Un grupo de abogados encabezados por Gonzalo Aguilar Zínzer presentó una denuncia ante la PGR contra los responsables del Gobierno Mexicano por el Operativo Rápido y Furioso.
Este martes presentaron la denuncia de más de 40 páginas sustentada en la investigación del Congreso de Estados Unidos y de un grupo de especialistas mexicanos.
“El Estado mexicano ayudó, conoció e intervino en la introducción ilegal de armas en el territorio mexicano de alto calibre, de impacto grave y que sabía y supo y tenía conciencia de que estas armas eran entregadas a la delincuencia organizada en el país con el propósito de cumplir un proyecto de Estados Unidos con el argumento de encontrar la fórmula para detener el tráfico de armas”, Gonzalo Aguilar Zínzer, Abogado.
Dijo que se tiene confianza en que la investigación prosperará para sancionar a los responsables de que este programa se aplicara durante el mandato de Felipe Calderón.
Rápido y Furioso, señaló, derivó en violaciones graves de tratados internacionales y de derechos humanos de miles de mexicanos por el aumento de la violencia que desató.
“Hay datos específicos que establecen reuniones con funcionarios de los Estados Unidos al amparo del Programa Rápido y Furioso, para establecer fórmulas de implementación en las que estuvieron presentes funcionarios de mediano y alto nivel mexicano”.
Con esta denuncia, advirtió, se pone en duda la actuación del Poder Ejecutivo Federal, de la SEIDO, el Ejército, el CISEN y la Armada de México.
En foro en el Colegio de México, la académica Denise Dresser, subrayó que el gobierno no ha mostrado interés por frenar el tráfico de armas en la frontera norte del país.
“Un gobierno mexicano que no parece particularmente preocupado por detener el influjo de AK’s 47, que crece día con día”.
Subrayó que la militarización del país ha derivado en la corrupción del ejército y en el incremento del uso de las armas en México.
De las 75 mil armas confiscadas en los últimos tres años en México, 60 mil provenían de Estados Unidos.
Mario López Peña