Desde el 2011, el CJF investigó y estableció sanciones contra servidores públicos por actos de corrupción

Desde el 2011, el Consejo de la Judicatura Federal investigó y estableció sanciones contra servidores públicos por actos de corrupción, informó el consejero, Daniel Cabeza de Vaca.

En entrevista, dijo que fue él quien impulsó la investigación y presentación de la denuncia ante la PGR contra su secretario técnico, Mario Alberto Prado Rodríguez.

Contra el magistrado Eduardo Ochoa Torres, el magistrado José Manuel Rodríguez Puerto, y contra el juez Javier Rubén Lozano Martínez, por actos irregulares relacionados con la actividad de casinos.

“Tomamos la iniciativa cuando conocimos los hechos, cuando conocimos los hechos que se hicieron públicos, pero por otro lado siempre se ha combatido ese tipo de cosas, como ustedes supieron las acciones que ha intentado el Consejo de las que hemos sido parte contra este tipo de corrupción son permanentes, no es una cosa que haya salido de repente puesto que ya desde el 2011 había investigaciones y procesos sancionatorios en contra de algunos servidores públicos”, Daniel Cabeza de Vaca, Consejero de la Judicatura Federal.

Dijo que todos los consejeros de la Judicatura están comprometidos en el combate a la corrupción.

Por su parte, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam calificó la denuncia, como un ejemplo del Poder Judicial de tomar acciones en la depuración de sus integrantes.

“Para que no quede sospecha alguna sobre la actuación de sus integrantes lo cual es imprescindible, lo cual es verdaderamente digno de un aplauso porque la sociedad tiene que confiar en sus jueces, y en consecuencia lo que está haciendo es  un procedimiento adecuado, repito, no están condenados, los está poniendo a disposición del Ministerio Público para que éste investigue y después el Ministerio Público, en caso que encuentre que estos elementos se constituyen los turne a su vez para que sean juzgados, a mí me parece impecable”.

El titular de la PGR dijo que apenas se iniciará la investigación, pero en su caso, se corresponderá la actitud del Poder Judicial con una actitud limpia de la Procuraduría General de la República.

Todos los funcionarios del Poder Judicial sujetos a investigación están actualmente suspendidos sin goce de sueldo.

Martha Rodríguez

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