Hoy en el Pleno de la SCJN
08/05/2012 Deja un comentario
La Suprema Corte anuló las normas que regulaban la expedición de licencias y permisos para construcción en el municipio de Monterrey, Nuevo León.
“El Municipio omitió actuar de acuerdo a la racionalidad constitucional y al mandado de ajustarse a lo que establece en las leyes federales y estatales, por lo que se debe declarar la invalidez de los preceptos impugnados”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.
El reglamento municipal establecía que si en cierto plazo la autoridad no se pronunciaba, este silencio equivaldría a la afirmativa para otorgar la licencia al particular.
La ley estatal señala exactamente lo contrario.
Y es que tratándose de asentamientos humanos, la constitución otorga facultades para legislar tanto a estados como municipios.
Sin embargo existen algunas limitantes.
“Esta disposición sí contiene una base general, que los Municipios tienen la obligación de acatar en sus ordenamientos propios, municipales”, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Al resolver una demanda promovida por el congreso de Nuevo León, con distintos argumentos el Pleno determinó que esta norma es inconstitucional.
“La cuestión regulada indebidamente por el Municipio, no constituye una base general de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo”, Ministro Sergio Valls Hernández.
“Yo estimo también que la vulneración fuerte y directa se da precisamente en la naturaleza de bases generales que requieren una organización procedimental en toda la entidad federativa y la limitada facultad, porque está subordinada a leyes, para otorgar licencias que tienen los Municipios”, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Algunos ministros objetaron el criterio de la mayoría.
“Aquí de lo que se está tratando es meramente de un incumplimiento del reglamento a lo establecido en la ley Estatal, lo que yo no veo es una violación a la Constitución”, Ministra Margarita Luna Ramos.
Por mayoría de diez a uno el Pleno expulsó del orden jurídico estas disposiciones contenidas en el reglamento para las construcciones en Monterrey, Nuevo León.
En la sesión de este martes el Pleno inició el análisis de una demanda promovida por el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en contra de la expedición de la Ley de entrega y recepción de recursos asignados a funcionarios municipales.
A decir del ayuntamiento, el congreso local invadió competencias municipales.
El proyecto de dictamen, elaborado por la Ministra Margarita Luna Ramos desestima estos argumentos.
«Desde la Constitución se le está diciendo que tiene facultades para fiscalizar manejo… No se trata de la fiscalización de la cuenta pública en sí, sino simple y sencillamente del monitoreo para efectos de que se lleve a cabo lo más adecuadamente la entrega recepción de los recursos materiales del municipio”.
Algunos ministros no coinciden con este argumento.
“Esto para mí, claramente rompe el principio de anualidad, porque es un ejercicio que necesariamente está corriendo, y el de posterioridad ¿Por qué? Porque se está dando en el curso de ese mismo ejercicio”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.
“No se está haciendo una valoración del ejercicio, sino nada más del ejercicio de entrega y recepción, donde también interviene para decir, al sancionarlo, si es correcto o incorrecto, lo cual ya va más allá de las facultades de revisión de la anualidad del ejercicio”, Ministro Luis María Aguilar Morales.
“De entrada, tal como está redactado, a mí me parece que sí contraviene incluso hasta la autonomía de los Municipios para el manejo de su hacienda”, Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
El análisis de esta controversia constitucional continuará en la sesión del próximo lunes.
Verónica González
Canal Judicial 