Derechos humanos y nuevas tecnologías

México tiene grandes posibilidades de convertirse en el tigre azteca en materia económica, afirmó el Doctor Luis Díaz Müller, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

“Y aquí vemos que México trata de emerger, ojalá que ya se empiece a hablar del tigre azteca, pero vamos a ver que son muchas las condicionantes, para que el proceso de la globalización alcance a México”.

En el foro Globalización: Derechos humanos y nuevas tecnologías, el investigador advirtió que se requiere, sin embargo, una mayor inversión en la calidad educativa y en áreas estratégicas de nuestro país como turismo y energía.

“Pero además hay que insistir en la formación de calidad más que de cantidad, calidad universitaria, de calidad educativa, conforme lo ha dicho la UNESCO”.

En entrevista con el Canal Judicial, informó que hoy por hoy, México apenas invierte en tecnología el 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto, monto que exige un incremento, al menos, del uno por ciento.

Insistió en que hay países como los llamados BRICS, Brasil, Rusia, India y China, cuya inversión en tecnología ronda el tres por ciento.

Con las nuevas tecnologías, señaló, el mundo cambió de forma radical en relación con el tema de los derechos humanos y las minorías.

Añadió que la globalización no sólo implica el rubro económico, sino que abarca otras dimensiones como la cultural y la tecnológica.

Oscar González

Brecha e inclusión digital en México

El aumento de internautas no significa un avance en el desarrollo del país, afirmó Alma Rosa Alva, coautora del libro Brecha e inclusión digital en México, una propuesta de políticas públicas.

Al presentar su obra en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la investigadora consideró que deben abandonarse los discursos tradicionales sobre la era de la digitalización.

En su opinión el uso de las nuevas tecnologías no son un pase automático para lograr el progreso del país.

“Tiene que entenderse como herramientas al servicio del desarrollo nacional una agenda nacional con objetivos nacionales eso es lo que necesitamos y no un México dual que es lo que están formando, con desconectados y conectados, que son la minoría”.

Para María de la Luz Casas, académica del Tec de Monterrey, este libro es una herramienta útil para diagnosticar el tamaño de la brecha que existe entre la población que tiene acceso a la tecnología y la que no.

“Este libro ofrece una conceptualización esencial de lo que es la brecha digital entendida como el resultado de la desigualdad que se origina de una multiplicidad de factores».

En su opinión, la inequidad digital es una demanda social que debe abordarse políticamente y con un enfoque multisectorial.

“El texto nos permite visibilizar que en realidad remontar estos procesos, no pasa por la incorporación automática de las tecnologías sino por una dinámica de racionalización social de los orígenes de las situaciones y de las implicaciones de las decisiones que tomemos”, Diego Lizarazo Arias, Investigador UNAM.

En esta obra el lector encontrará un marco conceptual para repensar el fenómeno de la digitalización, justo cuando el poder legislativo discute las reglas en materia de telecomunicaciones.

Verónica González

Comercio por internet

El gobierno mexicano mantiene desprotegidos a quienes realizan transacciones comerciales por internet y la propiedad intelectual, aseguró Fausto Kubli, especialista de la Facultad de Derecho de la UNAM.

“Hay cuestiones en que el Estado necesariamente al menos tendría por ahora, tener una participación directa como es la protección en la propiedad intelectual, la protección de los datos personales… La protección al consumidor, teniendo nosotros un elefante blanco como la PROFECO, donde a veces no podemos resolver la medicina que nos vendió el boticario”.

La apertura de banda ancha para todos, dijo, no es una solución para que los mexicanos entren con plenitud a la sociedad de la información.

“Para que México ingrese a la sociedad de la información es necesario cambiar la política pública educativa, la política pública de educación superior, de ciencia y tecnología, incluso hasta las políticas salariales y las de empleo”.

Manuel Becerra, investigador de la UNAM, planteó la necesidad de actualización legislativa, en particular sobre los derechos de autor.

“La misma propiedad intelectual dentro de la red, si bien no desaparece en un momento en que hay una tercera revolución tecnológica, un nuevo parámetro, un nuevo contenido tecnológico, las antiguas normas definitivamente se ponen en cuestionamiento”.

Explicó que se deben buscar otras formas de divulgación de contenidos culturales en internet y adaptarse a las formas comerciales que favorezcan el consumo de estos contenidos.

Mario López Peña

Género y educación

La reciente reforma constitucional en materia educativa representa una oportunidad para cambiar los grandes temas de la educación, como son los de género y violencia.

Así lo señaló la Secretaria de Seguimiento de Programas de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación, Mónica Maccise, durante la presentación del libro “Género y educación, aportes para la discusión jurídica”.

“Algo se movió en el sentido de que podemos por lo menos empezar a tener otra estrategia para abordar el tema de la educación… Y este libro se vuelve muy relevante si es que de verdad se van a plantear y se van a reformar los grandes temas de la educación.”

Y es que la obra, que fue coordinada por Jorge Luis Silva Méndez, contiene nueve artículos que analizan las políticas educativas en materia de género que se han implementado en México.

Uno de los temas se refiere a los problemas de acceso a la educación que tienen las mujeres en las comunidades indígenas, donde cuatro de cada 10 no saben leer ni escribir.

“La educación formal les es negada muchas veces por la costumbre y por la necesidad, es decir, la pobreza las obliga a abandonar la escuela”, Concepción Núñez, Investigadora.

También se habló de la violencia de género en las escuelas de educación básica.

Los especialistas explicaron que los abusos no sólo se dan entre los estudiantes, el llamado bullying, sino también de adultos hacia los menores.

“Lo que es muy conveniente de concentrarse exclusivamente en el Bullying es que nos permite no poner a ningún adulto en juego… No nos fijamos en los casos que no son mayoría pero en los casos de maestros agresores, padres y madres agresores etcétera”, Juliette Bonnafe, Experta en educación y género.

El libro forma parte de la colección Género, Derecho y Justicia, que promueve la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Juan Carlos González

Justiciabilidad de los derechos humanos

“Donde vamos a ver el tema de la pornografía editorial y el orden público. Me parece que la primera cuestión es ver, a partir del texto de la Primera Enmienda la Constitución… de la Constitución de los Estados Unidos, analizar si lo que realiza Larry Flynt está amparado por la primera enmienda de la Constitución norteamericana”.

Ese fue el tema que se debatió con la cinta Larry Flynt: El nombre del escándalo, en el curso Justiciabilidad de los derechos humanos. Temas selectos de ética y argumentación judiciales.

El Magistrado de Circuito, Alejandro Sánchez López coordinó el debate, que se llevó a cabo en el Instituto de la Judicatura Federal.

“Aquí vemos algo muy importante, según mi punto de vista, que es el desarrollo de los pensamientos moralistas de cada época. El último fallo que vimos, creo que es el que refleja mayormente el pensamiento, la concepción moralista actual de ese mismo texto, de esos mismos principios, de cómo se interpretan ahora de manera progresiva”, Juan Cristóbal Arredondo Gallegos, Juez de Distrito.

“Cuando se considera la idea de un derecho, de un bien, ¿cuál es el interés real de la sociedad? ¿Se está representando el 100 por ciento de la sociedad o solamente se está representando el valor de peso de algunos grupos de poder?”, José Luis Ávila Barrera, Secretario de juzgado.

Larry Flynt: El nombre del escándalo narra parte de la vida del empresario que fundó su imperio editorial con revistas pornográficas en Estados Unidos en la década de los 70.

La mayoría de la película se enfoca en los litigios que enfrentó por defender la libertad de expresión y pensamiento.

“Él a su vez es un tipo intolerante, porque cuando el vicepresidente le da una opinión, inmediatamente lo despide. Qué curioso, que él que está peleando por la libertad de expresión, no la permita dentro de su revista”, Benjamín Ciprián Hernández, Secretario de Tribunal Colegiado.

Acción civil será la próxima cinta que se analizará y corresponderá al magistrado, Leonel Castillo González fungir de moderador.

Heriberto Ochoa

Fix Zamudio propone la creación de un medio para impugnar tratados internacionales

El jurista Héctor Fix Zamudio propuso la creación de un medio para impugnar los tratados internacionales antes de ser ratificados por el Senado.

“Actualmente el Senado autoriza al Ejecutivo ratificar los tratados pero sería bueno que hubiera ese medio para ver qué obligaciones van a tener esos tratados en el ámbito interno”.

Dentro del seminario Constitucionalismo Contemporáneo en Homenaje a Jorge Carpizo, calificó como positivo considerar la jurisprudencia de la Corte Interamericana como un criterio orientador.

“Yo difiero un poco de los colegas que dicen que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria en todos los casos, yo pienso que no, es obligatoria en los juicios condenatoria, en los demás es orientadora, porque puede ser que un tribunal nacional por el principio pro personae tenga una interpretación más favorable que la que ha hecho la Corte Interamericana”.

Negó que los tribunales locales tengan el control de convencionalidad.

Los únicos con esa facultad, dijo, son los organismos internacionales, pues los tribunales internos no lo tienen de forma directa, porque se enfocan en el control de constitucionalidad.

El futuro de los tribunales constitucionales, explicó, está en la forma de incorporar los derechos de tratados internacionales como normas internas.

Mario López Peña

Violencia institucional

El Consejo de la Judicatura Federal lanzó un rotundo no a la violencia contra la mujer en las instituciones, sobre todo en las de procuración e impartición de justicia.

El Magistrado, Fernando Angulo Jacobo, Secretario Ejecutivo de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, fijó esa postura al presentar a la investigadora Luciana Ramos Lira, quien impartió la conferencia Violencia institucional hacia las mujeres, en la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Hay una violencia muy muy complicada, que es muy difícil de enfrentar, que es aquella que es imperceptible. Las malas prácticas terminan por socializarse y normalizarse, y es ahí cuando el foco de atención es mucho más preocupante, porque todo mundo cree, sobre todo las mujeres, que el trato que reciben es el idóneo, cuando en realidad están siendo objetos de violencia o discriminación”.

El Magistrado Angulo Jacobo reconoció que aún falta equilibrio en el número de juzgadoras en los órganos jurisdiccionales federales.

Ramos Lira nombró a las instituciones públicas que ejercen la violencia institucional contra la mujer.

“Aquí se puede pensar en la violencia institucional contra las mujeres, como las violaciones o abusos sexuales que comete la policía o el ejército. También se puede considerar violencia institucional la que se impone a través de las leyes y a través de funcionarios como médicos y enfermeras que, por ejemplo, se niegan a realizar un aborto cuando la legislación lo permite o Ministerios Públicos que minimizan o hacen mofa del testimonio de una mujer violada”.

Admitió que el problema de la violencia contra la mujer, no es cuestión de género.

La Magistrada de Circuito, y Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, Emma Meza Fonseca, dijo que es necesario capacitar a hombres y mujeres en el tema.

Heriberto Ochoa

Prisión preventiva

Las reformas al artículo 19 de la Constitución que limitan la prisión preventiva, entrarán en vigor en 2016, año en el que tendrá que estar operando en todo el país, el nuevo sistema de justicia penal.

Lo anterior lo determinó la Corte al resolver la contradicción de tesis 36/2010, en donde precisó que en los casos que se impugne la formal prisión, el juzgador, deberá atender lo previsto en la Ley de amparo.

“Deben seguirse sujetando a las normas previstas en la Ley de Amparo que regula lo respectivo a la procedencia de la medida cautelar citada, los efectos y las disposiciones que deben dictarse si son delitos graves”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

En dicha contradicción, un tribunal consideró procedente la suspensión del auto de formal prisión, pues la reforma en cuestión, que añade la trata de personas a la lista de delitos en los que procede la prisión preventiva entró en vigor el 15 de julio de 2011.

En tanto que otro, sostuvo que dichas reglas sólo podrían aplicarse hasta que esté operando totalmente el nuevo sistema de justicia penal.

Postura que la mayoría del Pleno consideró adecuada.

“Estaríamos hablando de una reforma con imposibilidad de aplicarla, porque ni tenemos los jueces con la facultad de hacer esas medidas cautelares ni tenemos el ordenamiento procesal que nos diga cuáles son esas medidas para poder garantizar la presencia en el proceso respectivo”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

Advirtieron que el Congreso no precisó la fecha de entrada en vigor de esta reforma, por lo que debía entenderse que sería en el 2016, postura que fue rechazada por algunos ministros.

“El órgano legislador no hizo excepción, ni en el transitorio, ni en la exposición, ni en la iniciativa, ni en los dictámenes que nos llevara a concluir que el sistema de prisión preventiva tendría que posponer su entrada en vigor hasta el 2016”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

“Es más garantista decir que no es parte del sistema, yo creo que no es parte del sistema, ya estaba el sistema de prisión provisional, le da mayor énfasis le da otro tratamiento para efectos de la presencia oficiosa, pero ahí estaba ya”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

Quienes votaron en contra, consideraron que esta medida es excepcional y es urgente, restringir su aplicación.

“Hoy prácticamente cualquier delito es grave y nuestras prisiones están abarrotadas de gente que no ha sido declarada culpable, adelantando los efectos del castigo de la sentencia a gente que está simplemente procesada”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Por mayoría de 6 a 5, el Pleno determinó que la prisión preventiva esta vigente con base en el artículo 136 de la Ley de amparo.

José Luis Guerra García