Presentan libro “Discriminación en las relaciones entre particulares”, en el IIJ-UNAM

La violación de derechos entre particulares es una asignatura pendiente para garantizar la eficacia de los derechos humanos.

Así lo señalaron especialistas que participaron en la presentación de su libro: “Discriminación en las relaciones entre particulares”, de Francisco Javier Díaz Revorio.

 “Lo verdaderamente relevante del derecho humano o del derecho fundamental no es proteger al ciudadano frente al Estado sino proteger al débil frente al fuerte y hoy los estados son algo fuertes pero algunas multinacionales son mucho más fuertes que los Estados”, Francisco Javier Díaz, Autor de la obra.

 “Qué pasa en aquellos temas en donde no estamos frente a una relación vertical del individuo frente al poder sino de relaciones entre particulares que pudiesen generar una afectación de los derechos fundamentales”, Clicerio Coello, Magistrado Presidente Sala Especializada TEPJF.

El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar donde se presentó la obra, destacó la importancia que se debe dar a este tema en el ámbito académico y jurisdiccional. 

 “Creo que es un tema que debería ir ganando más fuerza y más presencia en ámbitos y contexto  como el latinoamericano y como el mexicano en concreto en el cual la exclusión, la desigualdad, las discriminaciones son realidades presentes en nuestras relaciones de todos los días”.

Se destacaron las resoluciones que ha emitido recientemente la Suprema Corte para abrir la puerta a estos asuntos.

 “El ilícito constitucional se configura cuando un particular viola los derechos de otro particular, lo aplicaron primero a intervención de comunicaciones privadas y progresivamente lo fueron ampliando a otros alcances”, Miguel Carbonell, Investigador IIJ-UNAM.

Aseguraron que el derecho constitucional se mueve con parámetros y paradigmas antiguos que deben ser actualizados. 

Juan Carlos González

 

Retiro de pago a maestros faltistas depende de gobiernos estatales: Chuayffet

El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet rechazó que se haya violado la autonomía constitucional del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación al haber suspendido la evaluación docente que fue anunciada el pasado 29 de mayo.

Esto, dijo, porque la Secretaría actuó con base en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

“Confiere a la Secretaría la atribución básica de aprobar las Convocatorias para los Concursos de Ingreso y Promoción de Educación Básica en los Estados… La tarea de modificar las convocatorias estatales sin modificar los programas anuales de corto y mediano plazo, que son materia del INEE, los llevó a cabo la Secretaría de Educación con base en sus facultades”. 

En comparecencia ante la comisiones de la permanente, explicó que no existían las condiciones técnicas para realizar la evaluación y por solicitud de las autoridades educativas en Michoacán y Oaxaca.

Ante los cuestionamientos de los legisladores, subrayó que el comunicado con el que se anunció la suspensión indefinida no tuvo implicaciones jurídicas.

“El comunicado no representó en ningún momento acto de molestia o privación de los derechos de los participantes, que tampoco hubo acción de comisión por omisión y que tampoco se encuentra en las consecuencias del mismo el efecto de los ilícitos de peligro, es decir, el boletín, primer punto, no tuvo consecuencias jurídicas, independientemente de que analicemos los otros elementos que rodean su emisión”. 

Explicó que el retiro del pago a los profesores que no han dado clases por manifestarse depende de los gobiernos de los estados, esto, por un acuerdo de 1992.

Previamente, la consejera presidenta del INEE, Sylvia Schmelkes, recalcó que el Instituto que preside fue informado, mas no consultado sobre la suspensión de la evaluación.

“El Secretario de Educación Pública nos informó con dos horas de anticipación de que se iban a tomar estas medidas… Porque nos parecía que sí había sido violentada nuestra autonomía, como decía, dimos un plazo prudente para que no fuera necesario modificar el calendario de las evaluaciones y que entonces que tuviera efecto esta información que se nos dio”.

Reconoció que la evaluación que se realizó los días pasados fue exitosa con un 83.4 % de cobertura.

Mario López Peña

Imparten conferencia Reforma Educativa en México, límites, alcances y retos en El Colegio de México

En México cada año es más grave el abandono escolar, denunció Manuel Gil Antón, director del Centro de Estudios Sociales del Colegio de México.

Al impartir la conferencia: “La reforma educativa en México, límites, alcances y retos”, informó que cada año 1 millón de estudiantes entre 6 y 17 años de edad dejan la escuela.

Es decir, que 5 mil niños al día la abandonan, el equivalente a 30 alumnos por salón.

“Y quiere decir que cada año, al inicio del ciclo tenemos 33 mil salones llenos, y al final del ciclo están vacíos y llenos de polvo”.

Destacó la urgencia de contar en el futuro con una verdadera reforma educativa, y no con algo como lo que actualmente se tiene.

“Es que hoy no tenemos una reforma educativa, sino que tenemos una nueva forma de controlar o de administrar, por eso considero que es una reforma administrativa del proceso escolar de los puestos docentes”.

Para muestra de la necesidad de avanzar en el tema educativo, señaló que en México, después de contar con 12 años de escolaridad, el 60 % de los estudiantes no sabe leer ni escribir más allá de lo suficiente.

Abundó que nuestro país cuenta con 5.5 millones de analfabetas o en lo que calificó como “indigencia educativa”, quienes no pueden leer ni escribir un párrafo, entre ellos, mujeres, indígenas y adultos mayores.

Añadió que 10 millones de personas carecen de estudios de primaria y otros 16 millones no terminaron la primaria, lo que sumado alcanza los 32 millones de mexicanos de entre 15 y 65 años, sin derecho a la escolaridad.

Oscar González

@okogonzalez08 

 

Instalan Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

De acuerdo a lo establecido en la Reforma Constitucional en materia de Transparencia, quedó conformado el nuevo Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Estará integrado por organismos garantes en el país, la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI, el Archivo General de la Nación y el INAI.

El reto, será la homologación de la ley en las entidades federativas y la creación de reglamentos y normas a la  Ley General de Transparencia.

“De este Consejo dependerá la expedición en tiempo y forma de los lineamientos del Sistema, los procesos de armonización de las leyes federales y de cada una de las leyes de las entidades federativas del país, la puesta en marcha de la plataforma nacional de transparencia”, Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidente del INAI. 

“Para aprovechar esto tenemos que apurarnos, tenemos que estar a tiempo y esto demanda de un liderazgo político decidido”, Alejandro González Arreola, Representante de la sociedad civil.

“Porque estamos convencidos de la importancia de ser transparentes y de rendir cuentas, de colaborar y de coordinarnos con el Gobierno Federal, con el INAI, con el Consejo que hoy se instala para homogeneizar nuestros marcos jurídicos”, Mariano González Zarur, Gobernador de Tlaxcala y Presidente de la CONAGO.

Durante el evento de instalación del consejo, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la corrupción es cultural y está aparejada a la condición humana.

“Lo que estamos haciendo y a lo mejor le voy a dar con ello material a más de un caricaturista, pero el Estado Mexicano y su sociedad lo que estamos haciendo es domar auténticamente la condición humana, llevarla por nuevos caminos estableciendo parámetros, estableciendo límites, controles, obligando a la apertura y la transparencia, estamos auténticamente estableciendo nuevos paradigmas”.

Recordó que en un año, se reciben más de un millón de solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales 12 mil son para la administración federal.

Martha Rodríguez

@marthaarod 

  

El IFDP y el Centro de Estudios Ciencias Jurídicas y Criminológicas firman convenio

Pasantes de la Licenciatura en Derecho del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas realizarán su servicio social en el Instituto Federal de Defensoría Pública.

Lo anterior por medio de un convenio de colaboración que se firmó con el Poder Judicial de la Federación.

“A través de más de cien convenios que tiene la Institución en toda la República, ésta se presenta también ante la sociedad como un medio a través del cual los estudiantes de Derecho pueden acercarse precisamente a lo que es la práctica profesional e ir dando sus primeros pasos dentro de la carrera de licenciado en Derecho”, Mario A. Torres López, Dir. Gral. Instituto Federal de Defensoría Pública.

Los alumnos que se eligieron para hacer su servicio social son aquellos que cuentan con un promedio mínimo de ocho y que tienen el 70 % de créditos de la carrera.

Con este convenio también se logrará que servidores públicos del Instituto Federal de Defensoría Pública, concluyan su licenciatura o inicien una maestría o doctorado en esta universidad.

“Circunstancias, casualidades y otro tipo de situaciones han permitido que muchos compañeros de la Sede Central del Instituto hayan estudiado precisamente en el CESCIJUC, por su siglas, y hayan obtenido su grado a veces de Maestría o simple y sencillamente hayan obtenido su Licenciatura en Derecho”.

Por parte del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas firmó su apoderado legal, Teófilo Benítez Granados.

“Hoy con este convenio tenemos seguro el cambio en nuestro México, tenemos seguro que vamos a triunfar”. 

Los pasantes de la carrera de derecho colaborarán en las labores que realizan los defensores públicos y asesores jurídicos, en el Distrito Federal.

Miguel Nila Cedillo

 

Concluyen audiencias en CoIDH Caso Chinchilla vs Guatemala

La Corte Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo la segunda y última audiencia contra Guatemala por la muerte en prisión de María Inés Chinchilla en 2004.

Según la demanda interpuesta por sus familiares, murió por negligencia y abandono del estado sin tratamiento médico y cuidados adecuados.

La mujer padecía diabetes y su condición se fue deteriorando hasta la ceguera y amputación de una pierna, que la obligó a utilizar silla de ruedas.

También padecía leucemia, hipertensión, cáncer de cérvix, osteoporosis y una depresión severa.

Por su parte el estado de Guatemala negó su responsabilidad y señaló que la familia de Chinchilla no agotó los recursos legales internos establecidos en la legislación como la petición de un juicio por daños y perjuicios.

Las partes tendrán un mes para entregar sus alegatos finales por escrito y después los jueces podrán redactar una sentencia.

Constitucional evaluación para el ingreso y permanencia en el Servicio Profesional Docente: SCJN

Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte determinó que son constitucionales las normas que crean la evaluación para el ingreso y permanencia en el Servicio Profesional Docente.  (Amparo en revisión 295/2014).

Consideraron, aunque con argumentos diferentes, que dicha medida no atenta contra la estabilidad laboral, pues se trata solo de un requisito previsto en la ley suprema, para este fin.

El agravio esgrimido por el quejoso, fue declarado infundado, argumentando 4 de los 11 ministros, que la evaluación, es una restricción establecida por el legislador para lograr la permanencia en el empleo.

“Lo general, es el régimen laboral y lo excepcional es la aplicación de esta ley, en lo que establece en concepto de algunos, modalidades, excepciones, limitaciones, en mí concepto una restricción a un derecho establecido, claramente en la fracción IX”, Fernando Franco González Salas, Ministro SCJN.

“Y que está regulada por el artículo tercero constitucional y que este establece esta restricciones cómo requisito de permanencia en la función, el pasar las evaluaciones correspondientes, pues si se considera eso, una restricción constitucional que se establece de manera específica”, Margarita Luna Ramos, Ministra SCJN.

La mayoría estimó que no se trataba de una restricción, sino de una medida que se justifica, es necesaria y proporcional, para alcanzar un fin mayor, que es la calidad de la educación.

“Se prevé que será su propia ley reglamentaria la que fijará los criterios, los términos y condiciones, para la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de dicho servicio profesional, es por ello que el hecho de que estas condiciones y causas se encuentren en la ley impugnada y no en una de índole laboral, tal como lo pretenden los quejosos, no transgrede de ninguna manera el artículo 123”, José Ramón Cossío Díaz, Ministro SCJN.

“Adicionalmente, el artículo cuarto establece el deber del estado de velar por el interés superior del niño, garantizando de manera plena sus derechos, entre los cuales se encuentra de manera destacada el derecho a la educación”, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro SCJN.

“Lo que existe en el artículo tercero constitucional, es la regulación de una de las justas causas de remoción que debe regular la ley, mediante un mecanismos elegido por el propio constituyente, consistente en el establecimiento de procesos de evaluación, como condición de su permanencia”, Juan Silva Meza, Ministro SCJN.

“Por ende, las causas justificadas como señala y pide la constitución de separación del cargo o empleo, no restringen el derecho a la estabilidad, sino que lo configura, por lo que su validez solo depende de que tengan una finalidad constitucional y no permitan, insisto, la arbitrariedad de las autoridades”, Luis María Aguilar Morales, Ministro Presidente SCJN.

Con ello se ratificó la validez de las normas impugnadas y se negó la protección de la justicia al quejoso.

José Luis Guerra García

Empresas telefónicas tendrán que actualizar su red: IFT

El Instituto Federal de Telecomunicaciones modificó las reglas de portabilidad numérica que obliga a las empresas telefónicas a actualizar su red, con el fin de evitar que el inicio del servicio, en la nueva compañía no se vea afectado por más de 30 minutos y en ningún caso por más de 120 minutos.

El INEGI dio a conocer acuerdo para generar indicadores en materia de información y gestión educativa

El INEGI dio a conocer el acuerdo para generar indicadores en materia de información y gestión educativa; así como en materia de juventud, que incluirá porcentaje de jóvenes sin acceso a servicios de salud, sin empleo y con ingresos inferiores a la línea de bienestar.

Se publicó el Manual de Organización de la Coordinación

Se publicó el Manual de Organización de la Coordinación @prende.mx , cuya tarea es evaluar y planear los programas de inclusión y alfabetización digital, con el fin de contar con un sistema educativo de calidad.