Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte al resolver un recurso de reclamación interpuesto por el Poder Judicial de Nayarit.
“La única manera de impugnar decisiones de los Institutos de Transparencia Federal o Estatal son los recursos en sede administrativa ante órganos especializados que manda la Constitución”, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.
En el 2008 Karla Villarreal Arce solicitó información al Consejo de la Judicatura de Nayarit sobre sanciones a jueces y otros funcionarios judiciales.
El Poder Judicial Estatal señaló que los documentos contienen información reservada.
Sin embargo, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Nayarit, el ITAI, ordenó la entrega de la documentación.
El Poder Judicial de Nayarit apeló a la Suprema Corte de Justicia por considerar que el ITAI se excedió en sus atribuciones.
El 10 de noviembre de 2009 la Ministra Olga Sánchez Cordero determinó que la Controversia Constitucional era improcedente.
El Poder Judicial de Nayarit interpuso un recurso de reclamación.
El Ministro Luis María Aguilar Morales propuso al Pleno admitir la demanda.
“Actualmente el criterio de la Suprema Corte respecto de lo que puede constituir las materias de las Controversias Constitucionales, de admitir el examen de todo tipo de violaciones a la Constitución Federal en cuanto estén relacionadas con la esfera de atribuciones del Órgano que se trate”.
Algunos ministros objetaron este argumento.
“Es evidente que lo que se combate es únicamente la legalidad del acto impugnado, insisto la Controversia Constitucional no se puede constituir en un medio ulterior de defensa”, Ministro Sergio Valls Hernández.
“Estaríamos convirtiendo en una Casación Federal de acceso a la Información a esta Corte y estaríamos permitiendo que se dilataran las decisiones de los 32 Órganos Locales más el Federal a través de este tipo de Controversias”, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Al final por mayoría de ocho votos a favor y dos en contra el Pleno confirmó el acuerdo que desecha la demanda del Poder Judicial de Nayarit.
“Sosteniendo el auto de desechamiento que dicte porque en mi concepto no hay ni siquiera un principio de afectación”, Ministra Olga Sánchez Cordero.
En la sesión de este martes el Pleno de la Corte inició el análisis de una Contradicción de Tesis relacionada con las sanciones a Contadores Públicos.
La Primera y Segunda Salas de la Corte sostienen criterios distintos sobre la validez de la norma que regula el plazo para imponer una sanción a los contadores que comenten irregularidades cuando dictaminan estados financieros.
En el Pleno hay distintas opiniones.
“No constituye una sanción administrativa, sino que es el reconocimiento de que se hay dejado de cumplir los requisitos indispensables para contar con el registro para dictaminar estados financieros”, Ministro Luis María Aguilar Morales.
“Yo estoy en contra de lo que plantea el proyecto porque para mí, en primer lugar si se trata de una sanción”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.
Tras el intercambio de argumentos el Ministro Luis María Aguilar Morales propuso al Pleno retirar el proyecto para hacerle algunos ajustes.
Verónica González