Curso de derechos humanos y control de convencionalidad

Con las recientes reformas constitucionales, los jueces mexicanos tienen mayores herramientas para hacer justiciables los derechos económicos, sociales y culturales, como son el derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna y al agua.

Es parte de las conclusiones que el Oficial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Carlos de la Torre Martínez, presentó en el Décimo Segundo Bloque del Curso de Derechos Humanos y Control de Convencionalidad, que se realiza en el Instituto de la Judicatura Federal.

“Creo que el primer paso es constituirse como jueces garantistas, como jueces que van a impulsar realmente la protección de estos derechos, implica modificar muchísimas de las formas o de las estructuras incluso mentales con los cuales se veían las cosas”.

Aseguró que uno de los principales desafíos de los jueces es identificar las responsabilidades y obligaciones a las que se comprometió el Estado Mexicano al firmar el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales.

Explicó que el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, ha desarrollado los criterios interpretativos para que los jueces puedan sacarle todo el contenido y los alcances al derecho al agua, a la educación, a la salud, entre otros.

“Hoy me parece que los tribunales deben de estar ahí donde están esos problemas y las personas tienen que acercarse a los tribunales con recursos efectivos, sencillos y de fácil acceso para poder demandar los problemas en la calidad de los servicios”.

El especialista lamentó que durante muchos años los estados consideraron a los derechos económicos, sociales y culturales como derechos de segunda, que difícilmente los ciudadanos podían hacer exigibles y justiciables.

Juan Carlos González