El Pleno determinó que la fracción segunda del Art. 30 de la Ley de amparo abrogada, no viola el derecho de gratuidad en la impartición de justicia.

El Pleno de la Suprema Corte determinó que la fracción segunda del Artículo 30 de la Ley de amparo abrogada, no viola el derecho de gratuidad en la impartición de justicia. (Contradicción de tesis 492/2013).

Disposición que obliga al quejoso a pagar el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado.

Criterio que se aprobó a pesar de que se proponía en este punto declarar sin materia la contradicción, al ser obligatorio para los tribunales en conflicto, un criterio similar establecido por la Primera Sala del  Máximo Tribunal.

Entonces creo yo que el punto de contradicción debiera permanecer para que se convierta en criterio de Pleno, no solamente sea obligatorio por que la Primera Sala lo estableció”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

 “Sin embargo, yo no tendría ningún inconveniente a pesar de esto, si este Tribunal Pleno lo considera conveniente, que se analice el tema y en su caso, haga suya el pleno, porque creo que estaríamos de acuerdo en que haga suyo el Pleno este criterio de la Primera Sala, me parece que incluso ayudaría a evitar posteriores probables contradicciones entre las salas”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

Se aclaró que cuando el quejoso no tiene recursos, no se le obliga a cubrir el costo de estos edictos.

También se fijó como criterio no imponer medidas de apremio cuando el quejoso no cumple con esta carga procesal, de pagar la publicación de edictos para emplazar al tercer perjudicado.

“Que además de ya la consecuencia procesal desfavorable, adicionalmente venga una medida de apremio como una multa o alguna otra cuestión de este tipo”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

 “El punto que se ha estado discutiendo es qué consecuencia jurídica se le va a dar al incumplimiento de una carta procesal y se ha propuesto 2 avenidas para resolver, una interpretar integral la norma de tal manera que la consecuencia sea una medida de apremio o integrar la norma de tal manera que la consecuencia, sea el sobreseimiento, como ya leyó el Ministro Zaldívar me parece que la Corte reiteradamente se ha inclinado por el sobreseimiento”, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ministro SCJN.

Lo que se dijo y se modificó en la sustitución de jurisprudencia que se hizo en la Segunda Sala, fue que no necesariamente se pueda sobreseer, porque podía darse la circunstancia de que el quejoso no tuviera las condiciones económicas para pagar el edicto y por lo tanto, corría a cargo del estado hacer el gasto a través del Consejo de la Judicatura Federal, para mí esto fue lo que se modificó pero se sostuvo, y yo vote en este sentido de que sí se podía sobreseer”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

En contra de este último criterio se pronunciaron 2 ministros, uno de ellos consideró que no procedía el sobreseimiento en este tipo de casos, pues no era una causal expresamente prevista en la ley.

José Luis Guerra García

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Canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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