Testigos protegidos en México

Con la aprobación de la Ley federal de protección a personas, la creación de políticas públicas de seguridad para la lucha contra el crimen organizado es una tarea pendiente de los poderes ejecutivo y legislativo, aseguró la Magistrada Lilia Mónica López Benítez.

Dentro de esas políticas públicas, se tendrá que privilegiar la investigación policial, para tratar de utilizar a los testigos protegidos en el menor número de los casos, afirmó.

“Hasta este momento yo no he encontrado una declaración de un testigo protegido que realmente sea el elemento sustancial para poder privar de la libertad a través de una sentencia condenatoria a una persona que esté vinculada también con la delincuencia organizada”.

La Magistrada del 9º. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito señaló que los juzgadores federales se enfrentan a un problema en el proceso, debido a que la mayoría de las veces cuando se requiere la presencia del testigo protegido, éste se encuentra fuera del país.

“El indiciado, el procesado posteriormente siempre exigió tener frente a sí, conocer a la persona que deponía en su contra, el querer tenerlo frente, cuestionarlo, querer carearse con él… Lo cual nunca fue posible; en principio nos decían que se trataba de un testigo protegido y obviamente teníamos que hacer valer la secrecía”.

Lilia Mónica López Benítez destacó que por el momento no ha encontrado alguna imputación de un testigo protegido que pudiera sostenerse con pruebas claras y fidedignas que acrediten responsabilidades penales absolutas.

“Los grupos de la delincuencia organizada también trabajan, si me lo permiten decirlo de esta manera, con un código de honor y ese código de honor les implica el silencio”.

López Benítez aborda este tema en la segunda edición de su libro Protección a testigos en el derecho penal mexicano, cuyo prólogo es del Ministro Sergio Valls Hernández.

Miguel Nila

Testigos protegidos

Protección a Testigos en el Derecho Penal Mexicano es el título del libro, en su segunda edición, de la Magistrada de Circuito, Lilia Mónica López Benítez, quien lo presentó en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Se caracteriza por tratar de hacer de la protección a testigos un verdadero instrumento operativo en la lucha contra la delincuencia organizada; parto de críticas muy severas a esta figura porque lesionaban fundamentalmente los derechos de defensa de cualquier persona inculpada”.

Destacó que esta publicación será una herramienta importante para la sociedad y quienes imparten justicia, ya que les dará la pauta para reestructurar esta figura, y hacer valer el respeto a sus derechos humanos, en la lucha contra bandas delictivas.

“La Constitución en su artículo 20 ya prevé la reserva de identidad de las personas, entonces lo que yo propongo es hacer operativa la figura de testigo protegido”.

Uno de los presentadores de la publicación, fue el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

“Tenemos nuestra realidad: los problemas de inseguridad en la que vivimos, los temas de delincuencia organizada que cotidianamente advertimos, tanto en los foros de discusión, en la academia, en los medios de comunicación y desde luego de manera muy importante, en las decisiones de los tribunales jurisdiccionales”.

También el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dio a conocer el nuevo texto.

“Este libro de la magistrada López Benítez se inserta en lo que yo llamaría una escuela judicial, una escuela de academia judicial, frente a la academia pura de reflexión de quienes se dedican de tiempo completo al análisis del estudio en abstracto de los problemas jurídicos o con estudios de campo si es que se hace sociología jurídica y que obviamente estas reflexiones son indispensables para cualquiera que tenga que enfrentarse al fenómeno jurídico”.

Por su parte, el Magistrado Miguel Ángel Aguilar López dijo que este libro debe estar presente en las oficinas de los impartidores de justicia.

“Es innegable que vivimos en una sociedad de muchos estados de la República mexicana avasallada por el crimen organizado; es necesario que el Estado mexicano instrumente medidas tendientes a un combate eficaz, a un combate eficiente”.

Miguel Nila

Protección a testigos en el derecho penal mexicano

La Ley federal para la protección a personas que intervienen en el procedimiento penal es una herramienta que  ayuda a los juzgadores en los casos de delincuencia organizada donde intervienen los llamados testigos protegidos.

La Magistrada Lilia Mónica López Benítez afirmó lo anterior al presentar su libro Protección a testigos en el derecho penal mexicano, en la Feria Internacional del Libro Jurídico.

“En mi obra comento esa necesidad de protección de testigos.  El saber quiénes pueden ingresar, cuándo, cuáles son los motivos, cuál es el tipo de protección que se les debe dar a cada persona, porque no podemos generalizar la protección respecto de cada testigo, si cada uno nos está proporcionando seguramente, diversa calidad en la información”.

Dicha norma se publicó el 8 de junio pasado y entrará en vigor en enero de 2013.

Sin embargo, López Benítez  mantuvo su postura hacia esa figura jurídica, que se incluye en la fracción tercera del apartado B del artículo 20 constitucional.

“Insisto mucho, en que lo ideal sería que no tuviéramos que recurrir a este tipo de apoyo para la investigación de los delitos, pero lo cierto es que es está, lo cierto es que ya la propia Constitución nos habla de esa posibilidad de reserva en algunos casos y entonces, creo que el gran paso es hacer de esta figura, un verdadero instrumento operativo en el combate contra la delincuencia organizada”.

En la fracción décima de la ley en cuestión se define al testigo colaborador como la persona que habiendo sido miembro de la delincuencia organizada accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otras pruebas conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros miembros de la organización delictiva.

El Magistrado Juan  José Olvera López se refirió a lo que sucede en los tribunales cuando hay testimonios de testigos protegidos.

“En los tribunales enfrentamos problemas como que el testigo nos dice, pues yo estuve ahí y pasó todo esto, y yo estuve allá y pasó todo esto. Hace tres años fui partícipe de esto y entonces compilando, viéndolo como sistema, advertimos que este testigo, pues vivió todo”.

El Magistrado Rubén Arturo Sánchez valencia calificó al libro Protección a testigos en el derecho penal mexicano como pionero en el tema, además de aportar elementos jurídicos mediante el derecho comparado.

Heriberto Ochoa

 

Tópicos de Transparencia Judicial Federal

El modelo de transparencia judicial tiene sus características propias, que la hacen diferente al implementado  por los poderes ejecutivo y legislativo, señaló la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Margarita Luna Ramos, durante su participación en el Seminario de Transparencia Judicial Federal organizado por el Consejo de la Judicatura Federal.

“La nuestra tiene un estilo y un alto carácter técnico con implicaciones legales, al comprometernos con esta dinámica reformadora estamos conscientes de que transparentar beneficia a las autoridades y fortalece nuestra democracia y el estado de derecho”.

Al presentar el libro “Tópicos de Transparencia Judicial Federal”, la Ministra Luna Ramos subrayó que el compromiso del Poder Judicial de la Federación es el del acceso a la información.

La obra, elaborada por la Comisión de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que dirige la magistrada Lilia Mónica López Benítez en el Consejo de la Judicatura Federal, fue escrita por los secretarios de dicha comisión y aborda temas como el derecho a la información, la transparencia de la ética judicial, entre otros.

“Empezamos a tratar  de ubicar las debilidades, pero también nuestras áreas de oportunidad para poder crecer institucionalmente”.

En el Seminario de Transparencia Judicial Federal, también  participaron  especialistas en transparencia y de talla internacional como el magistrado del Tribunal Supremo de España, Carlos Lesmes, la comisionada del IFAI, María Marvan,  la magistrada Angélica Díaz Pérez, el juez Carlos Soto Morales, entre otros expertos.

Luis Pavón Vásquez

 

 

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