El Pleno de la Suprema Corte dejo pendiente la resolución del incidente de inejecución de sentencia 573/2012.
En el que el Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, postergó el pago de una deuda a un particular por varios millones de pesos.
A pesar de que se comunicó que ya se había saldado la deuda principal por 45 millones 499 mil pesos, el proyecto del Ministro Sergio Valls, proponía destituir y consignar ante un juez de procesos penales federales a varios funcionarios de la anterior y actual administración, por el delito de contumacia.
“Se demuestra que el incumplimiento al fallo protector resulta inexcusable y que la actitud por parte de las responsables, tanto de la administración anterior municipal, como de la actual denota la reticencia a cumplir de forma oportuna con la sentencia de amparo, a pesar de estar debidamente enteradas”.
La propuesta fue apoyada por cinco ministros, quienes coincidieron que hubo una actitud de las autoridades de ese municipio por no cumplir con la sentencia reclamada.
“Determina la comisión de un delito contra la administración de justicia por el desacatado de esta sentencia”, José Ramón Cossío, Ministro SCJN.
“Que también se sancionara la dilación, no obstante que se haya cumplido, en la medida en que se demuestre que no solo esto es producto de una omisión, sino de acciones deliberadas tendientes a ello”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.
“También estamos ante un incumplimiento, ante una conducta contumaz de la autoridad para cumplir con la resolución”, Luis María Aguilar, Ministro SCJN.
“Para mí la sentencia ya está cumplida, sin embargo, está plenamente acreditada la contumacia de las autoridades”, Alfredo Gutiérrez, Ministro SCJN.
“En el caso concreto, independientemente de estar cumplida, cobrados unos cheques, no está cumplida en su totalidad”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.
En contra del proyecto se manifestaron cuatro ministros, quienes se pronunciaron por declarar el asunto sin materia.
“Si la sentencia ya se cumplió, no tenemos porque, en mi opinión, consignar, ni destituir a ninguna de las autoridades”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.
“Está acreditado que el banco lo rechazó por un error en el nombre, dado que el nombre con el que había promovido no coincidía con el nombre del documento oficial que llevó para identificarse”, Fernando Franco, Ministro SCJN.
“Y como ya hay cumplimiento, pues me parece que el incidente de inejecución que se resuelve debiera quedar sin materia”, Jorge Mario Pardo, Ministro SCJN.
“Este criterio va implicar replantear toda la jurisprudencia y todo el sistema de cumplimiento de sentencias de amparo”, Arturo Zaldívar, Ministro SCJN.
Al momento de la votación seis ministros se inclinaron por sancionar solo a las anteriores autoridades del Municipio de Santa Catarina, pero se registro un empate a cinco en torno a la responsabilidad de las actuales autoridades, por ese motivo, se postergó la resolución del asunto para la próxima sesión, para saber en qué sentido se pronuncia la Ministra Olga Sánchez Cordero.
José Luis Guerra García