El combate al crimen organizado debe hacerse mediante una política legislativa eficaz, con sanciones proporcionales a la gravedad del delito y con respeto a los derechos humanos, se afirmó durante el último día de trabajos del foro: Legalidad Democrática, Ética, Derechos Humanos y Seguridad.
En donde el juez de la Audiencia Nacional Española, Fernando Andreu, afirmó que el éxito de esta lucha depende de un combate efectivo a sus fuentes de financiamiento.
“Donde más daño y donde más, mayores logres se van a conseguir es a través de la confiscación del patrimonio criminal, mediante la retirada de los bienes que han obtenido ilícitamente”.
Para ello, es necesario conocer cómo operan estas bandas y allegarse pruebas que permitan, incautar sus activos financieros.
“Porque la prueba tiene que ser una prueba obtenida de manera lícita, válida y eficaz, para que cuando lleguemos a un juicio oral podamos utilizarla, porque si nos la anulan nos hemos quedado sin prueba y si nos hemos quedado sin prueba, necesariamente vamos a ir a una absolución”, Dolores Delgado, Fiscal de la Audiencia Nacional Española.
Lucha en la que es indispensable que exista una separación efectiva del Ministerio Público y el Poder Ejecutivo.
“Pero el sistema como tal, puede haber puntos de colisión más evidentes en determinados casos investigación que afecten o que puedan afectar a estructuras del propio poder del que se detenta, eso ha ocurrido en muchos países entonces hay que avanzar hacía mecanismos de procuración de justicia cada vez más autónomos, garantizando la independencia o mecanismos claramente establecido de no interferencia por parte del Poder Ejecutivo en la acción”, Baltasar Garzón, Juez Español.
Esta dependencia en el caso de México, aunada al hecho de que para fincar responsabilidades no se aporten pruebas contundentes ha propiciado que de 2004 a 2010, de 500 casos consignados ante un juez, solo en 53 la PGR haya obtenido sentencias condenatorias.
“Esto quiere decir, que muchos, muchos ciudadanos, fueron detenidos, fueron procesados y al final, fueron liberados o bien porque no se les pudo acreditar que participaron en el crimen organizado o bien, simple y sencillamente porque eran inocentes y este es el peor de los fracasos de un estado de derecho”, Enrique Díaz Aranda, IIJ-UNAM.
Situación que refleja que la procuración de justicia se encuentra en crisis.
“Creo que en México vivimos zona de desastre, ministerios públicos que no solamente dejan de investigar ciertos delitos, porque no conviene a sus jefes, sino que fabrican culpables porque así conviene a sus jefes, esto no puede sino conducir a resultados desastrosos”, Luis de la Barreda Solorzano, Director Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad.
Ante este panorama, se afirmó que México requiere un cambio de fondo que permita recuperar la credibilidad en las instancias de procuración de justicia, para evitar que se repitan sucesos lamentables como los de Nuevo León.
“Necesita que la legalidad, garantice la seguridad, garantice el desarrollo, garantice el trabajo, garantice la educación, garantice los derechos humanos”, Leoluca Orlando, Ex Alcalde de Palermo, Italia.
Se concluyó que la única ruta para garantizar en México una seguridad estable a largo plazo, será aquella que se explore a través del derecho, de los derechos humanos y de las instituciones democráticas.
José Luis Guerra García
Canal Judicial 