Reforma constitucional en materia de amparo

El Artículo 1º. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es a juicio de la mayoría de penalistas, la piedra angular de todo el sistema de protección interamericano, afirmó el doctor Eduardo Ferrer Mac-Gregor, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

“Los estados en la Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna con motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole”.

Señaló que la Convención Americana, también conocida como el Pacto de San José, es fruto de una amplia jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ahora tiene una amplia eficacia orientadora y obligatoria, según lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Tenemos más de 30 años con la Convención Americana sobre Derechos Humanos que aplica para México y sin embargo, poco la habíamos utilizado… Entre 2008 y 2010 vinieron las primeras seis sentencias de condena y también con el nuevo digamos criterios de la Suprema Corte, a partir del cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana, el caso Radilla, fue el 14 de julio, ya se tiene la obligación”.

Ferrer Mac-Gregor se dirigió a integrantes del Instituto Federal de Defensoría Pública con el tema “Las obligaciones generales establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como fuente del Juicio de Amparo y del Derecho Procesal Constitucional mexicano.

“Me voy a dedicar a un aspecto que tiene que ver con estas dos reformas y que repercute de la manera en que ahora vamos a interpretar los derechos humanos previsto en nuestra Constitución y por supuesto en los tratados internacionales”.

Explicó que en México son cinco las líneas que se siguen para acatar la Convención Americana:

1.- Obligación del Estado de asegurar el pleno goce de los derechos

2.- Proteger a las personas frente a amenazas de agentes privados y públicos

3.- Adoptar medidas de prevención frente a violaciones graves de derechos humanos

4.- Reparación del daño y pago de indemnización a víctimas y

5.- Cooperar con los órganos internacionales para que desarrollen su actividad de control.

Miguel Nila

Acerca de canaljudicial
Canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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