La empresa pública en México

En México hace falta que se debatan los nuevos formatos y el futuro de las empresas públicas.

Vincularse a las mejores prácticas globales y locales.

Detener el círculo vicioso del debate entre privatizar y no privatizar, así lo señaló el investigador Guillermo Guajardo.

“Me parece que en el caso mexicano más habría que sentarse a ver qué tipo de estado se quiere para el futuro”.

Dijo que en el país no hay políticas claras de quién será el actor o cuál es la forma de las asociaciones público- privadas.

“Los dos grandes proveedores de recursos y de servicios en este país son empresas públicas, Comisión Federal de Electricidad y petróleos Mexicanos”.

Lo esencial en este momento, dijo, es debatir qué tipo de economía se quiere, lo que definirá las organizaciones del estado en el futuro.

“Es una llamada de atención también a que el sector público tiene que entrar necesariamente en el proceso de reforma cuidando no dañar el patrimonio público”.

En el caso de la Ciudad de México, afirmó, hay entidades que en alguna medida están entre los servicios y la empresa como los transportes.

 “Que si merecen una atención de mejora, una atención de formatos y una definición hacia el futuro, en realidad en sociedades altamente urbanas como en la que vivimos el papel de los sistemas públicos es clave”.

Guillermo Guajardo es uno de los organizadores del seminario internacional  “La empresa pública en México y América Latina”  que se lleva a cabo en la UNAM.

Emmanuel Saldaña

Ley federal de trabajo

Es necesaria una nueva reforma a la Ley federal de trabajo.

Así lo dijo, Patricia Kurczyn, una de las más importantes laboralistas en México, al subrayar las diversas inconsistencias de la ley.

“Tiene que venir la reforma de la reforma y una reforma en la que ojalá la Ley se volviera a rehacer”.

La Ley vigente fue reformada en noviembre del año pasado. Fue promovida como uno de los grandes logros del sexenio de Felipe Calderón.

Entre los principales motivos para esta modificación, Patricia Kurczyn destacó las limitaciones que demuestra el texto vigente en relación con las fuentes internacionales.

“No es solamente por citar fuentes internacionales, no es solamente por traer los convenios de la OIT, o los tratados de derechos humanos y meter las palabras para decir ya los citamos, a que hubiéramos tenido realmente el contexto como un fundamento para poder hacer modificaciones que hubieran sido esenciales”. 

Las inconsistencias conceptuales y la falta de técnica jurídica en la redacción, dijo, derivan en muchos problemas procesales.

“En un juicio vamos a tener problemas para la interpretación, se va a ir más alargado un proceso y probablemente un laudo que después tenga que ser recurrido por la vía de amparo”. 

Resaltó como un aspecto preocupante, las condiciones de la subcontratación en la ley.

Mario López Peña

Transparencia sindical

La transparencia de los sindicatos sólo se podrá lograr a través de la legislación, la voluntad política y el acceso a la información, advirtió la comisionada del IFAI, Jacqueline Peschard.

Al comentar el análisis “La transparencia sindical, otra larga marcha”, de Luis Emilio Giménez Cacho, la Comisionada reconoció que si en la actualidad se sabe más de los órganos gremiales, es debido a la lucha por el acceso a la información pública.

“Pues ya es el momento de discutir esto, más allá de los recursos públicos, ver el interés público detrás de conocer qué hacen los sindicatos, la transparencia sindical”.

Durante la presentación, se habló de lo preocupante que resulta la opacidad en el manejo de recursos de los sindicatos, sobre todo cuando ello deriva en escándalos como el llamado “Pemexgate”.

“Siguen hoy siendo motivo de preocupación pública porque no sabemos bien a  bien a dónde va ese dinero, nos sabemos bien a bien en qué se usa ese dinero y no sabemos qué destinos tiene”, Mauricio Merino, Red por la Rendición de Cuentas.

“De pronto nos encontramos a profesores concretamente en ese sindicato absolutamente desprotegidos no frente al capital o frente al estado sino frente a esos líderes sindicales que abusando del concepto de autonomía sindical, han venido vulnerando los derechos del trabajador de manera regular”, Ricardo Raphael, Red por la Rendición de Cuentas.

Se estima que en la actualidad sólo uno de cada 10 trabajadores en el país está sindicalizado.

“No tenemos ningún temor de decirle a nuestros compañeros y que la gente vea cómo se manejan los recursos, estoy de acuerdo que no es una práctica común en el sindicalismo”, Francisco Hernández Juárez, Unión Nacional de Trabajadores.

El análisis se pronuncia a favor de considerar la transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos como un asunto de interés público.

Martha Rodríguez

Ética jurídica en México

El principal reto para la ética jurídica en México es la capacitación ante las reformas constitucionales de derechos humanos, amparo y penal.

Así lo explicó Javier Saldaña, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

“En el terreno de los derechos humanos, evidentemente también es un argumento ético la capacitación y la actualización que tienen que tener los intérpretes, los aplicadores del derecho, todos los operadores jurídicos”. 

En el marco de las Terceras Jornadas de Ética Jurídica, llamó a los actores jurídicos a hacer suyos los principios éticos como los más firmes en para desarrollar su labor.

La colegiación obligatoria, dijo, sería un mecanismo efectivo para fortalecer la ética jurídica en el país.

“Una de las dos exigencias, de las dos materias, que les exigían para poder ejercer como abogados en Estados Unidos era precisamente el tema de la ética del abogado, la deontología jurídica, con lo cual me parece que hacia allá vamos”.

Destacó que se deben desarrollar y difundir códigos para establecer comisiones que persigan las violaciones de los funcionarios a los principios éticos.

En estas Terceras Jornadas de Ética Jurídica, participan ministros en retiro de la Suprema Corte, legisladores, funcionarios y especialistas.

Se abordarán temas como la ética judicial, legislativa, ética del Ministerio Público, así como la ética del abogado.

Mario López Peña

Congreso de Chilpancingo

Un proyecto de Miguel Hidalgo en el que representantes de todas las villas que conformaban a México dictaran  leyes para desterrar la pobreza.

Sin embargo, murió antes de llevarlo a cabo.

Fue su discípulo, Morelos, con una gran estrategia militar quien logró convocar a este Congreso planteado por su maestro.

Según Patricia Galeana,  la corriente neoconservadora, nos habla de un  Hidalgo que carecía de proyecto y que había lanzado al país al caos.

 “Entonces es interesante ver como si hay ya un proyecto, un proyecto político, un proyecto económico, un proyecto social muy claro en Hidalgo, que además es el intelectual del grupo y que Morelos va a retomar ese proyecto y o va  poder llevar a la práctica”.

Uno de los principales acuerdos del Congreso de Chilpancingo fue promulgar una Constitución basada en un modelo republicano con división de poderes.

 “Lo importante del Congreso de Chilpancingo es que los Sentimientos de la Nación es el programa insurgente que se viene generando desde el 16 de septiembre de 1810”, Cristina Gómez Álvarez, Dir. Museo nacional de Historia “Castillo de Chapultepec”.

La abolición de la esclavitud, de las castas, del tributo, fueron planteadas por Hidalgo y Morelos lo desarrolla, es el modelo de sociedad que querían construir.

 “El Acta de Independencia que se solemniza hace 200 años por el Congreso de Chilpancingo, era justamente porque era como se decía en América del Sur, la independencia absoluta, es decir la República”.

El Congreso de Chilpancingo fue capaz de expedir leyes para moderar la opulencia, para erradicar la pobreza y lograr una sociedad en donde no hubiera desigualdad social.

Emmanuel Saldaña

Introducción a la interpretación constitucional mexicana

Es a través del sistema de convencionalidad como el derecho debe dejar de ser un instrumento de poder, para ponerse al servicio de los derechos humanos, aseguró el magistrado de Circuito del Estado de Oaxaca, Jaime Allier Campuzano.

Así lo expresó durante la presentación de su libro Introducción a la interpretación constitucional mexicana, en el Instituto de la Judicatura Federal.

“El Poder Judicial Federal y concretamente la Suprema Corte tienden a velar por la Constitución, porque se cumplan los valores, los fines de la Constitución, entonces debemos partir de un ABC de la interpretación constitucional para comprender temas más profundos de esta materia”.

En más de cien páginas, el autor plasma la manera en que nuestro país ha adoptado los pronunciamientos que ha emitido el Máximo Tribunal del país.

Los comentaristas de esta obra fueron el juez federal Fernando Silva García y el doctor en derecho Miguel Carbonell Sánchez.

“A través de este libro, a través de estos métodos se va descartando toda esta idea tradicional y formalista del juzgador como simple aplicador categórico de las normas jurídicas”, Fernando Silva García, Juez 6º. de Distrito Centro Auxiliar 1ª. Región en Cuernavaca, Morelos.

“Es innegable que la interpretación constitucional se ha vuelto más complicada, se ha vuelto más difícil, se ha vuelto mucho más exigente y que hoy ya se espera de los jueces y magistrados federales y de los ministros y ministras de la corte se espera una interpretación altamente sofisticada”, Miguel Carbonell Sánchez, Doctor en Derecho.

Coincidieron en que la publicación debe ser consultada por impartidores de justicia, abogados, académicos y estudiantes, porque representa una inspiración para realizar ejercicios de reflexión y construcción, en el mejor desempeño de su actividad judicial.

Miguel Nila

Suspensión condicional del proceso

En el Instituto de la Judicatura Federal inició el cuarto modulo del Diplomado “Litigación en el proceso penal”.

El profesor Ángel Valencia Vázquez, de la Universidad Alberto Hurtado de Chile,  explicó la importancia y el procedimiento de la suspensión condicional del proceso.

 “Es una propuesta, un planteamiento que efectúa el Ministerio Público de común acuerdo con el imputado o el imputado por sí mismo al juez de control, proponiendo la suspensión del procedimiento en la medida en que el imputado quede sujeto a un conjunto de condiciones y además se apruebe un plan de reparación del daño”.

Explicó que este beneficio está pensado para imputados primerizos y que hayan cometido un delito menor.

“Primero que se haya dictado auto de vinculación a proceso y se haya dictado ese auto por un  delito cuya media aritmética de la pena no exceda de cinco años, es decir, esté concebido para delitos de penalidad baja, que el imputado no haya sido imputado por delito doloso”.

El objetivo de la suspensión condicional, señaló el especialista chileno, es para lograr la reinserción social del llamado primodelincuente.

 “La suspensión condicional no debe ser concebida como una medida que tiene por objeto realizar el principio de procedimiento de economía procesal, no sirve para economizar recursos, no está para eso, no está para terminar causas más rápido y tener menos causas”.

El juez de control fijará el plazo de suspensión  del proceso, que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años.

Además establecerá al imputado una o varias condiciones que deberá cumplir.

Por ejemplo, dejar de frecuentar determinados lugares o personas, abstenerse de consumir drogar o someterse a algún programa de tratamiento de adicciones.

Juan Carlos González

En la próxima sesión del Pleno de la SCJN

En su sesión de este martes, el Pleno retomará el estudio de un incidente de inejecución de sentencia.

El proyecto del Ministro Pérez Dayán, propone consignar ante un juez de procesos penales federales, al ex presidente de la Junta Especial Número 3 de Conciliación de Chiapas, Omar Alí Sosa López, por desacato de una sentencia de amparo.

Una vez concluido este asunto, el Pleno dará entrada a un incidente más, relacionado con la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa con sede en Nuevo León, en el juicio de amparo 758/2010.

El Pleno también tiene en lista un amparo directo en revisión, promovido por el Ejido General Lázaro Cárdenas, Municipio de Zapopan, Jalisco, en el que impugna una sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15.

En él, cuestionan la constitucionalidad del artículo 217 de la Ley de amparo, que prevé que la demanda puede presentarse en cualquier momento, cuando se promueva contra actos que impliquen privar total o parcialmente de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población.

El Pleno también abordará tres conflictos competenciales, en los que determinará a quien corresponde resolver un juicio de nulidad, promovido en contra de una resolución dictada por el titular de la Contraloría Interna del IFE, si al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.