. @JoseAGuevaraB Director de la @CMDPDH reflexionó sobre la impunidad en homicidios cometidos por policías y militares

Es necesario que el Senado busque alternativas de cooperación internacional para evitar que los homicidios cometidos por policías y militares queden impunes.
Así lo señaló el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara.

“No creemos que las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia tengan la capacidad ni la voluntad para poder llevar a juicio el enorme número de casos de ejecuciones extradiciones, privaciones arbitrarias de la vida, homicidios, asesinatos o como se les quiera llamar, por servidores públicos en el uso indebido de sus funciones”.

Aclaró que en los últimos años las fuerzas armadas han participado en más de 3 mil 600 enfrentamientos con organizaciones criminales, en los que han perdido la vida más de 4 mil civiles.

Muertes que en la gran mayoría de los casos no son esclarecidas.

Dijo que es importante que se busquen alternativas de cooperación internacional, por ejemplo con la Corte Penal Internacional.

Alternativas como pensar en lo que ha hecho Guatemala en una comisión para combatir la impunidad, pensar en alternativas que en otras latitudes han tenido resultados medianamente aceptables como por ejemplo cámaras especiales con participación de jueces y fiscales internacionales para poder ayudar a las instituciones mexicanas a llevar a juicio”.

Lamentó que en México no hay militares o policías encarcelados por este tipo de delitos.

Juan Carlos González

@JUANCA72CJ

Presentan estudio Las mujeres invisibles: los verdaderos costos de la prisión 

Las familias de personas en reclusión sufren un impacto alarmante psicológico, económico y social, situación que en su mayoría repercute en las mujeres.
El estudio “Las mujeres invisibles: los verdaderos costos de la prisión”, realizado por la investigadora del CIDE Catalina Pérez Correa, destacó que para las familias de los internos, el encarcelamiento implica importantes pérdidas económicas, incluida la pérdida del ingreso familiar.

Aunque una cuarta parte de las personas dependen de las defensorías de oficio, 36% de las personas encuestadas afirmó haber gastado entre 10 mil y 100 mil pesos en cuestiones legales.

Además de los gastos que implica cada visita al centro de reclusión. 

11.4% de las y los encuestados recibe menos de un salario mínimo al día y casi 50% tienen 800 pesos o menos a la semana equivalente a un año de 3 mil 200 pesos al mes, este es el estado económico de las personas que visitan los reclusorios”.

De 3 millones 290 mil visitas a reclusorios del DF o del estado de Morelos, el 75% las realizan mujeres.

En el 88% de los casos visitan a hijos, parejas, hermanos u otro familiar.

Dicen que les tengo que llevar cobijas, le tengo que llevar sábanas, jabón, cloro, escobas, lo que le tenga que llevar, si ustedes van a un centro van a ver a estas mujeres que están formadas afuera de los centros con grandes bolsas, con cubetas de agua, cobijas, con todo lo que el interno necesita y esto tiene que ver fundamentalmente con las condiciones en las que están las cárceles”.

En el estudio se recomienda que el estado, a través de sus instituciones penales, tome en cuenta la situación familiar de las personas a quienes detiene así como a las familias.

Que éstas formen parte de la política penitenciaria, ya que la afectación y los costos negativos recaen en ellas, que van desde el empobrecimiento económico hasta las afectaciones a la salud.

 Martha Rodríguez

@marthaarod

 

 

Segunda Sala fija jurisprudencia sobre la cuota para cubrir prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad

La Segunda Sala de la Corte aprobó una jurisprudencia que establece que el cumplimiento de lo previsto en el segundo párrafo del Artículo 25 de la Ley del Seguro Social, no está condicionado a la existencia de un contrato colectivo de trabajo.
Dicha disposición establece que los patrones, trabajadores y el estado, aportarán una cuota de 1.5%, sobre el salario base de cotización, para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los pensionados y sus beneficiarios.

Ello en relación con los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

El criterio publicado en el Semanario Judicial, explica que de la interpretación de dicha porción normativa se desprende que tal cuota es de aplicación general a todos los sujetos del régimen obligatorio.

Esto a pesar de que el primer párrafo del mencionado artículo, contiene una disposición dirigida a especificar la forma de calcular las aportaciones en los supuestos en que se hayan pactado en los contratos colectivos, prestaciones de seguridad social.

Sin embargo esto no limita, ni condiciona a este último supuesto, la aplicación de la cuota prevista en el segundo párrafo.

Pues la intención del legislador, es darle viabilidad y sostenibilidad, al plan de seguridad social previsto en la Ley del IMSS. 

José Luis Guerra García

 

Primera Sala determina que los #DDHH de fuente internacional o constitucional forman un solo catálogo que debe ser consultado por el juzgador

La Primera Sala de la Corte estableció como jurisprudencia que las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales y en la Constitución, no se relación entre sí, en términos jerárquicos.
El criterio publicado en el Semanario Judicial, parte de la jurisprudencia establecida por el pleno en 2014 en esta materia.

Este tipo de normas, explica, integran un catálogo único de derechos que funciona como un parámetro de regularidad constitucional.

Por tanto, cuando un derecho humano esté reconocido tanto en la Constitución, como en los tratados internacionales, debe acudirse a ambas fuentes para determinar su contenido y alcance.

Favoreciendo en todo tiempo a las personas, la protección más amplia, en el entendido de que cuando exista en la Constitución una restricción expresa al ejercicio de un derecho humano, deberá atenderse lo indicado en la ley suprema.

Este criterio se fijó por reiteración, al confirmarse en 5 amparos diferentes.    

José Luis Guerra García

El gobierno mexicano debe enfocar desde la salud pública su política contra el consumo de drogas, asegura María Elena Medina Mora

Legalizar el consumo de drogas no es el remedio para acabar con la criminalidad, aseguró la Directora del Instituto Nacional de Psiquiatría.

“Tampoco podemos pensar en situaciones de todo o nada, porque a veces se dice que hay que legalizar para acabar con la violencia, esto no es real”.

Precisó que el gobierno mexicano debe enfocar desde la salud pública su política contra el consumo de drogas.

El indicador del éxito de esta perspectiva en la política, advirtió, sería el nivel de bienestar de las comunidades.

El éxito de la política no va a ser cuántas personas están en la cárcel, o cuánta droga decomiso… En Reino Unido tienen muchas más personas con adicción que nosotros, tiene muchos más usuarios, sin embargo, su problema, que lo definen desde la perspectiva de salud, tiene un problema bajo de narcotráfico, de crimen”.

Dentro del ciclo Los problemas nacionales y el derecho, explicó, que esa política se debe enfocar en la salud, pues hay evidencia científica que confirma que la adicción es una enfermedad del cerebro.

Por lo tanto, se descarta, dijo, que la adicción sea una conducta delictiva.

Cabe destacar que no todos los que consumen drogas están enfermos.

Por ejemplo, en los casos de los consumidores de marihuana, sólo entre el siete y el nueve por ciento desarrollan dependencia.

Destacó que la adolescencia sí es la etapa más vulnerable para desarrollar adicción a sustancias por las condiciones cerebrales en las que los efectos de las drogas son más dañinos. 

Mario López Peña

@elogiodeljabon

El magistrado José Nieves Luna Castro se refirió a la prevención y el combate del fraude fiscal

La Reforma Penal de 2008 y la de Derechos Humanos de 2011 trajo nuevas maneras de analizar al sistema jurídico mexicano frente a delitos como operación con recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal.
Así lo aseguró el magistrado José Nieves Luna Castro, del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal del segundo circuito con sede en Toluca, Estado de México. 

Al participar en la mesa “La prevención y el combate del fraude fiscal”, dijo que la discrepancia entre egresos e ingresos generan en sectores públicos la posibilidad de vincular delitos fiscales con el debido proceso en delitos ordinarios.

El magistrado José Nieves Luna dijo que la normativa en otros países en materia de defraudación fiscal es diferente.

Esto en el caso mexicano a mí me ha llevado a reflexionar desde hace muchos años el caso del Artículo 92 del Código Fiscal de la Federación que nos establece requisitos de procedibilidad para el inicio y continuación de los delitos fiscales, a su vez, en la parte final del propio precepto establece que todos aquellos delitos que no requieran de algún requisito de procedibilidad serán perseguibles de oficio”.

Jueces de España y Chile se pronunciaron por la creación de un modelo diferente de investigación judicial en materia fiscal.

“Muchas veces hay otro tipo de delitos que podrían perseguirse pero que son de mucha mayor dificultad en su probanza, derechamente en nuestro país el financiamiento irregular de la política no está sancionado como una conducta delictiva”, Carlos Gajardo Pinto, Fiscal en Chile.

Tenemos un sistema en el que la corrupción que hay, que la hay en España se limita en el plano político, esa es la gran fortaleza en España tener una administración que vertebra al país y que va a permitir sacar adelante de esta grave crisis, gracias a los jueces”, Joaquín González –Herrero, Fiscal en España.

En la actualidad, los procesos judiciales tributarios en España tardan en resolverse entre 6 y 7 años.

Martha Rodríguez

@marthaarod

Nuevo etiquetado frontal en alimentos y bebidas representa un riesgo para la salud, denuncian organizaciones

El nuevo etiquetado frontal en alimentos y bebidas representa un riesgo para la salud, denunciaron organizaciones ciudadanas.
El pasado 1 de julio entró en vigor la llamada guía diaria alimentaria.

Prácticamente conserva la misma estructura que el etiquetado actual e incluso se hace más complicado todavía porque la información viene en calorías y no en gramos”, Fiorella Espinosa, El Poder del Consumidor.

A decir de la Alianza por la Salud Alimentaria, el etiquetado no es comprensible y tampoco atiende las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

La OMS indica que no deben ingerirse más de 50 gramos de azúcar al día, sin embargo este etiquetado promueve el consumo de 90 gramos.

“Yo les pregunto a ustedes qué entienden cuando ven 70 por ciento de los nutrimentos, salimos a la calle y le preguntamos a la gente y obviamente lo que entienden es que se recomienda que llegues al 100 por ciento de los nutrimentos diarios”, Alejandro Calvillo, El Poder del Consumidor. 

De acuerdo a la OCDE el tener realmente un etiquetado claro, útil y comprensible podría reducir en 831 millones de pesos el gasto en salud”, Luis Manuel Encarnación, Contrapeso.

Informaron que interpusieron un amparo contra el etiquetado de alimentos y bebidas, por atentar contra el derecho a la salud, el cual se encuentra pendiente de resolución.

Oscar González

@okogonzalez08
 

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