Hoy en la sesión del Pleno

GOC_0026El Pleno de la Suprema Corte definió cómo debe interpretarse el segundo párrafo del Artículo 64 de la Ley de amparo vigente. (Contradicción de tesis 426/2013).

Disposición que obliga a dar vista al quejoso, cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia del amparo, no alegada por el quejoso y que no hubiera sido estudiada por el órgano de primera instancia.

Los ministros indicaron que deben darse los dos supuestos, para que la vista proceda, tanto en el amparo directo como en el indirecto, aunque en este último caso, solo aplica en la segunda instancia.

“Creo que aquí lo que hay que analizar es donde opera, en qué clase de juicio de amparo, que es prácticamente lo que estamos viendo, y el diseño en relación con las causas que llevaron al legislador, desde mi punto de vista, fue a evitar precisamente a dejar inaudita a una de las partes y propiciar la defensa adecuada, cuándo, cuando es un órgano terminal, una instancia terminal”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Con este criterio, se busca evitar se viole la garantía de audiencia del ciudadano y asegurar, un acceso efectivo a la impartición de justicia.

“Que lo que se pretende es precisamente no dejar a las partes en estado de indefensión, cuando el juzgado de oficio, que este es el punto, detecte una causal y la hace valer y es darle la oportunidad de que alegue lo que a su derecho corresponda”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

 “Mi conclusión sería en indirecto no aplica en primera instancia el 64, en segunda instancia sí aplica, en directo sí aplica en unistancial y también aplica en directo en revisión”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

 “Entonces por eso yo digo, este artículo es aplicable en recurso de revisión, sea al juicio de amparo indirecto o al juicio de amparo, cuándo, cuando se dan los dos requisitos”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

Los ministros acordaron dejar en lista ocho contradicciones más, en las que deberá definir los supuestos en que procede aplicar dicha interpretación o bien, si con el criterio que ya se determinó, se declaran sin materia.

“Esta contradicción como acaba de dar cuenta el señor secretario, es la segunda del paquete que se mencionó en la presentación del asunto anterior, en el cual estimo que también existe dicha oposición de criterios, pues esta radica en establecer si la hipótesis contenida en el artículo 64, párrafo segundo de la ley de amparo, se surte o no, solo tratándose de la queja interpuesta contra el desechamiento de la demanda del amparo directo”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

El Pleno adelantó que el próximo lunes iniciará la segunda fase de estudio del paquete de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, que deben quedar resueltas antes de que concluya el presente mes de septiembre.

José Luis Guerra García

En la próxima sesión del Pleno de la SCJN

El Pleno de la Suprema Corte retomará el estudio de una contradicción de tesis, en la que debe definir la interpretación que debe darse al segundo párrafo del Artículo 64 de la Ley de amparo vigente. (Contradicción de tesis 426/2013).

Disposición que establece la obligación de dar vista al quejoso, cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes, ni analizada por el órgano que en primera instancia conoció del caso.

El proyecto de la Ministra Olga Sánchez Cordero, sugiere el siguiente criterio de interpretación.

“Cuando el tribunal colegiado de circuito, tratándose del amparo directo o del recurso de revisión advierta de oficio que se actualiza alguna causa de improcedencia tendrá que dar vista al quejoso o al recurrente, según sea el caso para que manifieste lo que a su derecho convenga. 109, siendo suficiente para ello la actualización de los 2 requisitos previstos, a saber que la causa de improcedencia no haya sido alegada por las partes, ni examinada por el inferior”.

Se trata de un criterio trascendente en materia del juicio de amparo.

“En ambas y en todas las demás, están permeando dos principios fundamentales, rectores de cualquier proceso y más en el proceso de amparo, la garantía de audiencia, por un lado y la oportunidad de una defensa oportuna y adecuada, son dos principios fundamentales del proceso”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

En este asunto, cuya discusión fue aplazada, para dar entrada a diversas acciones de carácter electoral, debe definirse si la medida está orientada a la segunda instancia en las dos vías de tramitación del juicio de amparo, que compete conocer al tribunal colegiado o a la Suprema Corte, según sea el caso.

En lista se encuentran ocho contradicciones más, en las que se debe estudiarse el mismo tema de conflicto.

José Luis Guerra García

Hoy en la sesión del Pleno

El Pleno de la Suprema Corte decidió aplazar el estudio de nueve contradicciones de tesis, en las que debe definir la interpretación del párrafo segundo del Artículo 64 de la Ley de amparo.

Disposición que fija un plazo de tres días para dar vista al quejoso, cuando el órgano jurisdiccional advierta de oficio una causa de improcedencia de la demanda.

“Cuando el Tribunal Colegiado de Circuito, tratándose del amparo directo o del recurso de revisión advierta de oficio que se actualiza alguna causa de improcedencia tendrá que dar vista al quejoso o al recurrente, según sea el caso para que manifieste lo que a su derecho convenga. 109, siendo suficiente para ello la actualización de los dos requisitos previstos, a saber que la causa de improcedencia no haya sido alegada por las partes, ni examinada por el inferior”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

Explicaron que se trata de un criterio sumamente trascendente, para la interpretación de la nueva Ley de amparo.

En ambas y en todas las demás, están permeando dos principios fundamentales, rectores de cualquier proceso y más en el proceso de amparo, la garantía de audiencia, por un lado y la oportunidad de una defensa oportuna y adecuada, son dos principios fundamentales del proceso”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Aspectos que consideraron no podían abordar con el rigor necesario en una sola sesión, pues el próximo lunes deben iniciar el estudio de diversas acciones de inconstitucionalidad, relacionadas con la reciente reforma electoral.

“Que también motivo de los tiempos en forma inusual, el cumulo de ellas ha rebasado todas las expectativas posibles llegan a casi sesenta acciones de inconstitucionalidad que, cuyos procesos inician en el mes de octubre y tienen que estar resueltas, recordamos que en materia electoral no hay rezago posible, tienen que estar resueltas con toda oportunidad y ese fue el compromiso de este Tribunal en Pleno de fijar una fecha, de violentar inclusive las posibilidades de respuesta de los señores ministros en la proyección de los asuntos y enfrentarlas el día primero”.

Estas acciones fueron promovidas por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano y en ellas cuestionan la constitucionalidad de diversas disposiciones que regulan el proceso electoral, las candidaturas independientes y la creación de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral.

El proceso electoral federal de 2015, inicia el próximo 1 de octubre, mismo que coincidirá con 17 procesos estatales, en nueve de los cuales, se renovará gobernador.   

José Luis Guerra García

Resoluciones de las Salas de la SCJN

La Primera Sala de la Corte reasumió su competencia para conocer de un amparo en el que una persona cuestiona la validez del artículo 147 de la Constitución de Colima y diversos artículos de los Códigos de Procedimientos Civiles y Civil de esa entidad. (Reasunción de competencia 19/2014).

Disposiciones que definen el matrimonio como la unión de una mujer y un hombre, con el fin de perpetuar la especie, excluyendo a las parejas de homosexuales.

Asunto que permitirá definir si las normas impugnadas son heteroaplicativas o autoaplicativas, la procedencia del amparo contra leyes y si tales disposiciones, violan los principios de equidad y no discriminación.

La Segunda Sala de la Corte, determinó que la Comisión Federal de Electricidad es autoridad cuando emite actos relacionados con la prestación del servicio eléctrico de manera exclusiva. (Amparos directos en revisión 491, 909 y 34/2014).

Con lo que se interrumpió un criterio en contrario. Con ello, se considera que los contratos para el suministro de energía son de carácter administrativo, pues no se dan en un plano de igualdad y porque la comisión, no persigue un fin de lucro.

Se indicó que en contra de los actos de tal organismo, proceden los recursos de revisión y el juicio de nulidad en el ámbito administrativo, sin perjuicio de que proceda el amparo cuando se cuestionen normas generales.

También declararon legal el desechamiento del recurso de revisión, interpuesto contra lo resuelto en una queja por un Tribunal Colegiado de Circuito, desechando una demanda de amparo contra el procedimiento de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. (Recurso de reclamación 555/2014).

Los ministros declararon infundado el recurso de reclamación, que cuestionaba la decisión de la Presidencia del Máximo Tribunal, de desechar el recurso.

Explicaron que el artículo 81 de la Ley de amparo, no prevé en ninguno de los supuestos, la procedencia del recurso de revisión en contra de la determinación que recae en un recurso de queja,

Indicaron que con ello se garantiza la vigencia de la Constitución y el sistema jurídico, sin que esto implique una violación a los principios de legalidad y acceso a la justicia.

José Luis Guerra García

Hoy en la sesión del Pleno

GOC_0019Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte resolvió que todos los proyectos de amparo, en los que se estudie la constitucionalidad o convencionalidad de una norma, deberán ser publicados. (Contradicción de tesis 134/2014).

Criterio que fijó al resolver una contradicción entre tribunales colegiados, con lo que define cómo debe interpretarse el párrafo segundo del Artículo 73 de la Ley de amparo.

“Esto es aplicará para todos, se particulariza específicamente que solo aquella parte que atiende al planteamiento y pronunciamiento concreto en materia de constitucionalidad, será la que genere la publicación respectiva, esto es eliminando los datos sensibles”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Explicaron que con ello, se cumple con el principio de máxima publicidad y se protege los datos personales de los involucrados en el juicio.

“Desde mi perspectiva estas conclusiones son completamente compatibles con una lectura de la Ley de amparo, a la luz del principio de máxima publicidad, al tiempo que se salvaguardan eventuales derechos que pudieran estar involucrados como es el de la privacidad y la protección de datos personales”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

 “Plantearse en la tesis que es, que las resoluciones en los amparos indirectos se publiquen completas y en lo que hace a los de amparo directo, sea la parte de constitucionalidad y convencionalidad”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN

Aceptado ese cambio, yo me podría acercar al proyecto también”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

El Pleno también resolvió dos incidentes, en los que ordenó consignar ante el juez de distrito a tres ex funcionarios del Municipio de Torreo, Coahuila por cumplir de manera extemporánea, sin justificación con dos sentencias de amparo. (Incidentes de inejecución de sentencias 1858 y 1566/2013).

“No hubo una respuesta siquiera a esos requerimientos, mucho menos justificación alguna en su momento por parte de estas autoridades responsables, así es que haciendo el análisis de estas razones, nos permitimos proponer de nueva cuenta ante este tribunal Pleno, la imposición de la sanción prevista en el Artículo 107 constitucional en su fracción dieciséis solo por lo que respecta al tema de la consignación”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Los funcionarios consignados no cumplieron con la devolución del pago en exceso del Impuesto Predial a un particular por poco más de 7 mil pesos y de 769 pesos a otra persona, por el cobro indebido de servicios catastrales, sin que aportaran elementos sólidos que justificaran su conducta.

“Ni siquiera prueban o demuestran, que hubieran pedido una ampliación presupuestal, que hubieran solicitado más recursos al órgano correspondiente”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

 “Que es fundado el incidente de inejecución y que debe consignarse a las autoridades, con las que se dio cuenta en razón de que se considera que fue injustificado el cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Un incidente más en el que se involucra a los mismos ex funcionarios, y al ex presidente municipal, de Torreón, Coahuila, Eduardo Olmos Castro, se retiró de última hora, pues el proceso judicial no se encuentra concluido. (Incidente de inejecución de sentencia 1779/2013).

José Luis Guerra García

Hoy en la sesión del Pleno

El Pleno de la Corte dejó en lista una contradicción de tesis, en la que tenía que definir la interpretación del segundo párrafo del Artículo 73 de la Ley de amparo. (Contradicción de tesis 134/2014).

El proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán, precisaba que solo se deben publicar los proyectos de resolución que estudian la constitucionalidad o convencionalidad de una norma.

“Se concluye que el criterio que debe de prevalecer con carácter jurisprudencial, es en el sentido de que los proyectos de resolución, deben publicarse con la misma anticipación de la lista correspondiente, únicamente cuando se analiza la constitucionalidad o la convencionalidad de una norma general, lo que evidentemente no acontece cuando se omite dar respuesta a los conceptos de violación o a los agravios respectivos por existir una causa que jurídicamente impide emitir pronunciamiento alguno, sobre el particular”.

Precisaba que en los casos que se considerará que el proyecto debía publicarse, aunque no se diera el anterior supuesto, ello podría acontecer.

Sin embargo, se recordó que sobre este tema, se había determinado que la publicación de estos proyectos solo procedía en los casos de los amparo en revisión, pero no en el directo.

“Si en un momento dado hubiera un cambio de criterio del tribunal pleno, entonces, para esa eventualidad, yo sugeriría que entonces acotáramos esto, para que en el caso del amparo directo se publicara solamente aquella parte de la sentencia que tiene que ver estrictamente con la parte de constitucionalidad”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

 “Yo en esta medida, estimo que la contradicción de tesis debe centrarse a las hipótesis sobre las que resolvieron los colegiados que fueron en amparo directo”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

 “Yo creo que el Artículo 73 no está diferenciado proceso, creo que el Artículo 73 lo que define, lo que marca son puntos jurídicos, puntos de constitucionalidad, puntos de convencionalidad y la única vez que se quiere referir a un proceso lo hace de manera específica como amparo colectivo”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

 “Honestamente lo digo en este Pleno, yo en este momento no tengo la certeza ni de una, ni de otra cosa, entonces, yo respetuosísimamente plantearía que pudieron reflexionar este aspecto en particular, yo lo pediría así, para poderme pronunciar”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Ante ello, se determinó postergar la resolución de este asunto para la próxima sesión.

Los ministros acordaron dejar en lista un incidente de inejecución de sentencia, en el que se proponía separar y consignar ante un juez de distrito a las autoridades del Municipio de Sahuayo, Michoacán, por incumplir sin justificación, de manera extemporánea, con una sentencia.

José Luis Guerra García

Primera Sala ratifica criterio del Pleno

La Primera Sala de la Corte, ratificó el criterio del Pleno, en el sentido de que el amparo indirecto, en contra de actos privativos de la libertad, dictados antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de amparo, se puede promover en cualquier momento. (Amparo en revisión 22/2014).

Por ese motivo, decidieron revocar la sentencia de un juez de distrito que decidió sobreseer el recurso, al estimar que se presentó de manera extemporánea.

Por ese motivo se decidió devolver los autos al tribunal competente, con el fin de que en el caso de no advertir alguna otra causal de improcedencia, se avoque a estudiar la legalidad de la sentencia que se impuso a una persona responsable de diversos delitos.

Asimismo, deberá analizar si resulta procedente la petición del inculpado, quien solicitó se le aplique la norma más favorable, para homologar los tipos penales  que fueron materia de su condena.

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