Se trata de la sargento Silvia Hernández Tamariz, acusada de abusar sexualmente de menores que estaban a su cargo cuando se desempeñaba como educadora de preescolar, en un centro de desarrollo infantil, en la Ciudad de México.
Fue la propia Secretaría de la Defensa Nacional la que la consignó ante un juez militar por el delito de corrupción de personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho.
El 6 de enero de 2011 se dictó auto de formal prisión en su contra.
Su defensa promovió un amparo, para que el asunto lo resolviera un juez civil y para revertir el auto de formal prisión, porque, en su opinión lo dictó una autoridad incompetente.
El 29 de diciembre de 2011 el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal del Distrito Federal le concedió el amparo.
Pero sólo en lo que se refiere a la competencia de la justicia ordinaria, ya que negó la posibilidad de desechar la demanda.
El asunto fue remitido a la Suprema Corte de Justicia.
Este lunes la Ministra Olga Sáchez Cordero presentó su proyecto de dictamen.
“Es incompetente el juez militar al tratarse de víctimas civiles, y no afectarse bienes jurídicos de la esfera castrense, pero con un efecto distinto… Implicará que el juez competente valore los hechos respectivos y resuelva sobre la situación jurídica de los indiciados”.
El Juez de Distrito consideró inconstitucional el artículo 57 del Código de Justicia Militar y ordenó que no se aplicara en este caso, pero en su sentencia no hizo mayor pronunciamiento.
Este fue el primer tema a debate en el Pleno del Máximo Tribunal.
“A mi parecer si debe tener un reflejo claro en puntos resolutivos y no una condición meramente de desaplicación como sucedió en el juzgado insisto y está sucediendo ahora con nosotros”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.
“El agravio se responde tan sólo diciendo, no se refleja en un resolutivo en un estudio de inconstitucionalidad porque no se señaló como acto reclamado el artículo 57 y porque no fueron llamadas las autoridades que lo expidieron y promulgaron”, Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
“Como no se hizo estamos en recurso de revisión, tenemos devolución de jurisdicción, y por lo tanto como Tribunal de Alzada podemos ordenar la reposición del procedimiento para efectos de que se llame al Presidente de la República y se tenga como autoridad responsable”, Ministra Margarita Luna Ramos.
“Yo veo que es conveniente que se haga esto, aunque implique que este asunto en particular se difiera, tenemos varios asuntos más en los que podemos pronunciarnos sobre la competencia”, Ministro Luis María Aguilar Morales.
La idea de reponer el procedimiento no tuvo eco entre algunos ministros, ya que esto podría postergar la resolución del asunto en perjuicio de la quejosa.
“Desde que se dictó la sentencia por este Tribunal, del Sistema Interamericano y después nosotros la incorporamos al orden jurídico nacional a través del Expediente Varios quedó claro que este es un precepto inconstitucional”, Ministro José Ramón Cossío Díaz.
“¿Dónde está la trampa del Tribunal Internacional? En decir no me meto con tu artículo 13, ese no necesitas modificarlo Estado Mexicano; siempre y cuando lo interpretes como yo te digo que lo interpretes, se pone arriba de la Constitución Mexicana con esa afirmación”, Ministro Sergio Aguirre Anguiano.
“En este sentido tenemos que decirlo el Estado Mexicano está en incumplimiento de esta parte de una jurisdicción internacional a la que expresamente se sometió”, Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Este caso es muy complejo, ya que quien pide la protección de la justicia es quien está acusada de violar derechos fundamentales de civiles.
La sargento Silvia Hernández Tamaris lleva un año en prisión, en el Campo Militar Número Uno, en espera de su sentencia.
Verónica González
Canal Judicial 