Defensa del debido proceso

La Corte ha emitido criterios contundentes en defensa del debido proceso.

En el 2009, 20 indígenas vinculados al caso Acteal fueron liberados por orden del Máximo Tribunal.

Las sentencias que los condenaban hasta con 40 años de prisión, se basaron en pruebas ilícitas y testimonios prefabricados.

Reglas que incluyen el principio de presunción de inocencia, de ser puesto de inmediato a disposición del ministerio público, de no ser retenido por la policía, de contar con un defensor y tratándose de indígenas de un traductor.

Para los abogados de algunos de los indígenas liberados entre 2009 y 2012, el mensaje que envía la corte al resolver estos juicios es claro:

Toda prueba que vulnere derechos fundamentales o viole el debido proceso no puede ser tomada en cuenta.

“No había reglas claras para que este tipo de pruebas fueran excluidas del expediente, la exclusión de la prueba ilícita si está relacionada con el principio de inocencia porque mide la calidad de la prueba, y entonces, si vulnera los derechos fundamentales, no puede sostenerse una sentencia, porque sería un total sin sentido, que yo, violando los derechos de una persona trate de decir que mi sentencia es legal, que tiene validez”, Javier Cruz Angulo, Abogado CIDE.

Coinciden en que el respeto al debido proceso no implica poner en libertad a presuntos criminales.

“Lo que nosotros buscamos es que a través de esta determinación se puedan visibilizar estas deficiencias estructurales y podamos caminar hacía una trasformación en el sistema de procuración de justicia para que casos como este dejen de suceder en nuestro país”, Simón Hernández de León, Abogado Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Los familiares de algunas personas a las que se les violó su derecho al debido proceso consideran que los responsables deben ser sancionados.

“Si alguien obró mal, que pague por esa injusticia o esa mala fe que nos tuvieron y por el mal que nos hicieron a toda mi familia”, Rosalba Ramírez, Madre de Hugo Sánchez.

En total, en los últimos tres años la Corte ha liberado a 40 personas por violaciones al debido proceso.

Verónica González