Hoy en las Salas de la SCJN

El derecho a una defensa adecuada implica respetar el derecho del inculpado a elegir libremente a su abogado.

No se le puede imponer un defensor de oficio sin su consentimiento.

Así lo determinó la Primera Sala al otorgar un amparo a un hombre acusado de homicidio calificado.

Ya que ante la ausencia de su abogado, el juez le designó un defensor de oficio para que lo acompañara en el desahogo de las pruebas testimoniales.

La sentencia ordena la reposición del procedimiento sin tomar en cuenta las testimoniales que se recabaron sin la presencia del abogado del inculpado.

En otro juicio se determinó que en las visitas de inspección en materia ambiental no es necesario señalar expresamente el nombre del propietario del predio sujeto de la inspección.

Ya que el objetivo no es comprobar la situación del dueño, sino el debido cumplimiento de las normas administrativas en materia de medio ambiente.

En otro asunto un buque chocó contra una plataforma flotante e intentó hacer valer la excepción que establece la ley para no pagar fianza en estos casos.

Ya que el Convenio internacional sobre limitación de responsabilidad nacida de reclamaciones derivada del derecho marítimo sólo prevé el pago de dicha fianza cuando la colisión se da entre barcos, y no contra plataformas petroleras.

Sin embargo, el dueño de la plataforma exigió el pago… Al revisar este juicio la Corte hizo una interpretación de la ley y señaló que no aplica ni para conceder un derecho a la plataforma, ni para imponer un deber para el dueño del buque.

Por su parte la Segunda Sala señaló que no se dejarán sin efectos los permisos otorgados para el uso de máquinas tragamonedas, hasta que se resuelva la controversia constitucional que está en curso.

La Cámara de Diputados presentó un recurso de reclamación en contra de la negativa del Ministro instructor, Alberto Pérez Dayán para ordenar la suspensión de los actos reclamados.

Ya que las normas impugnadas son de carácter general respecto de las cuales no procede otorgar la suspensión en una controversia constitucional.

En otro juicio se determinó que los nuevos requisitos de permanencia para agentes del ministerio público no violan el principio de irretroactividad de ley, ya que sólo rigen las evaluaciones futuras en el desempeño de los agentes.

La prueba del polígrafo no viola el derecho al debido proceso ya que el reglamento establece las normas y las políticas que rigen el procedimiento de evaluación de control de confianza.

En otro asunto se dijo que en un litigio donde se alega un despido injustificado y el patrón ni siquiera reconoce la relación laboral.

Es necesario que el trabajador acredité que la relación laboral subsistía en el momento justo en que manifestó haber sido despedido de manera injustificada.

Verónica González