El amparo es el recurso esencial para proteger los derechos del ciudadano y defenderlo contra los actos del poder público.
Esta institución surgió en su función protectora y con este nombre, en la Constitución de Yucatán en 1841.
En 1847 con el Acta de Reformas se estableció el juicio de amparo a nivel federal.
Desde su origen el amparo tuvo una serie de requerimientos para poder ser efectivo.
Con el paso de los años y el desarrollo de la dinámica social, el amparo, sustentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sido reformado en diversas etapas.
Como antecedente de la reforma más reciente, está la creación de una comisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1999 cuyo propósito era modificar la Ley de amparo.
Este proyecto no prosperó… Pasaron los años y con la voluntad de los tres Poderes de la Unión de hacer más cercana la institución del amparo a la población, se impulsó la reforma de marzo de 2009.
¿Y por qué es importante conocer cuáles son las modificaciones que se realizaron al amparo en la Constitución?
Por el rango de protección a los ciudadanos y por el acceso a este instrumento.
“El interés legítimo te da la posibilidad de que no seas titular de ese derecho, pero que si estás en determinada situación, si mis hijos están en la escuela, están al lado de una fábrica, a dos cuadras de una fábrica y eventualmente pueden resentir un daño a la salud, o inclusive a la educación, si son permanentes las molestias que pueda haber de esa fábrica, yo creo que la persona ya está legitimada”, Edgar Corzo Sosa, Investigador IIJ UNAM.
“Hay otras normas jurídicas que a pesar que contemplan derechos y prerrogativas en el momento de su individualización no encuentren destinatario en particular, sino encuentra quizá a una colectividad, a un conjunto de destinatarios, de los cuales todos podrían tener interés en que se cumpla la norma pero al mismo tiempo, ninguno estar legitimado para ejercer una acción tendiente a hacerla cumplir, eso es precisamente donde radica este interés legítimo”, Antonio Cuellar, Abogado especialista en amparo.
Las reformas y adiciones a la Ley de amparo modificarán el escenario jurídico nacional.
Es sin duda la reforma más importante en la historia reciente de México en materia de amparo.
En provecho de los ciudadanos, ahora los efectos del amparo serán generales.
Antes, si alguien obtenía la protección del amparo contra una norma, sólo lograba el beneficio para sí.
Con la reforma, de encontrarse que alguna norma afecta a una persona, ahora la protección será para toda la ciudadanía.
Cabe destacar que los efectos generales no procederán en materia fiscal, por sus posibles consecuencias para la recaudación.
Acerca de la protección de derechos humanos, para ampliar y hacer más estricta la cobertura, se contempló la inclusión de los derechos contenidos en los tratados internacionales firmados por México, dentro del espectro de protección, además de la atención a las garantías constitucionales.
Para hacer más ágiles, eficientes y efectivos los procedimientos, para lograr la solución de conflictos con mayor prontitud y equidad, se desarrolló la figura del amparo adhesivo, atendiendo a conflictos entre la jurisdicción federal y la jurisdicción local.
“¿Para qué se crea este amparo adhesivo? Para en aquellos en los que una resolución judicial me da la razón, si el otro se inconforma, si yo no estoy de acuerdo con el sentido de la resolución, yo pueda también reclamarla, a pesar de que me da la razón, para que cuando el tribunal analice los argumentos de mi contrario, si esos fueran fundados, también analice los argumentos propios, a fin de definir si puede volverse a confirmar el criterio, aunque por una causa distinta”.
En suma, la amplitud de la protección de los derechos humanos, la presencia del interés legítimo, la consideración de los efectos generales de la declaratoria de inconstitucionalidad, así como el desarrollo del amparo colectivo, son elementos que fortalecerán y harán más accesible al ciudadano a este recurso esencial para proteger sus derechos y defenderlo contra los actos del poder público.
Mario López Peña
Canal Judicial 