Las escuelas judiciales son esenciales para garantizar a los ciudadanos la plena vigencia y protección de sus derechos y garantías constitucionales.
Así lo señalaron especialistas que participaron en el segundo día de trabajos en el Congreso Internacional “Judicatura y Constitución”.
“Debe potenciar a la escuela como una herramienta de cambio y de mejora organizacional real y concreta, si solamente se moldea como un ámbito de acción informativa sobre posgrados, como una mera instancia de actualización seguramente no logrará cumplir sus objetivos”, Sergio Alberto Palacio, Director Escuela Judicial de Argentina.
“La obligación de los jueces de formarse es un derecho de los justiciables, señala que la exigencia de conocimiento y de capacitación permanente de los jueces tiene como fundamento el derecho delos justiciables y de la sociedad en general a tener un servicio de calidad en la administración de justicia”, Gema Espinosa, Directora Escuela Judicial de España.
“La escuela judicial formadora de jueces es la vía para hacer la Constitución en lo que atañe nuestro tema, que es la herramienta sin usar”, Miguel Bonilla López, Juez de Distrito PJF.
En la tercera mesa del Congreso, especialistas analizaron la importancia de la justicia constitucional.
Para el magistrado Walter Arellano la justicia constitucional no sólo es asunto de los jueces y magistrados.
“Es factible afirmar que la plena y cabal realización de la justicia constitucional es un problema complejo que involucra a toda la sociedad y solamente puede enfrentarse con profundos cambios educativos y culturales, en donde prevalezca una concepción ética y social de gran calado”.
Macarita Elizondo, investigadora de la UNAM, aseguró que con la carga de trabajo que tienen los jueces y magistrados la única manera de garantizar la justicia constitucional es mediante la justicia alternativa.
Hizo cuatro propuestas.
“Una Ley Nacional de Justicia Alternativa, segundo generar conciencia de su utilidad y fomentar la instrucción y enseñanza en todos los sectores de la sociedad, tercero, la creación de un órgano especializado que lleve a cabo los procedimientos de esta justicia alternativa”.
Sugirió también generar cuadros de profesionales certificados que cuenten con autorización para prestar servicios de mediación.
Juan Carlos González