Protección constitucional de comunidades y pueblos indígenas

Es fundamental que los jueces mexicanos estén más vinculados con la protección constitucional de las comunidades y pueblos indígenas, porque es creciente la violación de sus derechos humanos.

De acuerdo con especialistas y activistas, los proyectos económicos y de desarrollo estatal son los principales puntos de conflicto.

“Cada día más se va a empezar a dar esta, no sé si llamarlo choque pero sí tensión de los derechos de los pueblos indígenas, su pueblo y su territorio y mucho con lo que tienen que ver megaproyectos, construcción de infraestructura y los jueces serán quienes tendrán en sus manos cómo balancear o cómo analizar estos temas”, Perseo Quiroz, Dir. Amnistía Internacional México.

En foro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, lamentaron que los poderes ejecutivos locales y el federal no respeten el mandato constitucional, ni atiendan las resoluciones judiciales a favor de las comunidades originarias.

Mencionaron casos como el de la tribu yaqui ante la construcción del Acueducto Independencia.

O el de grupos tarahumaras que viven conflictos por la construcción de un gasoducto en sus tierras. En ambos, hubo violación al Convenio 169 de la OIT, por la falta de consulta previa.

“Están siendo hostigados no sólo por la policía, sino también por las propias empresas”, Pablo Reyna, Dir. Programas Incidencia Univ. Iberoamericana.

Por ello, llamaron a la participación ciudadana para defender estos derechos.

Pues al exigir que se respeten, señalaron, se fortalecerá la protección de los derechos de la sociedad mexicana en su conjunto. 

Mario López Peña