Con una duración efectiva de 50 horas, inició en la Escuela Judicial el Curso de Inducción para Coordinadores Técnicos Administrativos del Poder Judicial de la Federación.
“Para que sean un vínculo muy útil, muy real y muy importante entre los órganos jurisdiccionales y las áreas de administración del propio Consejo de la Judicatura”, Julio César Vázquez Mellado, Dir. Instituto de la Judicatura Federal.
Entre los objetivos del curso se encuentra: agilización de trámites, evitar la duplicidad de funciones y reducción en los tiempos de respuesta.
El Director de la Escuela Judicial dijo que el resultado del curso se verá en los juzgados de distrito, tribunales unitarios y tribunales colegiados.
“Este personal de apoyo el consejo lo ha diseñado en sus perfiles para que sirvan de apoyo a los señores jueces y magistrados, y ellos se desentiendan por completo del área administrativa y se dediquen exclusivamente a la función que les es propia y principal que es impartir justicia”.
El curso está dirigido a una persona por cada órgano jurisdiccional, por lo que serán capacitados los más de mil trabajadores adscritos a juzgados y tribunales.
Puntualizó que debido a que todos los trámites ya están computarizados, los coordinadores técnicos podrán combinarán la tecnología con la vocación de servicio.
Con la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011 se asentaron las bases de la equidad y no discriminación en la sociedad mexicana.
Desde entonces, a través de acciones concretas, el estado ha ido integrando a los grupos que históricamente fueron marginados.
Así lo afirmó el presidente del CONAPRED, Ricardo Bucio Mújica.
“Podemos dar una gran cantidad de ejemplo de cómo hemos ido construyendo durante siglos, una sociedad que fue dejando a ciertos grupos de población que querían solamente un espacio en lo público”.
Las mujeres, los indígenas, las personas homosexuales, las personas con discapacidad, los afrodescendientes y los niños, son los sectores de la población que, de acuerdo con el CONAPRED, tienen altos índices de discriminación.
Esta situación limita el ejercicio de sus derechos fundamentales, se señaló en la inauguración del Curso de Alta Formación en Políticas Públicas Antidiscriminatorias.
“En México hoy se reconoce la desigualdad de trato como un problema de carácter público y la no discriminación como un derecho” Teresa González, Cátedra UNESCO, Universidad de Guadalajara.
“Estamos convencidos que la no discriminación es un asunto absolutamente central en el universo de los derechos humanos” Roberto Campa, Subsecretario de Derechos Humanos, SEGOB.
El objetivo del curso es que los servidores públicos reconozcan que la discriminación es un problema que está presente en todos los niveles y tomen acciones para erradicarla.
La Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una serie de conversatorios con representantes de comunidades y pueblos indígenas para, que con la orientación de especialistas, hagan valer sus derechos.
Los conversatorios se llevan a cabo en Chihuahua, Yucatán, Nayarit, Chiapas, Oaxaca, Jalisco y Veracruz.
“Sobre todo cuando a nivel del discurso público lo que encontramos son expresiones racistas, muy cotidianas últimamente”, Cristina Oehmichen, Antropóloga.
Entre los temas de debate están las principales violaciones a los derechos de los pueblos originarios y propuestas para su solución.
De acuerdo con expertos, las comunidades indígenas han logrado un desarrollo notable en sus instituciones y asumen su posición ante el derecho internacional.
“Ellos han innovado desde sus instituciones comunitarias y obviamente el marco internacional ha sido clave para su propia legitimidad y para su propio reconocimiento… Han apelado al artículo primero, al artículo segundo internacional para defender su derecho a ejercer su autonomía en jurisdicción”, María Teresa Sierra, Investigadora CIESAS.
Los temas de los conversatorios son propuestos por representantes de estos pueblos y que además cuentan con formación académica en materia jurídica.
En la primera reunión, realizada en Guachochi, Chihuahua, participaron 15 gobernadores y 48 rarámuris provenientes de 33 comunidades del país.
Las oportunidades laborales para las personas con discapacidad son escasas en la mayoría de los países de Latinoamérica.
La tasa de desempleo en este sector de la población es de más de 60 %.
Así lo señaló, Madai Linkimber, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
“Creo que en México, al igual que el resto de los países de Latinoamérica, tenemos muchas personas en situación de pobreza, hay una relación directa entre pobreza y discapacidad”.
En entrevista para el Canal Judicial, dijo que el alto índice de desempleo entre las personas con discapacidad se debe a múltiples factores.
“Uno de esos es la discriminación, creo que los mitos, los prejuicios que poseen las personas respecto a la discapacidad o lo que es o a lo que puede ofrecer una persona con discapacidad, es una de las grande barreras y uno de los grandes obstáculos, especialmente porque la gente no cree que las personas con discapacidad tienen un talento impresionante”.
Las personas con discapacidades intelectuales, mentales y psicosociales son las más excluidas del mercado laboral.
“La mayoría de la gente tiende a pensar de que porque tienen una discapacidad intelectual probablemente no podrían desempeñarse efectivamente realizando alguna tarea de trabajo, lo cual no es para nada cierto”.
Afirmó que una de las acciones que el estado puede desempeñar para que estas personas salgan de la pobreza es generar fuentes de trabajo digno en condiciones de equidad.
El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Edgar Elías Azar, informó que se trabaja en un esquema de coordinación nacional para identificar los cuerpos que se encuentran en fosas comunes.
En entrevista aseguró que este es uno de los problemas que están sobre la agenda de la justicia en México.
“El tema ha estado ahí por muchos años, yo diría que el tema ya es hora de resolverlo, no hay razón para no resolverlo; hay dinero, hay tecnología, existen los medios para hacerlo, lo único que falta es que alguien coordine y que organice todo el esquema nacional”.
Explicó que hasta el momento no se sabe cuántos cuerpos hay en las fosas comunes de todo el país, por lo que se debe concentrar primero la información en una plataforma nacional.
Señaló que se deben homologar las reglas de actuación de los servicios forenses del país para la identificación de cadáveres.
“Va a caminar lentamente pero lo que sí estoy seguro es de que en el momento en que empezamos a concentrar información van a ver cómo se van a identificar muchos cadáveres que están en fosas comunes en la provincia mexicana”.
Informó que en el Distrito Federal cada año se envían a la fosa común poco más de 400 cadáveres sin identificar.
“Pero eso sí van muy bien identificados y hemos devuelto muchísimos cadáveres nosotros ya bien identificados cuando vienen los reclaman, traen huellas dactilares, ADN, radiografía dental, en fin y de esos 400 muchos se reintegran al seno familiar”.
Edgar Elías Azar participó en la sesión pública del pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en la que se rindió homenaje póstumo al ex magistrado Iván Lagunes Pérez.
El Juzgado Sexto de distrito en Materia Civil en el DF, declaró concluido el estado de concurso mercantil de cinco de los 16 procedimientos iniciados por la empresaCorporación Geo y sus filiales.
Dicho juzgado aprobó con carácter de sentencia, el convenio presentado por la concursada y los acreedores reconocidos.
En los concursos mercantiles de GEO Guerrero, GEO Baja California, GEO Hogares Ideales, GEO Jaliscoy Corporación GEO, se logró el porcentaje exigido de los acreedores reconocidos que suscribieron dichos convenios.
El juzgador federal declaró concluido el estado de concurso de las cinco anteriores, ya que de acuerdo con la Ley de Concursos Mercantiles, el porcentaje excede más del 51% del monto de todos los créditos que se computan para determinar la eficacia de dicho instrumento, por lo que tales requisitos se encuentran cubiertos.
El Pleno de la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de las fracciones primera y segunda del Artículo 30 del Código Electoral del estado de Hidalgo. (Acción de inconstitucionalidad 5/2015).
Disposiciones que preveían el esquema de distribución de financiamiento de los partidos políticos, medido en salarios mínimos, dependiendo de la votación obtenida.
Para los partidos que obtuvieran entre 2 y 3.5 % de votación, recibirían el equivalente a 3 mil salarios mínimos vigentes y los que obtengan más del 35 % de la votación, recibirán el equivalente a 9 mil 750 salarios mínimos para gastos ordinarios.
Disposiciones que no cumplen con lo previsto por los artículos 41 y 116 de la Constitución, ni lo previsto en la Ley General de Partidos Políticos, en esta materia.
“En específico para determinar el monto anual de financiamiento público, el cual debe ser, el 65 % del salario mínimo de la región que corresponda, lo cual debe servir de base para hacer el cálculo respectivo; tampoco observa la estipulación relativa a que de dicho financiamiento público anual para actividades ordinarias permanente se distribuya el 30 % entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70 % restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior”, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ministro SCJN.
La norma impugnada solo preveía destinar a los partidos de reciente creación, el equivalente a 650 salarios mínimos para gastos de campaña y otorgaba financiamiento a partidos que no hubieran obtenido el 3 % de la votación, para conservar el registro.
“Quedarnos con la solución que está planteando el precepto de que todo el financiamiento es variable, me parece que significa desconocer la naturaleza que nuestro orden jurídico en el Artículo 41 le ha dado a los propios partidos políticos”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.
“Me parece que aquí el problema que enfrentamos es que el diseño que tiene la ley estatal no se compadece directamente con las disposiciones constitucionales en particular las del 116”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.
“Los incisos A y O de la fracción primera del 30, pues son claramente contrarios al 116, fracción cuarta inciso F, párrafo segundo de la Constitución que permiten otorgar financiamiento público a partidos que hubieran obtenido menos del 3 %”, Eduardo Medina Mora, Ministro SCJN.
La resolución surtirá efectos, al momento de su notificación al Congreso del estado de Hidalgo.
El Pleno retiró un incidente de inejecución de sentencia derivada de una controversia promovida por el Municipio de Santiago Amoltepec, Distrito de Sola de Vega, Oaxaca en la que se proponía separar y consignar ante el juez de Distrito a Enrique Celso Arnaud Viñas secretario de Finanzas del estado y del auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, por incumplir con la sentencia reclamada. (Incidente de inejecución de sentencia 1/2012 derivado de la controversia constitucional 37/2012).
“En atención a las constancias que acaba de resumir el señor secretario, me parece que lo conveniente es retirar el asunto, para haceros cargo de ellas, ya que el auditor Superior de la Federación en una parte manifiesta haber cumplido con la sentencia y en otra parte manifiesta que no le es posible cumplir con ella y la otra autoridad responsable establece que ha realizado diversas gestiones tendientes al cumplimiento de la sentencia”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.
En el Estado de México entró en vigor la adición de un último párrafo al Artículo 5to de la Constitución del Estado de México que garantiza a toda persona el derecho a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad, sustentabilidad y progresividad.
El Congreso de Aguascalientes aprobó la minuta que reforma la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución general, que faculta al legislador federal para legislar en materia de tortura y desaparición forzada; estableciendo como mínimo los tipos penales y sus sanciones.
Se publicó el decreto con el acuerdo firmado entre México y Costa Rica, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuesto sobre la Renta.
Con una duración efectiva de 50 horas, inició en la Escuela Judicial el Curso de Inducción para Coordinadores Técnicos Administrativos del Poder Judicial de la Federación.
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