Psicología del crimen

La falta de respuesta ante los altos índices de violencia, han convertido a México en una sociedad perversa, aseguró Alfredo Guerrero especialista de la Facultad de Psicología de la UNAM.

“La psicología del victimario y la víctima es una psicología de la perversidad, que hemos generado y sostenemos porque nos hemos convertido en una sociedad perversa”.

En conferencia en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, reveló que el miedo y el terror producto de la violencia en los últimos años inhiben la participación ciudadana.

“Un individuo y una sociedad que viven con miedo y terror son sujetos vulnerables… Es un miedo vuelto terror derivado de la violencia sufrida directa o indirectamente en una creciente ola que pareciera no tener fin”.

Las manifestaciones culturales y cualquier posibilidad crítica de la sociedad, subrayó, son inhibidas por ese terror.

Es paradójico, indicó, que para acabar con el miedo, se tenga que acabar con la violencia.

“Pero no se puede acabar con la violencia si la sociedad no supera el miedo y el terror y organizadamente la enfrenta, no con más violencia”.

Es necesaria una regulación de los medios de comunicación, indicó, que limiten la transmisión de mensajes que fomenten el resentimiento social.

Mario López Peña

Suicidio, tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 y 19 años de edad

El suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 y 19 años de edad, lo que representa un problema de salud pública.

Especialistas alertaron que el bullying es la principal causa que orilla a los menores de edad, en casos extremos, a quitarse la vida.

Además del consumo de alcohol y drogas.

“Los hombres más inclinados a los problemas de conducta, las mujeres a los problemas internalizados como el intento suicida o la importancia de las conductas alimentarias en ellas”, Ma. Elena medina mora, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

El INEGI estima que el número de suicidios en México en el año 2010 ya era equivalente al doble de los ocurridos en el año de 1990.

De las muertes violentas en nuestro país en 1990, 3.3 por ciento correspondieron a suicidio.

En 2011, la cifra incrementó al 7.6 por ciento de las muertes.

“Sin embargo, la prevalencia sigue siendo alta, nos están indicando que lo han intentado casi nueve de cada 100 estudiantes”, Jorge Villatoro, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

La Encuesta de Consumo de Drogas en Estudiantes en la Ciudad de México 2012, reveló que el 8.6 por ciento de los jóvenes, de más de 26 mil que participaron, mencionó haber intentado quitarse la vida.

El 2.7 por ciento de los hombres reportó haberlo intentado una vez y el 1.4 por ciento, dos o más veces.

Mientras que el 6.7 por ciento de las mujeres en una ocasión y 5.9 por ciento, dos o más intentos de suicidio.

Martha Rodríguez

Cada año, 220 mil personas mueren en el mundo por el abuso de drogas

De acuerdo con Naciones Unidas, cada año mueren en el mundo 220 mil personas por el abuso de drogas.

Según Antonio Mazzitelli, Representante en México de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el problema del consumo de drogas es de salud y no de seguridad.

“La legalización de las drogas no aporta nada ni desde el punto de vista de la protección de la salud, al contrario, todos sabemos los estragos que producen las drogas legales”.

Aseguró que la legalización tendría un impacto relevante en la salud de los ciudadanos y en el presupuesto que los estados destinan al tratamiento de las adicciones.

Dijo, que la legalización tendría un impacto muy marginal sobre las organizaciones criminales.

“Las organizaciones criminales reemplazan los ingresos del mercado con otros, entonces desde el punto de vista de la seguridad, no se encontraría ningún beneficio”.

Señaló que en el caso de México las incautaciones de cocaína han disminuido debido a que los grupos criminales ya no la trafican por el país.

Sin embargo, el tránsito de marihuana y metanfetaminas se ha incrementado.

“Los grupos se han reorganizado, se han reorganizado pasando de estructuras de negocio a estructuras territoriales, tratando de encontrar en otros mercados, y sobre todo en el mercado de la extorsión del derecho de piso”.

Afirmó que es necesario que los estados incluyan en su legislación, los instrumentos previstos en los tratados internacionales para enfrentar este problema global.

Emmanuel Saldaña

Viable, creación de un instituto nacional electoral: Lorenzo Córdova

Lorenzo Córdova, Consejero del IFE, reconoció que es viable la creación de un instituto nacional electoral.

“Sí, sí se puede, implica complejidades técnicas, complejidades operativas, complejidades de diseño normativo que tienen que abordarse y que tienen que resolverse antes de dar el paso”.

Sin embargo, destacó, son muchos los obstáculos para la creación de un instituto de estas características.

Entre ellos, apuntó a la pluralidad normativa, es decir, la cantidad de códigos que tendrían que contemplarse para la diversidad de procesos que sucedan en México.

La alternativa ante estas dificultades, subrayó, es el fortalecimiento de los órganos locales a través de modificaciones legales como la ampliación en el tiempo al frente del cargo de los consejeros locales.

En foro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE, negó que un instituto nacional electoral resuelva los problemas de la democracia en México.

Rechazó que la desaparición de institutos locales constituya un ahorro en la organización de las elecciones.

“En 2012 el costo de todos los órganos electorales locales fue de seis mil 800 millones de pesos… Imaginemos que ese es el ahorro, seis mil 800 millones de pesos, ¿este ahorro justifica la nacionalización de la autoridad electoral?”.

Para ahorrar recursos, dijo, se debería disminuir el costo de las campañas.

Mario López Peña

México registra uno de los más altos índices de abuso sexual infantil

México registra uno de los más altos índices de abuso sexual infantil

La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación estimó que el 77 por ciento de las víctimas son niñas, con un promedio de edad de 5.7 años.

En todos los casos la víctima conocía al agresor, el hermano con el 19 por ciento, el padrastro el 18, un tío el 16 por ciento de los casos y el padre el 15 por ciento.

El abuso sexual infantil también se da en las instituciones educativas por parte de maestros, conserjes y otros trabajadores.

Durante 2003, la SEP registró 84 casos de maltrato y abuso sexual en escuelas de la Ciudad de México.

En 2008, las denuncias incrementaron a 147 y en 2011 a 220.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a las autoridades mayores medidas de protección a niñas, niños y adolescentes contra el abuso sexual.

“El abuso en contra de niños es uno de los delitos más graves que se puedan cometer y demanda de las autoridades encargadas de investigar los delitos, estrategias adecuadas, no solamente para detener a los responsables sino para prevenir que sigan reproduciéndose”, Raúl Plascencia Villanueva, Presidente CNDH.

Datos de DIF-UNICEF revelaron que más de 20 mil niñas y niños han sido explotados sexualmente en México en 2007, principalmente en 7 ciudades turísticas o fronterizas.

El 70 por ciento de los casos de violación, abuso y explotación ocurren en el Distrito Federal, Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara, Acapulco, Tapachula y Cancún.

El 80 por ciento de los casos, fueron niñas de entre 10 y 14 años de edad.

Martha Rodríguez

A 10 años de la entrada en vigor de la Ley federal para prevenir y erradicar la discriminación

A 10 años de la entrada en vigor de la Ley federal para prevenir y erradicar la discriminación, en México no se han generado los mecanismos necesarios para garantizar el derecho a la igualdad.

Así lo señaló en entrevista Ricardo Bucio Mújica, Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, órgano de protección que cumplió una década de vida.

“No se han generado los mecanismos para que este derecho sea garantizado de igual manera en todos los estratos, de tal manera que las personas tienen hoy en día un muy distinto acercamiento a esta garantía, dependiendo del lugar del país donde se esté”.

Explicó que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, dio un impulso importante a la lucha contra la discriminación, pero no ha sido suficiente.

“Lo que más creció sin duda alguna con la adhesión de los tratados internacionales a la Constitución es el derecho a la igualdad y la no discriminación, pero de ahí a las políticas públicas y además a que este derecho se decante hacia los municipios, hacia los estados, hacia todas las instituciones públicas de los tres poderes, hay mucho trabajo aún por hacer”.

El Presidente del CONAPRED destacó el esfuerzo que ha realizado el Poder Judicial de la Federación para hacer efectivos los derechos humanos, entre ellos el derecho a la igualdad y la no discriminación.

“Y eso lo estamos viendo también en sentencias judiciales, hoy día los derechos se pueden judicializar, la Suprema Corte de Justicia ha tomado importantes decisiones en ese sentido”.

Esfuerzo que, dijo, debe realizarse también en los tribunales de justicia locales y en los ministerios públicos.

Además consideró necesario avanzar en la armonización legislativa para modificar aquellos códigos civiles y penales que tienen restricciones a las personas con alguna discapacidad.

Juan Carlos González

Uso discriminatorio del lenguaje

En marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las expresiones homofóbicas son un acto de discriminación y no de libertad de expresión.

Calificar a una persona de «maricón» o «puñal», convalida violaciones a los derechos humanos.

El caso de dos periodistas que utilizaron estas palabras para criticar su labor, dio origen a éste fallo.

Desde un debate plural especialistas analizaron ésta sentencia de la Primera Sala de la Corte desde diversas perspectivas.

“Aquellas expresiones en las que hay una referencia a la homosexualidad no como una opción sexual personal, válida obviamente en una sociedad democrática, plural e incluyente sino como condición de inferioridad o de exclusión, constituye una manifestación discriminatoria”, Javier Mijangos, Secretario de Estudio y Cuenta SCJN.

“La libertad de expresión sigue siendo una de las libertades fundamentales, piedra angular de las sociedades democráticas y que lo que se decide sobre la libertad de expresión tiene incidencia sobre el resto de los derechos”, Sergio López, Director CIDE.

En 2010, Armando Prida Huerta, dueño del diario Síntesis, demandó a Enrique Núñez Quiroz, del diario Intolerancia, por haber publicado una columna en 2009 en la cual Núñez Quiroz se refirió a Prida Huerta como “puñal” y además tachó de “maricones” a los que escribían en su medio.

“La Sala concluye que la preferencia sexual no puede constituirse en un elemento válido para criticar la labor de un periodista”, Javier Mijangos, Secretario de Estudio y Cuenta SCJN.

“Esta sentencia por lo pronto sacó el debate de donde estaba, dejaron de ridiculizarnos a quienes sí nos sentimos dolidos por ese llamado derecho a ofender y dejó de ser sarcástica esta mención sobre el lenguaje políticamente correcto”, Ricardo Raphael, Periodista.

Se concluyó que sí es válido limitar la libertad de expresión en los discursos de odio, sin embargo se debe distinguir entre las prácticas y los derechos de las personas.

Emmanuel Saldaña

Ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito

La Segunda Sala de la Corte resolvió que el artículo 88 de la Ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito no viola el principio de justicia imparcial y expedita, previsto en el artículo 17 de la Constitución.

Al resolver un amparo determinó, que el hecho de que esta disposición establezca, que cuando una empresa es sancionada con multa por violar dicha Ley, debe promover el recurso de revocación, antes de acudir a cualquier otro medio de defensa no es contrario a la Constitución.

Argumentaron que dicha medida se justifica en la necesidad de que sea la propia Comisión Nacional Bancaria, quien revise y en su caso revoque, el acto que agravia al gobernado.

Se trata de una forma de autocontrol de sus actos, en aras de proteger los derechos de sus administrados, mediante un recurso que por su naturaleza es más ágil y expedito que un procedimiento jurisdiccional.

Dicha petición es un trámite sencillo que se presenta por escrito y que la autoridad debe resolver en un plazo no mayor a 60 días hábiles.

José Luis Guerra García

La Primera Sala analizará un caso sobre violaciones a la autonomía universitaria de la UNAM

La Primera Sala de la Corte resolvió procedente un recurso de reclamación.

Con lo que admitió a trámite un amparo directo en revisión promovido por la UNAM, en el que subsiste el tema de constitucionalidad, consistente en fijar límites y alcances a las facultades de autogobierno.

Así como la regulación de los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico, de las universidades e instituciones de educación superior autónomas.

El problema de constitucionalidad planteado por la Máxima Casa de Estudios, consiste en determinar si la junta federal, que la condenó a reinstalar a una persona en su puesto técnico académico y abrir el concurso de oposición por él solicitado, así como el tribunal colegiado que les negó el amparo, vulneraron su autonomía de gobierno.

Principio protegido por la fracción séptima del artículo tercero de la Constitución General de la República.

Por tanto se requiere la interpretación del mencionado artículo, con el fin de determinar si la autoridad responsable, violó el mencionado principio.

José Luis Guerra García

El Pleno determinó que la COFETEL tiene facultades para regular el mercado de telefonía celular

El Pleno de la Suprema Corte determinó que la COFETEL sí tiene facultades para regular el mercado de telefonía celular.

Al resolver diversos amparos interpuestos por las empresas Axtel, Telcel, Avantel y Alestra, precisaron que su función es la de promover la sana competencia en el sector.

“Estamos frente al caso de un órgano regulador, al cual se le concede una tarea en que tiene que tener como base, un amplio margen de discrecionalidad para poder llevar a efecto sus tareas y sus funciones, en tanto evidentemente no incurra en arbitrariedad”, Fernando Franco, Ministro SCJN.

Sin embargo, aclararon que en la fijación de tarifas de interconexión, solo puede intervenir si las partes no se ponen de acuerdo, motivo por el cual, dejó sin efecto las tarifas que estableció para el periodo 2006-2010.

“La ilegalidad determinada radica en que, COFETEL intervino y fijó tarifas de interconexión, sin que previamente hubiera desavenencia entre los cocesionarios y sin que se haya solicitado su intervención, por tanto, cualquier resolución en materia de tarifas de interconexión, distinta al ejercicio 2005 resulta ilegal, por apartarse del marco jurídico que regula la actuación de la citada comisión”, Alfredo Gutiérrez, Ministro SCJN.

“En el sentido de que la COFETEL solo debió pronunciarse sobre lo expresamente solicitado por Avantel y Alestra, esto es por el ejercicio de 2005”, Olga Sánchez Cordero, Ministra SCJN.

“Si el problema por el cual, no se pudieron de acuerdo en el caso concreto, es un año o un periodo, me parece que ahí hay una limitación fundamental, para que pueda intervenir en ese año o en ese periodo”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

Los ministros que votaron en contra de esta decisión, indicaron que la COFETEL adoptó esta determinación, ya que no había un acuerdo concreto entre las partes en esta materia.

“Las concesionarias rechazaron la propuesta de Telcel y aunque entre sus objeciones no señalan que no aceptan un plan tarifario a largo plazo, lo cierto es que tampoco lo aceptaron expresamente”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

“Y que consiste en reducir gradualmente las tarifas para orientarlas a costos, era necesario abarcar varios años para lograr finalmente resolver la distorsión tarifaria”, Sergio Valls Hernández, Ministro SCJN.

Determinaron que la Cofetel tiene como función mejorar el servicio y ampliar la cobertura de las telecomunicaciones, sin afectar la libertad de las empresas en materia tarifaria.

José Luis Guerra García