Hoy en la sesión del Pleno de la SCJN

El Pleno de la Suprema Corte aprobó una jurisprudencia que establece que la aclaración de sentencia, prevista en el último párrafo del Artículo 74 de la Ley de amparo, solo procede de oficio. (Contradicción de tesis 230/2014).

“Es el sentido de que la aclaración de sentencia, al no constituirse como un recurso o medio de defensa, únicamente procede de manera oficiosa, sin embargo, tal circunstancia no impide que las partes insten al órgano jurisdiccional para que aclare una ejecutoria cuando estimen que adolece de un error o imprecisión materia que pudiera trascender su ejecución, ya que ello es acorde con el derecho de acceso a la justicia”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Indicaron que el presidente del tribunal colegiado, solo podrá desechar la petición previa consulta a sus contrapartes.

“Diría aclaración de sentencia en materia de amparo cuando se solicite por las partes, el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, no está facultado para decidir en principio sin consulta sobre su procedencia”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

 “De entrada no tiene legitimación, no tiene legitimación por esa razón, alguno de los integrantes de ese órgano colegiado, o el propio presidente puede decir si hay mérito para poder tramitar la aclaración, pero estamos en la parte previa”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

 “Dado que estamos aceptando que las partes pueden instar al órgano, que el presidente al recibirla lo pondrá en conocimiento de los demás integrantes a efecto de que determinen si la hacen suya o no”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

Concluido este asunto, el Pleno inició el estudio de un amparo, en el que definirá si fue correcta la resolución de un tribunal colegiado, que consideró legal que un militar acusado de delitos contra la salud fuera procesado en el fuero castrense, interpretación que considera correcta, el proyecto del Minisro Jorge Mario Pardo Rebolledo. (Amparo directo en revisión 3633/2013).

“Se considera correcta la interpretación realizada por el octavo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito en la que sostuvo que el delito contra la salud puede juzgarse por el tribunal militar cuando se comete por un miembro del ejército al realizar las funciones encomendadas”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Propuesta que no fue compartida por los ministros José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero.

“Por tanto, si no existe una declaración de guerra, un decreto a disposición de las fuerzas armadas o un decreto de suspensión de derechos, todas las acciones de militares en activo fuera de los espacios definidos por la segunda parte del Artículo 129 deberán ser juzgados por la justicia ordinaria”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Si los actos cometidos por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes jurídicos de la esfera castrense, dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

Los ministros continuarán con la discusión de este asunto en su próxima sesión.

José Luis Guerra García

Hoy en la sesión del Pleno de la SCJN

GOC_0039El Pleno de la Corte determinó que la jurisprudencia que emite, no puede ser sometida a control de constitucionalidad o convencionalidad, por órganos jurisdiccionales inferiores. (Contradicción de tesis 299/2013).

El criterio aprobado por mayoría de siete a dos, precisa que conforme a la Constitución y la Ley de amparo, dicha jurisprudencia es obligatoria para todos los jueces del país.

“Por eso el proyecto está basado sobre la, sobre el pilar fundamental de la  obligatoriedad de la jurisprudencia, para todas las autoridades del país, en términos del Artículo 94 que no se ha hecho ningún análisis ni de inconvencionalidad, ni de otro tipo, para inaplicar el propio artículo constitucional”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

Explicaron que la jurisprudencia busca unificar criterios, interpretar artículos de la Constitución o de leyes generales, y brindar seguridad jurídica, misma que solo puede ser modificada por el propio tribunal constitucional.

“Yo creo que sí es una norma general, que sí está supeditada al principio de constitucionalidad y de convencionalidad pero que es la propia ley de amparo, apoyada o más bien reglamentando a la propia constitución, la que establece medios indirectos de regularidad de la propia jurisprudencia, precisamente para no trastocar el sistema jurídico”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

 “Luego el ejercicio de convencionalidad realizado por el juzgador en términos explicados, o sea, sobre la jurisprudencia nada más, sobre el texto jurisprudencial, daría como resultado la inaplicación de una jurisprudencia, pese a que el precepto que obliga a su aplicación está plenamente vigente y no ha sido objeto de control alguno”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

Quienes votaron en contra del proyecto, explicaron que el único límite que debe tener este tipo de control, solo debe ser el principio pro persona.

Yo comparto la propuesta en el sentido de que la jurisprudencia emitida por este alto tribunal es obligatoria, sin embargo, me aparto de la consideración de que los jueces no pueden dejar de aplicarla, bajo el principio pro persona”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

 “Yo no puedo encontrar, cual es la diferencia, insisto, para que nosotros, hubiéremos autorizado a los juzgadores a desaplicar ese tipo de normas y no a desaplicar las normas que nosotros mismos generamos”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Los ministros rechazaron el proyecto que proponía declarar sin materia una contradicción, en la que tendrían que definir cuál es la integración adecuada, con la que pueden funcionar los tribunales colegiados. (Contradicción de tesis 257/2014).

EL pleno inició el estudio de una contradicción más, en la que deberá definir la interpretación del último párrafo del Artículo 74 de la Ley de amparo, relacionado con la aclaración de sentencias.

“El punto de contradicción a dilucidar consiste en establecer si de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 74 de la ley de amparo en vigor, la aclaración de sentencia únicamente procede de manera oficiosa y si los magistrados presidentes de los tribunales colegiados de circuito, puede decidir sobre la procedencia de la misma”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Los ministros continuarán con el estudio de este tema, en su próxima sesión.

José Luis Guerra García

Aplaza Pleno resolución de contradicción de tesis, en la que debe definir la interpretación del Art. 181 de la Ley de amparo

El Pleno de la Corte aplazó la resolución de una contradicción de tesis, en la que debe definir la interpretación del Artículo 181 de la Ley de amparo. (Contradicción de tesis 55/2014).

El proyecto del Ministro Luis María Aguilar establece, que en el acuerdo de admisión, se debe especificar el plazo con que  cuentan las partes, para presentar alegatos o promover amparo adhesivo, con el fin de brindar certidumbre jurídica.

“Debe interpretarse en el sentido de que el auto admisorio de una demanda de amparo directo, debe contener la orden del presidente del tribunal colegiado de circuito para señalar en él, expresamente a las partes que tienen 15 días para formular alegatos o interponer el amparo adhesivo”.

Criterio que para algunos puede tener consecuencias que afectarían la agilidad que se pretende dar al nuevo juicio de amparo.

“Entonces la consecuencia es que tiene que reponerse el procedimiento cuando no se cumpla con esta formalidad, yo creo que no, yo creo que al final de cuentas esto lo único que va a hacer es retrasar, retrasar el procedimiento en el juicio de amparo”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

 “Si nosotros creemos que se debe hacer, pues porque no lo decimos claramente, ahora si creemos que se debe hacer, pero también entendemos las complicaciones prácticas que alude la Ministra Luna Ramos, pues también seamos claros que lo hacemos como una conveniencia, como una exhortación, que no tendrá efectos invalidantes”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Además, podría afectarse el principio de concentración.

“Prácticamente, desde mi percepción, no es tanto el principio de certeza, no es despreciable para nada, pero el que es fundamental es de concentración sí, prácticamente este precepto alude a la concentración, que sea en un solo acto en función de la lentitud tradicional del amparo directo”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Los ministros también dejaron pendiente de resolver, una contradicción más, en la que debe definir el sentido que debe darse a la fracción octava del Artículo 107 de la Ley de amparo. (Contradicción de tesis 146/2014).

Donde se establece, que el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución del tribunal que declina conocer de un asunto por competencia.

El proyecto de la Ministra Olga Sánchez Cordero, precisa que solo debe aceptarse dicho juicio, si la declinación afecta derechos sustantivos.

“Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes, inciso B, contra actos en juicio cuya ejecución sean de imposible reparación”.

El Pleno retomará la discusión de estos asuntos en su próxima sesión.

José Luis guerra García

Hoy en la sesión del Pleno

GOC_0026El Pleno de la Suprema Corte definió cómo debe interpretarse el segundo párrafo del Artículo 64 de la Ley de amparo vigente. (Contradicción de tesis 426/2013).

Disposición que obliga a dar vista al quejoso, cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia del amparo, no alegada por el quejoso y que no hubiera sido estudiada por el órgano de primera instancia.

Los ministros indicaron que deben darse los dos supuestos, para que la vista proceda, tanto en el amparo directo como en el indirecto, aunque en este último caso, solo aplica en la segunda instancia.

“Creo que aquí lo que hay que analizar es donde opera, en qué clase de juicio de amparo, que es prácticamente lo que estamos viendo, y el diseño en relación con las causas que llevaron al legislador, desde mi punto de vista, fue a evitar precisamente a dejar inaudita a una de las partes y propiciar la defensa adecuada, cuándo, cuando es un órgano terminal, una instancia terminal”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Con este criterio, se busca evitar se viole la garantía de audiencia del ciudadano y asegurar, un acceso efectivo a la impartición de justicia.

“Que lo que se pretende es precisamente no dejar a las partes en estado de indefensión, cuando el juzgado de oficio, que este es el punto, detecte una causal y la hace valer y es darle la oportunidad de que alegue lo que a su derecho corresponda”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

 “Mi conclusión sería en indirecto no aplica en primera instancia el 64, en segunda instancia sí aplica, en directo sí aplica en unistancial y también aplica en directo en revisión”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

 “Entonces por eso yo digo, este artículo es aplicable en recurso de revisión, sea al juicio de amparo indirecto o al juicio de amparo, cuándo, cuando se dan los dos requisitos”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

Los ministros acordaron dejar en lista ocho contradicciones más, en las que deberá definir los supuestos en que procede aplicar dicha interpretación o bien, si con el criterio que ya se determinó, se declaran sin materia.

“Esta contradicción como acaba de dar cuenta el señor secretario, es la segunda del paquete que se mencionó en la presentación del asunto anterior, en el cual estimo que también existe dicha oposición de criterios, pues esta radica en establecer si la hipótesis contenida en el artículo 64, párrafo segundo de la ley de amparo, se surte o no, solo tratándose de la queja interpuesta contra el desechamiento de la demanda del amparo directo”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

El Pleno adelantó que el próximo lunes iniciará la segunda fase de estudio del paquete de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, que deben quedar resueltas antes de que concluya el presente mes de septiembre.

José Luis Guerra García

En la próxima sesión del Pleno de la SCJN

El Pleno de la Suprema Corte retomará el estudio de una contradicción de tesis, en la que debe definir la interpretación que debe darse al segundo párrafo del Artículo 64 de la Ley de amparo vigente. (Contradicción de tesis 426/2013).

Disposición que establece la obligación de dar vista al quejoso, cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes, ni analizada por el órgano que en primera instancia conoció del caso.

El proyecto de la Ministra Olga Sánchez Cordero, sugiere el siguiente criterio de interpretación.

“Cuando el tribunal colegiado de circuito, tratándose del amparo directo o del recurso de revisión advierta de oficio que se actualiza alguna causa de improcedencia tendrá que dar vista al quejoso o al recurrente, según sea el caso para que manifieste lo que a su derecho convenga. 109, siendo suficiente para ello la actualización de los 2 requisitos previstos, a saber que la causa de improcedencia no haya sido alegada por las partes, ni examinada por el inferior”.

Se trata de un criterio trascendente en materia del juicio de amparo.

“En ambas y en todas las demás, están permeando dos principios fundamentales, rectores de cualquier proceso y más en el proceso de amparo, la garantía de audiencia, por un lado y la oportunidad de una defensa oportuna y adecuada, son dos principios fundamentales del proceso”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

En este asunto, cuya discusión fue aplazada, para dar entrada a diversas acciones de carácter electoral, debe definirse si la medida está orientada a la segunda instancia en las dos vías de tramitación del juicio de amparo, que compete conocer al tribunal colegiado o a la Suprema Corte, según sea el caso.

En lista se encuentran ocho contradicciones más, en las que se debe estudiarse el mismo tema de conflicto.

José Luis Guerra García

Hoy en la sesión del Pleno

El Pleno de la Suprema Corte decidió aplazar el estudio de nueve contradicciones de tesis, en las que debe definir la interpretación del párrafo segundo del Artículo 64 de la Ley de amparo.

Disposición que fija un plazo de tres días para dar vista al quejoso, cuando el órgano jurisdiccional advierta de oficio una causa de improcedencia de la demanda.

“Cuando el Tribunal Colegiado de Circuito, tratándose del amparo directo o del recurso de revisión advierta de oficio que se actualiza alguna causa de improcedencia tendrá que dar vista al quejoso o al recurrente, según sea el caso para que manifieste lo que a su derecho convenga. 109, siendo suficiente para ello la actualización de los dos requisitos previstos, a saber que la causa de improcedencia no haya sido alegada por las partes, ni examinada por el inferior”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

Explicaron que se trata de un criterio sumamente trascendente, para la interpretación de la nueva Ley de amparo.

En ambas y en todas las demás, están permeando dos principios fundamentales, rectores de cualquier proceso y más en el proceso de amparo, la garantía de audiencia, por un lado y la oportunidad de una defensa oportuna y adecuada, son dos principios fundamentales del proceso”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Aspectos que consideraron no podían abordar con el rigor necesario en una sola sesión, pues el próximo lunes deben iniciar el estudio de diversas acciones de inconstitucionalidad, relacionadas con la reciente reforma electoral.

“Que también motivo de los tiempos en forma inusual, el cumulo de ellas ha rebasado todas las expectativas posibles llegan a casi sesenta acciones de inconstitucionalidad que, cuyos procesos inician en el mes de octubre y tienen que estar resueltas, recordamos que en materia electoral no hay rezago posible, tienen que estar resueltas con toda oportunidad y ese fue el compromiso de este Tribunal en Pleno de fijar una fecha, de violentar inclusive las posibilidades de respuesta de los señores ministros en la proyección de los asuntos y enfrentarlas el día primero”.

Estas acciones fueron promovidas por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano y en ellas cuestionan la constitucionalidad de diversas disposiciones que regulan el proceso electoral, las candidaturas independientes y la creación de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral.

El proceso electoral federal de 2015, inicia el próximo 1 de octubre, mismo que coincidirá con 17 procesos estatales, en nueve de los cuales, se renovará gobernador.   

José Luis Guerra García

Resoluciones de las Salas de la SCJN

La Primera Sala de la Corte reasumió su competencia para conocer de un amparo en el que una persona cuestiona la validez del artículo 147 de la Constitución de Colima y diversos artículos de los Códigos de Procedimientos Civiles y Civil de esa entidad. (Reasunción de competencia 19/2014).

Disposiciones que definen el matrimonio como la unión de una mujer y un hombre, con el fin de perpetuar la especie, excluyendo a las parejas de homosexuales.

Asunto que permitirá definir si las normas impugnadas son heteroaplicativas o autoaplicativas, la procedencia del amparo contra leyes y si tales disposiciones, violan los principios de equidad y no discriminación.

La Segunda Sala de la Corte, determinó que la Comisión Federal de Electricidad es autoridad cuando emite actos relacionados con la prestación del servicio eléctrico de manera exclusiva. (Amparos directos en revisión 491, 909 y 34/2014).

Con lo que se interrumpió un criterio en contrario. Con ello, se considera que los contratos para el suministro de energía son de carácter administrativo, pues no se dan en un plano de igualdad y porque la comisión, no persigue un fin de lucro.

Se indicó que en contra de los actos de tal organismo, proceden los recursos de revisión y el juicio de nulidad en el ámbito administrativo, sin perjuicio de que proceda el amparo cuando se cuestionen normas generales.

También declararon legal el desechamiento del recurso de revisión, interpuesto contra lo resuelto en una queja por un Tribunal Colegiado de Circuito, desechando una demanda de amparo contra el procedimiento de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. (Recurso de reclamación 555/2014).

Los ministros declararon infundado el recurso de reclamación, que cuestionaba la decisión de la Presidencia del Máximo Tribunal, de desechar el recurso.

Explicaron que el artículo 81 de la Ley de amparo, no prevé en ninguno de los supuestos, la procedencia del recurso de revisión en contra de la determinación que recae en un recurso de queja,

Indicaron que con ello se garantiza la vigencia de la Constitución y el sistema jurídico, sin que esto implique una violación a los principios de legalidad y acceso a la justicia.

José Luis Guerra García

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 41.173 seguidores