Agenda ciudadana de ciencia tecnología e innovación

La comunidad científica hizo un llamado a los empresarios para que inviertan en innovación.

Esto ante datos del INEGI que revelan que tan sólo el 5% de las empresas en México llevan a cabo actividades de investigación y desarrollo tecnológico.

“En México se tienen capacidades muy bien logradas para dar solución a las necesidades de alimentación, agua, salud, energía, ambiente, comunicación y educación”, José Franco, Pdte. Academia Mexicana de Ciencias.

“Lanzamos un proyecto en conjunto, un proyecto que busca llevar la innovación y el desarrollo tecnológico al quehacer diario de las empresas mediante seis foros regionales buscaremos integrar y conocer las demandas de innovación del sector empresarial”, Joshua Harim Mendoza, Vicepresidente CANACINTRA.

Datos del Banco Mundial señalan que las actividades de investigación en las universidades de América Latina, incluido México, no inciden en el desarrollo económico nacional.

Este llamado se llevó a cabo en la presentación de los libros de la Agenda ciudadana de ciencia tecnología e innovación.

En ellos especialistas analizan temas como: agua, seguridad alimentaria, cambio climático, salud pública, salud mental y adicciones, medio ambiente, migración, investigación espacial y energía.

En este acto se presentaron las bases para el concurso Vive conciencia.

Dirigido a estudiantes en instituciones de educación superior en México.

Consiste en escoger uno de los retos de la Agenda ciudadana y que pueda ser resuelto con sus conocimientos.

Pueden revisarse las bases en la página
http://www.agendaciudadana.mx

Mario López Peña

El Distrito Federal tiene el nivel más alto de educación secundaria, según la OCDE

El Distrito Federal tiene el nivel más alto de educación secundaria mientras que Chiapas tiene el más bajo.

Nuevo León tiene el ingreso por hogar más alto de México.

Yucatán, un Estado altamente turístico, tiene el nivel de desempleo más alto del país.

Estos son los datos que revela la herramienta en línea “Índice para una vida mejor” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.

“Se trata de un instrumento para la elaboración de políticas públicas en la misión de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos”, Anthony Gooch
Dir. Comunicación y Asuntos Públicos OCDE.

Consiste en un mapa interactivo para medir la calidad de vida en cada región.

Califica 362 zonas pertenecientes a los países que integran la OCDE en una escala de 0 a 10.

Incluye ocho indicadores: ingresos, empleo, salud, acceso a los servicios, medio ambiente, educación, seguridad y participación ciudadana.

De acuerdo con la OCDE, a nivel internacional existe un rechazo del PIB como una forma de medir el progreso de un país.

Es por ello que lanzó esta herramienta para redescubrir la medición de bienestar social ya que involucra la participación de los ciudadanos.

En las preferencias entre hombres y mujeres no hay diferencia, sin embargo en el nivel de participación si lo hay.

“Yo no entiendo por qué sólo el 40 % de los que participan son mujeres, cuando esta iniciativa tiene todo para interesar a hombres y mujeres”

A nivel mundial más de 4 millones de personas han participado en el índice.

México ocupa el sexto lugar de participación.

Emmanuel Saldaña

Reunión de la Red Parlamentaria Global de la OCDE

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, felicitó a México por el paquete de reformas estructurales que ha aprobado en los últimos dos años.

En la inauguración de la tercera reunión de la Red Parlamentaria Global de la OCDE, destacó la capacidad que se ha mostrado para generar consensos en un mundo donde las democracias presentan una mayor diversidad.

“El paquete de reformas que México ha impulsado y que ha aprobado en los últimos dos años es uno de los ejemplos más claros y más impresionantes no sólo en América Latina, en la OCDE sino en el mundo, quisiera felicitar al Presidente, a su gabinete, a sus legisladores por este enorme esfuerzo, seguro que tienen mucho que compartir con los legisladores de otros países que hoy nos visitan”.

Sin embargo, destacó que ahora el reto es aprobar las leyes secundarias e implementar las reformas en general.

En entrevista, José Ángel Gurría explicó que los efectos de las reformas en los bolsillos de los mexicanos y en la generación de empleos se verán hasta el 2016.

“Esta insistencia del gobierno mexicano en el sentido de que estos resultados de las reformas tomarán dos o tres años para empezar a notarse no es una forma simplemente de buscar tiempo, es una realidad, ninguna reforma de fondo empieza a surtir efectos el día siguiente”.

Diputados y senadores mexicanos que participaron en la inauguración de la Reunión Internacional, coincidieron en la necesidad de avanzar en la aprobación de las leyes secundarias.

“México tiene en lo inmediato varios grandes retos, uno de ellos por ejemplo es implementar las reformas económicas de manera eficiente y transparente, para ello los legisladores tenemos que construir y aprobar leyes secundarias bien diseñadas”.

Juan Carlos González

Fiscalización integral, impuestos y lavado de dinero

La reforma fiscal de este año aplica mayores controles para detectar y sancionar delitos como el lavado de dinero y la evasión fiscal que responden a regulaciones internacionales.

Luis Manuel Pérez de Acha, especialista en el tema, participó en el Curso sobre Reforma Fiscal 2014 con el tema “Fiscalización integral, impuestos y lavado de dinero”.

Explicó que desde 2001 se incrementó la detección de dinero proveniente del narcotráfico, trata de personas y comercio ilegal de armas a nivel internacional.

Ahora existen reglas muy estrictas a nivel mundial para rastrearlo y llega a generar molestia entre las personas.

“La última palabra la tendrá la Judicatura y en ellos descansa esto, por eso es muy importante que estos cursos de actualización, de análisis, de reflexión sobre los nuevos mecanismos legales contra lavado de dinero y sobre todo como se está operando a nivel internacional, México no está aislado de esa dinámica”.

Ante secretarios de juzgado, jueces y magistrados federales, Luis Manuel Pérez de Acha dijo que existen detectados 60 mecanismos a nivel mundial que alertan sobre lavado de dinero, el más común es la compra venta de inmuebles.

El especialista dijo que organismos como la OCDE y países como Estados Unidos cada vez presionan más para que todas las instituciones bancarias y estatales sean transparentes, incluso eliminando el llamado secreto bancario.

Por eso en el caso de México, es importante que las y los impartidores de justicia federales tengan todo el conocimiento posible para ayudar en el combate al ilícito con pleno respeto a los derechos humanos.

“Al final de toda esta cadena quienes tienen la responsabilidad de hacerlo son los operadores judiciales aplicaran las leyes, aplicaran los reglamentos, los tratados internacionales para resolver los conflictos y las controversias que seguramente se presentarán en esta materia”.

El lavado de dinero, además de ser un delito nacional e internacional, representa una severa distorsión financiera ya que perjudica tanto al sector formal de la economía como al propio estado, puntualizó el especialista.

Elsa González

Introducción a los juicios orales en materia penal

El cambio que se dio en México en el 2011 al sistema penal acusatorio era necesario porque el anterior modelo ya estaba colapsado por la corrupción.

Así lo señaló el jurista Gerardo Armando Urosa, durante la presentación de su libro: “Introducción a los juicios orales en materia penal”, que se presentó en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

“Este modelo no es precisamente una medicina griega que todo lo cura, no es la panacea pero yo creo que poco a poco seguramente habrá muchas cuestiones, sin embargo a pesar de eso yo creo en el sistema y creo que gradualmente se irá perfeccionando”.

Señaló que si bien el nuevo sistema de justicia penal no va a terminar con la corrupción, si es necesaria la capacitación de todos los operadores para ofrecer una mejor justicia.

El profesor del INACIPE, Eduardo Martínez, resaltó los errores y contradicciones que contiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue aprobado este año en el Congreso.

Puso como ejemplo la confusión que hay sobre el momento en que se debe ejercitar la acción penal.

“¿Cuándo se ejercita la acción penal en sistema acusatorio? Sabrá Dios estos no entendieron el 170 de la Ley de Amparo, es muy claro es en la vinculación, pero cuando cada quien quiere hacer las cosas sin acercarse a los que saben cómo el Maestro Urosa generan estos desastres, porque esto va a llevar a interpretaciones jurisprudenciales que quien sabe cómo va a acabar este Código Nacional”.

Recordó que ya se presentó la primera acción de inconstitucionalidad en contra del Código Nacional y eso que todavía no entra en vigor en todo el país.

Juan Carlos González

La Segunda Sala se pronunció en torno a procedimientos para reformar la Carta Magna

La Segunda Sala de la Corte reiteró que no procede el control constitucional en contra del procedimiento para reformar o adicionar la ley suprema.

Los ministros argumentaron que la razón fundamental de esta prohibición, radica en la naturaleza misma del acto y el carácter extraordinario del órgano reformador de la constitución, que realiza una función exclusivamente constitucional, lo que implica que no puede sujetarse a control externo alguno, por ser de carácter soberano.

Determinar lo contrario, supondría la intromisión en un acto soberano del órgano reformador de la constitución y podría ocasionar, que se declarará inválida una disposición necesaria para la operatividad de la norma constitucional y con ello, imposibilitaría el inicio de su vigencia.

El anterior criterio se confirmó al declarar legal el auto del Presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza, que desechó por notoriamente improcedente una controversia constitucional promovida por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, en contra de la reforma político electoral.

En concreto, se pedía invalidar el Artículo segundo transitorio, que prevé que los magistrados y consejeros electorales estatales en funciones, se mantendrán en el cargo, hasta que se realicen los nuevos nombramientos, conforme a lo previsto en la reforma a la Constitución en la materia.

José Luis Guerra García

La Primera Sala resolvió un asunto relacionado con el Código de Procedimientos Penales del D.F.

La Primera Sala de la Corte determinó que los artículos 9 ter y 9 quáter del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal no violan los derechos humanos de igualdad y no discriminación.

Disposiciones que permiten al juez ordenar a un padre agresor no comunicarse, acercarse, ni convivir con su esposa e hijos, con el fin de protegerlos de posibles actos de violencia en su contra.

Los ministros argumentaron que dichas normas tienen como fin asegurar la integridad personal y la vida de personas que han sido agredidas físicamente por su pareja o padre.

Estas medidas cautelares pueden aplicarse en favor no solo de mujeres, sino también del sexo masculino, o personas vulnerables como pueden ser adultos mayores o niños.

Para dictar estas medidas de protección, no es necesario que se acredite el daño o lesión directa a la integridad física o emocional de una persona, pues el objetivo de ellas, es prevenir y evitar cualquier tipo de maltrato o violencia en contra de una determinada persona.

José Luis Guerra García

El Pleno resolvió un amparo directo en revisión relacionado con la devolución de saldos a favor

El Pleno de la Corte resolvió que los artículos 22 y 146 del Código Fiscal de la Federación, así como el sexto de la Ley del IVA, no violan la Constitución.

Normas que fijan los plazos y la forma en que se puede solicitar la devolución de saldos a favor.

Mismas que no violan los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad tributaria.

El Artículo 22 del Código Fiscal, establece que es a partir de cuándo se debe presentar la declaración anual de impuestos, cuando comienza a correr el plazo de prescripción para exigir los saldos a favor.

“Entonces adaptaríamos esta parte del proyecto justamente a lo que se dijo en el momento que resolvimos esta última contradicción de tesis, para concluir como lo hace el proyecto, en el sentido de que no hay violación al principio de seguridad jurídica”, Margarita Luna Ramos, Ministro SCJN.

Aunque por motivos diferentes a los del proyecto original del Ministro Sergio Valls, el Pleno también declaró la constitucionalidad del artículo 146 del Código Fiscal que establece un plazo de 5 años para reclamar los saldos a favor.

“Yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, sin embargo no coincido con la argumentación en cuanto a que los artículos 22 y 146 del Código Fiscal de la Federación, se pueda hacer un análisis de constitucionalidad a través de la proporcionalidad tributaria, sino yo creo que tiene que hacerse sobre otras bases, entonces me reservo para hacer un voto concurrente”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

“Me parece que no puede analizarse el 146 a través del principio de proporcionalidad porque como marca simplemente el plazo para hacer valer el derecho de la devolución de las cantidades que tuviera a favor el contribuyente, me parece que este aspecto, no puede relacionarse con la capacidad contributiva de los causantes”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

El Pleno también declaró valido el Artículo sexto de la Ley del IVA, en el que se precisa la manera de exigir la devolución de los saldos a favor.

“No le causa ningún perjuicio también al quejoso, porque dice, si en la declaración del ejercicio el contribuyente tuviera cantidades a su favor, podrá acreditarlas en declaraciones de pago provisional posteriores o solicitar su devolución”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

El Pleno determinó lo anterior al resolver un amparo promovido por una empresa que exigía la devolución de un saldo a favor por un monto mayor a 18 millones de pesos, petición que le fue negada pues su derecho ya había prescrito.

Además, de que se trataba de saldos acumulados en varios años, lo que no permite la ley.

José Luis Guerra García