado como uno de sus mecanismos de protección de derechos humanos.

A pesar de que México es el precursor del amparo, fue en junio de 2011 que se alanzó una reforma constitucional en esta materia.

Oscar González

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