Las competencias federales relacionadas con el desarrollo forestal sustentable estuvieron a debate en el Pleno del máximo tribunal

El Gobierno Federal demandó a los poderes ejecutivo y legislativo de Michoacán por establecer reglas en materia de conservación, protección y restauración de tierras.

El Presidente de la República argumentó que esto es competencia federal.

La Suprema Corte de Justicia desestimó sus argumentos.

 “No es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar sobre materia forestal, sino al contrario, existe concurrencia de facultades entre la Federación y los Estados y el Distrito Federal”, Ministro Sergio Aguirre Anguiano.

Al iniciar el análisis de esta Controversia Constitucional, el Pleno consideró válido que Michoacán establezca los requisitos que deben cumplir los programas de manejo forestal.

Sin embargo, algunos ministros señalaron que el estado debe coordinarse con la federación.

 “Yo de la lectura del artículo 24 de la Ley General y del 11 de la Ley del Estado me parece que si es preciso este convenio para efectos de que el Estado pueda asumir estas disposiciones”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Convengo también  en que la seguridad jurídica  se establece a través de los convenios, donde tengo duda es en la afirmación tajante de que en los convenios se determine la validez o invalidez de la norma”, Ministro Presidente Juan Silva Meza.

 “No tiene por qué ser así, puede desplegar sus atribuciones sin necesidad de coordinarse”, Ministro Sergio Aguirre Anguiano

Yo creo que si llegáramos al extremo de decir que a partir de estos artículos se pueden dar estas autorizaciones sin convenio, entonces sí, habría invalidez”, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Por mayoría de siete votos a favor y cuatro en contra, el Pleno determinó que el estado puede intervenir en los programas de manejo forestal, pero sólo, si existe un convenio previo con la federación.

Con la misma condición, el estado puede regular los cambios de utilización de las tierras.

 “16 más que invadir una facultad Federal se está contribuyendo al mantenimiento de estos terrenos forestales y de alguna manera colabora con el respeto a la facultad Federal sobre este mismo tema”, Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

El Gobierno Federal impugnó diversas normas de la Ley para la Conservación y Restauración de Tierras de Michoacán por considerar que invaden competencias exclusivas del Congreso de la Unión.

En la sesión del próximo jueves continuará el análisis de este asunto, estarán a debate las facultades de la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado para imponer sanciones en esta materia.

Verónica González

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Es por ello, que se pronunciaron a favor de impulsar cambios a la constitución que consoliden este principio y que obliguen a los gobernantes a respetar las disposiciones en esta materia.

“El estado laico debe considerar la variedad de opiniones, practicar una rigurosa neutralidad en materia de religión, fe e ideologías; el estado laico también, no representa una nueva cultura”, Salvador Valencia Carmona, IIJ UNAM.

Cambios que deben ir más allá de la libertad de culto y religiosa.

“Tenemos que establecer la libertad de convicciones filosóficas y religiosas para creer o no creer, no nada más la libertad de conciencia porque eso tampoco resuelve el problema”, Patricia Galeana, Colegio de Historia Facultad Filosofía y Letras UNAM.

Puntualizaron que todo estado laico, debe respetar la libertad religiosa, sin que esto implique supeditarse a ninguna de ellas.

“Reitero este juicio ético no implica ninguna subordinación jurídica del estado a la iglesia, simplemente es un juicio que se pronuncia y que el representante del poder político deberá escuchar, podrá seguir o rechazar con toda libertad como estado soberano pero tiene que escuchar”, Jorge Adame Goddard, IIJ-UNAM.

Laicidad que no solo debe ser normativa, sino también cultural, con el fin de que se obligue a todos los integrantes de la sociedad a respetar estos principios.

“Porque la iglesia ha reconocido casos de pederastia y eso es un delito, pero la iglesia católica ha procedido aplicar la sanción moral pero el estado mexicano ha volteado para otro lado, o sea para el estado mexicano esa declaración de un delito o una serie de delitos no ha merecido si quiera el inicio de una averiguación previa, que quiere decir, que hay un abandono de la normativa”, Diego Valadés, IIJ-UNAM.

Es por ello, que reiteraron que resulta indispensable actualizar el marco legal para que el estado laico sea una realidad en la práctica.

José Luis Guerra García