Diplomado en Argumentación Jurídica en el IJF

El investigador Jaime Cárdenas participó en el Diplomado en Argumentación Jurídica, que se realiza en el Instituto de la Judicatura Federal.

Explicó la importancia de la argumentación legislativa, en la que también se echa mano de la argumentación jurídica para aprobar leyes.

“La verdad es que las diferencias sí son importantes, pero al final de cuentas de lo que se trata es de justificar decisiones o puntos de vista, afirmaciones, premisas y esta actividad de justificar premisas, puntos de vista, afirmaciones, pretensiones existe en todos los ámbitos de la argumentación jurídica.”

Se refirió al vínculo que hay entre la interpretación, la aplicación del derecho y la argumentación.

“La interpretación tiene por objetivo fundamental la determinación de significados tanto de normas o de enunciados fácticos o probatorios, es decir en la interpretación lo que buscamos es determinar un significado adecuado o correcto, que ese significado pueda estar relacionado con las normas, con el ordenamiento jurídico.”

La aplicación de derecho, dijo, es la actividad tendiente a la creación de una nueva norma jurídica y es sucesiva o simultánea al procedimiento de interpretación.

“Finalmente tenemos a la argumentación jurídica que es una actividad que se presenta tanto durante la interpretación, como durante la aplicación del derecho, la finalidad de la argumentación jurídica es la de justificar ese significado que hemos escogido o que consideramos correcto, ya sea para el enunciado normativo o el enunciado factico o probatorio y también para justificar el acto de aplicación.»

Señaló que en el siglo XIX el poder de interpretar y argumentar las leyes lo tenían los legisladores, actualmente ese poder lo tienen los tribunales constitucionales y no descartó que el futuro esa actividad la realice la sociedad en general.

Juan Carlos González

Ciclo de conferencias sobre Derechos Reproductivos

La figura de parto anónimo representa un desafío para la humanidad, advirtió la profesora en derecho civil, Patricia Da Costa.

En el ciclo de conferencias sobre derechos reproductivos, la especialista brasileña dijo que ésta práctica no existe en México, pero sería interesante que se analizara.

Parto anónimo, es dejar al recién nacido de la madre que no lo quiere, en una institución u hospital con la atención que requiere el menor y no abandonado en la calle.

“Muchísimos niños abandonados en las calles, abandonados cuando son bebés, dejados en la basura, dejados en algún lugar específico, parturientas que salen huyendo del hospital y que dejan a sus bebés, por qué, porque no quieren al bebé.”

Para la especialista esta práctica contribuiría a terminar con las prácticas de aborto, infanticidio y abandono.

“El concepto de parto anónimo es aquel que autoriza a la madre que no puede o no desea quedarse con su hijo y lo registra con un nombre ficticio en el hospital y después del parto deja a su hijo para que sea colocado en adopción o para que vaya directo a una casa de ayuda de niños, a un orfanato.”

El parto anónimo no existe como ley en Brasil, aunque hay dos iniciativas para analizarlo.

A decir de la profesora en derecho civil, países como Austria contemplan la figura del parto anónimo, en donde la mujer que no quiere a su bebé y lo expresa, tiene cuidados pre natales, apoyo psicológico y legal antes y después del nacimiento.

Con este tipo de prácticas, dijo, se ayudaría a miles de parejas que no pueden tener hijos y contribuiría a agilizar los trámites de adopción, ya que éstos pueden tardar hasta cinco años.

Martha Rodríguez

@marthaarod

En México hay 8.7 millones de personas con diabetes

En México hay 8.7 millones de personas con diabetes.

El doble que en el año 2000.

México ocupa el sexto lugar mundial en número de personas con diabetes, según la Federación Internacional de Diabetes.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 reveló que en México el 9.2% de la población tiene diabetes.

Las entidades con mayor prevalencia son el Distrito Federal, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.

El gasto en los cinco nestados con mayor prevalencia es de 3 mil 430 millones de dólares.

“Se gasta mucho más en tratar de componerlo que en prevenirlo, cuando sabemos que la diabetes es un padecimiento que perfectamente bien se puede prevenir con cambios en los hábitos de vida.”, Marcela Vega, Federación Mexicana de Diabetes, A.C.

La obesidad y el sobrepeso son factores predisponentes para el desarrollo de la diabetes.

En México siete de cada 10 adultos tienen sobrepeso.

Las complicaciones más frecuentes de la diabetes son visión disminuida, ardor en los pies, daños en la retina y amputación de extremidades.

“Hacer cambios en los hábitos de vida, en la alimentación, en la realización de ejercicio puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes hasta en un 43%.”

Según la Federación Mexicana de Diabetes, por cada persona diagnosticada hay una que lo sabe, por lo que la prevalencia en México podría duplicarse.

Emmanuel Saldaña

@emanuelcomunica

Seminario sobre estudios avanzados en derecho internacional y derecho interno

México ha suscrito la mayoría de los tratados internacionales en materia de derechos humanos; sin embargo, ello no quiere decir que los aplica en su totalidad, advirtió la catedrática Kerstin Odendahl.

En el Seminario sobre estudios avanzados en derecho internacional y derecho interno, dijo que es facultad de los países firmantes realizar reservas a los tratados o incluso a alguno de sus artículos.

“Yo estoy ratificando este tratado, acepto este artículo pero lo interpreto de una manera un poco más restrictiva que lo que está escrito en el pacto, es decir que en el momento que en México se esté viendo este deber, este derecho a obtener una reparación, uno tiene que interpretarlo de otra manera y no exactamente como está formulado en el pacto”.

Una buena parte de los tratados internacionales a los que se ha suscrito México fue en el año 1981.

Entre éstos, el pacto internacional de derechos civiles y políticos, el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Prevención y Penalización del Genocidio.

“Una reserva significa que el estado declara que ciertos párrafos o ciertos artículos no son aplicables al estado o no son aplicables por parte”.

A decir de la especialista en derecho internacional, jurídicamente cada estado firmante de los pactos o tratados, puede hacer declaraciones interpretativas a los artículos establecidos.

Así como declarar reservas en asuntos que contravengan con el orden jurídico interno.

Martha Rodríguez

@marthaarod

Presenta SCJN Protocolo para juzgar hechos que involucren tortura y malos tratos

En materia de derechos humanos existen dos realidades: la legal en la que se han dado avances importantes y la real, la concreta, en donde persisten las violaciones a estos derechos.

Afirmó el Ministro Presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza durante la presentación del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos.

Fenómeno que organismos internacionales han denunciado prevalece en México, como una práctica común, para obtener confesiones.

“Al uso de la tortura y los malos tratos para la obtención forzada de confesiones y como parte de la averiguación de información; a un patrón en la práctica de la tortura y los malos tratos que incluye la intrusión sin orden de cateo en domicilios; la privación de la libertad sin orden judicial por agentes vestidos de civiles y en autos no identificados; el uso de insultos y amenazas para intimidar a las víctimas”.

Preciso que la tortura y malos tratos atentan contra el derecho a la integridad personal y el funcionario que la tolera, está enviando un mensaje de impunidad.

“La obligación de garantía, también supone que cuando cualquiera de las autoridades del estado tenga conocimiento o motivos fundados para creer que sujetos privados o agentes estatales perpetran actos de tortura o malos tratos, están obligados a investigar, enjuiciar y castigar a dichos sujetos; no hacerlo, convierte al estado y a sus funcionarios en autores, cómplices o responsables.”

El Protocolo, dijo, establece reglas de actuación y orientación para juzgadores, que contribuyan a garantizar a las víctimas de este tipo de prácticas, el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño.

“Nuestra intención no es otra más que contribuir a erradicar los hechos constitutivos de tortura y los malos tratos, prácticas que solo abonan al desprestigio y desconfianza de la sociedad en las autoridades.”

Con dicho instrumento se busca prevenir y erradicar esta práctica violatoria de derechos humanos en el proceso judicial, que en México casi el 45 % de las personas privadas de la libertad han sufrido tratos degradantes y tortura.

“Creo que el protocolo, como los anteriores protocolos, pone a la Corte, nuevamente a la cabeza de la lucha, no solo la discusión, la lucha por el pleno respeto a los derechos humanos”, Javier Hernández Valencia, Representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Se trata de un documento autocrítico e innovador que busca poner fin a esta práctica violatoria de derechos humanos y que obliga a los juzgadores a denunciar formalmente a denunciar este tipo de conductas ilegales.

“Los abusos más graves de poder, solo se evitarán, cuando antes se persigan, sancionen y reparen los daños de otros delitos y violaciones a derechos humanos menos graves, como los allanamientos de morada, las detenciones arbitrarias, las extorsiones, los robos, los abusos de autoridad y las intimidaciones, que son el caldo de cultivo de la tortura, de las ejecuciones judiciales y de las desapariciones forzadas en nuestra patria” Miguel Sarre Iguíniz, Integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas.

El Protocolo estará disponible en la página de internet de la Suprema Corte para mil 250 juzgadores federales y 800 defensores públicos federales y para cualquier persona interesada en erradicar esta práctica que lesiona a toda la sociedad.

José Luis Guerra García

Rinde Presidente de la Segunda Sala, Ministro Luis María Aguilar Morales Informe de Labores

Nadie que busca el bien puede ser indiferente al dolor de las familias que han perdido un ser querido o que han visto violados sus derechos, afirmó el Ministro Presidente de la Segunda Sala, Luis María Aguilar Morales, al presentar ante el Pleno de la Corte, su Informe de Labores 2014.

“Debo decir que nadie con conciencia, con sentido de hacer el bien, con solidaridad fraterna, puede ser indiferente a las voces de reclamo de todos los que sufren en su familia y en carne propia el dolor de la pérdida, la sensación de impotencia ante el crimen, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como jueces, pero sobre todo como mexicanos no podemos ser indiferentes a ese dolor, a ese reclamo y nos unimos como uno solo, reprochamos abiertamente el delito, la violencia, la complicidad y la corrupción que solo demeritan a nuestro querido México y trabajamos diariamente en el ámbito de nuestras competencias como juzgadores por el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la verdadera consolidación del estado de derecho”.

Expresó que el respeto a la ley y la protección de los derechos humanos, son la principal exigencia de aquellos que aspiran a contar con un mejor país.

“Sino creo que lo debemos reconocer todos quienes aspiramos a un México mejor, a un México donde el estado de derecho sea más que un discurso, donde la norma sea conversión en la realidad cotidiana, donde la fuerza del derecho sea la única vía para la solución de conflictos y las controversias, pues estoy convencido que un tribunal constitucional como es el de México debe dar el ejemplo de integridad e independencia para lograr con ello el anhelo de nuestro entero sin distinciones por el respeto irrestricto a los derechos humanos de toda persona”.

Dio a conocer que en el año resolvieron 2 mil 96 asuntos, emitió 118 criterios aislados y 144 jurisprudencias.

Entre estas últimas destacan los que fijan el alcance del derecho a la salud al nivel más alto posible, acceso a la justicia, que en contra de preceptos constitucionales no procede el juicio de amparo, que la Comisión Federal de Electricidad, si es autoridad para efectos del juicio de amparo.

Además de fijar los alcances de las normas que regulan la responsabilidad patrimonial del estado, que el salario si puede ser embargable para garantizar el pago de deudas mercantiles y civiles; y de decretar la constitucionalidad del Artículo 371 de la nueva Ley Federal del Trabajo.

“Cuya esencia quedó plasmada en la jurisprudencia que dice: sindicatos el artículo 371, fracción IX de la Ley Federal del Trabajo al prever que sus estatutos contendrán los procedimientos para la elección de su directiva y que esta podrá realizarse mediante votación indirecta no viola los principios de autonomía y libertad sindical”.

Indicó que solo con la aplicación de la ley se podrán enfrentar los retos que presentan la delincuencia y la corrupción.

“Nos corresponde la gran responsabilidad de hacer valer la preeminencia de los derechos humanos y de exigir y cumplir con la ley, sin distinción, ni temor, para lograr la convivencia armónica y pacífica que merecemos y exigimos todos los mexicanos”.

El Ministro Luis María Aguilar también recordó a sus compañeros fallecidos, Sergio Valls Hernández y Juan Díaz Romero.

Y reconoció el trabajo realizado por el Ministro Juan Silva Meza, como Presidente del Tribunal Constitucional.

José Luis Guerra García

El Presidente de la Primera Sala el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena rindió su Informe de Labores 2014

Al rendir su Informe de Labores de 2014, ante el Pleno de la Suprema Corte, el Presidente de la Primera Sala el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, reconoció que el país atraviesa por una crisis social, en la que el Poder Judicial Federal no va a permitir la impunidad.

“Tenemos una sociedad con miedo, secuestrada por la violencia. Que quede claro: el Poder Judicial de la Federación no va a permitir la impunidad. La declaración universal de derechos humanos, cuya proclamación celebramos el día de hoy, establece en el preámbulo que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la comunidad”.

Indicó que los jueces darán respuesta a la legítima preocupación social de que la ley se cumpla en beneficio de la gente, protegiendo los derechos humanos y combatiendo la impunidad.

“El mensaje que, a través de decisiones firmes, debemos dar desde la Suprema Corte de Justicia, es que existe un acceso real a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, las demandas sociales exigen del Poder Judicial de la federación, la convicción de que el acceso a la justicia no es meramente una garantía formal, sino sustantiva y de contenido. Debemos, hoy más que nunca, transmitir a la población que el Poder Judicial, reitero, no va a permitir la perpetuación de la violencia ni la impunidad, la sociedad ya se sabe, está cansada y busca una respuesta”.

Indicó que en el año que concluye, se recibieron 4 mil 507 asuntos, 19 % más que el año pasado, de los cuales se resolvieron 3 mil 109 en 40 sesiones.

La Sala emitió 441 criterios aislados y 87 jurisprudencias. La materia que prevaleció fue la penal con 428, seguida de la civil con 341 y 210 administrativos.

Entre los criterios relevantes destacan los relacionados en materia de igualdad y no discriminación, dignidad humana, acoso laboral y en materia de concubinato, en donde se precisó que las parejas homosexuales deben de gozar de los mismos beneficios que las parejas heterosexuales.

Además de los establecidos en materia de violencia familiar, administración fraudulenta, extinción de dominio y de acceso a la justicia a personas indígenas.

“Se estableció que el derecho de las personas indígenas a acceder plenamente a la jurisdicción del estado consiste en que en todo tipo de juicio o procedimiento en el que sean parte, individual o colectivamente, deben considerarse sus costumbres y especificidades culturales, así como en que todo tiempo sean asistidos por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura”.

Reiteró que su tarea esencial es la de proteger derechos y garantizar su ejercicio.

“Como mencioné en parte de mí intervención, los derechos humanos representan la base de la revisión y análisis de la labor jurisdiccional, no podemos entender nuestras actividades sin que tengamos como punto de partida los derechos humanos reconocidos tanto en nuestra constitución, como en los diferentes instrumentos internacionales de los que México forma parte”.

En su discurso ofreció su pésame por la pérdida de los ministros Sergio Valls Hernández y Juan Díaz Romero.

Además de reconocer el trabajo desempeñado por el Ministro Presidente del Máximo Tribunal, Juan Silva Meza durante su gestión.

José Luis Guerra García

El Ministro Presidente Silva Meza, rindió su cuarto y último Informe de actividades

Al rendir su cuarto Informe Anual de Labores, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, reconoció la crisis social que vive México.

“Nadie puede negar la situación del país, es muy diferente a la que prevalecía hace cuatro años. Los lamentables acontecimientos que ha vivido México en meses recientes, son motivo de dolor nacional y de profunda indignación, dentro y fuera de nuestras fronteras; violaciones graves a derechos fundamentales, cometidas por quienes deberían brindar seguridad a la población. Nuestra nación se encuentra afectada y no será el transcurso del tiempo, ni el silencio de las instituciones, lo que permita superar la adversidad”.

Reconoció que existen retos nacionales, que merecen la preocupación de la sociedad en su conjunto, sociedad que reclama un sistema de justicia transparente y sensible.

“La sociedad, quiere de nosotros los jueces, explicaciones claras de la manera en la cual impartimos justicia… La sociedad, no quiere una justicia inservible, lejana; justicia de discurso; justicia de aparador. Debemos entender que nuestro lugar está al lado de la sociedad y sus derechos, no por encima de ella”.

Puntualizó que los jueces, serán sensibles a las preocupaciones de los justiciables.

“Nosotros, desde el Poder Judicial de la federación, y con nuestra constitución y las instituciones, aprovechemos, lo construido, evitemos que los casos dolorosos de abuso, de arbitrariedad, vuelvan a repetirse en México”.

Informó que durante su gestión, su principal tarea fue la de fortalecer al Poder Judicial, proteger y dotar de contenido a los derechos humanos, como lo marca la Constitución.

“A partir de la reforma constitucional en derechos humanos, ha dirigido sus esfuerzos a fortalecer el régimen de su protección y promoción, lo que ha generado un importante número de reconocimientos que han situado a nuestro trabajo, al trabajo de este tribunal pleno en un contexto que confirma la oportunidad de la decisión del poder reformador”.

Externó que con el inicio de la Décima Época, la Corte y los juzgadores federales, han tenido que reconfigurar el alcance de diversos derechos y figuras legales.

“De esa manera ha sido posible reconfigurar el entendimiento normativo de figuras como el arraigo o el fuero castrense; así como dar pasos, muy importantes, en la expulsión de nuestro sistema de prácticas indeseables como la tortura y la discriminación”.

Manifestó que su principal preocupación, fue la de fortalecer la independencia de los jueces, quienes solo se supeditan a la Constitución en la resolución de los asuntos que llegan a sus manos.

“En principio y como principio, confío y confié en la mayoría de los jueces y magistrados de Poder Judicial”.

No es justo, dijo, que por elementos corruptos, el trabajo de la mayoría se vea empañado.

“A esos insistimos, no los queremos entre nosotros y por ello a partir de evidencias, hemos actuado hasta las últimas consecuencias. Nuestra visión no ha cambiado: en un estado constitucional y democrático de derecho, la corrupción y la impunidad no tienen cabida. Eso reclama hoy la sociedad, nosotros en el poder judicial responderemos”.

En cuanto al Canal Judicial, celebró los logros y alcances que ha tenido.

“En breve y este es un anuncio muy importante, el Cana Judicial será incorporado a la televisión abierta, en el canal 30.5 del Valle de México en una primera etapa a través de la mutiplexión de señales en una sola frecuencia a cargo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Las condiciones están dadas para arrancar este mes”.

El Ministro Juan Silva Meza manifestó que el Poder Judicial se compromete a respetar y hacer valer los derechos de las personas, y solucionar los conflictos mediante la aplicación de la ley, camino en el que ya no hay retorno.

“La sociedad, hoy, rechaza enfáticamente, mantener el sistema de justicia, tal y como lo conocemos, escuchemos ese reclamo, atendamos ese hartazgo mediante una actitud renovada que nos permita ofrecer, en cada uno de nuestros actos, un servicio sensato, diligente y razonable”.

El Ministro Presidente Juan Silva Meza, agradeció el apoyo de sus compañeros ministros, juzgadores federales y personal en general, lo que permitió que durante su gestión, entregara buenas cuentas.

José Luis Guerra García