Derecho a la información en la sociedad de consumo

Es fundamental que las personas tengan información confiable sobre los productos que adquieren, para fomentar un consumo responsable y evitar problemas de obesidad.

Así lo señaló la Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos Personales, Jacqueline Perchard, al presentar estudio “El acceso a la información en la sociedad de consumo: De la comida chatarra a los productos milagro”.

“De que manera podemos acceder a un consumo más racional, más útil y sobre todo que nos permita enfrentar las grandes amenazas que tenemos en México como el problema de la obesidad, como es el problema de la diabetes”.

El estudio que aparece en el cuaderno de transparencia número 19 del IFAI, fue elaborado por Alejandro Calvillo, Director del Poder del Consumidor, quien asegura que en México persiste la publicidad engañosa que afecta a los consumidores.

“La desinformación, el engaño tanto en alimentos altamente procesados pueden llevar y llevan a la epidemia de sobrepeso y a la diabetes y por otro lado la desinformación en productos milagro llevan al abandono de tratamientos médicos y a las estafas económicas”.

Lamentó que México ocupe el primer lugar mundial en transmisión de publicidad de productos chatarra y que esto a su vez lleve a México a ocupar el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en adultos.

La activista Clara Jusidman, denunció la falta de eficacia de las autoridades para frenar la publicidad engañosa.

“Muestra así mismo las insuficiencias, omisiones y a veces incluso complicidades de las autoridades que conllevan al sistemático engaño hacia los consumidores vulnerando sus derechos al nivel más alto de salud y a la información”.

El Procurador Federal del Consumidor, Bernardo Altamirano informó que en los últimos años se han incrementado las multas en contra de empresas que utilizan publicidad engañosa, al pasar de 4 millones en 2009 a 30 millones en 2011.

Juan Carlos González

Fundamentación de los derechos humanos

Los derechos humanos surgieron como una respuesta a los abusos del poder y se les dio ese nombre después de la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, al debatir cuatro expertos sobre qué son esas garantías individuales, no coincidieron en cuál es el fundamento de estos derechos.

Ricardo Alberto Ortega Soriano, académico de la UNAM, cuestionó la universalidad de los derechos humanos.

“¿Es posible hablar de una idea fundamental y absoluta que sea el sustento de los derechos humanos, que sea válida en cualquier sociedad y en cualquier tiempo? ¿Es posible establecer un catálogo mínimo que sea compartido por las sociedades en cualquier circunstancia y en cualquier tiempo?”.

El debate fue en el Instituto de la Judicatura Federal, durante la conferencia Fundamentación de los Derechos Humanos.

Sonia Rojas Castro, Jueza de Distrito, afirmó que el sustento puede ubicarse en las teorías del iusnaturalismo o el iuspositivismo.

“Dentro de las distintas posturas del Iusnaturalismo probablemente son las que nos respondan más a la concepción actual que tenemos de derechos humanos, pues son las que tienen que ver con las que se vinculan con la creación del Estado moderno, el Estado como lo conocemos hoy y que sufrió una tremenda transformación en el Siglo XVIII”.

José Ramón Narváez Hernández, académico de la UNAM, dijo que el sustento está en lo humano.

Pero con la reforma al artículo primero constitucional, el reto para los jueces al emitir sus sentencias será identificar lo humano.

“Yo creo que sí hay un fundamento de los Derechos Humanos y es lo humano. Porque justamente en esa idea se han forjado. Ahora ¿qué es lo humano? Eso es lo complicado, sobretodo más para nosotros los operadores jurídicos, porque no estamos acostumbrados a hablar de seres humanos. No sabemos de sicología, no sabemos de sociología, no sabemos de fisiología, no sabemos de biología y entonces cuando corresponde decir si esto es más adecuado o no para un ser humano, pues se nos complica”.

Iván Castillo Estrada, académico de la Universidad Iberoamericana, sostuvo sus planteamientos en los postulados del filósofo alemán, Immanuel Kant.

Pero le recordaron que hay estudios respecto a que el nazismo tomó como base la teoría de Kant para sustentar su ideología.

Heriberto Ochoa

Autoridades de derechos humanos y de la Cancillería analizaron la interpretación constitucional

La Reforma Constitucional de Derechos Humanos transformó la conciencia de los intérpretes constitucionales acerca del significado de la Carta Magna, afirmaron especialistas.

“Parece ser que la reforma constitucional fue un catalizador que le permitió a los jueces ver que el significado de las cosas podía ser diferente al que ordinariamente habían tenido”, Ricardo Alberto Ortega, CDHDF.

Esto se está reflejando, dijeron, en su aplicación cotidiana.

“Respecto a una sentencia, el trabajo de un juez de distrito de San Luis Potosí declarando a la figura del arraigo como inconvencional por afectar los derechos a la libertad personal y a las garantías judiciales de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos”.

Ante estudiantes de derecho de la UNAM, señalaron que debe imperar el principio pro personae en las interpretaciones.

“Lo que creo que nos tiene que guiar, al servicio público y al estado es el beneficio de la población”, Juan Rodrigo Labardini, Consultor Jurídico Adjunto SER.

Explicó que hay una tendencia hacia la desaparición de los monopolios de interpretación constitucional.

Las herramientas internacionales, explicaron le darán mayor legitimidad a los jueces pues fortalecerá la argumentación de sus sentencias.

Mario López Peña

Nuevo sistema de justicia penal oral

México no debe esperar resultados inmediatos del nuevo sistema de justicia penal oral.

Proceso que llevará tiempo para su consolidación.

Pero sobre todo, no será tan expedito y rápido, como se prevé, por las mismas características de la justicia penal.

Lo anterior, lo señaló el profesor de la Universidad de Sevilla, Edgar Iván Colina.

“Insisto debe de haber un periodo de ajuste y no podemos esperar que al día siguiente ya todo va a marchar sobre ruedas no”.

Al impartir una cátedra sobre los principios del nuevo sistema, reconoció que es difícil anticipar cuál será su futuro.

Sobre todo, porque no existe un código procesal penal, ni una ley de medios alternativos.

Pero sí destacó, que es un error pretender reducir la incidencia delictiva endureciendo penas.

“No porque ponga 40 o 50 años de prisión o pida otro tipo de pena, pues se va a reducir en un momento dado la delincuencia, porqué, porque también si analizamos al sujeto que realiza la conducta, pues él también hace una ecuación matemática y en primera lo realiza porque lo hace con la esperanza de que no lo van a descubrir”.

También consideró que debe precisarse ante la sociedad, cuales son las funciones del ministerio público y el juez.

Con el fin de no perder la confianza en el sistema, cuando el juez determina la libertad de un indiciado por falta de pruebas o por violaciones al debido proceso.

“Cuando el ciudadano ya no confía en la administración de justicia, es decir, tú estado me tienes que proteger, pues se empiezan a dar pequeños focos de que se aplica la justicia por su propia mano”.

Consideró como un acierto, la protección de los derechos de la víctima y prever la reparación del daño, en el nuevo sistema.

Pues con ello, se evita una doble victimización del afectado por la delincuencia.

José Luis Guerra García

Equidad de género en la impartición de justicia

En juzgados y tribunales federales y locales del país, debe prevalecer aún más la equidad de género, teniendo como objetivo la capacidad que tiene la mujer en la impartición de justicia, aseguró la magistrada de Circuito, Adriana Campuzano Gallegos.

“Se ha vuelto un tema tan cotidiano… Ciertamente se escucha en la radio… En la academia, en los tribunales, en los despachos, en las cámaras, en los foros, pero todavía no tenemos mucha claridad, de manera que les confieso que lo que estamos haciendo es pues un ejercicio de construcción”

Por su parte, la magistrada Yasmín Esquivel, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, señaló que son pocas las magistradas que hay a nivel nacional.

“En los cargos de magistrado tenemos un porcentaje mucho menor, que será alrededor del 20, 25% de participación de mujeres magistradas y el resto son hombres ¿qué es lo que nosotros hemos advertido? Efectivamente en algunas ocasiones, no siempre, existe alguna inercia para que las mujeres tengan dificultades para acceder a los cargos”.

Ante esta preocupación, coincidieron ambas magistradas, se firmó un convenio de perspectiva de género entre el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia.

“Los tribunales somos enteramente responsables de crear una cultura de defensa, protección, promoción y garantía de los derechos humanos” Adriana L. Campuzano Gallegos, Magda. 8º. Tribunal Colegiado Mat. Admva. 1er. Cto.

“Se tienen que ver los asuntos en igualdad de condiciones, hombres y mujeres; no se puede discriminar por razones de sexo, de raza”, Yasmín Esquivel Mossa, Magda. PDTE Tribunal Contencioso Administrativo DF.

Destacaron que el reto actual en materia de equidad de género es consolidar las políticas y acciones de las instituciones de gobierno y privilegiar aptitudes y capacidades, desterrando prejuicios, tabúes y prácticas discriminatorias.

Lo anterior se dio en el seminario “La Reforma Constitucional en materia de Derechos humanos y su impacto en la actividad jurisdiccional”, en la sede del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF.

Miguel Nila

Temas que estarán a debate en la Segunda Sala de la Corte

La deuda pública de más de 33 mil millones de pesos que contrajo Humberto Moreira cuando gobernó Coahuila, estará a debate en la Segunda Sala de la Corte.

Los ministros revisarán los amparos que promovieron empresarios locales en contra del decreto que emitió el congreso local para que la deuda se pague con la recaudación del impuesto sobre la nómina.

Se determinarán los alcances de los derechos de participación ciudadana invocados como causa de pedir en una demanda de amparo.

Esta Sala también ejerció su facultad de atracción para revisar un amparo en contra de la expropiación del ejido La nueva libertad, en el municipio de La Concordia, Chiapas.

Los ministros determinarán si la expropiación dictada por un juez y no por un decreto del ejecutivo, viola el derecho de propiedad.

También analizarán si en materia agraria el derecho a la indemnización derivada de la expropiación de un bien por causa de utilidad pública.

Los ministros también revisarán el amparo que interpuso Canal 40 en contra de una multa de más de cuatro millones de pesos que le impuso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por iniciar, junto con TV Azteca, la transmisión de 14 canales digitales sin autorización.

La Corte determinará si es la COFETEL o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que debe iniciar el procedimiento en este caso y cuál de las dos debe fijar las sanciones correspondientes.

Verónica González

El Caso Acteal y la Ley de extinción de dominio en la Primera Sala de la Corte

En febrero la Primera Sala de la Corte ordenó la liberación inmediata de 7 indígenas relacionados con la matanza de Acteal, Chiapas en 1997.

Ellos, igual que los 29 indígenas liberados en el 2009 fueron juzgados con base en pruebas ilícitas.

“Porque sin esta prueba del álbum fotográfico, realmente todos los demás recursos carecen de validez ya que se iniciaron a partir de esta ilicitud”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro Presidente 1ª Sala SCJN.

En otro juicio se determinó que el proceso de extinción de dominio es autónomo al que se siga en materia penal.

Con este argumento el Gobierno del Distrito Federal asumió la titularidad del inmueble que ocupaba el Hospital Central de Oriente.

Donde tres médicos engañaron a una mujer y le robaron a su hija recién nacida.

Aunque aún no se ha dictado sentencia sobre la responsabilidad penal de los médicos.

Al resolver un juicio de amparo se determinó que Es válido castigar hasta con 16 años de prisión el delito de tráfico de indocumentados.

Ya que el bien jurídico tutelado no sólo es el control de flujos migratorios, sino también la salud pública, los derechos humanos de los migrantes y el respeto al orden jurídico y seguridad nacional.

Verónica González

Matrimonios Homosexuales

Al desechar dos demandas promovidas por Baja California y Jalisco, la Corte confirmó la validez de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Aunque sólo la ley del Distrito Federal permite estas uniones, todos los estados están obligados a reconocer este acto civil.

“Lo que se actualiza es la falta de interés legítimo del actor”, Ministro Sergio Valls Hernández.

“Yo creo en lo particular, atendiendo al caso concreto, que no existe un principio de afectación a la esfera competencial del Estado actor”, Ministro Presidente Juan Silva Meza.

En opinión de los gobiernos de Jalisco y Baja California estas normas violan el pacto federal porque imponen a los estados obligaciones no previstas en la Constitución.

La Corte rechazó estos argumentos.

“La legislación de una entidad federativa sobre el estado civil de sus habitantes no afecta la esfera jurídica de otra entidad federativa”, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Y es que la Corte ya había establecido jurisprudencia en esta materia.

Con base en el 121 constitucional y en aras de salvaguardar el federalismo y la seguridad jurídica de los gobernados todos los estados deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo que se realicen en el Distrito Federal.

El criterio precisa que los demás estados no están obligados a homologar sus códigos civiles, pero si a reconocer los matrimonios que se realicen en otras entidades.

En otra tesis el Pleno precisa que la adopción de menores por matrimonios de personas del mismo sexo, no debe darse en automático o indiscriminadamente.

En todo caso este procedimiento debe cumplir los requisitos que establezca la ley y sobre todo se debe respetar el interés superior del niño.

Es decir, que la adopción represente la mejor opción de vida para los menores.

Verónica González