Autoridades del gobierno del Distrito Federal estuvieron a punto de ser consignadas penalmente por el incumplimiento de una orden judicial

Tres sesiones, nueve horas de debate, una sentencia:                                        

Son válidas las reglas que estableció el gobierno de Michoacán para regular la conservación, protección y restauración de tierras.

En la última sesión el Pleno determinó que al basar sus lineamientos en la convención de la ONU para combatir la desertificación, el gobierno michoacano no invadió competencias de la federación.

“Los Tratados Internacionales tienen vigencia Federal y lo que se está pretendiendo es armonizar justamente la legislación Federal con la Estatal, sin que esto implique una invasión de facultades”, Ministra Margarita Luna Ramos.

“¿Es competencia federal? Pues no, porque todos estamos obligados a cumplir con los Tratados Internacionales, no sólo la  Federación sino también los Estados”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Al resolver esta Controversia Constitucional, la Corte desestimó los argumentos del Presidente de la República.

Michoacán no invadió competencias del Gobierno Federal al administrar los recursos federales que se destinan al programa especial para el desarrollo forestal sustentable.

“Estas aportaciones de la Federación son voluntarias y se logran a través de la coordinación del programa correspondiente”, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

“Son mecanismos de coordinación para la suscripción de consejos estatales y municipales así como el compromiso de los Estados para promover la regulación acorde con la legislación nacional”, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Para la sesión de este lunes el Pleno listó 364 expedientes en los que se reclama el incumplimiento de Juicios de Amparo, en la mayoría de los casos están involucrados autoridades del Gobierno del Distrito Federal.

De último momento Luis Rosendo Gutíerrez Romano, tesorero del gobierno capitalino, envió un oficio a la Corte para justificar el incumplimiento de las sentencias, que en su mayoría están relacionadas con la devolución de impuestos.

El documento lo leyó el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte.

“Es de suma trascendencia para el suscrito externar ante usted que en este momento resulta material y jurídicamente imposible dar cumplimiento a las ejecutorias de amparo”, Srio. Gral. Acuerdos, Rafael Coello Cetina.

El monto que debe el gobierno capitalino supera los 300 millones de pesos.

Para el Ejercicio Fiscal de 2011 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sólo aprobó una partida presupuestal de 60 millones de pesos.

Cantidad con la que sólo se pudieron resolver los primeros 50 incidentes de inejecución de sentencia.

“Siguiendo los criterios que ha establecido este Pleno se puede  considerar que hay un principio de cumplimiento de sentencia”, Ministro Fernando Franco González Salas.

“Con ese principio de cumplimiento de sentencia que se devuelva al Colegiado, que se envíe para que con vista al quejoso se manifieste si está cumplida o no la sentencia”, Ministro Luis María Aguilar Morales.

“Para que nos informen en un plazo no mayor a 10 días hábiles a esta Suprema Corte en relación con el cumplimiento”, Ministro Presidente Juan Silva Meza.

El resto de los asuntos se discutirán en la sesión de este martes.

Verónica González