Organismos internacionales y académicos coincidieron en que en México no existe información suficiente sobre procesos judiciales a grupos vulnerables, que permita vislumbrar su condición en el acceso igualitario a la justicia.
Durante el Cuarto Seminario Estadística Judicial frente a las Reformas Constitucionales, se destacó que en diversas encuestas sobre discriminación, se reconoce que a menor ingreso, más inequidad judicial se presenta.
“Lo que se requiere saber es si efectivamente todas las personas que acuden o son usuarios de los servicios judiciales, prioritariamente quienes pertenecen a grupos discriminados de manera histórica y/o reiterada, son tratadas de manera igualitaria”, Mireya del Piño, CONAPRED.
“Esto dotaría a las instituciones de impartición de justicia de mayor transparencia y confiabilidad”, Julia Flores Dávila, IIJ UNAM.
La UNICEF expresó su preocupación por la falta de datos de niños y adolescentes involucrados en procesos ya sea como víctimas o por la comisión de un delito.
Pues ello, impide visibilizar las condiciones a las que se enfrentar y tener políticas públicas de apoyo.
“La información es esencial para poder desarrollar indicadores de cumplimiento de derechos humanos y poder ver en qué medida estas grandes reformas que se han hecho, se están cumpliendo y ver hacia dónde tienen que apuntar las políticas públicas”, Paula Ramírez España, UNICEF.
El Tribunal de Justicia de Nayarit, es el primero que elaboró estadísticas judiciales de grupos vulnerables.
“Tuvimos que hacer algunos talleres, indicadores, después capacitar personal, sensibilizar a los jueces porque les voy a quitar tiempo además de su personal para que esté sacando ésta información expediente por expediente”, Magda. Ana Isabel Velasco, TSJ del Estado de Nayarit.
De acuerdo con el Reporte de Discriminación en México, elaborado por el CIDE, el principal obstáculo que percibe la población en el acceso a la justicia es la posición social, el nivel educativo, el género, entre otros.
Martha Rodríguez