La derogación de los artículos primero y 31 de la ley de imprenta en donde se definía el delito de ataques a la vida privada y sus sanciones, es un avance para la libertad de expresión, afirmó la Ministra Margarita Luna Ramos.
Indicó que este decreto y varías sentencias de la Corte han ido eliminando restricciones al ejercicio de este derecho.
“Que es lo que queda claro con esta derogación que esto ya no constituye prácticamente un delito, y esto no amerita en un momento dado una pena de prisión, sin embargo, esto no quiere decir que no puedan estar exento a que puedan ser demandados por la vía este civil por daño moral o por daños y perjuicio que esto sí prevalece todavía en los artículos del Código Civil correspondiente, del código federal estoy hablando”.
Al participar en Xalapa, Veracruz en el foro: Seguridad con legalidad, señaló que este derecho que ha sido ponderado por la Corte, por encima de intereses particulares, debe ejercerse con responsabilidad para no dañar a las instituciones.
“Hasta donde una situación de esta naturaleza, nos va a llevar a construir un país en el que se va a deleznar diariamente a las instituciones y donde, esto va a permitir que acabemos no creyendo en ellas, eso es una gran responsabilidad y yo creo que también hay que pensar en eso, pero tampoco podemos decir que no existe la obligación de denunciar lo que haya que denunciar y lo que en un momento se considere que no esté correcto”.
Crítica que debe servir para vigilar la actuación de los servidores públicos, pero que en ningún momento debe promover el odio o la discriminación.
“Yo sí creo que una de las función de los medios de comunicación fundamental en cualquier sociedad democrática es la de incomodar al poder, para eso están hechos los medios de comunicación para incomodar, para molestar, para vigilar, para investigar, para caer encima”, Juan Carlos Henao, Presidente de la Corte Constitucional de Colombia.
Se mencionó que el ejercicio de este derecho debe ser garantizado por el estado y los medios, deben coadyuvar con la autoridad para que las políticas criminales sean efectivas.
“Si el gobierno no es capaz de establecer esas condiciones mínimas, si están matando periodistas en muchas partes de la república, pues entonces no hay las condiciones mínimas para que los periodistas, los reporteros puedan realizar la labor que les corresponde y eventualmente contribuir también en el combate a la criminalidad”, José María Serna de la Garza, Investigador IIJ-UNAM.
En esta última sesión, se reconoció que la estrategia del gobierno para combatir al crimen se ha modificado, gracias a la crítica de los medios, las recientes reformas en materia de derechos humanos y a los criterios fijados por la Corte en este tema.
“Están ya en otra situación, porqué, porque el tribunal supremo nuestro, por ejemplo la Suprema Corte cambió e introdujo un factor importantísimo cualquier atentando contra los derechos humanos, lo haga quien lo haga será juzgado en los instituciones civiles y no militares”, Antonio Navalón, Periodista y Organizador Foro: Seguridad con legalidad.
Al clausurarse los trabajos de este foro, se afirmó que ahora, ya no basta con denunciar todo lo que no aguantamos, si no que es lo que la sociedad quiere en materia de seguridad.
José Luis Guerra García