El PJF cada vez está más cerca de la sociedad, afirma Ministro Presidente

En México, cada día los juzgadores federales están más en contacto con los ciudadanos, lo que ha dado como resultado una mejor impartición de justicia, aseguró el Ministro Presidente Juan Silva Meza.

“El quehacer jurisdiccional está cada vez más cerca de la sociedad, cada vez está más cerca de su escrutinio, cada vez está más cerca de su opinión, pero a veces no está lo suficientemente informada, lo suficientemente orientada”.

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal afirmó lo anterior al presentar el Volumen Cuatro del libro Serie Voces sobre Justicia y Género, titulado Análisis del Delito de Lenocinio y los Derechos Humanos de las Mujeres.

El Ministro Silva Meza reconoció que en el Poder Judicial de la Federación se han incrementado las resoluciones judiciales con relación a la equidad de género, que es el tema principal que se aborda en esta nueva publicación.

“Cada vez existen más sentencias emitidas con perspectiva de género, cada vez son más; se empieza a transitar pero parece que con mucha intensidad y a una velocidad tal vez no al ritmo que se quisiera”.

La Ministra Olga Sánchez Cordero opinó sobre el libro.

“Es importante señalar que por su mayor incidencia en el territorio nacional en las diversas exposiciones de este libro se abordan primordialmente una de las formas más frecuentes de la trata de personas: la explotación sexual, comercial que podría considerarse como la máxima expresión de la esclavitud moderna”.

También estuvo presente la Ministra Margarita Luna Ramos.

“Es muy loable la actitud  de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en crear una serie de libros que se denominan Voces Sobre Justicia y Género, yo creo que esto implica un esfuerzo muy especial por tratar que nuestros juzgadores, de que nuestros compañeros vayamos incursionando poco a poco en estas nuevas tendencias que se dan a partir de las reformas constitucionales relativamente recientes”.

Los coautores del libro fueron los magistrados Olga Estrever Escamilla, Emma Meza Fonseca, Miguel Ángel Aguilar López, José Pablo Pérez, Héctor Lara González e Irma Rivero Ortiz, ésta última coordinadora de la obra.

“Cada año, millones de personas, la mayoría mujeres y menores de edad son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas a diferentes clases de explotación de carácter laboral o sexual o de trabajos forzados”, Irma Rivero Ortiz,Magistrada 2º. Tribunal Colegiado en  Materia Penal DF.

 “El tema de justicia y género se enriquece, se enriquece con estas seis nuevas voces que coordinadas por la magistrada Irma Rivero Ortiz de Alcántara analizan el delito de lenocinio desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres”, Héctor Lara González,Magistrado 4º. Tribunal Colegiado en Materia Penal DF.

Esta presentación fue organizada por la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia, así como de la Dirección General de Derechos Humanos, Equidad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal.

Miguel Nila

Rinden homenaje al Ministro en retiro Arturo Serrano Robles

El Poder Judicial de la Federación le rindió homenaje al Ministro en retiro, Arturo Serrano Robles, como distinción por su trayectoria.

Fue la Ministra Margarita Luna Ramos, la que encabezó el reconocimiento.

“Reconocer la trayectoria personal y profesional de juzgadores destacados –que hacen el día de hoy- constituye un sincero homenaje para aquellas personas que con su actuación han señalado con paso firme y decidido el sendero de nuestra institución”.

La Ministra Luna Ramos dio a conocer la brillante trayectoria de Serrano Robles, quien fungió como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1972 a 1981.

“En el ambiente de este recinto se respira estimación, consideración y honor; a eso nos convida la personalidad de Don Arturo Serrano Robles en quien la justicia, la docencia, las letras, la poesía y la pintura alcanzan la esencia de su vida”.

El homenaje fue organizado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación de la Tercera Región.

“Honor a quien honor merece y Don Arturo, usted ha sido un ejemplo para todos los que estamos aquí, un ejemplo de bondad, de conocimientos, de ética, de enseñanza; le agradecemos”, Juez Guillermo Campos Osorio, Dir. Regional Asoc. Nal. Magdos. Cto. y Jueces Dto. PJF.

El evento se realizó en la sede del Instituto de la Judicatura Federal, en la Ciudad de México.

“Bienvenido a su casa señor Ministro porque esta casa, este centro de estudios, esta Escuela Judicial fue fabricada, fue construida palmo a palmo con sus propias manos; fue su capacidad de liderazgo, fue su capacidad de intelectual íntegro, fue su testimonio como miembro del Poder Judicial Federal lo que hizo que los cimientos de esta casa fueran profundamente reconocidos por propios y extraños”, Julio César Vázquez-Mellado, Dir. Gral. Instituto Judicatura Federal.

El Ministro en retiro, Serrano Robles, antes de integrar el Máximo Tribunal del país, fue Oficial Secretario, Actuario, Juez Mixto de Paz, Secretario de Estudio y Cuenta, Juez de Distrito y Magistrado de Circuito.

En el Aula número ocho de la Escuela Judicial, fue develada una placa con el nombre del Ministro en retiro.

Miguel Nila

Hoy en la sesión del Pleno

Por mayoría de 8 a 3, el Pleno de la Corte determinó la constitucionalidad de las disposiciones que permiten al Ministerio Público, solicitar a las empresas de telefonía ubicar un aparato móvil.

En los casos que esté relacionado con una investigación vinculada con delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, sin previa autorización judicial.

La mayoría consideró que la medida no violaba el derecho a la privacidad, como lo argumentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su demanda, la cual, ayudará a eficientar la investigación de estos delitos de alto impacto.

“Y que tampoco en este sentido, si se tratara estimar que se trata de la localización de una persona se viola el derecho a la privacidad, porque simple y sencillamente lo único que se está estableciendo es su localización, nunca se está interfiriendo en cuestiones relacionadas ni con su comunicación, ni con la información a su domicilio”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

Incluso, precisaron que en el remoto caso que se violara el derecho a la privacidad, la medida se justificaba, ya que busca proteger la seguridad e integridad de las personas.

“Todo derecho a la privacidad requiere una orden judicial conforme a los criterios que ya se ha dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el sistema de derechos humanos, pero que puede prescindirse en casos como los presentes en los que existe precisamente esa extrema urgencia y que esto se entiende, cuando se pone en peligro, se pone en riesgo la vida o la integridad física de las víctimas y cuando existe el riesgo de que se oculte o desaparezca el objeto del delito”.

Los ministros de la minoría, ratificaron su postura, en el sentido de que una medida de este tipo, requiere de autorización judicial, para evitar abusos.

“Con todo respeto yo pienso que no deja de ser un acto de buena fe, estimar que es suficiente que en la ley y en la propia sentencia de este tribunal se indiquen reglas o lineamientos que acotan la atribución cuestionada para que no se den excesos o uso indebido en detrimento de los derechos humanos, pero qué o quién lo garantiza, qué o quién lo controla”, Sergio Valls Hernández, Ministro SCJN.

“Me parece que esta base impugnada del artículo 16 fracción primera apartado D, si adquiere un sentido normativo completamente distinto, porque de acuerdo con lo que tiene el proyecto en la página 114, no es lo mismo que las acciones coordinadas con la autoridad correspondiente sean con la autoridad judicial a que lo autoridad ministerial, como han sido definido por diversos, por distintas consideraciones por parte de la mayoría”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Se precisó que dicha solicitud de ubicación solo procede en casos urgentes y el Ministerio Público está obligado a explicar la causa de la misma.

José Luis Guerra García

Hoy en el Pleno de la Suprema Corte

Por mayoría de seis a cinco el Pleno de la Corte, rechazó el proyecto de la Ministra Margarita Luna Ramos, con el que se pretendía resolver el amparo directo en revisión, 466/2011.

Recurso promovido por el Ejido General Lázaro Cárdenas, Municipio de Zapopan, Jalisco en el que se estudiaba la validez del artículo 217 de la anterior Ley de amparo.

El cual, no fija un plazo para la promoción del recurso cuando se afectan los derechos de propiedad de las comunidades agrarias.

La propuesta que se desechó, consideraba que como en el caso de otras sentencias el plazo para promover el recurso fuera de 15 días, para no crear incertidumbre.

“Nunca se ha pretendido en el proyecto, quitar la protección, de manera alguna a los grupos de poblacional ejidal y comunal, lo único que está a discusión en este asunto y si quiero que quede muy claro es la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 217 de la Ley de amparo abrogada”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

 “Por ello estimo que la ley debe fijar plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que estas puedan ser acatadas”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

Medida que se afirmó, no afectaría los derechos de las comunidades agrarias.

Considero que con la propuesta, mucho menos se piensa desconocer el régimen agrario especial, ni su protección pues seguirá intocada la mejor de todas las protecciones jurisdiccionales a favor de derechos sujetos agrarios como es la amplia suplencia de la queja”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

“Reconoce que no procede el sobreseimiento por inactividad procesal, ni la caducidad de la instancia, que no procede el desistimiento”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Criterio no compartido por la mayoría, que consideró que el hecho de permitir presentar la demanda, no impide ejecutar una sentencia de un tribunal agrario.

“No solo permanece la protección constitucional especial y cualificada a estos núcleos, sino ante la posibilidad de que hoy puedan producirse enajenaciones de sus tierras, se hace mucho más importante su protección constitucional”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

El efecto de reducir el plazo como se está proponiendo va a tener necesariamente que tener por extemporáneo los asuntos que se planteen dentro del plazo que prevé la Ley pero fuera de la interpretación del artículo que se está planteando el día de hoy”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

“Es infundado el agravio, las sentencias agrarias aquí se ha dicho son ejecutables, más allá la sentencia ordinaria, no puede confundirse con el juicio extraordinario del amparo y esta situación nos lleva a este aspecto”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Por ello, el asunto será returnado a la ponencia de un ministro de la mayoría, para que elabore un nuevo proyecto con ese criterio.

José Luis Guerra García

Acoso sexual desde la óptica de sus variados aspectos ético-culturales

La Ministra Margarita Luna Ramos, lamentó que en México todavía se presenten casos de hostigamiento y acoso sexual.

La Ministra Margarita Luna Ramos, lamentó que en México todavía se presenten casos de hostigamiento y acoso sexual.

La Ministra Margarita Luna Ramos, lamentó que en México todavía se presenten casos de hostigamiento y acoso sexual, situación de la que dijo el Poder Judicial de la Federación no es ajeno.

“Y  cómo se puede dar esta situación dentro del ambiente del Poder Judicial de la Federación. Por una parte deleznable cuando el hombre abusa de su posición laboral para acosar a una persona, para que en un momento dado tenga favores y para que la mantenga en su puesto”

Señaló que también es condenable que alguna mujer acuse falsamente de acoso para acabar con la carrera judicial de otra persona.

La Ministra Luna Ramos encabezó la presentación del libro “El hostigamiento o acoso sexual desde la óptica de sus variados aspectos ético-culturales”, del Magistrado Jorge Higuera Corona.

El ministro en retiro, Mariano Azuela Güitrón, destacó la importancia de la ética en el desempeño de los jueces,  para evitar estos problemas.

 “Que no solamente se proyecte en dictar buenas sentencias, sino que debe proyectarse en las relaciones con su personal, de pronto pueda caer en estos actos.”

En la presentación del libro, que se realizó en la sede alterna de la Suprema Corte, también participó la magistrada Adriana Leticia Campuzano, quien destacó la magnitud del problema en nuestro país.

 “La Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares en México dice que más del 40% de las mujeres entrevistadas han tenido algún o han sufrido en algún momento acoso u hostigamiento sexual”

El autor de la obra, el magistrado Jorge Higuera Corona, aseguró que el acoso sexual es un problema mundial, del que ningún país se escapa.

Juan Carlos González

Interés legítimo

Como una institución novedosa en la nueva Ley de amparo, calificó la Ministra Margarita Luna Ramos el llamado interés legítimo.

Al participar en el Encuentro de derechos humanos, jurisprudencia y presupuestos de la ética, puntualizó en este sentido.

“Y desde luego desde el momento en que hablamos de interés legitimo no podemos dejar de establecer diferencias entre los otros dos tipos de interés que anteriormente se establecían en la anterior Ley de amparo el interés jurídico que propiciaba la posibilidad de promover el juicio de amparo y que siempre se estableció en la jurisprudencia una diferenciación entre este y el interés simple”.

Recordaron la importancia en cuanto a que  cualquier persona que esté en desacuerdo con el estado ya se puede inconformar.

“Y ahí viene una primera condición que establece el congreso de estado francés de que haya un interés serio que haya una afectación especial”, Jean Claude Tron Petit. Magistrado de circuito.

“Y después de la segunda guerra mundial con toda esta ola de derechos reconocidos internacionalmente la idea de tener un derecho cambió radicalmente”, Juan Antonio Crúz Parcero, Participante ponente.

El punto del cambio, subrayaron, es que las nociones de ahora permiten hablar de derechos humanos en la Constitución y ser  reconocidos en tratados internacionales.

En este sentido recomendaron darse cuenta de los cambios doctrinales para no afectar en todo caso a las políticas públicas.

Oscar González

Asamblea del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México

El papel del abogado dentro de un Estado de derecho, es esencial, pues tiene la obligación de defender los derechos de sus clientes, pero además, tiene que buscar que prevalezca la justicia.

Señaló la Ministra Margarita Luna Ramos, al asistir con la representación del Presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza, a la Asamblea del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

Indicó que la colegiación permitiría contar con profesionales del derecho, con un comportamiento ejemplar y comprometidos con el bien común.

“Es indispensable a través de ella, dar verdadera eficacia a las normas deontológicas internas que regulan la conducta de los profesionales del derecho, donde el proceder logra caminar en férreo maridaje con el profesionalismo y el cumplimiento de la ética, que brinda vigencia al principio de probidad profesional hoy olvidado por algunos y lamentablemente visto con indiferencia por otros”.

Manifestó que es indispensable el apoyo de todos los sectores para que las reformas en materia de justicia y las que están por venir en materia energética y económica, tengan éxito.

“De propuestas serias y responsables que tengan como único objetivo el desarrollo de un sistema jurídico eficiente y confiable, con reglas claras y universales de ejecución, no ilusorias, sino reales”.

El Presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Rafael Ramírez Moreno, externó que apoyarán todos aquellos cambios, que ayuden a fomentar el respeto al Estado de derecho.

“Estamos convencidos y seguiremos apoyando las reformas constitucionales y legales necesarias para que se dé la colegiación obligatoria, en la que el beneficiario no sea nada más los gremios de profesionistas, sino la sociedad en general y por ende, México”.

Durante esta Asamblea Ordinaria, se integró como Miembro Honorario del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, al Doctor Héctor Fix Fierro.

José Luis Guerra García

El Pleno declaró la invalidez de doce artículos de la Ley de aguas de Jalisco

El Pleno de la Suprema Corte declaró la invalidez de doce artículos de la Ley de aguas para el Estado de Jalisco, que creaban los consejos tarifarios.

La decisión se adoptó por invadir atribuciones que son propias de los municipios en materia hacendaria.

En relación con la propuesta para determinar tarifas por el cobro de derecho de agua, que no sea por estos consejos tarifarios que se establecieron conforme a la ley del agua, sino que esto es una facultad que conforme al artículo 115, corresponde a los municipios”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

Esta decisión también dejó sin efectos las tarifas fijadas por estos consejos para 2013, mismas que se tendrán que ajustar conforme al índice inflacionario.

La controversia fue promovida por el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Esta sesión el Pleno dio entrada a un amparo, en el que se proponía declarar la invalidez del párrafo tercero del artículo 40 de la Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos que mantienen bajo reserva la declaración patrimonial.

“En cuanto a si se requiere de la autorización del servidor público, para dar a conocer la información relativa a su situación patrimonial, es una limitante o no de carácter constitucional”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

“Uno de los mecanismos que sin duda permiten transparente la actividad estatal son estas declaraciones y en ese sentido no pueden mantenerse de manera total, fuera del escrutinio público”, Sergio Valls Hernández, Ministro SCJN.

En este asunto los ministros deberán resolver el conflicto entre acceso a la información y protección de datos personales.

Tres de los once ministros, manifestaron que dicha disposición que solo permite hacer pública la declaración patrimonial, si así lo dispone el servidor público, no viola la Constitución.

“Si bien se constituye como un derecho de todos los ciudadanos para que puedan ejercer muchos otros derechos, como el derecho a verificar el funcionamiento de los órganos de estado, deben precisarse los límites al ejercicio de este derecho, como lo es el no divulgar la información de la vida privada y datos personales de terceros”, Alfredo Gutiérrez, Ministro SCJN.

“Pues en el caso de la declaración patrimonial, se desprenden datos que contienen no solo información del declarante o del servidor público, sino inclusive de sus dependientes económicos”, Olga Sánchez Cordero, Ministro SCJN.

“No necesariamente por conocer el contenido de una declaración de responsabilidad patrimonial, podemos alcanzar la determinante de si uno servidor público cumple o no con sus cometidos”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

Este amparo fue promovido por un ciudadano al que se le negaron versiones públicas de la declaración patrimonial de los 500 diputados federales de la pasada legislatura.

La discusión de este asunto continuará en la sesión de este martes del Pleno de la Suprema Corte.

José Luis Guerra García

Diferencias entre el interés legítimo, interés jurídico y simple

La impartición de justicia no se puede desvirtuar en aras de la defensa de los derechos humanos, sentenció la Ministra Margarita Luna Ramos, al impartir la conferencia Diferencias entre el interés legítimo. Interés Jurídico y Simple.

Ante magistrados, jueces y personal del Poder Judicial de la Federación, la Ministra ofreció su ponencia magistral en el auditorio del edificio sede, en San Andrés Cholula, Puebla.

“¿Hasta dónde podemos decir que en aras de proteger los derechos humanos de una parte, no desprotegemos a la otra, o al resto de la sociedad? Ese es el problema. Por eso digo, lo importante para nosotros no es aplicar el respeto a los derechos humanos, claro que eso es lo que todos queremos; el chiste es sopesar las repercusiones que esto tiene durante el procedimiento en que lo estamos haciendo y para el resto de la sociedad”.

Dijo que si bien la reforma al artículo primero constitucional del 10 de junio de 2011  lleva implícito el principio pro persona, y sobre todo darle prioridad a los derechos humanos en la resoluciones, es necesario encontrar el justo medio al momento de dictar sentencias para no caer en excesos.

“Si nosotros aplicamos esto con la prudencia necesaria y tomando en consideración las innovaciones que se nos establecen en la propia reforma, creo que podremos hacer una reforma viable y poder sostener un sistema jurídico confiable. Pero si  nos vamos con la idea de que los derechos humanos necesitan toda la protección y nos olvidamos de todas las reglas en las procesales; entonces estamos perdiendo lo más importante de un sistema jurídico: la seguridad”.

La Ministra Luna Ramos explicó con varios ejemplos la diferencia que hay entre el interés jurídico y el legítimo.

“¿Cómo vamos a demostrar el interés legítimo? Primero la existencia de la norma que tutela ese derecho por interés difuso a esa comunidad; segundo, que hay una afectación de ese derecho a esa comunidad; y tercero, que yo soy  miembro de esa comunidad, que estoy identificado, que vivo en esa comunidad… Una de las cuestiones es precisamente es esa identificación. Entonces, yo creo que está más acotado a aquellos actos de carácter administrativo que se dan en juicio de amparo indirecto; no tanto a los que se dan en amparo directo, ahí siempre hablaremos de interés jurídico”.

La Ministra, integrante de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, insistió que en aras de los derechos humanos no deje de analizarse la Litis que plantean los gobernador al buscar la protección de la justicia, para que se diga que es un órgano jurisdiccional de avanzada.

Heriberto Ochoa

Hoy en el Pleno

El Pleno de la Suprema Corte ordenó a un juez de distrito, realizar un nuevo avalúo, para determinar, lo que debe pagar el Gobierno de la Ciudad de México, por la expropiación de un terreno de 244 hectáreas, en donde hoy se ubica la colonia San Felipe Terremotes, en la delegación Iztapalapa.

Al resolver el incidente de inejecución de sentencia, 699/2012, indicó, que la indemnización de 143 millones 240 mil pesos, se fijó de manera indebida.

Pues, el avalúo se hizo a valor comercial del terreno y aplicando la Ley de Expropiación de 1993.

“Y se deben devolver los autos al Juzgado de Distrito, para que se reponga el procedimiento de inejecución de sentencia, a efecto de determinar la cantidad que por concepto de indemnización, se debe pagar a la quejosa, aplicando el artículo tercero del Decreto Expropiatorio y el artículo 10 de la Ley de Expropiación vigente en 1967”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

“Es decir, aplicando lo dispuesto en el artículo tercero, en donde se establecía que la indemnización se pagaría tomando como base el valor fiscal de los bienes que figura en las oficinas catastrales o recaudadoras en las oficinas de la Tesorería del Distrito Federal”, Sergio Valls Hernández, Ministro SCJN.

“Por esa razón, yo también no coincidió con el proyecto, también estoy de acuerdo que debería ser en valor catastral y remitir en su caso el expediente al juez de distrito nuevamente”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

El Pleno indicó que para fijar el valor de los terrenos, se tendrá que realizar un estudio pericial, en el cual no se tomará en cuenta la propuesta del gobierno de la ciudad, cuando se exigió la  indemnización.

“Y les decía que convirtiendo nuevos a viejos pesos, determinó un pago o un monto más bien, un monto por una cantidad que a la mejor resultó ridícula eso todo mundo lo podemos entender 2 mil 448 pesos con 50 centavos y ahí mismo dijeron y ahí está el billete de depósito para cumplir con la resolución”,  Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

“Yo creo que sería prudente el señalar ciertos lineamientos para que se cumpla nuestra determinación”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

“Y que no se tomen en cuenta los elementos que sustentaron ese dictamen, porque podríamos llegar al punto de volver a llegar a esa conclusión que ya estimo, no es aceptable para ninguno de nosotros”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

El proyecto original del Ministro Aguilar Morales, ordenaba a la nueva administración de la capital, pagar la indemnización fijada en más de 123 millones de pesos.

En esta sesión, el Pleno dejó en lista o retiró 13 incidentes más, en los que se pedía sancionar a distintas autoridades por la omisión de cumplir con diversas sentencias de amparo, debido a que de última hora se recibieron documentos que subsanaban el incumplimiento.

“Aquí vale hacer el comentario que reiteradamente hace este Alto Tribunal en relación con el cumplimiento de las sentencias de amparo, sabemos nosotros que uno de los aspectos más importantes que hay dentro del juicio de amparo, no solamente promover, tramitarlo y llegar a un buen puerto si no cuando hay la concesión de un amparo que tenga el debido y oportuno cumplimiento, es nuevamente una exhortación que hacemos a las autoridades responsables”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Pidió a las autoridades no cumplir con ello, solo cuando ven cerca la posibilidad de ser removidos y consignados ante el Ministerio Público.

 

José Luis Guerra García

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