Durante la presentación del Informe: Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, el Ministro Presidente de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, Juan Silva Meza, indicó que sobre todo es necesario fortalecer los mecanismos que permitan acceder a la justicia, sobre todo a los más desprotegidos, a los que no tienen voz.
«En el caso del Poder Judicial de la Federación, tenemos claro que una mejor calidad de vida radica, no solo en el acceso a la justicia imparcial, sino en la existencia de un sistema de justicia de calidad; transparente, expedito y que se funde en el principio de igualdad ante la ley2.
Para ello, dijo, se requiere de operadores que actúen con honestidad, imparcialidad y transparencia, con el fin de abonar a la confianza social.
«En el Poder Judicial de la Federación, queremos que la sociedad cuente con impartidores de justicia intachables. que cuenten, con funcionarios del estado que no comprometan su criterio, o que desahoguen los juicios en cauces ajenos, a lo legalmente establecido».
Además de contar con reglas claras para sancionar las conductas indebidas.
«Queremos, que la sociedad tenga la certeza, de que nuestro Poder Judicial es una institución sólida, que funciona a partir de normas, procedimientos y reglas claras y suficientes para identificar y sancionar, las conductas de aquellos elementos que no se conduzcan con estricta honorabilidad».
El informe recomienda a los 35 estados miembros de la OEA, garantizar la autonomía presupuestal y funcional de fiscales, defensores públicos y jueces, con el fin de no comprometer su imparcialidad.
«La Comisión ha observado con preocupación, de acuerdo con la experiencia de algunos países, especialmente de aquellos que han atravesado por conflictos armados que la relación de subordinación de la fiscalía, al mando del Ejecutivo, en algunas ocasiones se ha utilizado para evitar la investigación respecto de graves violaciones a los derechos humanos, cometidas por instituciones como las Fuerzas Armadas, encabezadas por el propio Poder Ejecutivo», José de Jesús Orozco, Comisionado, CIDH.
Además, transparentar la designación de los operadores del sistema, garantizar su inamovilidad y el principio de igualdad, entre otros aspectos.
«Con respecto a la remuneración, la Comisión considera necesario que se asegure en la legislación interna, bases salariales idóneas para las y operadores de justicia, que permitan adoptar remuneraciones suficientes y adecuadas que correspondan a sus responsabilidades y logren disminuir el problema de la corrupción».
Estas y otras recomendaciones, buscan eliminar la impunidad y garantizar mecanismos efectivos de acceso a la justicia, a quienes han visto afectados sus derechos.
José Luis Guerra García
Canal Judicial 