En México, siete de cada diez personas que enfrentan un proceso penal federal son representadas por defensores públicos federales con la mayor calidad y el pleno compromiso de respeto a derechos humanos.
Al rendir su Informe Anual de Labores ante el pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, su director general, Mario Alberto Torres, dijo que los defensores públicos rigen su actuación bajo los principios de probidad, honradez y obligatoriedad que marca la ley.
“Siendo el destinatario de sus servicios cualquier persona que teniendo la calidad de imputado, procesado o sentenciado no cuente con defensor particular”.
En el periodo de junio de 2013 a mayo de 2014, el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, presento ante juzgados de distrito un incremento del 10 % en sus defensas jurídicas.
Torres López explicó que en el caso de la defensa en materia indígena, 24 abogados atendieron en su lengua de origen mil 76 personas.
El Director del Instituto Federal de Defensoría Pública dijo que este tema de protección a grupos vulnerables fue reconocido a nivel internacional con el ingreso del Instituto en la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF por sus siglas.
“E importante formar parte de la AIDEF porque cuenta con un convenio tanto con la comisión como con la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el que surge la figura del Defensor Público Interamericano que actúa en casos donde el demandante no tenga abogado que le asista”.
A nombre de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, el doctor Héctor Fix Fierro, señaló que el informe demuestra el compromiso de los defensores y asesores jurídicos de agotar todos los instrumentos legales para la protección de las personas, lo que habla de un gran compromiso social.
“El informe da plena cuenta de las labores de un instituto no solamente consolidado, sino en crecimiento y consolidación de sus tareas lo que le permite año con año rendir un servicio inestimable a la administración de justicia al Estado de derecho y al país”.
Elsa González
Canal Judicial 