Presentan libro “El nuevo juicio de amparo, guía de la reforma constitucional y la nueva Ley de amparo”

José Ramón Cossío y Fernando Franco González Salas, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coincidieron en que el éxito de las reformas constitucional en materia de amparo y de la Ley de amparo, no sólo depende de los juzgadores.

“Ahí hay un reto muy importante para que como comunidad académica que debe explicar esto o como comunidad jurisdiccional que tenemos que aplicar estas disposiciones o como comunidad de litigantes que inclusive tienen que hacer trabajos de autoridades para defender la constitucionalidad de sus actos tienen que ser cambios muy importantes en la forma en la comprensión del juicio”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

“Es compartida por los abogados que llevan los casos ante los jueces, y por las universidades públicas y privadas las cuales deben adaptar sus planes de estudio conforme a lo que llaman el nuevo paradigma constitucional de 2011”, José Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

En la presentación del libro “El nuevo juicio de amparo, guía de la reforma constitucional y la nueva Ley de amparo” de Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Ruben Sánchez Gil, el Ministro Cossío aseguró que es necesario corregir y depurar problemas técnicos en la nueva Ley de amparo.

El Ministro Franco González Salas explicó que los criterios jurisprudenciales servirán para precisar las expresiones normativas poco claras de la nueva Ley de amparo.

El jurista e investigador emérito de la UNAM, Héctor Fix-Zamudio reconoció que se presentarán grandes retos para los jueces de amparo por el número de tratados ratificados por el Estado mexicano.

“Den tener conocimientos muy amplios de lo que son los derechos de los tratados internacionales, por su puesto nadie se espera, ni los jueces más avezados conozcan todos los tratados de los que el gobierno mexicano es parte”.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos de Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos, dijo, deben ser los instrumentos base que deben estudiar los juzgadores.

Mario López Peña