Resoluciones de la Salas de la SCJN

La Primera Sala ejerció su facultad de atracción, para conocer del caso de Alfonso Martín del Campo Dodd, quien fue condenado por el homicidio de su hermana y cuñado a 50 años de prisión, a pesar de declarar ante el juez, que en su declaración preparatoria había sido torturado para aceptar su responsabilidad.

En este asunto diversas organizaciones de derechos humanos, incluida la Comisión Interamericana han denunciado que Alfonso Martín del Campo fue objeto de detención arbitraria y tratos crueles e inhumanos.

Este asunto permitirá evidenciar que aún persisten estas prácticas en el país y determinar, si las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para las autoridades del Distrito Federal.

Además, revocó la negativa de un tribunal de concederle un amparo a una señora que en un juicio de divorcio, por abandono de 6 meses del domicilio conyugal perdió la patria potestad de sus cuatro hijos menores de edad.

La decisión se adoptó, debido a que no se juzgó con perspectiva de género, ya que no tomó en cuenta que el abandono del hogar y de los hijos, fue producto de la violencia de género que sufrió la señora.

Los ministros también determinaron que el artículo 4.46 del Código Civil del Estado de México, no viola el derecho constitucional de propiedad privada, mismo que prevé repartir hasta el 50 % de los bienes adquiridos durante el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes al cónyuge que se dedico al cuidado del hogar.

Indicaron que esto no vulnera el derecho de propiedad, pues el estado no expropia los bienes; y por el contrario, la medida solo busca compensar al cónyuge que por dedicarse al hogar no pudo desarrollarse en otra actividad.

En una atracción más, conocerán de un amparo en el que el apoderado legal de un grupo de empresas pretende ejercer una acción colectiva en contra de la CFE, con fundamento en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Consideran que no se ha hecho una lectura real de sus consumos de energía, y reclaman el pago de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. Este asunto les permitirá fijar criterios sobre la legitimación de quien promueve este tipo de acciones y si el acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal sobre el registro de asociaciones civiles, transgrede el principio de jerarquía de leyes.

Al resolver una contradicción de tesis, resolvieron que una persona extraña al juicio, tiene interés jurídico para promover amparo ante el juez de distrito, contra el acto que ordena el uso de la fuerza pública y la fractura de cerraduras, para dar cumplimiento a una orden de embargo, en el inmueble de su propiedad donde tiene su domicilio.

Ello es así, toda vez que existe una afectación a su esfera jurídica, como lo es el derecho a la propiedad y a la inviolabilidad del domicilio.

La Segunda Sala determinó que las fracciones I y III de la Ley federal de competencia económica no vulnera los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad.

La disposición impugnada solo busca evitar prácticas monopólicas entre agentes competidores, para elevar o manipular el precio de ciertos productos o servicios, en perjuicio del consumidor, misma que se podrá sancionar con la imposición de una multa del 10 % del ingreso obtenido o de 200 mil días de salario mínimo.

José Luis Guerra García

Acerca de canaljudicial
Canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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