Debido proceso en la investigación ministerial
17/02/2012 Deja un comentario
El proceso de la francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años de prisión, por su aparente responsabilidad en el delito de secuestro, se encuentra viciado de origen y por ello, su condena debe ser anulada.
Lo anterior lo señalaron participante en el foro: Debido proceso en la investigación ministerial, en donde se mencionó que la inculpada no contó con asistencia consular, ni con un abogado y tampoco fue puesta a disposición del ministerio público de manera inmediata.
“Lo cierto que en un estado democrático de derecho el no saberlo con certeza, el no tener la profunda convicción de que sí, tajantemente se pueda decir, esta señora es una secuestradora debería dar lugar a la inmediata libertad, así funcionan los estados de derecho”, Miguel Carbonell, Investigador IIJ-UNAM.
Indicaron que en el expediente, no hay elementos contundentes que demuestren que ella, era integrante de la banda Los Zodiacos, dedicada al secuestro.
“Con los elementos que hay en el expediente, Florence Cassez es inocente, con los elementos que hay en el expediente, ningún juez que hubiera leído como es su deber con cuidado las cosas que hay en el expediente hubiera condenado a Florence, ningún juez que hubiera hecho su labor como era su deber profesional y su deber ético”, Luis de la Barreda, Coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos UNAM.
Se afirmó que a la inculpada no se le respetó el derecho de presunción de inocencia y se le acusó del mencionado delito, a través de un montaje televisivo, 24 horas después de su detención.
“No conozco a nadie que haya podido desafiarlo, que haya podido sacar a la luz pública que esto era un montaje, y ello me parece que esa es una de las características definitorias que hacen del caso de Florence Cassez no solo signifique la posibilidad para la Suprema Corte de resolver una profunda injusticia, sino la posibilidad de mover el debate sobre culpabilidad e inocencia a los juzgados, y a tribunales, y a los abogados y a las pruebas”, Ana Laura Magaloni, Investigadora CIDE.
Manifestaron que este asunto, es uno de los casos emblemáticos de la justicia mexicana, en donde no se respetaron las normas mínimas del debido proceso.
José Luis Guerra García