En el 2010 el Gobierno de Quintana Roo demandó al Presidente de la República por la expedición de la Norma Oficial Mexicana que regula prácticas comerciales y requisitos para la prestación del servicio de tiempo compartido.
A decir del Gobierno Estatal la norma propicia una competencia desleal ya que acepta el registro de empresas extranjeras.
Antes de discutir los argumentos de fondo, la Corte analizó la legitimación de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, para representar a los tres poderes locales en la ampliación de la demanda.
“El representante común no tiene representación, por decirlo así, respecto de los otros dos integrantes del Poder del Estado, por qué porque las autoridades no tienen representantes”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.
“La constitución es la que determina esta situación de representación común o sea de que son los tres poderes los que tienen que instar y que van con representación”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.
Por unanimidad los ministros señalaron que el representante común no puede promover la ampliación de una demanda.
El Gobierno de Quintana Roo señaló que el procedimiento legislativo mediante el cual se emitió esta norma estuvo viciado.
El Ministro Fernando Franco González Salas, consideró que este argumento es infundado.
“Reconociendo que no se observaron puntualmente cada uno de los plazos previstos en el ordenamiento legal, se concluye que tal circunstancia no afecta la validez de la norma porque pese a ello se logra establecer parámetros para su validez y se logra el fin perseguido por el legislador federal”.
Algunos ministros objetaron el método con el que se desarrollo el proyecto de dictamen.
“¿Bajo qué posibilidad deberíamos estudiar primero los vicios legislativos si no hemos determinado si la Federación invadió o no las competencias de la Entidad Federativa?”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.
“Para mi primero habría que estudiar estas violaciones de tipo procesal digamos formal respecto de la creación de esta norma, si se llegar a determinar que es indebida o está mal hecho se cae toda la norma completa y ya resulta irrelevante saber si se invaden no competencias”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.
Por mayoría de siete a cuatro el Pleno decidió seguir con el orden propuesto en el dictamen del Ministro Fernando Franco González Salas.
En la sesión de este martes, se determinará si el procedimiento legislativo estuvo o no viciado.
Verónica González