II Congreso de Control de Constitucionalidad y Convencionalidad

El control de convencionalidad implica que en los textos constitucionales haya un reconocimiento pleno y expreso de los derechos humanos, contenidos en la convención interamericana, advirtieron académicos.

Durante el Segundo Congreso de Control de Constitucionalidad y Convencionalidad, destacaron que los juzgadores pueden en el estudio de la controversia constitucional, advertir la norma de la ley que no se ajuste al texto de la Constitución.

“Porqué debemos adecuar nuestras leyes, nuestros actos, nuestras sentencias, los propios contenidos constitucionales hacia los parámetros de convencionalidad, porque es una moda? porque es una cuestión transicional?, no, simplemente porque el estado mexicano así lo quiso, voluntariamente ratificó una serie  de instrumentos internacionales los cuales tiene que cumplir”, Marcos del Rosario Rodríguez, Secretario de Estudio y Cuenta, TEPJF.

En la Facultad de Derecho de la UNAM, precisaron que  si dentro de la controversia existen diversas interpretaciones, los jueces deben elegir la que se apegue más a los derechos humanos.

“Lo que nos estamos planteando en el fondo, más allá de cómo bajamos esto a un juez de primera instancia o cómo lo revisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que estamos revisando son temas por ejemplo es si el derecho beneficia a las personas físicas, eso es pro persona”, Guillermo Estrada, Académico de la UNAM.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene pendientes diversos asuntos relacionados con la aplicación del control de convencionalidad.

“De alguna manera se va a tener que pronunciar cuando lleguen estos casos, tenemos básicamente una posibilidad de un control concentrado que hasta ahorita ha sido, creo yo, salvo el caso de Olmedo Bustos contra Chile, bastante tímido hasta la fecha”, Raúl Pérez Johnston, Académico de la Escuela Libre de Derecho.

El uso de la convencionalidad, establecido en la Constitución, en el Sistema Interamericano y en los tratados internacionales, dijeron es una obligación para el Estado mexicano.

Martha Rodríguez