El Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero podría ir a la cárcel por negarse a pagar más de 45 millones de pesos a un particular con motivo de un amparo por la expropiación de un terreno en Punta Diamante, en el Puerto de Acapulco.
En 1999 los propietarios de los terrenos conocidos como El cerro de las minas y Loma del varadero de la charra ganaron un amparo en contra de la expropiación.
Ante la imposibilidad de regresar el terreno, se ordenó como cumplimiento sustituto el pago de 45 millones 712 mil 291 pesos.
Trece años después, el litigio continúa… Ante la omisión de las autoridades para acatar el fallo judicial, el asunto fue remitido al Máximo Tribunal.
“El proyecto propone imponer la sanción de separación de su cargo al director de PROTUR, Juan Salgado Tenorio, y al gobernador constitucional del Estado de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre Rivero… Las autoridades han estado insistentemente reiterando que el problema es un problema de avalúo, cuando a mi parecer, esto quedó determinado en la resolución del Tribunal y está bien determinado”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.
En la sesión del próximo jueves continuará el análisis de este juicio.
“En otros asuntos el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y otras autoridades administrativas estuvieron a punto de ser consignadas ante un juez penal por desacato a una orden judicial”.
De último momento la Corte recibió notificación sobre el posible cumplimiento de dos juicios de amparo relacionados con la expropiación de 23 inmuebles en la capital del país.
Ambos incidentes de inejecución de sentencias fueron retirados.
“Para el efecto de que pueda analizar si efectivamente esto tiene las características de un cumplimiento”.
En otro juicio la Procuraduría General de la República impugnó el tipo penal que estableció el Congreso de Puebla para sancionar delitos contra el medio ambiente.
Las normas impugnadas castigan hasta con 8 años de prisión a quienes afecten los recursos forestales o dañen los ecosistemas en jurisdicción del estado, con base en las leyes, los reglamentos y las normas oficiales mexicanas.
El Ministro Sergio Aguirre Anguiano, propuso al Pleno anular estas disposiciones.
La remisión a Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas indeterminadas es violatorio de la Constitución
La mayoría de sus colegas coincidieron en que estas normas violan el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal.
Ya que para integrar la conducta que se sancionará remite a leyes indeterminadas.
“Es un tipo que verdaderamente carece de precisión, que a pesar de tener un propósito loable, como destacó la ministra Sánchez Cordero, tiene que cumplir con los estrictos principios de la norma penal”, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Y es que, a decir de la Ministra Olga Sánchez Cordero, las normas combatidas por la PGR tienen una finalidad preventiva para inhibir conductas que dañen el medio ambiente.
“En este tipo de asuntos es imprescindible aludir a elementos normativos que han de interpretarse con ayuda de criterios contenidos en leyes no penales”.
Tras un intenso debate, por mayoría de votos el Pleno decidió anular en su totalidad los tres artículos del Código de Defensa Social de Puebla que se refieren a este tipo penal.
Verónica González
Canal Judicial 