Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del congreso de Veracruz impugnaron la ley de proyectos para la prestación de servicios del estado

Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del congreso de Veracruz impugnaron la ley de proyectos para la prestación de servicios del estado.

Consideran que es inconstitucional porque permite la contratación de deuda pública sin garantizar que se invierta en obras para el estado.

La Suprema Corte analiza sus argumentos planteados en una Acción de Inconstitucionalidad.

El Ministro Valls Hernández propuso al Pleno anular esta ley.

“La ley permite, en contra de lo dispuesto por el párrafo segundo de la fracción VIII, del artículo 117 constitucional, que a través de los proyectos para la prestación de servicios a largo plazo, se lleven a cabo actividades que por más de un ejercicio fiscal, que no implicarán directa o indirectamente un incremento en los ingresos públicos del Estado”.

Los diputados locales señalaron que esta ley crea un monopolio del gobierno estatal sobre la prestación de servicios al asignarlos en una sola ocasión para varios ejercicios fiscales.

No obstante, la mayoría en el Pleno de Ministros considera que la deuda pública solo se genera por un préstamo y en este caso eso no ocurre.

“Si esto se hace con recursos presupuestales se trata simple y llanamente de un contrato plurianual que no requirió contratación de deuda pública, por eso, si es cierto que a futuro se tenga que pagar un contrato plurianual, si se hace con recursos presupuestales de éste o de años futuros”, Ministro Luis María Aguilar Morales.

“Esta Ley de Proyectos es una ley estrictamente instrumental, si se quiere hacer este tipo de asociaciones entre el Estado y un particular para el desarrollo de determinadas obras, se puede acudir a esta forma de contratación, que por cierto está abundantemente requisitada, vigilada y supervisada”, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

“Consecuentemente con eso, me parece que se subordina la Ley de Prestación de Servicios, al Código Financiero y al artículo 117 constitucional en el sentido de que esos servicios están entrelazados, entremezclados con la situación de la inversión pública productiva”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Algunos ministros pusieron como ejemplo la construcción de infraestructura carretera.

“Y cómo se le paga, concesionándosela al cobro del peaje por determinados años, aquí yo pregunto: ¿Dónde está la deuda pública? ¿En realidad de le está comprometiendo presupuestalmente? No, porque la carretera no existía cuando o al menos no en las condiciones en que queda para el cobro de ese peaje, entonces aquí tenemos un ejemplo en el que en realidad no existe un endeudamiento”, Ministra Margarita Luna Ramos.

Tras escuchar la opinión de la mayoría, el Ministro Sergio Valls Hernández pidió que el asunto fuera retirado con el fin de ajustar el dictamen con los argumentos de la mayoría.

En la sesión de este martes el Pleno de Ministros inició el análisis de una demanda del Procurador General de la República en contra de los poderes ejecutivo y legislativo de Yucatán.
Las normas impugnadas facultan a la autoridad administrativa para imponer sanciones como el trabajo a favor de la comunidad.

La PGR considera que esto viola la garantía de libertad de trabajo.

“La consulta propone desestimar tales argumentos, dado que la garantía de libertad del trabajo no es absoluta sino que tiene restricciones, y una de ellas es la establecida en el artículo 21 constitucional, del que se desprende que las autoridades administrativas pueden imponer como sanción el trabajo a favor de la comunidad”, Ministro Luis María Aguilar Morales.

El análisis de este asunto continuará en la sesión del próximo jueves.

Verónica González