Por primera vez en la historia la Suprema Corte ordenó la consignación penal de un ex funcionario por desacato de una orden judicial.
En el 2009, mientras presidía la Junta Especial Número 8bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Distrito Federal Gustavo Nava Díaz Barriga no cumplió un amparo a favor del IMSS en un litigio laboral.
“En seis meses no hizo absolutamente nada ni siquiera informó que lo estuviera estudiando, que lo estuviera revisando nada, fue una omisión y un desacato absoluto”, Ministro Luis María Aguilar Morales.
La resolución del Pleno sentó un importante precedente para las autoridades que se resisten a cumplir los fallos judiciales.
“El incumplimiento de una sentencia de ejecutoria de amparo debería ser una situación extraordinaria y lo realmente alarmante es que en algunas ocasiones como que ya es un patrón de comportamiento y se llega solamente al cumplimiento cuando los asuntos ya están listados…Pareciera que el Poder Judicial de la Federación se convierte en un Poder suplicante del cumplimiento de las sentencias que debería cumplirse en automático”, Ministro Presidente Juan Silva Meza.
“El que una sentencia de amparo proteja a un ciudadano y la autoridad no la cumpla hace que las sentencias de amparo se conviertan en simples papeles inútiles que no tienen ninguna relevancia jurídica”, Ministro Luis María Aguilar Morales.
El dictamen elaborado por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, ordenó dejar abierto el incidente de inejecución de sentencia, hasta que se cumpla cabalmente la orden judicial.
“Recientemente se recibieron constancias por parte del actual titular de esa autoridad responsable en donde informa que el expediente relativo a este procedimiento laboral se extravío y por ese motivo no se ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo”.
Este no es el único juicio en el que el ex funcionario, Gustavo Nava Díaz Barriga fue omiso ante una orden judicial.
Hace dos años María de la Luz Ambriz ganó un juicio de amparo, que hasta la fecha no ha sido ejecutado.
Esta fue la orden judicial.
“Dictar otro laudo en el cual siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo se repusiera el procedimiento a fin de admitirá la testimonial ofrecida por la quejosa que proveyera a su desarrollo”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.
Tras revisar el juicio, los ministros concluyeron que no se cumplió a cabalidad.
“Ni se ha cumplido con la ejecutoria ni tenemos constancia ni tampoco hay ninguna justificación que pudiera a este pleno llevarlo a considerar excusable el cumplimiento”, Ministro Fernando Franco González Salas.
“Está claramente demostrada la contumacia y también coincido en que no importa si fue un requerimiento o si fueron dos o si fueron cuatro hay constancias de que se le estuvo requiriendo… Queda claro que no hizo su mejor esfuerzo para cumplir con la sentencia de amparo”, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
En la sesión de este lunes se listaron 15 incidentes de inejecución de sentencias.
En dos juicios que quedaron pendientes de su resolución, autoridades del Gobierno del Distrito Federal podrían ser consignadas ante un juez penal.
“José Arón Gómez Orduña Dir. Del Registro Público de la Propiedad y Registro del DF y Leticia Bonifaz Alfonso Consejera Jurídica y de servicios legales del DF por haber incumplido la sentencia constitucional del 30 de septiembre de 2009”, Rafael Coello Cetina, Secretario General de Acuerdos SCJN.
El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo explicó porque fueron aplazados.
“El Juez de Distrito le dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento, con un nuevo cumplimiento que pretendieron dar las autoridades responsables, se solicitó una prórroga del plazo que se le había dado para desahogar dicha vista y esa prórroga aún se encuentra transcurriendo”.
Verónica González