Resoluciones de las Salas de la SCJN
12/03/2014 Deja un comentario
La Primera Sala de la Corte reiteró la constitucionalidad del artículo 46 y 54 de la Ley orgánica de la PGR, que regula los procesos de evaluación y control de confianza de sus elementos.
Por ese motivo negó un amparo a un ex policía federal, que fue separado del cargo por no aprobar dichos controles.
Los ministros argumentaron que esas disposiciones son acordes con el régimen constitucional especial, que rige el servicio profesional de carrera ministerial, policía y pericial.
Precisaron que estos controles permiten verificar que los elementos policiacos cuenten con las cualidades idóneas para desempeñar el cargo.
También confirmaron la sentencia de un tribunal colegiado, que determinó la constitucionalidad del acuerdo del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, que amplía las atribuciones de los jueces de proceso oral, especializados en justicia para adolescentes.
Lo anterior se resolvió al estudiar un amparo promovido por la representante de un menor, acusado del delito de robo agravado.
Los ministros consideraron que con base en el artículo 122 de la Carta Magna, el órgano que emitió el acuerdo si tiene facultades para ampliar atribuciones de los órganos jurisdiccionales.
La Segunda Sala de la Corte resolvió que la tabla que define las distancias que deben guardar los centros de almacenamiento y distribución de combustible no violan los principios de libertad para ejercer el comercio o la industria, ni la libre concurrencia, protegidos por los artículos 5 y 28 de la Constitución.
Por ello confirmaron la sentencia recurrida y negaron el amparo a una persona que se inconformó con estas disposiciones del Municipio de Jesús María, Aguascalientes.
Indicaron que estas normas solo regulan y organizan el establecimiento ordenado y seguro de estos centros de combustibles, para salvaguardar la integridad física de sus habitantes y protegerlos de eventuales riesgos.
Aclararon que estas medidas no tienen relación con los permisos y licencias que expide la autoridad federal, para la operación de este tipo de negocios.
José Luis Guerra García