Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género

El protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género es una herramienta para hacer valer los derechos de un sector de la población altamente discriminado.

Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales se verán beneficiados por este protocolo que hace valer el derecho a la igualdad.

El protocolo propone ideas y sugerencias para impartir justicia en situaciones que pueden conducir a la violación de derechos de estas personas.

Se desarrolló a partir de los derechos humanos reconocidos en instrumentos nacionales e internacionales como el “Protocolo de San Salvador”.

Por sí mismo no es un instrumento obligatorio, sin embargo, los instrumentos jurídicos en los que se basa, lo son.

Surge de dos derechos transversales.

El derecho al Libre desarrollo de la personalidad y el Derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Los principales escenarios judiciales que involucran a las personas LGBTI y sus derechos son ocho:

Identidad; vida familiar; trabajo; salud; violencia y acceso a la justicia; detenciones arbitrarias; libertad de expresión y asociación; y derecho a la educación.

A partir de cada situación se describe el marco jurídico de los derechos involucrados y sugerencias de actuación con base en la aplicación de derechos específicos de casos concretos.

Bajo el principio irrestricto de la autonomía e independencia judicial, el protocolo está dirigido a juzgadores locales, federales y operadores jurídicos.

También puede resultar útil a las personas e instituciones involucradas en los procesos de acceso a la justicia, así como a la sociedad en general.

Con esta herramienta se busca fortalecer el acceso a la justicia de las personas con una orientación sexual diferente y generar precedentes que protejan sus derechos humanos.

Emmanuel Saldaña.