La estrategia que el Gobierno Federal ha adoptado para combatir la inseguridad y la violencia, no atiende las causas del problema, sino solo sus consecuencias, afirmaron participantes en el Seminario sobre la Iniciativa de Reformas a la Ley de Seguridad Nacional.
Lucha asumida por las fuerzas armadas, ante la corrupción que priva en las corporaciones policiales, y que a su vez, busca legitimar al gobierno.
Combate que solo ha permitido detener a 16 aparentes capos del narcotráfico; y que podría dejar como saldo al final del sexenio, la muerte de 65 mil personas, producto, dice el gobierno, de la confrontación entre bandas delictivas.
“El peor escenario para México, sería cerrar con 91,000 ejecuciones, el escenario más modesto serían 55,000, o sea 10 más de las que llevamos hasta el mes antepasado”, Eduardo Guerrero, Consultor en Materia de Seguridad.
Cifras que reflejan que el gobierno ha privilegiado el uso de la fuerza para contrarrestar este flagelo.
“En relación al ejército, ha sido también un aumento de la tasa, es decir, cada vez más fallecidos sobre detenidos sí, mientras que en el 2008 había más detenidos que fallecidos en enfrentamientos, al ir pasando los años, ha sido, ha sido al revés”, Carlos Silva, IIJ-UNAM.
Hechos que reflejan que la estrategia no respeta los derechos humanos.
“Pero los derechos de la sociedad son vistos como mero obstáculos que hay que eliminar y restringir, de tal manera que le permitieran al estado ejercer toda la fuerza pública, todo el poder que necesite ejercer para poder abatir la violencia que aparentemente se está generando”, Sandra Serrano, Profesora FLACSO.
Inseguridad que no se erradicará endureciendo sanciones y cancelando derechos, como se propone en la iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional.
“En este caso, de su legalización y aterriza en figuras como la declaración a la afectación de seguridad interior, para que el presidente pueda utilizar al ejército para controlar territorios enteros”, Pedro Salazar, IIJ-UNAM.
Reformas que proponen también, formalizar las labores de seguridad que ha venido realizando el ejército en los últimos años.
“Si el propósito planteado es tener un marco jurídico que regule la actividad del ejército, ya lo tenemos y a lo que opongo rotundamente y a lo que nos opusimos en el senado, prácticamente por unanimidad, es a que se le den facultades de policía al ejército”, Jesús Murillo Káram, Senador PRI.
“El congreso tiene un deber ineludible, tratar de acotar, desde la ley, lo más que pueda, en el marco de este régimen político que nos hemos dado, esa actuación de las fuerzas armadas”, Javier Corral, Diputado PAN.
“Ha dado abiertamente en los hechos una función o misión a las fuerzas armadas, a la seguridad pública debilitando la autoridad, de por si mermada del poder civil, sobre todo en los gobiernos locales”, Teresa del Carmen Incháustegui, Diputada PRD.
Estrategia acompañada de críticas a otros poderes, por la falta de resultados efectivos.
“Se puede hablar del Poder Judicial, últimamente acosado por señalamientos y requerimientos impropios por decir lo menos, un Poder Judicial al que se está pidiendo condenas, haya o no elementos para emitirlas, capturas, ordenes de cateos y arraigos, existan o no bases para acordarlos”, Sergio García Ramírez, IIJ-UNAM
Se advirtió en este seminario, que de concretarse estas reformas a la Ley de Seguridad Nacional, podría llevarse a la ruina los sistemas de justicia penal y de protección de derechos humanos.
José Luis Guerra García