Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente

Juzgadores y funcionarios judiciales continúan su capacitación para fortalecer la protección del derecho a un medio ambiente sano.

Dentro del Seminario de Derecho Ambiental abordaron la regulación para materiales peligrosos en México.

Los elementos normativos parten de dos instrumentos internacionales, así como de la Ley general del equilibrio ecológico, el reglamento de la Ley general de salud y las normas oficiales mexicanas.

Para determinar actividades altamente riesgosas existen dos listados vigentes desde 1997 sobre sustancias y sus concentraciones.

“Una sustancia en la concentración que diga estos listados empleada en un proceso productivo hace a una actividad altamente riesgosa”, María del Consuelo Juárez, Dir. Legislación y Consulta SEMARNAT.

Reflexionaron sobre los retos del transporte transfronterizo de estos químicos.

“Por cuestiones de seguridad nacional pero también de un riesgo ambiental muy grande en el transporte de estas sustancias su liberación al ambiente, por ejemplo, algo que es altamente corrosivo si se infiltra en el suelo tiene altas repercusiones en los mantos acuíferos”.

Analizaron los artículos 150 y 151 de la Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

Dichos artículos establecen que la regulación del manejo de materiales y residuos peligrosos contempla su uso, recolección, almacenamiento, transporte, reuso, reciclaje, tratamiento y disposición final.

Y la responsabilidad del manejo y disposición final de los mismos corresponde a quien los genera.

Mario López Peña

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La Segunda Sala amparó a un indígena hñahñu

La Segunda Sala de la Corte concedió un amparo a César Cruz Benítez, gobernador tradicional hñahñu de la comunidad indígena de San Ildefonso, Hidalgo.

La protección de la justicia se le otorga, para que el juez que conoció de su caso, reponga el procedimiento, con el fin de que incluya en el expediente, la petición que hizo a nombre de su comunidad y se dé respuesta a la misma en su lengua originaria.

Ya que solo de esa manera se podrá saber si se atendió el fondo de su petición.

En la resolución se explica que para que se colme su derecho de acceso a la justicia, deberá ser asistido por un intérprete y defensor, que conozca su lengua y cultura.

“Yo estoy a favor del proyecto, con todas las razones por las que se está reponiendo el procedimiento la primera de ellas para mandar a requerir un documento y estar en posibilidades de determinar si el derecho de petición, al que hacen alusión es o no correcto, y es o no acorde la contestación y por otro lado, también se está ordenando que para tener una justicia completa e integral, entonces el procedimiento debe continuar con las acciones encaminadas a designar a un perito para traducir al español los escritos presentados por el quejoso y al hñahñu las actuaciones judiciales a fin de que aquel esté en condiciones de hacer derechos en este juicio”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

“Yo también estoy de acuerdo con el proyecto, difiero de la opinión del señor ministro Franco, pienso que el efecto se comprime a la resolución, que es suficientemente amplio, y no solo con lo que dijo la señora ministra, sino también en relación con la cuestión de que deban de estar asistidos por intérprete y asesoría en su idioma”, Luis María Aguilar, Ministro Presidente Segunda Sala.

En contra del proyecto se pronunció el Ministro Fernando Franco González Salas.

“Yo voy a votar en contra, y no porque no esté de acuerdo con una enorme mayoría de las consideraciones que contiene, sino porque en el resolutivo se están dando efectos con los que yo no estoy de acuerdo, porque yo considero que el efecto debe ser mucho más amplio”.

Cruz Benítez promovió el amparo en 2012, cuando fue detenido en un retén de la policía en Hidalgo, quienes no le informaron sus derechos y tampoco le explicaron el motivo de su detención, lo que argumentó, violó sus derechos humanos.

En su demanda pidió que se reconozca el derecho de las personas indígenas a ser notificadas y procesadas en su lengua materna.

José Luis Guerra García

La Primera Sala reasumió su competencia en torno a un asunto sobre el derecho al agua

La Primera Sala de la Corte reasumió su competencia para conocer de una inconformidad, que tiene que ver con el derecho de las personas de acceso y disfrute al agua.

El asunto reúne los requisitos de interés y trascendencia necesarios, para que el Pleno de la Primera Sala conozca del asunto.

En este caso se reclama una decisión de un juez de distrito, que dio por cumplida la sentencia de un tribunal colegiado, que vinculó a diversas autoridades para adoptar las medidas y trámites necesarios para que la quejosa pudiera gozar y ejercer este derecho, al notificarse que ya se había instalado una toma de agua en el domicilio de quien promovió el amparo correspondiente.

Determinación que es cuestionada por la beneficiaria, pues considera que no se cumple con el alcance de la sentencia del tribunal colegiado, que dispuso que el alcance del derecho al agua, se ve satisfecho cuando esta es suficiente, aceptable y asequible, tanto para consumo personal, como doméstico.

Lo que no se satisface con la simple instalación de la toma correspondiente. La Primera Sala habrá de determinar si la sentencia de amparo se cumplió en los términos que ordenó el tribunal competente.

José Luis Guerra García

El Pleno resolvió una acción de inconstitucionalidad en materia de delincuencia organizada

El Pleno de la Corte resolvió que los congresos locales no tienen facultades para legislar en materia de delincuencia organizada.

Atribución que es exclusiva del Congreso de la Unión. Lo anterior se explicó al declarar la invalidez del Artículo 171 del Código Penal de Nuevo León.

“Como la evolución constitucional y legal de la delincuencia organizada había llegado en un momento, en el 2008 donde se había federalizado y no hacía distingo alguno la constitución, entonces en este tema de competencia, también comparto ahora este nuevo tratamiento”, Juan Silva Meza, Ministro Presidente SCJN.

“Se propone declarar la invalidez de la porción normativa del Artículo 171 del Código Procesal de Nuevo León que se establece la prisión preventiva entre otros delitos, para los de delincuencia organizada”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Los ministros también establecieron que tampoco pueden legislar tipos penales, ni sanciones en materia de secuestro y trata de personas, cuestiones ya previstas en las leyes generales en la materia.

Por ese motivo invalidaron una porción la fracción IV del Artículo 26 de la Ley de ejecuciones de sanciones penales y el 275 Bis del Código de Procedimientos Penales de Nuevo León.

“Para mí la razón fundamental es el artículo 73 fracción XXI donde de alguna manera nos está diciendo tiene facultades el congreso de la unión para expedir las leyes generales en materia de secuestro, trata de personas y delitos electorales, y esto es importante que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

“En principio los estados no pueden legislar respecto de los tipos y sanciones establecidos para secuestro y trata de personas, y que lo pueden hacer en relación con las cuestiones simplemente de operación y aplicación de las sanciones, excepto cuando ya estén reguladas en la ley federal o en la ley general”, Luis María Aguilar Morales, Ministro SCJN.

Las disposiciones anuladas, preveían restringir las comunicaciones del imputado en ciertos supuestos, imponían la prisión preventiva de manera oficiosa y establecía las pruebas de ADN como único mecanismo para la identificación de testigos.

“La medida legislativa impugnada incide en el derecho a la dignidad, a la intimidad y a la integridad física, pues de aquella puede extraerse información genética del individuo”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

“Yo creo que una cosa es proteger a un testigo y otra cosa es generar testigos anónimos, me parece que el sistema nacional y es el que está reflejado en el 275, lo que genera es una condición de anonimato de los testigos, pero no un sistema de protección de testigos”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

“Sin embargo, creo que lo que habrá que destacar es el aspecto invasivo que tiene un sistema de identificación, frente al propósito con el que se estableció”, Alberto Pérez Dayán, Ministro SCJN.

“Se toma como una medida, la identificación a través del ADN para la figura de testigos protegidos, sin embargo la constitución solamente autoriza este tipo de testigos protegidos para casos de delincuencia organizada”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.

El Pleno no alcanzó los votos suficientes, para invalidar otras disposiciones de la legislación penal de nuevo león, en los que se regulan temas de delincuencia organizada.

José Luis Guerra García

Ensayo “El canto de la tribu” del economista y músico Jorge Velasco

La segunda mitad del siglo XX vio nacer la música popular alternativa vinculada a los movimientos sociales.

Fusión de ritmos populares mexicanos como los sones o los huapangos con géneros musicales de otros países como el blues y el rock.

En el ensayo “El canto de la tribu” el economista y músico Jorge Velasco ofrece un recorrido por el desarrollo musical alternativo que cobró relevancia a partir de 1968.

“El llama movimiento alternativo a aquellos jóvenes y viejos que no sucumbieron ante las mieles de poder económico y la fama”, Ricardo Pérez Montfort, Académico UNAM.

Los sones, los corridos, los jarabes las rancheras, plantea, fueron enajenados por los medios masivos de comunicación.

El ensayo es una investigación social que describe el movimiento de los que en realidad ofrecieron una alternativa en los contenidos de la música popular mexicana.

“El canto convoca a toda la especie, el canto, la música es el sonido que nos hace diferentes en este planeta, nos hace ser seres humanos y cuando tenemos además de este canto y esta música algo que decir con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro sexo, con todas nuestras emociones y sentidos apuntando hacia una utopía, hacia un mundo mejor que todos creemos pues que fuerza tiene”, Jorge Velasco García, Autor de “El canto de la tribu.

Después de 10 años, el libro publicado por la Dirección General de Culturas Populares, aparece en una segunda edición con dos prólogos, el escrito por Carlos Monsiváis y otro por el autor.

Emmanuel Saldaña

El Aeropuerto de la Ciudad de México contará con 4 mil elementos de seguridad privada al finalizar este año

El nuevo sistema de justicia penal acusatorio hace obligatorio la coadyuvancia de la seguridad privada en el país.

Lo que incluye la capacitación del personal entre otros temas, en el de derechos humanos, advirtió Juan Antonio Arámbula, director de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Seguridad.

“Entonces estaremos hablando de temas tan especiales como preservación de evidencias., aislamiento de la zona, la elaboración de los primeros informes, el cuidado de la cadena de custodia de manera que seamos eficaces auxiliares de la seguridad pública”.

La proporción de elementos de seguridad privada es de 3 a 1 con respecto a la seguridad pública.

Las empresas en este sector representan un monto superior al 1 % del PIB nacional.

La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada advirtió que sus elementos cuentan con estrictos controles de confianza y capacitación.

“Tenemos unos guardias muy bien preparados, muy equipados, no sólo preparamos a los guardias en la parte física y química como lo vieron en los exámenes, también estamos viendo la capacitación”, Mario Espinosa, Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hay 3 mil elementos de seguridad privada y la cifra para este año llegará a los 4 mil.

“Yo quisiera saber cuántos funcionarios públicos de nivel medio o superior se someten a éste rigor de preparación la seguridad de la aviación tiene características que la hacen similar y muy competitiva con la farmacéutica”, Manuel del Riego de los Santos, Seguridad privada del AICM.

La terminal aérea gasta 538 millones de pesos anuales en seguridad privada.

A los elementos se les practican exámenes toxicológicos, médicos, psicológicos, económicos, y pruebas de poligrafía para certificarlos como aptos para el puesto.

“Es un instrumento altamente científico que nos permite observar cambios fisiológicos involuntarios de la persona a la cual se le está conectando”, Erwing González Alarcón, Poligrafísta.

En un taller realizado en el Centro de Diagnóstico en el Aeropuerto capitalino, se demostraron las pruebas de control de confianza a las que son sometidos los integrantes de empresas de seguridad pública.

Martha Rodríguez

Jóvenes de preparatoria del DF tendrán mayor acceso a la cultura, a través de programas y talleres

El derecho a la cultura es un derecho humano al que deben acceder todos los ciudadanos para mejorar su desarrollo.

Así lo señaló el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín, quien aseguró que la cultura no debe ser un lujo y un privilegio de unos cuantos.

“Nosotros pensamos que la cultura es una forma de manifestar nuestras diversidades y de formarnos como seres humanos y vemos a la cultura en términos de derechos humanos, como parte de los derechos humanos, el derecho a la libre manifestación de las ideas, el derecho al acceso a los bienes y servicios culturales”.

Explicó que se debe entender a la cultura como un factor fundamental de desarrollo, principalmente para los jóvenes.

El funcionario participó en la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Cultura y el Fideicomiso de Educación Garantizada, que ampliará el acceso a la cultura a más de 192 mil estudiantes de nivel bachillerato que están en el programa Prepa Sí.

“En un país donde más del 30 por ciento de la población es población joven tenemos que pensar en la oferta que le podemos dar a esos jóvenes para que se desarrollen y pueden salir adelante y puedan conducir a la propia ciudad desde su juventud y luego cuando sean personas adultas con mayor razón”, Luis María Murillo, Director General PIDEGAR.

Con este convenio, se instrumentaran proyectos, programas, talleres, acuerdos y actividades en materia de arte cultural, a favor de los beneficiarios del programa Prepa Sí.

Juan Carlos González